La primera premisa es sencilla y demoledora y es que en el departamento de la Guajira no existen partidos políticos. Constituyen parapeto legal, nombre auspicioso para que el estado colombiano se reconozca en una farsa de democracia en donde lo que se encuentra como propósito electoral no son los fines esenciales del estado sino la captura de instituciones, fondos y presupuestos con castas; no de la noble etnia wayuu sino de bien elucubradas maquinarias con secciones gansteriles a los que no les tiembla el pulso para apretar el gatillo.
La segunda premisa; aceptada la primera, es que estos “cascarrones” de partidos políticos con tal de sumar votos hacen presencia en la Guajira, pues funcionan en un consolidado nacional para presidencia y para cruzar umbrales de votación. Maquinas rudimentarias con una larga tradición, palpable en las causas de creación del departamento del Atlántico cuando algún avezado político de Barranquilla descubriría que el cacique guajiro Juanito Iguarán tenía una importante votación cautiva en su célebre Registro de Padilla que daría por “milagro”, por chocorazo de la democracia, la presidencia a Rafael Reyes en 1904.
Aceptado que en el departamento de la Guajira no hay partidos políticos sino castas de depredación de los presupuestos, se logra entender el resto de la terrible película. La angustia de niños indígenas falleciendo de hambre, de rancherías perdidas entre el sol y el viento esperando el leve indicio que existe algo que se llama estado; de gobernadores asesinos, de alcaldes destituidos, renunciados, eliminados, de la carencia de hospitales, medicinas, de una infraestructura precaria, de la crónica angustia del desempleo, de la cultura integral de la ilegalidad y la increíble paradoja de un departamento con inmensas riquezas energéticas que en un lapso de menos de 10 años recibió solamente en regalías casi 4 billones de pesos que lucen extraviados, evaporados en actos de magia pueblerina y que tienen consecuencia tragicómica tal la sucedida actualmente a la Universidad de la Guajira (precaria en su sentido institucional) pues en octubre de 2019 fue necesario cancelar el semestre en curso por que la gobernación de la Guajira no les ha girado los recursos de operatividad aduciendo falta de presupuesto. Es que a la casta que aspira a la gobernación no les interesa fomentar la educación. No sea, y eso es de alta probabilidad, que les salga de allí mismo, de esas aulas, un peligroso contradictor por lo que es mejor exterminarlos desde su mismo embrión en la formación universitaria.
Los aspirantes de las castas
Aspiran a la condición de gobernadores de la Guajira Nemesio Roys Garzón, del partido Conservador con una mixtura de apoyo con el partido de la U, Colombia Renaciente y Cambio Radical; por un sector. Por el otro con posibilidades se encuentra Delay Manuel Magdaniel Hernández, avalado por ‘Adelante Mi Guajira’, y coavalado por los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y el Centro Democrático.
Sin embargo, puede apreciarse que es Roys Garzón quien tiene la mayor cantidad de partidos en su apoyo contando además en la empresa electoral con dos representantes a la Cámara tal son Alfredo Deluque y María Cristina Soto y de la maquinaria burocrática vigente en las alcaldías. Veamos la casta de Roys desde sus ancestros pues su madre Carmen Garzón, fue dos veces alcaldesa de Riohacha y desde entonces Nemesio llevaba esa misma aspiración siendo derrotado en las pasadas elecciones. Pero la doctrina Maturana existe en política y a veces perder es ganar un poco, sobre todo cuando el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, encumbrado ahora como gran estadista, decidió nombrarlo como subdirector y director nacional del Departamento de Prosperidad Social. Ese fue el anclaje fundamental de sus actuales aspiraciones a la gobernación.
Exploremos la casta política que lo apoya en cabeza de Alfredo Deluque, hijo del exgobernador Hernando Deluque Freyle. Este hizo parte del movimiento “Nueva Guajira” y no pudo concluir su mandato por sentencia del Consejo de Estado relacionadas con su irregular elección. Como si este estigma fuese poco, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de cárcel por corrupción, lo cual constituye una especie de cum laude con todo lo que ello significa. A Roys también lo apoya la exgobernadora Tania Buitrago, que llegó a esa condición gracias a la salida de su patrón Deluque y que es la presidenta del directorio departamental del partido de la U.
Exploremos las castas de apoyo del otro aspirante con posibilidades, Delay Manuel Magdaniel Hernández con un aval otorgado por el grupo ‘Adelante Mi Guajira’ siendo esta la primera vez que se le mide a una exploración de posibilidades políticas en las urnas, aunque conoce perfectamente de tejemanejes burocráticos pues estuvo hasta hace menos de un año como Secretario de Planeación departamental para de allí brincar un salto de pértiga a la Secretaría de Obras. Se apoya en la figura del exgobernador Wilmer González Brito, prófugo de la justicia al ser condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años de cárcel por corrupción electoral en 2016.
Otros de sus pivotes de campaña son el exgobernador y exsenador Jorge Ballesteros Bernier y la candidata a la asamblea Juana Gómez por el grupo ‘Somos Guajira’ hija del exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado a más de 50 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de cuatro personas entre ellos un concejal, la exalcaldesa de Barrancas, su esposo y un escolta. Un asesino en todas las de su ley que logró apoderarse de presupuestos municipales y departamentales eliminando, al mejor estilo gansteril, al que osaba cruzarse en el camino.
Estos dos representantes de las castas políticas de control de la Guajira enfrentan problemas derivados de una posible doble militancia, corroborando lo señalado en la premisa de entrada que el sentido que en la Guajira los partidos políticos no existen y su existencia depende de la capacidad de sumarse a causas electorales precisas sin importar si el candidato tiene los perfiles adecuados dentro de la normatividad electoral. Así que los candidatos de las castas en disputa, Nemesio Roys Garzón y Delay Magdaniel Hernández, estarían posiblemente inhabilitados en sus aspiraciones por doble militancia para la gobernación de la Guajira en un pleito que debe ser resuelto por el Consejo Nacional Electoral.
No importa si los declaran hábiles y después en determinada sentencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia o un fallo providencial de la Procuraduría los separan eventualmente del cargo del gobernador. Enseguida aparecerá un sucesor de la casta que actuará como reemplazo provisional quedando automáticamente, si se porta bien con las castas de la corrupción, habilitado para aspirar en el próximo debate electoral como gobernador o alcalde de Riohacha.
Después, ante el fracaso del estado en la carencia de sus objetivos sociales, será fácil culpar del desmadre a los partidos políticos que son auténticos mascarones de proa frente al verdadero poder factico de ese departamento fronterizo: las insaciables castas de la corrupción en sus diversas modalidades.
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