Por: Jorge Vergara Carbó

En escritos anteriores nos dimos a la tarea de mostrar la diferencia de enfoque y manejo de las dos principales empresas de Barranquilla dada su importancia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Una manejada por la Superservicios (Electricaribe) y la otra por la Sociedad de Activos especiales SAE (Triple A). La primera se suponía contaba con experiencia y conocimiento en el sector eléctrico, como en el del agua y alcantarillado, pero, eso sí, con un desprestigio grande por no cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales como lo  es la vigilar y controlar a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios.

La segunda, una entidad con una historia negra por los actos de corrupción cometidos en el manejo de los bienes que por un motivo u otro se los entregaron en custodia. Pero con la esperanza de cambiar ante su mala imagen.

Para intervenir a Electricaribe la SSPPDD, nombró a dedo a un Agente Liquidador, Ángela Patricia Rojas, quien recibió la empresa con unas pérdidas acumuladas durante 18 años de gestión, de $800.000 millones, y termino entregándola con unas pérdidas financieras que superan los $4 billones de pesos, en tan solo 4 años de intervención.

Pero no fue solo eso, sino que también en su administración también se deterioraron la calidad del servicio y los índices de gestión, llevando los niveles de pérdidas de energía del 18%, al 35% y, los niveles de recaudo del 85%, al 70%. Esa fue la herencia que recibieron por parte de la SSPPDD, las dos nuevas empresas AIR-E y AFINA, quienes tendrán que invertir en los próximos cuatro años una suma cercana a los $10 billones, para brindarle a sus usuarios un servicio de calidad, igual a la que se presta en el interior del país.

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En la Triple A, el problema no fue por niveles de recaudo, ni por la prestación del servicio, fue por corrupción. Una empresa manejada a dedo por los señores de Inassa, con la complacencia de su junta directiva y sin control alguno por parte de la SSPPDD, se robaran de sus arcas $27.800 millones, a través de 54 órdenes ficticias de trabajo y el contrato de cuatro (4) consultorías que no se prestaron.

Por ese caso recientemente la justicia le decretó a su exgerente Ramón Navarro Pereira la condena de 18.5 años, intramuros y el pago de 50.000 SMLV. Además, la Triple A enfrenta un proceso jurídico por la expropiación del 82.6%, de las acciones de Inassa por supuesto cobro ilegal de una asesoría técnica que el gobierno colombiano sostiene no se prestó. Este proceso sigue su curso aunque en forma lenta, lo que por supuesto afecta la imagen de la Institución.

Ante este hecho ¿qué hizo la SAE, cuando le entregaron en custodia las acciones de Inassa? Decidió contratar a una firma cazatalentos  para escoger a su gerente. Recayendo esa selección en el profesional barranquillero Guillermo Peña Bernal. No sabemos si fue un concurso abierto a nivel nacional, regional o local, ni cuáles fueron las reglas de juego. No hubo transparencia.

Los resultados en la gestión de Electricaribe y la Triple A, saltan a la vista. Mientras a Electricaribe la hundieron más en la quiebra, hasta el punto de caer en liquidación técnica al perder más del triple de su patrimonio; en la Triple A, el gerente con su equipo de trabajo, el respaldo de su junta directiva, bajo un hermetismo que levanta suspicacias, y, por supuesto, del sindicato de la empresa, mantuvo a la empresa no solo generando utilidades, sino prestando buen servicio.

Aparentemente terminaron con los manejos oscuros que venían haciendo en la empresa las manos de los españoles de Inassa, pero hasta el momento no han generado buena expectativa en la comunidad barranquillera que aspira a retomar su empresa de servicios públicos y aliviar los elevados costos de esos servicios en sus hogares.

Un gran triunfo para Barranquilla, fue la decisión acertada de asumir directamente el negocio del aseo, y no continuar contratándolo con terceros. No fue fácil para el gerente y sus miembros de junta directiva tomar esa decisión ante la presión de quienes con vínculos con el uribismo venían manejando ese negocio.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA TRIPLE A OCTUBRE 2019-2020,

CONCEPTOS2020*2019*DIFERENCIA%
Ingresos 558.478509.282 49.1269.6
Costos433.701 400.37333.3288.3
Resultado OPe124.777108.90915.86814.6
EBITDA180.567138.28442.28330.6
Gast Finan15.57511.7943.78132.0
Impuestos30.51735.563(5.046)(14.2)
Utilidades Netas78.68561.53117.15427.9
Total Activos849.962649.456200.50630.9
Total  Pasivo490.814394.504 96.31024.4
Patrimonio Net359.148254.952104.19640.9
Pasivo+ patrim849.962649.456200.50630.9
RECAUDO440.431450.906(10.475)(2.3)
Gast Oper320.069 285.27234.79712.2
Total caja operativo124.362 165.634(41.272) (24.9)
Impuestos56.32462.345(6.021)(9.6)
Total Flujo Nego68.038103.286(35.248)(34.1)
Efectivo Final78.00952.25425.755 49.3
Regalías Distrito36.000 29.0007.000 24.1
Fuente: Estados Financieros Triple A   * millones de pesos.

Estos resultados en plena pandemia hablan por sí solos, la empresa en lo corrido del 2020, ha recaudado el 97.7%, del año 2019, que fue un año sin contratiempos. Pero ese es el lado bueno de la moneda, el otro lado muestra a una empresa totalmente a espalda de la comunidad golpeada y sufrida por los efectos de la pandemia, que no le importó la crisis financiera generada por el covid, que mantuvo sus elevadisimas tarifas y no puso en práctica ningún programa de alivio a los bolsillos de los barranquilleros.

Su flujo de caja fue reforzado por un Crédito de Findeter por $24.000 millones, de los cuales se han desembolsado $15.000 millones. Eso le ha permitido operar e  invertir alrededor de $100.000 millones, dinero que en gran parte se destinó para adquirir en propiedad 40 compactadoras y 25 vehículos, entre ellos volquetas, camiones, y construir 78.000 metros de tubería, para mejorar el servicio.

La deuda de la empresa hoy  es de $109.415 millones, cuando en el 2017, era de $221.741, millones, es decir un 50.6% menos. Esto significa que la empresa ha venido honrando la deuda, pero a pesar de ello el sector financiero sigue cerrándole sus puertas. Esto por supuesto limita la inversión.

Los resultados que muestran sus estados financieros, significa que la administración actual hizo los correctivos necesarios para mostrar resultados positivos en época de pandemia. Esto por supuesto es importante reconocerlo. Sus utilidades a octubre fueron de $78.685 millones, un 27.9%, por encima de las del año 2019. Su EBITDA creció en un 30.6%, de octubre 2019 a octubre 2020. Los activos crecieron en un 30.9%, mientras los pasivos lo hicieron en un 24.4%, lo que significó que el patrimonio creciera en un 40.9%.

Lo anterior demuestra que ”cuando se quiere se puede” y es lo que ha demostrado la SAE, con el manejo que le ha dado, hasta el momento, a la Triple A.

Tenemos que reconocer ese trabajo, debido a que éramos escépticos en el manejo que le daría la SAE a la Triple A, dado los altos signos de corrupción y poca transparencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, entidad que cambió de nombre por el de Sociedad de activos Especiales.

Igualmente reconocer que el gerente Guillermo Peña, acabó con la contratación a dedo, que se venía haciendo, contratando a través de licitación pública y ejerciendo un mayor control de sus ejecutivos y selección de su personal de confianza, a fin de evitar que lo que sucedió no se vuelva a repetir. No le fue fácil  a la administración asumir el negocio del aseo directamente, fueron muchas las presiones que recibió no solo de parte de quienes tenían el negocio desde la época del ex gerente Malabet, cuando se entregó en concesión a un privado, sino también las presiones políticas y del gobierno de turno, por haberse atrevido a quitarles la joya de la corona, tanto por su rentabilidad como el empleo que genera con sus escobitas. Esa decisión le significa a la Triple A incrementar sus utilidades en una cifra cercana a los $10.000 millones de pesos anualmente.

Ahora esperamos que la justicia opere a favor de la empresa y de los barranquilleros, primero para recuperar la suma robada a través de ordenes ficticias $27.800 millones, suma que podría ser mayor. De haberse hecho por parte de la Fiscalías una auditoría forense por lo menos del 2010 al 2018, dado que estas empresas multinacionales tienen la costumbre de contratar con sus propias empresas el suministro de materias primas y estudios de consultoría. Eso a pesar de que en varios escritos se lo pedimos, no lo hicieron.  En segundo lugar lograr que el 82.6%, de las acciones de Inassa queden en manos del gobierno nacional.

 Los barranquilleros esperamos que esas acciones pasen a manos de la triple A, y por supuesto en cabeza del Distrito. Sabemos que  la Ley establece como deben repartirse esas acciones, repartición donde se excluye al Distrito, pero el gobierno nacional debe entender que la Triple A, es un patrimonio de los barranquilleros y su control debe estar en sus manos.

Estamos seguros, que si en Electricaribe, hubieran nombrado como Agente Liquidador a una persona sin compromiso político, seleccionada mediante concurso los resultados hubieran sido diferentes. Al no hacerlo en vez de enderezar la empresa lo que hicieron fue quebrarla más, hasta el punto que en cuatro  años, manejándola ellos mismos, perdieron más de cuatro billones, dinero que salió de manos de los colombianos, que invertimos $4 billones, par recuperar la empresas y poderla vender a un buen precio, no lo logramos dado el deterioro en sus índices de gestión y en el estado de su infraestructura. Por ello terminamos regalando una empresa que factura diariamente $15.000 millones.

Hoy, no sabemos los colombianos cuál fue el precio que pagó Alberto Ríos y EPM, por la empresa, cifra que no se quiere dar a conocer bajo el argumento “que fue una negociación entre privados” pero que se hizo con dineros públicos. Así opera este gobierno.

Los barranquilleros, esperamos que el actual presidente de la SAE, Andrés Ávila, y su junta directiva nombrada por la SAE mediante una asamblea, le dediquen el  tiempo necesario y el apoyo  a la administración actual, para que continúen con el trabajo que vienen realizando sin inherencia política e  intereses particulares, de tal forma que sus índices de gestión cada día muestren mejores resultados.

Por otra parte,  creemos necesario que el alcalde Jaime Pumarejo, no delegue su participación en la Junta Directiva de la Triple A, y debe asistir a todas sus sesiones, esa empresa es la más importante del Distrito.

La Triple A,  es tan  buen negocio que a pesar de los actos de corrupción y el desfalco cometido por los españoles, la empresa sigue prestando un buen servicio y generando utilidades.

Tanto el alcalde Pumarejo como la gobernadora Elsa margarita Noguera deberían bregar para que el Departamento del Atlántico tenga un asiento en la junta directiva de la empresa, es lo más justo dado que la mayoría de los municipios del departamento son clientes de la Triple. Sugiero que hablen con el presidente Iván Duque, para que en la próxima asamblea le concedan en la junta directiva un puesto al Distrito que ya lo tiene, y el otro puesto a la gobernación. Antes teníamos dos (2) puestos.

“Cuando se quiere se puede”, no podemos dejar que entre la politiquería a la Triple A, la experiencia que vivimos con las antiguas EPM, debemos tenerlo presente, y lo sucedido con las electrificadoras de la costa caribe, deben estar fijas en nuestra mente para no volver al pasado.

Una ciudad sin servicios públicos domiciliarios eficientes, y sin justicia eficiente no es viable.

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