Por Gala Marcela Peña | 10 de marzo de 2025
La matemática perversa de las ZER: 78% para una empresa, 22% para la ciudad
MONTERÍA, CÓRDOBA — Las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) comenzaron a funcionar este mes en las calles de Montería bajo un nuevo sistema que promete ordenar el tráfico y mejorar la movilidad. Sin embargo, lo que no se cuenta en los folletos promocionales ni en las sonrientes declaraciones oficiales es una ecuación matemática que desafía toda lógica del interés público: de cada 100 pesos que usted pague por estacionar en lo que hasta ayer era espacio de todos, solo 22 irán a las arcas municipales.
Así funciona este juego de ilusionismo burocrático donde lo público se disfraza de beneficio colectivo mientras alimenta bolsillos privados.
El regalazo está cuantificado: un contrato de $130 mil millones de pesos entregado mediante una Asociación Público-Privada (APP) a la empresa «Nuestro Espacio» —un nombre que ironiza sobre la apropiación del espacio colectivo— por 11 años. Y mientras la ciudad recibirá aproximadamente $4 mil millones anuales, la empresa se quedará con $14 mil millones cada año.
Ninguna empresa invierte semejante cantidad sin garantías blindadas de ganancias estratosféricas. Es la matemática perfecta de la impunidad gubernamental: decisiones técnicas que esconden transferencias de riqueza colectiva hacia manos privadas.
Un contrato firmado a toda prisa antes del cambio de administración
El documento que entrega las calles fue firmado por el entonces alcalde Carlos Ordogoistia Sanin en septiembre de 2023, apenas meses antes de entregar su cargo. «Un contrato exprés con efectos de una década«, según describió un concejal que pidió mantener su nombre en reserva.
Ahora, el nuevo alcalde Hugo Kerguelén García se lava las manos con un discurso de impotencia calculada: «Cuando llegamos a esta administración encontramos un contrato que ya estaba firmado«, declaró, alegando que romperlo «generaría costos adicionales que las finanzas locales no podrían cubrir«.
Es el libreto perfecto de la corrupción estructural: un gobierno firma contratos leoninos, el siguiente alega imposibilidad de revertirlos, y mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada en la telaraña burocrática pagando el costo.
Los cepos: la joya de la corona del negocio
La cereza de este pastel de privatización es la implementación de cepos de inmovilización —fabricados localmente, un detalle que se presenta como «generación de empleo»— cuyo retiro costará $91.500 pesos para carros y $45.700 pesos para motos.
Multiplicados por miles de infracciones mensuales, estos dispositivos representan un flujo constante de ingresos. El tiempo máximo para retirarlos es de 15 minutos, un servicio «express» que garantiza que ningún vehículo escape de la red comercial tendida sobre el pavimento público.
Los parquímetros fantasma: la gran ausencia en un contrato millonario
Pero hay más. El elemento que más cuesta en cualquier sistema de parqueo regulado —los parquímetros— brilla por su ausencia en el contrato. En el pliego de condiciones se menciona su instalación de manera ambigua: «procurando que se instale un Parquímetro en un radio promedio de 150 a 200 metros máximo aproximadamente entre uno y otro«.
Sin embargo, no se especifica cuántos serán instalados, quedando «a discreción del Concesionario» esta decisión. ¿En qué se invertirán entonces $130 mil millones de pesos? Es la pregunta que ningún funcionario ha respondido.
El contraste: Benidorm vs. Montería
Para dimensionar la magnitud de este negocio, basta compararlo con sistemas similares en otros lugares. En Benidorm, España, una ciudad turística que recibe casi 3 millones de visitantes al año, el gobierno municipal invirtió aproximadamente $1.450 millones de pesos colombianos para instalar 64 parquímetros modernos, con un sistema completamente automatizado y sin intervención humana.
En contraste, Montería, con menos de 500 mil habitantes, comprometerá $130 mil millones de pesos en un sistema que ni siquiera garantiza la instalación de parquímetros.
La corrupción estructural: el círculo vicioso
Lo que ocurre en Montería no es un caso aislado, sino el reflejo de lo que el fallecido jurista Alejandro Nieto denominaba «corrupción estructural»: «No es un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado».
Es el ciclo perfecto: políticos que firman contratos millonarios antes de dejar el cargo; empresas que obtienen ganancias desproporcionadas; nuevos gobernantes que alegan imposibilidad jurídica para modificar lo pactado; y ciudadanos que terminan financiando este engranaje con su dinero, mientras el espacio público se convierte en mercancía privada.
Las ZER como fuente de clientelismo
Más allá del ordenamiento vial que se anuncia como justificación, las ZER se han convertido en perfectas bolsas de empleo y esquemas de clientelismo político. El contrato de Montería contempla la contratación de numerosos «reguladores» y personal administrativo, lo que permite distribuir puestos de trabajo con criterios poco transparentes.
«No es casualidad que muchos de los contratados tengan relación con líderes políticos locales«, comentó un comerciante del centro de Montería que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.
En términos generales las ZER han resultado aparentemente beneficiosas en ciudades como Medellín y Bogotá, donde evidentemente este sistema ha permitido mejorar el tráfico vehicular. Sin contar que son manejadas y operadas directamente por el gobierno local.
En Medellín
Con todo y eso, en el caso de Medellín por ejemplo, estacionar un auto o una moto en una de las 2.898 celdas de parqueo públicas que hay e irse sin pagar el tiempo que se usaron es una práctica más recurrente de lo que se cree. La Secretaría de Movilidad del Distrito tiene registrados 26.440 vehículos que adeudan este parqueo en la ciudad, entre carros y motos.
Esto sumado a denuncias ciudadanas sobre la corrupción de los llamados impulsadores o sea los encargados del cobro de las tarifas.
Cuando un automovilista se estaciona en una de las celdas demarcadas de las ZER, inmediatamente aparece el funcionario de la Terminal y se tiene el siguiente diálogo:
—¿Se demora mucho?
—No, solo un instante.
—Vaya pues, que yo le “colaboro”.
También están dispuestos a “colaborar” con el automovilista los guardas de tránsito que operan las grúas en las que se llevan a los patios de la Secretaría de Movilidad los vehículos de los infractores sorprendidos en flagrancia. La colaboración, supone un pago inferior a la tarifa del estacionamiento o a la multa y demás costos en que se debe incurrir para sacar los vehículos de los ominosos patios.
Corrupción en La Mesa
En el municipio de La Mesa, Cundinamarca, la implementación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) ha desatado una tormenta de controversias y acusaciones de corrupción que han sacudido a la comunidad local. El contrato interadministrativo para la operación de estas zonas, suscrito en 2022 durante la administración del exalcalde Humberto Segura Barragán, ha sido objeto de intensas críticas y protestas por parte de los residentes y comerciantes del municipio.
El Contrato y su Contexto
La administración de Segura Barragán firmó un contrato con Terminales de Transporte de Medellín para la implementación de las ZER. Sin embargo, desde su inicio, el proyecto fue recibido con escepticismo y oposición por parte de la comunidad.
Las tarifas propuestas y las áreas designadas para el estacionamiento regulado generaron descontento entre los habitantes, quienes consideraban que las medidas afectarían negativamente al comercio local y a la dinámica cotidiana del municipio.
Acusaciones de Corrupción y Detrimento Patrimonial
Las sospechas de corrupción en torno al contrato de las ZER se intensificaron cuando se revelaron posibles irregularidades en su adjudicación y ejecución. Denuncias públicas señalaron un presunto detrimento patrimonial, sugiriendo que los términos del contrato favorecían desproporcionadamente al operador en detrimento de las finanzas municipales. El analista Ariel Ávila, en sus plataformas digitales, expuso detalles que apuntaban a una gestión poco transparente y potencialmente corrupta en la implementación de las ZER.
Estas acusaciones han llevado a las autoridades competentes a iniciar investigaciones para determinar la existencia de actos ilícitos en la celebración y ejecución del contrato.
El mencionado contrato fue adjudicado en el 2022, por un valor de $3.734 millones de pesos y una duración de 10 años.
Mientras que, en Cali, desde el año pasado la alcaldía intenta revivir las ZER en tres zonas de la ciudad, a sabiendas de que su implementación en el 2019, no duró ni 3 meses.
La resistencia ciudadana
A pesar del manto de legitimidad con que se presentan estos proyectos, los monterianos han comenzado a levantar su voz. Comerciantes del centro denuncian que las ZER afectarán gravemente sus ventas, mientras que conductores cuestionan por qué deben pagar por estacionar en espacios que, hasta hace poco, eran de uso público.
Ante la creciente presión, el alcalde Kerguelén ha prometido «crear una línea base para medir el impacto económico del sistema en los comercios del centro cada tres meses«, un paliativo que no ataca el problema de fondo: el desequilibrio en la distribución de beneficios entre lo público y lo privado.
La pregunta incómoda
Al final, la implementación de las ZER en Montería nos devuelve a la pregunta fundamental sobre la gestión de lo público: ¿Para quién gobierna realmente la clase política? ¿Para los ciudadanos o para intereses privados que se benefician de contratos millonarios?
Como señalaba Alejandro Nieto: «El Estado ha degenerado en una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética […] secuestrado por partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico».
En Montería, la respuesta parece clara cuando seguimos el rastro del dinero: 22% para todos, 78% para unos pocos. Una ecuación que debería avergonzar a cualquier gobierno que se precie de administrar lo público.
Gala Marcela Peña es periodista investigativa especializada en contratación estatal y corrupción. Ha denunciado casos de malversación de fondos en diversas regiones de Colombia.
