En el corazón de la crisis que vive el Catatumbo colombiano no solo se encuentra el enfrentamiento entre grupos armados ilegales, sino también un sistema perfecto de evasión de responsabilidades que expone las entrañas de la impunidad gubernamental en Colombia. Mientras más de 55.000 personas han sido desplazadas y otras 23.000 permanecen confinadas, el gobierno de Gustavo Petro ha encontrado en la declaración de estado de conmoción interior un escudo perfecto para transferir la culpa hacia la Corte Constitucional, continuando así con una larga tradición de irresponsabilidad política que trasciende ideologías.
La Fachada del Decreto 62 de 2025
El Decreto 62 que establece la conmoción interior en el Catatumbo revela, paradójicamente, su propia fragilidad. Al admitir que los enfrentamientos entre grupos armados y los ataques contra la población civil «no son algo nuevo», el mismo gobierno reconoce implícitamente que la crisis actual es resultado de la continuidad histórica de problemas estructurales, no de una emergencia repentina e imprevisible que justifique medidas excepcionales.
«La impunidad de la clase gobernante frente a sus errores, negligencia, despilfarro, abusos y actos de corrupción» no es una simple frase del análisis académico sobre corrupción estructural, sino la perfecta descripción del escenario que hoy vemos desplegarse en el norte de Santander. Un gobierno que, tras 50 días de acciones armadas del ELN, apenas reporta una captura mientras las bajas en las Fuerzas Militares se multiplican.
La Estrategia del Chivo Expiatorio
«No le bastó con el intento de echarles encima los estudiantes a la Corte Constitucional,» señala el analista Pedro Medellín, describiendo cómo el presidente Petro intentó responsabilizar al tribunal por el aumento en las cuotas de créditos del Icetex. Ahora, con la crisis humanitaria en el Catatumbo, repite la estrategia al afirmar que si la Corte tumba los decretos de conmoción interior, «el país perderá la frontera«.
Este patrón no es accidental. Como señala el profesor Alejandro Nieto (El desgobierno de lo Público), «la impunidad es la norma, y los mecanismos de fiscalización resultan ineficaces o están cooptados». La táctica de desviar la responsabilidad hacia instituciones de control como la Corte Constitucional es parte de lo que podríamos denominar una «ingeniería de la impunidad», donde la clase política ha perfeccionado el arte de eludir las consecuencias de sus decisiones.
La «Paz Total» Como Cortina de Humo
El análisis de Pedro Medellín revela la contradicción fundamental en la política de seguridad: mientras el gobierno declara una emergencia por la violencia desatada, mantiene vigentes las «medidas de cese del fuego para el Catatumbo tomadas en el marco de la 'paz total'«. Esta paradoja expone cómo las políticas públicas pueden convertirse en instrumentos de una dinámica mayor de autoprotección gubernamental.
Como señala el documento del profesor Alejandro Nieto: «La estructura política y mediática colombiana favorece a los partidos establecidos«. Esta estructura permite que iniciativas como la «paz total» funcionen simultáneamente como banderas políticas y como escudos ante el fracaso, ejemplificando lo que el profesor Nieto denomina «corrupción estructural: no es un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado».
El Círculo Vicioso de la Resignación Ciudadana
Mientras 76 personas han sido asesinadas y 5 permanecen desaparecidas en el Catatumbo, la sociedad colombiana muestra «una preocupante pasividad ante los abusos del poder«. Esta inacción ciudadana completa el círculo perfecto de la impunidad gubernamental: «sin una ciudadanía activa y exigente, los gobernantes no tienen incentivos, ni se sienten invitados u obligados a actuar con decencia, con responsabilidad y ética«.
La estrategia retórica de amenazar con «la pérdida de la frontera» si la Corte Constitucional no avala la conmoción interior, apela precisamente a ese miedo colectivo que, como señala el documento de corrupción estructural, «juega un papel clave» en la resignación ciudadana. «Quien controla el miedo de la gente se acaba adueñando de su alma».
Del Fracaso a la Impunidad: El Mecanismo Perfecto
La verdadera conmoción no está en el Catatumbo, sino en el sistema que permite que los fracasos gubernamentales se transformen en oportunidades para acumular más poder mediante estados de excepción, mientras se socava la legitimidad de las instituciones de control.
La administración Petro no inventó este mecanismo. Como señala el análisis sobre corrupción estructural, este es un «círculo vicioso en el que la falta de acción popular refuerza la impunidad de quienes ostentan y detentan el poder«. Lo novedoso es la manera en que un gobierno que prometió cambio reproduce exactamente los mismos patrones que criticaba.
La Alternativa Necesaria: Mecanismos Legales contra la Impunidad
La crisis del Catatumbo evidencia la urgencia de implementar los «mecanismos legales para reducir la impunidad de los gobernantes» propuestos en el documento sobre corrupción estructural del profesor Nieto. En particular, la «eliminación del aforamiento y privilegios procesales» y el «fortalecimiento de la independencia judicial» se revelan como esenciales para romper con el círculo vicioso de la impunidad gubernamental.
Necesitamos una «Ley de Responsabilidad de los Gobernantes y Funcionarios» que contemple la «responsabilidad patrimonial» de quienes toman decisiones que resultan en crisis humanitarias como la del Catatumbo, junto con «mecanismos de participación ciudadana que permitan la denuncia y supervisión de actos ilícitos dentro de la administración pública«.
La Verdad Revelada
La crisis del Catatumbo y la respuesta gubernamental no son acontecimientos aislados, sino síntomas de una patología profunda en el sistema político colombiano. La impunidad estructural que blinda a los gobernantes de las consecuencias de sus decisiones trasciende las ideologías y se reproduce incluso en administraciones que prometieron cambiarlo todo.
El presidente que critica a la Corte Constitucional por sus decisiones sobre el Icetex, ahora la responsabiliza anticipadamente por una hipotética «pérdida de la frontera«, revelando lo que el documento de corrupción estructural denomina como «un nuevo intento por socavar la legitimidad de las cortes«. Este patrón, lejos de ser exclusivo de la actual administración, evidencia cómo la maquinaria del poder perpetúa sus propios mecanismos de autoprotección.
Romper con esta dinámica requiere más que indignación momentánea. Exige un despertar ciudadano sostenido, reforma institucional profunda y, sobre todo, la comprensión de que la verdadera conmoción que necesita Colombia es la que sacuda los cimientos de la impunidad gubernamental.
Mientras los más de 55.000 desplazados del Catatumbo esperan soluciones reales, la clase política continúa perfeccionando el arte de transferir culpas y evadir responsabilidades. La pregunta es: ¿hasta cuándo permitiremos que la historia de la impunidad gubernamental siga repitiéndose con diferentes protagonistas pero idénticos resultados?
