Días previos a la Semana Santa la Fiscalía General de la Nación radicó la acusación contra cinco involucrados en el caso de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) relacionado con el expediente de “Las Marionetas” durante el gobierno de Iván Duque.

Se les acusa de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos y todos están relacionados con el exsenador Ciro Ramírez, que hoy está detenido por este mismo caso.

El ente acusador cree que los acusados hacían parte de una red que se repartía contratos que se iban a realizar con recursos del Fondo de Inversión para la Paz para beneficiar a varios congresistas y primando intereses particulares sobre generales.

La lista de la encabeza Pierre García Jacquard, exdirector de DPS durante el Gobierno de Duque, y que supuestamente seguía órdenes del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez; Katherine Rivera Bohórquez, la antigua secretaria del exsenador; Anderson González, quien direccionó por orden de Ramírez al menos 13 contratos; Raúl Alfonso Cardoso, beneficiario de las desviaciones; y Andrés José Ospina Barreto, contratista y enlace del senador Miguel Barreto.

Todos ellos fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Pierre García habría cumplido el papel especial de ser el enlace entre el exsenador Ramírez y los demás funcionarios procesados.

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En el caso de Raúl Alfonso Cardozo y Andrés José Ospina, la Fiscalía los acusa de haber conformado una empresa criminal que direccionaba los contratos, que tenían un valor de más de $70.000 millones, de forma irregular.

¿Qué son “Las Marionetas”?

Es el caso de corrupción durante el gobierno de Iván Duque, en el cual decenas de contratos fueron presuntamente amañados en favor de cinco congresistas que apoyaron al entonces presidente. Eso permitió la gobernabilidad de Duque en 2020.

El escándalo salió por el testimonio del gerente de Proyecta Quindía, una de las empresas favorecidas, Pablo Herrera, quien salpicó a seis congresistas. Entre ellos, Ciro Ramírez del Centro Democrático; Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical; Juan Felipe Lemos de La U; y Miguel Barreto y Sammy Mereg del Partido Conservador.

Este mismo testigo dice que el DPS le entregó un fondo de 22 mil millones de pesos para hacer carreteras y otras obras en municipios de Quindío, Risaralda y Tolima.

Herrera le explicó a la Fiscalía que, aunque se analizaban las propuestas y se contrataba a quien cumpliera con los requisitos, generalmente la mayoría de interesados no entregaban la documentación completa para que las exigencias solo fueran cumplidas por un proponente y que de esa manera se eligiera la empresa del interés de los congresistas.

Con el fin de que los congresistas presuntamente involucrados fueran investigados, la Fiscalía compulsó copias del caso a la Corte Suprema de Justicia, la única entidad con la autoridad constitucional para investigar y juzgar a los ciudadanos pertenecientes a la rama legislativa. Los miembros del Congreso investigados son Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Ciro Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa.

Mario Castaño, que lideraba la red criminal, había sido sentenciado a 15 años y 11 meses de prisión. En el veredicto de la Corte Suprema, de 189 páginas, se podía leer que el exsenador liberal demostró una “voracidad propia de los corruptos”. Su influencia llegó hasta los Ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las alcaldías de varios municipios en los departamentos de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, con sus respectivas gobernaciones.

También influía en la nómina de importantes instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

Cabe recordar que Castaño murió hace poco de un infarto en su centro de reclusión.

Pierre García Jacquier por su parte se encuentra prófugo de la justicia y estaría residiendo en Francia. Fue representante a la Cámara por el partido Centro Democrático entre 2014 y 2018. En la presidencia de Iván Duque fue nombrado embajador plenipotenciario de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza. A su regreso, asumió como director (e) del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social hasta que terminó su mandato Duque.

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