El exgobernador de La Guajira volvió a ser condenado por ordenar matar a un concejal. Pero mientras la Corte Suprema corregía el desastre del Tribunal, el reloj de la prescripción ya había borrado otros dos cadáveres de su expediente. Esto no es un tropiezo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
El 29 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lo que en Colombia casi nunca ocurre: corregir a un Tribunal que había decidido, con toda la tranquilidad del mundo, que no había pruebas suficientes para condenar a Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, por el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta, ejecutado en 1997. La Corte revivió la condena. La hija de la víctima, Diana Carolina López Zuleta, recuperó el derecho al reconocimiento de los perjuicios morales que la segunda instancia le había arrebatado. Justicia, dirán algunos. Teatro de reparación tardía, diremos nosotros.
Porque lo que los titulares no cuentan con suficiente claridad es esto: mientras la Corte corregía un error, el sistema colombiano ya había cometido otro que nadie va a corregir. Los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías, también atribuidos a Gómez Cerchar, están prescritos. Extinción de la acción penal. Caso cerrado. Dos muertos más en la larga cuenta de la impunidad guajira, borrados por el mecanismo más elegante que tiene el sistema para no hacer justicia: el tiempo.
Bienvenidos al Ciclo Secreto de la justicia colombiana, donde el crimen sí paga, siempre que el acusado tenga buenos abogados, un Tribunal benevolente y paciencia.
EL MECANISMO EXPUESTO
Para entender lo que ocurrió con ‘Kiko’ Gómez no basta con leer la decisión de la Corte Suprema. Hay que leer la arquitectura completa de un sistema diseñado para desgastar a las víctimas y premiar la dilación.
Primer acto: en junio de 2017, el Juzgado 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condena a Gómez Cerchar a 55 años de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte de armas. Entre los crímenes que le atribuyen como determinador está el asesinato del concejal López Peralta. La condena incluye también la liquidación de la entonces alcaldesa de Barrancas Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz y el conductor Wilfredo Fonseca. Cincuenta y cinco años. Una vida entera en teoría.
Segundo acto: el Tribunal Superior de Bogotá interviene en apelación y decide, con la serenidad de quien tiene todo el tiempo del mundo, que no hay pruebas suficientes para atribuirle la autoría intelectual del homicidio de López Peralta. Lo absuelve por ese crimen. Y de paso, declara prescritas las acciones penales por los homicidios de Cabrera Alfaro y Rodríguez Frías. La pena de 55 años se reduce a 146 meses —doce años— por el concierto para delinquir agravado que sí confirmaron.
Doce años. De 55 a 12. Sin titulares. Sin escándalo. Casi en silencio.
Tercer acto: la Corte Suprema interviene porque la Procuraduría, la Fiscalía y las víctimas denunciaron errores en la valoración probatoria. Y sí, la Corte les da la razón en lo del concejal López Peralta. Restituye esa condena. Pero no casa el resto de la sentencia del Tribunal. Las prescripciones permanecen. Los otros dos muertos siguen sin justicia.
Esto no es un error judicial. Es el Ciclo Secreto en funcionamiento: un engranaje que combina la lentitud procesal, los recursos de apelación, la figura de la prescripción penal y la tolerancia institucional con la violencia política para producir impunidad manufacturada con sello legal.
LOS ACTORES Y SUS ROLES
Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar no fue un gobernador que cometió irregularidades administrativas. Fue acusado de ser el cerebro detrás de una maquinaria de violencia en La Guajira que operó en alianza con el grupo de ‘Marquitos’ Figueroa y el Bloque Norte de las AUC. El perfil que construyeron la Fiscalía y los jueces es el de un político que usó la violencia paramilitar como herramienta de control territorial y eliminación de opositores. Fue capturado en Barrancas el 12 de octubre de 2013, después de años de poder prácticamente intocado.
Su herramienta jurídica fue el tiempo. Cada recurso, cada apelación, cada debate probatorio representa meses —años— en que la prescripción avanza silenciosamente. Y cuando el Tribunal Superior de Bogotá absolvió parcialmente y declaró prescritos dos homicidios, esa estrategia dio sus frutos más amargos para las víctimas.
El Tribunal Superior de Bogotá actuó dentro de la legalidad formal. Eso es lo más perturbador. No hubo escándalo. No hubo corrupción visible. Solo una valoración probatoria que la Corte Suprema calificó posteriormente de errónea, pero que en su momento redujo 43 años de condena sin que nadie saliera a protestar a las calles.
La Corte Suprema, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, hizo lo correcto al casar parcialmente. Pero incluso la Corte tiene límites: no puede resucitar acciones penales ya prescritas. El daño estaba hecho.
Las víctimas —la hija del concejal, las familias de los otros dos asesinados— llevan casi tres décadas esperando que el Estado colombiano llame a sus muertos por su nombre completo y los responsabilice plenamente.
EL IMPACTO REAL
Aquí es donde el Ciclo Secreto se vuelve tangible, personal, insoportable.
El concejal Luis Gregorio López Peralta fue asesinado en 1997. Cuando la Corte Suprema restableció su condena en abril de 2026, habían pasado 29 años. Su hija, Diana Carolina, ha vivido casi toda su vida adulta persiguiendo un reconocimiento que el Estado colombiano primero otorgó, luego revocó y ahora volvió a otorgar. Veintinueve años de un proceso que va y viene, que da y quita, que agota.
Los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías no tendrán justicia penal. Prescritos. Sus familias reciben la notificación más cruel que puede expedir un Estado: el tiempo se acabó, ya no importa quién los mató.
El costo de oportunidad de la impunidad política en La Guajira es incalculable. Cada político que opera con el respaldo de estructuras armadas ilegales no solo asesina opositores: desfinancia el Estado, captura la contratación, entierra los recursos de regalías que deberían convertirse en acueductos, hospitales y escuelas para el departamento más abandonado del país. La Guajira lleva décadas en la lista de los territorios con mayor mortalidad infantil por desnutrición en Colombia. Ese no es un dato separado de la corrupción política. Es su consecuencia más brutal.
Cada concejal asesinado es un control ciudadano que desaparece. Cada opositor silenciado es un voto que nunca llega. Cada prescripción es una señal enviada a los que aún tienen el poder de matar: pueden esperar.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
La figura de la prescripción penal no es, en sí misma, una herramienta de impunidad. Tiene un propósito legítimo en el derecho: los procesos no pueden ser eternos, la inseguridad jurídica también tiene un costo. Pero en Colombia, para el caso específico de la violencia política ligada al paramilitarismo, la prescripción se convirtió en el premio de consolación del sistema: si logras que el proceso se extienda lo suficiente, algunos de tus crímenes simplemente desaparecen del expediente.
El documento sobre corrupción estructural que circula en los círculos académicos colombianos lo describe con precisión: el sistema está diseñado para proteger a la élite política. Aforamientos, recursos, segunda instancia, prescripciones. No son fallas. Son características.
La reducción de 55 a 12 años tampoco fue un escándalo. Fue una decisión de un Tribunal que actuó dentro del marco legal disponible. Eso es lo más aterrador de este caso: no hubo necesariamente corrupción visible en el Tribunal que absolvió parcialmente a ‘Kiko’ Gómez. Solo hubo un sistema que, cuando funciona «normalmente», produce este tipo de resultados.
James Buchanan, premio Nobel de Economía, describía la sociedad civil como el contrapeso necesario al Estado: ciudadanos organizados que exigen rendición de cuentas. Pero cuando la corrupción opera durante décadas con violencia sistemática —asesinando concejales, alcaldesas, conductores— lo que se destruye no es solo la justicia. Se destruye la posibilidad misma de la sociedad civil en esos territorios. Sin oposición viva, sin periodistas, sin líderes que puedan denunciar sin temor a ser eliminados, el sistema político captura todo.
Colombia necesita reformas estructurales urgentes: eliminación de los privilegios procesales para funcionarios públicos, plazos de prescripción extendidos para crímenes de lesa humanidad y violencia política, y mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades afectadas supervisar directamente el avance de los procesos. No es suficiente que la Corte Suprema corrija errores de segunda instancia años después. El diseño del sistema debe impedir que esos errores ocurran o, al menos, que el tiempo no sea el aliado del victimario.
La Corte Suprema hizo lo correcto el 29 de abril. Pero la justicia colombiana solo puede llamarse justicia cuando llega antes de que el tiempo cobre su factura. Hoy, la hija del concejal López Peralta tiene una condena restaurada. Las familias de Cabrera Alfaro y Rodríguez Frías tienen una prescripción. Esa es la diferencia entre lo que el sistema promete y lo que el sistema entrega.
‘Kiko’ Gómez pasó de 55 a 12 años entre apelaciones y prescripciones, y luego la Corte tuvo que intervenir para corregir parcialmente el desastre. ¿Cuántas veces más vamos a aceptar que el sistema «funcione» así?
La pregunta no es si hubo violencia política en La Guajira. La pregunta es cuántos ‘Kiko’ Gómez siguen gobernando hoy, seguros de que el tiempo trabaja para ellos.
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