Mientras miles de barranquilleros caminan diariamente frente a la inconclusa y deformada Plaza de Telecom, pocos conocen que están contemplando uno de los monumentos más emblemáticos a la corrupción sistémica que carcome las entrañas de la administración pública en la región Caribe. Tras casi ocho años de iniciarse las obras, y después de invertirse más de $9.000 millones de pesos, lo que debió ser un espacio público renovado se ha convertido en el símbolo físico de un esquema de saqueo que opera con total impunidad.
El contrato que nació muerto
El 7 de abril de 2017, la Secretaría General del Distrito de Barranquilla celebró el contrato No.01-2017-001130 con el objeto de construir «nuevos espacios públicos para las diferentes localidades del distrito«. El ganador: la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017, conformada por Carlos Vengal Pérez (51%) y JPS Construcciones del Caribe SAS (49%), de propiedad de Luis Enrique Guzmán Chams.
Este contrato por valor inicial de $7.975.988.604, con un plazo de ejecución de apenas 264 días, presentó desde su nacimiento irregularidades que cualquier auditor medianamente competente habría detectado. La primera bandera roja: la interventoría fue asignada a Edubar antes de seleccionar al contratista, contraviniendo la Ley 80 de 1993 que establece que el interventor debe ser seleccionado mediante licitación pública y debe ser independiente tanto de la entidad contratante como del contratista.
Los impuestos: el primer eslabón de la cadena corrupta
El contratista tenía diez días hábiles para pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, transcurrieron más de dos meses antes de que cumpliera parcialmente con esta obligación. Más grave aún, Edubar, la empresa interventora, nunca pagó la totalidad de los impuestos requeridos, omitiendo el impuesto de Dotación a la Tercera Edad (2.5%) y la Estampilla Pro Cultura (2%), dejando un vacío de más de $15 millones.
La ley es clara: un contrato no puede ejecutarse sin el pago previo de todos los impuestos necesarios para su perfeccionamiento. ¿Dónde estaban la Contraloría Distrital, la Personería y la Procuraduría cuando se firmó el acta de inicio de un contrato jurídicamente inexistente según el artículo 898 del Código de Comercio?
El carrusel de cesiones: la estrategia para diluir responsabilidades
Lo que siguió fue un carrusel de cesiones que revela la verdadera naturaleza del contrato: un vehículo para el saqueo, no para la construcción. Apenas tres meses después de obtener el contrato, Carlos Vengal Pérez cedió su participación (51%) a la empresa JA Asociados SA, que a su vez transfirió estos derechos a Virgilio Enrique Osorio Torres el 3 de abril de 2018 – cuatro meses después de la fecha límite para la entrega de las obras.
Esta secuencia de transferencias, ejecutada con la complacencia de las autoridades competentes, tiene un propósito evidente: diluir responsabilidades y dificultar el seguimiento del dinero público. Mientras tanto, la Plaza de Telecom permanece inconclusa, convertida en lo que los barranquilleros irónicamente llaman «una empanada de concreto«.
Las conexiones ocultas: más allá de la Plaza de Telecom
El contrato para la reconstrucción de la Plaza de Telecom no es un caso aislado. Forma parte de un patrón sistemático que vincula a los mismos actores en múltiples contratos públicos en la región.
Carlos Vengal Pérez y Luis Enrique Guzmán Chams no solo eran socios en la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017; según confesiones del propio Guzmán Chams a la periodista María Jimena Duzán, desde 2015 mantenían una relación de negocios en la que Guzmán financiaba los pagos de «coimas» necesarios para la adjudicación y ejecución de contratos públicos.
El más notorio de estos contratos fue la construcción del megatanque del barrio 7 de Abril, por valor de $23.580 millones, para el cual Guzmán Chams prestó a Vengal $2.300 millones destinados presuntamente al pago de sobornos.
El silencio cómplice de los entes de control
La pregunta más perturbadora que surge de esta investigación es: ¿dónde están los organismos de control? El esquema corrupto que ha permitido el despilfarro de más de $9.000 millones en la Plaza de Telecom (incluyendo una adición de $1.199 millones cuyos impuestos tampoco han sido cancelados) opera a plena luz del día, dejando un rastro documental que cualquier funcionario diligente podría seguir.
La Fiscalía, la Contraloría Distrital, la Personería y la Procuraduría General de la Nación parecen haber adoptado una postura de contemplación pasiva frente a un caso que exige acción inmediata. El contrato debió entregarse hace más de siete años, y hasta hoy no existe un acta formal de entrega firmada por el interventor.
Mientras tanto, los contratistas adeudan al distrito de Barranquilla $462.608.000 en impuestos sin contar los intereses moratorios, calculados según las tasas de usura reglamentadas por la Superintendencia Financiera.
El mecanismo invisible: cómo opera el sistema corrupto
Lo que revela este caso no es solo un acto aislado de corrupción, sino un mecanismo invisible pero perfectamente articulado que permite la apropiación sistemática de los recursos públicos. Este mecanismo opera a través de:
- Licitaciones amañadas: Los pliegos se diseñan para favorecer a contratistas específicos.
- Interventorías complacientes: Empresas como Edubar, que deberían vigilar el cumplimiento del contrato, participan activamente en el esquema corrupto.
- Incumplimiento legalizado: Se permite la ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales básicos.
- Cesiones estratégicas: Se transfieren responsabilidades para dificultar el seguimiento judicial.
- Silencio institucional: Los entes de control permanecen pasivos ante irregularidades evidentes.
El costo real: más allá del dinero
El verdadero costo de la corrupción en la contratación pública va mucho más allá de los $9.000 millones despilfarrados en la Plaza de Telecom. Representa la normalización de un sistema que socava los fundamentos mismos de la democracia y el estado de derecho.
Cada peso desviado es un peso menos para educación, salud, infraestructura y desarrollo social en una ciudad donde persisten profundas desigualdades. Cada contrato amañado erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa un ciclo de impunidad que alimenta más corrupción.
Conclusión: romper el ciclo
El caso de la Plaza de Telecom no es solo una historia de corrupción; es un llamado urgente a la acción ciudadana e institucional. Mientras la escultura del maestro Alejandro Obregón permanece desplazada de su lugar original, sustituida por una «empanada» arquitectónica inconclusa, los barranquilleros merecen respuestas.
¿Quién responderá por los $9.000 millones? ¿Cuándo actuarán la Fiscalía y los organismos de control? ¿Cuántas Plazas de Telecom más tendremos que soportar antes de que se rompa el ciclo de la corrupción?
La verdad está a la vista, como la Plaza misma. Ahora corresponde a las instituciones y a la ciudadanía decidir si seguirán siendo testigos silenciosos o protagonistas del cambio que el Caribe colombiano necesita y merece.
