"No hay nada más peligroso que la injusticia con toga." – Alejandro Nieto
La extinción de dominio contra el ‘cartel de la Toga’ revela apenas la superficie de un sistema diseñado para la impunidad
En una oficina lujosa de Bogotá, un juez, un fiscal y un expresidente de la Corte Suprema discutían el precio de la justicia colombiana. No estaban debatiendo filosofía jurídica ni principios constitucionales. Calculaban, con frialdad matemática, cuántos millones costaría enterrar un expediente por parapolítica, silenciar una investigación por lavado de activos o evitar una orden de captura contra un poderoso senador.
Así operaba el infame «cartel de la Toga», una organización criminal que, entre 2013 y 2017, convirtió a la Corte Suprema de Justicia —el máximo tribunal penal del país— en un mercado donde se subastaba la impunidad al mejor postor.
Cuatro años después de las primeras condenas, la Corte Suprema acaba de compulsar copias a la Fiscalía para evaluar la extinción de dominio contra todos los integrantes de esta red criminal. Una medida que, aunque necesaria, llega tarde y genera una pregunta inquietante: ¿Estamos ante la desarticulación real del cartel o apenas descubriendo la punta del iceberg de un sistema judicial diseñado estructuralmente para la impunidad?
La aritmética de la corrupción: Millones por impunidad
Los números hablan con brutal claridad. El entonces senador Musa Besaile pagó $2.000 millones de pesos para evitar su captura por parapolítica. El exsenador Álvaro Ashton desembolsó $1.200 millones para buscar la prescripción de una investigación por nexos con paramilitares. El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno —ironía máxima— acumuló bienes por $3.500 millones de pesos mientras lideraba la red junto al expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte.
Pero estos montos, obscenos como son, representan apenas las transacciones que se han podido documentar. Como reveló el propio Ricaurte en una audiencia reciente, los millones que recibió Moreno de Besaile y Ashton coinciden «misteriosamente» con depósitos a «dos proyectos inmobiliarios de alta gama» a través de fiduciarias reputadas.
Las sentencias judiciales describen un entramado sofisticado: Moreno y el abogado Leonardo Pinilla contactaban a congresistas bajo investigación, mientras el magistrado Gustavo Malo filtraba información privilegiada a través de Ricaurte. Un sistema perfecto donde cada engranaje cumplía su función con precisión quirúrgica.
La corrupción como arquitectura, no como accidente
Lo que hace al cartel de la Toga particularmente alarmante no es solo la magnitud de los sobornos o el rango de sus protagonistas. Es el hecho de que representa la manifestación más descarnada de lo que el jurista Alejandro Nieto denominó «corrupción estructural»: no un conjunto de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento mismo del Estado.
«El Estado ha degenerado en una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética«, advertía Nieto, fallecido en 2023. «El sistema ha sido secuestrado por partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico, generando un aparato administrativo que no cumple con su función de servicio público, sino que se convierte en un obstáculo para la justicia.»
Esta descripción encaja perfectamente con el funcionamiento del cartel. No fue un accidente o una desviación del sistema, sino su consecuencia natural: un Estado donde la impunidad de los gobernantes se combina con «la indiferencia, la cobardía y la resignación» de los ciudadanos.
Los magistrados-mercaderes y sus clientes VIP
Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández no eran funcionarios menores. Ambos presidieron la Corte Suprema de Justicia, la institución encargada de investigar a congresistas y altos funcionarios. Su posición les otorgaba un poder casi absoluto sobre procesos cruciales para la democracia colombiana, especialmente aquellos relacionados con la parapolítica —la infiltración paramilitar en el Congreso.
Mientras Ricaurte y Malo han sido condenados a 16 y 9 años de prisión respectivamente, otros presuntos integrantes del cartel como el expresidente de la Corte Leonidas Bustos continúan en juicio. Y ahora la Corte pide investigar otros posibles «clientes» del cartel: el exrepresentante Nilton Córdoba y la exrepresentante Argenis Velásquez.
Pero la pregunta incómoda persiste: ¿Son estos todos los beneficiarios del cartel o apenas los que no pudieron comprar un silencio aún más profundo?
El sistema infalible: Cómo se blindó la impunidad judicial
El cartel de la Toga no habría funcionado sin mecanismos institucionales que lo protegieran. Como explica Alejandro Nieto, el sistema colombiano ha generado estructuras que blindan a los poderosos:
- Aforamiento judicial: Los altos funcionarios gozan de protecciones especiales que los hacen prácticamente intocables.
- Lentitud procesal calculada: Los procesos se alargan estratégicamente hasta alcanzar la prescripción.
- Politización de la justicia: Los nombramientos judiciales responden más a cuotas políticas que a méritos profesionales.
- Ausencia de controles efectivos: Los mecanismos de vigilancia son débiles o están cooptados por los mismos vigilados.
Cuando Malo forzó la renuncia de su magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez porque este pretendía abrir una investigación contra el senador Besaile, no estaba actuando solo como un funcionario corrupto, sino como parte de un engranaje mayor que permite y normaliza estas conductas.
¿Extinción de dominio o simple maquillaje?
La reciente decisión de la Corte Suprema de compulsar copias para evaluar la extinción de dominio contra los miembros del cartel representa un paso necesario, pero insuficiente. Moreno, el exfiscal anticorrupción, ya enfrenta procesos de extinción sobre bienes por 3.500 millones, pero ¿dónde está el resto del dinero?
Como sugiere el propio Ricaurte en su declaración, muchos de estos recursos podrían estar ocultos en inversiones inmobiliarias sofisticadas, protegidos por estructuras fiduciarias que dificultan su rastreo.
Y aquí es donde las palabras de Nieto cobran una relevancia escalofriante: «La falta de control y rendición de cuentas: La impunidad es la norma, y los mecanismos de fiscalización resultan ineficaces o están cooptados.«
El verdadero legado del Cartel: Un sistema que sigue vivo
Mientras los juicios individuales avanzan lentamente y algunos de los responsables cumplen condenas, la pregunta estructural permanece sin respuesta: ¿Hemos desmantelado realmente el sistema que permitió al cartel de la Toga florecer, o solo hemos cambiado algunos de sus operadores?
La respuesta parece sombría. Los mecanismos que Nieto identifica siguen intactos:
- El aforamiento sigue protegiendo a los poderosos.
- Los procesos judiciales continúan siendo extremadamente lentos.
- La politización de la justicia no ha disminuido.
- Los controles siguen siendo insuficientes.
- La ciudadanía permanece, en gran medida, resignada e indiferente.
Como escribió Alejandro Nieto: «Para revertir esta situación, es imprescindible una regeneración profunda del sistema que devuelva la administración pública a su verdadera función: el servicio al ciudadano y la gestión eficiente del interés común.«
El precio del silencio: La ciudadanía como cómplice pasivo
El cartel de la Toga no operó en el vacío. Prosperó en un entorno social caracterizado por lo que Nieto describe como «la indiferencia, la cobardía y la resignación de los ...» —en este caso, de los colombianos.
La idea de que «todos son iguales» y la consecuente apatía ciudadana forman parte esencial del problema. Como señala Nieto, «quien controla el miedo de la gente se acaba adueñando de su alma«. Y el cartel de la Toga entendió perfectamente esta dinámica.
Un nuevo cartel, con diferente nombre
Mientras los colombianos contemplan con indignación pasajera las revelaciones sobre el cartel de la Toga, una pregunta incómoda flota en el ambiente: ¿Realmente desapareció el cartel o simplemente mutó, adaptándose a las nuevas circunstancias?
Los mismos mecanismos que permitieron su surgimiento permanecen intactos. El sistema judicial sigue siendo vulnerable a las mismas presiones. Los poderosos continúan gozando de protecciones especiales.
Y lo más preocupante: la ciudadanía parece haber vuelto a su estado habitual de resignación, esa «indiferencia y cobardía» que Nieto identificaba como cómplice necesario de la corrupción estructural.
El verdadero cartel, el de la impunidad sistémica, no necesita togados específicos para operar. Es un mecanismo institucional que sobrevive a sus operadores temporales. Mientras no modifiquemos radicalmente las estructuras que lo hacen posible, seguiremos descubriendo nuevos «carteles» con diferentes nombres, pero idéntica función: garantizar que la justicia sea un privilegio para pocos y no un derecho para todos.
