La cortina de humo que levantó de manera premeditada y calculada la procuradora Margarita Cabello para desviar la atención de las quizás verdaderas intenciones de la reforma al Código Disciplinario que está por aprobarse en el Congreso, le funcionó. 

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La alta funcionaria logró que los medios de comunicación y muchos, picaran el anzuelo, cuando con cara de compungida aseguró que más de 10 mil procesos prácticamente precribirían si no le aprobaban su reforma y se permitía que entrara en vigencia la Ley 1952 de 2019, conforme había quedado establecido. 

La justificación que esgrimió para defender su proyecto, que llevaba mensaje de urgencia del Gobierno de Iván Duque, se basó en que, unos 10 mil procesos entre ellos, varios emblemáticos como Odebrecht, Reficar (el mismo que la procudadora dijo que los funcionarios habían actuado de buena fe), donde están siendo investigados funcionarios y exfuncionarios públicos, por el desfalco a las arcas del Estado, serían archivados. 

Lo primero por decir es que tal afirmción no es cierta, pues en sus artículos culminantes la Ley advierte que los procesos con investigaciones e indagaciones ya aperturadas, seguían su trámite con el viejo código. Así que faltó a la verdad la Procuradora. 

De hecho, en su reforma, la que propone Cabello, revive la figura de la caducidad del delito, que había sido introducida en la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

En ella se hablaba de caducidad del delito a los cinco años de cometido el acto a disciplinar. Este esperpento fue sacado, quedando el Código tal cual como venía desde el 2002, es decir solo hay plazos para la prescripción de los procesos. 

Aún así la Procuradora le apostó a esta cortina de humo, armando toda una estrategia de distracción, valiéndose de los escándalosos saqueos al Estado que han indignado a los colombianos. 

Volviendo a sus verdaderas intenciones, lo que consiguió la procuradora fue desviar la atención para minimizar lo realmente peligroso de este proyecto

Por un lado en su artículo 49, modifica el 239 de la Ley 1952 que en efecto le otorgaba facultades jurisdiccionales a funcionarios de la procuraduría, pero, el de Cabello va más allá y decreta que “solo el procurador podrá de oficio o a solicitud de la autoridadad disciplinaria debidamente motivada, autorizar la realización de: interpectación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”, funciones que deberían ser del resorte de los jueces de garantías o de la Corte Suprema de Justicia. 

En otras palabras la Procuraduría propuso al Congreso que las funciones jurisdiccionales en el área disciplinaria le sean ampliadas con el objetivo de poder actuar como jueces cuando haya sanciones de destitución o inhabilidad. 

Para el jurista Jaime Arrubla lo que debería hacerse es pasar esa competencia de destitución a los jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, especializada para conocer el tema y estructurada para que actúe con independencia y dejar a la Procuraduría únicamente para otras sanciones disciplinarias que no impliquen la destitución.  “Nos parece un verdadero exabrupto otorgar facultades jurisdiccionales a una entidad que no está diseñada por la Constitución para administrar Justicia.  La función jurisdiccional debe recaer estrictamente en los jueces”, señaló. 

Mientras que el senador Roy Barreras advirtió que “este proyecto le entrega facultades a la Procuraduría para que ejerza funciones jurisdiccionales, es decir, convierte a la Procuraduría en juez (…) En manos de la Procuraduría quedan todos los mandatarios y particularmente todos los alcaldes y gobernadores alternativos o independientes, que no hacen parte de la coalición de gobierno” 

Le diremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este proyecto de ley viola flagrantemente el mandato que dio a Colombia de adecuar su ordenamiento jurídico, pero con el facto perturbador de cercenar el derecho a compañeros con un posible abuso del poder disciplinario que este proyecto va a regular”,
Angélica Lozano,
Senadora

Algunos congresistas de la oposición, entre ellos Katherine Miranda, del Partido Verde, fue más contundente y aseguró que detrás de esta reforma se busca evitar a toda costa que muchos de los que hoy están en el Congreso en las bancadas de oposición, no puedan postularse en las próximas elecciones. 

Miranda recordó que la procuradora Margarita Cabello le abrió procesos disciplinarios a varios de ellos, así como a alcaldes, al gobernador Carlos Caicedo del Magdalena y hasta a concejales de partidos opositores, por haber apoyado el paro nacional

Y puede que tenga razón pues si bien la normatividad colombiana determina que una ley entra en vigor normalmente en la legislatura siguiente o incluso después de un tiempo si así se requiere, este proyecto, en un último parágrafo transitorio estipula lo siguiente: 

“El reconocimiento de funciones jurisdiccionales que se le atribuye a la Procuraduría regirá al día siguiente de la promulgación de esta ley. Mientras entra en vigencia esta nomatividad, en todos los procesos en los cuales se investiguen servidores de elección popular se adoptarán las medidas internas para garantizar que el funcionario que formule el pliego de cargos sea el mismo que profiera el fallo”. 

E incluso determina que los expedientes disciplinarios contra servidores públicos de elección popular que, a la entrada en vigencia de esta ley, estén en curso en las personerías municipales, serán enviadas inmediatamente a la Procuraduría. 

No dudan en afirmar por eso varios políticos de oposición, que todo este proyecto no busca otra cosa que inhabilitarlos en procesos express. 

Otra de las fuertes críticas que tiene este proyecto de ley otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para reformar la planta de la Procuraduría y adecuar su funcionamiento a los nuevos cargos que tendrán que crearse para adelantar los procesos disciplinarios.  

Ante esta posibilidad también se han pronunciado varios congresistas que afirman que esta no es la época para ampliar personal pues se hace necesario un gobierno austero y que tome medidas de emergencia para atender las dificultades que ha traído la pandemia. 

Entre las voces que hacen un llamado en ese sentido está la del Senador Iván Cepeda que a través de su cuenta en la red social Twitter llamó a la ciudadanía a movilizarse contra el proyecto. “Llamo a la ciudadanía a movilizarse contra proyecto de ley de la procuradora Cabello que aumentará significativamente la planta de personal de la Procuraduría en medio de la crisis social y económica que vive el país”. 

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1 COMENTARIO

  1. […] Luego se pregunta: “¿Y qué tal la reforma de la Procuraduría?”. Para él solo se trata de un costoso y anticonstitucional andamiaje que la Corte seguramente terminará tumbando. Enfatiza en lo que hemos analizado en corrupcioanaldia.com (https://corrupcionaldia.com/las-verdaderas-intenciones-de-margarita-cabello-y-su-cacareada-reforma-a…): […]

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