En un país donde el uniforme todavía inspira respeto, algunos militares han descubierto que la autoridad es el camuflaje perfecto para el delito. El coronel Felipe Andrés Peñarredonda Gómez, oficial activo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acaba de sumarse a esta lista de deshonor tras ser capturado el pasado 6 de marzo en el Batallón Córdoba de Santa Marta.
La última captura de este alto oficial militar colombiano no es un incidente aislado. Es el síntoma de una metástasis que corroe los cuarteles desde dentro. El coronel Felipe Andrés Peñarredonda Gómez, oficial activo con más de 20 años en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), fue detenido en el Batallón Córdoba de Santa Marta, enfrentando cargos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documentos públicos y privados.
Dos Colombia: Miseria Para el Pueblo, Yates Para los Uniformados
Mientras los soldados rasos arriesgan sus vidas por un salario mínimo en las selvas colombianas, sus comandantes navegan en yates de lujo y posan junto a vehículos que un militar honesto jamás podría costear con su sueldo. Las redes sociales de Peñarredonda son un monumento a esta obscena disparidad: fotografías en embarcaciones costosas, carros de alta gama y propiedades que desafían cualquier explicación financiera transparente.
Los hechos son contundentes: un oficial que constituye una empresa inmobiliaria con 100 millones de pesos en 2021, que maneja al menos 11 propiedades distribuidas entre Barranquilla, Santa Marta y Villavicencio. ¿La fuente de semejante fortuna? El silencio oficial es ensordecedor.
El Modus Operandi: Cuando el Uniforme Es Disfraz del Crimen
La fiscalía investiga una presunta estafa en la compra de un apartamento frente al mar en el edificio Patuca de Santa Marta. La dueña, Gloria Ulloque, asegura que nunca recibió los $158 millones que Peñarredonda afirma haber transferido. Además, denuncia que la firma en la escritura no le pertenece.
Las autoridades sospechan que este caso es apenas una pieza de un entramado mayor: una red dedicada a estafar propietarios de inmuebles en la costa Caribe. Lo perturbador no es solo la naturaleza del delito, sino la posición privilegiada desde la cual se ejecutaba.
De la FAC al Clan del Golfo: La Línea Que Se Desdibuja
Las acusaciones más graves señalan posibles vínculos entre el coronel y el Clan del Golfo, la organización narcoparamilitar más poderosa de Colombia. Aunque la defensa niega categóricamente esta conexión, los rumores iniciales que circularon en chats cerrados de oficiales de la FAC mencionaban específicamente estos vínculos como motivo de la captura.
Si estas acusaciones se confirman, estaríamos frente a un caso donde la línea entre las fuerzas del orden y las organizaciones criminales ha desaparecido por completo. Un escenario donde quienes juran defender a la nación terminan aliándose con quienes la desangran.
Las Conexiones Poderosas: Nadie Opera Solo
El coronel Peñarredonda no es un lobo solitario. Es hermano del penalista Daniel Peñarredonda, quien según investigaciones de la Fundación Pares, habría trabajado junto al abogado Abelardo De La Espriella en FIPAZ, una ONG que realizaba proselitismo político para narcoparamilitares que se acogieron al acuerdo de paz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Las fotografías del coronel con prominentes abogados y figuras públicas sugieren una red de protección que trasciende lo militar y se entrelaza con círculos de poder económico, legal y político. Es precisamente esta red la que podría explicar cómo un oficial activo operaba tan abiertamente al margen de la ley.
La Podredumbre Institucional: ¿Cuántos Más?
El caso Peñarredonda obliga a plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuántos oficiales más dentro de las Fuerzas Militares mantienen vínculos con organizaciones criminales? ¿Es posible que un coronel asignado a la subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares operara sin cómplices dentro de la institución?
La historia reciente de Colombia está plagada de escándalos que vinculan a militares con crímenes atroces: desde los «falsos positivos» hasta las alianzas con grupos paramilitares. El caso actual parece confirmar que estas no son «manzanas podridas», sino síntomas de una corrupción sistémica.
El Silencio Cómplice: Cuando Todos Saben y Nadie Habla
Lo más perturbador del caso no es solo la presunta conducta criminal de Peñarredonda, sino el ambiente que la hizo posible. Un oficial que durante años exhibía sin pudor un estilo de vida inconsistente con sus ingresos legítimos, sin que esto activara alarmas institucionales.
Este silencio cómplice se extiende más allá de los cuarteles. Abarca a un sistema judicial que históricamente ha sido tímido para investigar a las altas esferas militares, a medios de comunicación que muchas veces miran hacia otro lado, y a una sociedad que ha normalizado la corrupción hasta convertirla en paisaje.
La Verdad Desnuda: Instituciones Cooptadas
El caso del coronel Peñarredonda no es excepcional. Es representativo de una realidad que muchos colombianos intuyen pero pocos se atreven a nombrar: instituciones del Estado cooptadas por intereses criminales, donde el uniforme y la autoridad se convierten en escudos perfectos para operaciones ilícitas.
En Colombia, la línea entre lo legal y lo criminal se ha difuminado tanto que casos como este ya no sorprenden. Y esa normalización es quizás el síntoma más grave de una democracia enferma, donde los encargados de proteger a los ciudadanos terminan siendo sus depredadores.
Mientras la FAC decide sobre la continuidad del oficial y la Fiscalía avanza en su investigación, una conclusión resulta inevitable: las Fuerzas Militares colombianas necesitan una purga profunda, transparente y sin concesiones. La seguridad nacional depende de ello.
La Verdad que Duele
Este caso ilustra perfectamente cómo las estructuras de poder pueden ser utilizadas como escudo para actividades ilícitas. El uniforme, los contactos, la posición social: todo convertido en herramienta para la impunidad.
Colombia merece fuerzas militares íntegras, comprometidas con la protección del territorio y los ciudadanos, no con el enriquecimiento personal a costa de la confianza pública.
El país aguarda que la investigación llegue hasta el fondo, sin importar a quién afecte. Porque cada uniforme manchado daña la credibilidad de una institución fundamental para la democracia.
