La empresa de servicios públicos Triple A considerada por los españoles de Canal Isabel II –sus antiguos accionistas defenestrados- como la “joya de la corona” de sus posesiones allende los mares. Al momento de su intervención por la Fiscalía colombiana en octubre de 2018, estaba en planes de venta debido a los escándalos suscitados en la Comunidad de Madrid, a quien pertenece la empresa, por la operación Lezo.
Al intervenirse las acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, encomendada en ese momento por Néstor Humberto Martínez Neira, éstas pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales, una entidad especializada del Ministerio de Hacienda que se encargó provisionalmente, mientras llegua una decisión de fondo sobre la extinción (por cierto, bastante dilatada), de conformar una junta directiva con su respectivo gerente encargado y que la normal prestación de sus servicios siguiera sin impedimentos.
Es en ese preciso suceso de extinción y de conformación de la junta directiva en donde empieza la historia de la puja del control por la apetecida Triple A por diversas corporaciones y personas, basada en la ineficacia de la legislación colombiana para ofrecer prontas sentencias en este sentido tal como lo saben perfectamente los antiguos socios hispanos.
El diario El Confidencial, de Madrid en un reportaje del 30 de agosto de 2019 señala que “el Canal Isabel tardará “años” (si lo logra) de recuperar ‘la joya’ expropiada por Colombia pues este país no tiene plazo legal para responder a los recursos presentados por el Canal, que asume que tendrá que recurrir al arbitraje internacional. El embargo inicial de las acciones era provisional, por seis meses, pero el pasado 4 de abril la Fiscalía colombiana formalizó la demanda que expropia cautelarmente las acciones de la Triple A, un proceso que ha recaído en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla. Las acciones, el 82,16% del total, están ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del Ministerio de Hacienda colombiano. La SAE utilizó la Ley 1708 de 20 de enero de 2014 para hacerse con las acciones. Se trata de una ley que permite administrar los bienes que el Estado colombiano incautados a narcos, guerrilleros y paramilitares. Para la Comunidad de Madrid, “fue una expropiación pura y dura. Lo que se ha hecho es el secuestro de unas acciones, es decir, el asalto de una empresa pública de otro país aplicándole una legislación contra el enriquecimiento ilícito de narcotraficantes”. Los servicios jurídicos del Canal han presentado varios recursos contra las decisiones de la Justicia colombiana, pero no hay un plazo legal para responder, por lo que el proceso judicial se puede demorar ‘sine die’“.
Movimientos previos
Es preciso dar marcha atrás para entender el marco general en que se desarrollan los actuales acontecimientos relacionados con la conformación de la Junta Directiva de Triple A y la remoción de su actual gerente para entender el complejo rompecabezas planteado en torno al control de la empresa.
El 23 de abril de 2017, el diario El Confidencial de España presentó informaciones relacionadas con los implicados en el caso Canal Isabel II y Canal Extensia. Allí se describe el viaje a América de varios ejecutivos del grupo entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2008, entre ellos Ignacio González para una visita de “buena voluntad” a Colombia relacionados con los negocios de Inassa y Triple A.
Señaló El Confidencial:
González quería que Uribe (Álvaro, Presidente de Colombia) les ayudase con el alcalde de Barranquilla Alejandro Char que hoy sigue como regidor (Alcalde) y sentado en el consejo de administración de la Triple A. Y es que no llegaban buenas noticias desde Colombia. Char, importante político y empresario del país, estaba estudiando que el Canal perdiera peso en el accionariado de la Triple A para que entraran en él otros importantes empresarios del país, los hermanos Nule, hermanos de la mujer de Char, Katia Nule, exreina del carnaval de Barranquilla.
Los hermanos Nule, Manuel Nule Velilla y Miguel Nule Velilla, querían más negocios. Ese mismo año habían ganado el contrato del sistema de recaudación del transporte de Barranquilla, Transmetro, y habían puesto sus ojos en la Triple A. Tras la visita oficial a Bogotá, la delegación madrileña cogió otro vuelo a Barranquilla, la sede de Inassa. Allí había que reunirse con el propio Char. “La información que manejábamos en Inassa es que hubo que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas. Las reuniones tuvieron éxito, ya que el Canal siguió teniendo la mayoría de Inassa.
A este episodio hay que sumarle otro en donde se encuentra vinculado Alex Char –en su primera administración- y un asesor de alto nivel suyo. En una conversación teléfonica se plantea la compra de Triple A por parte de la estafadora firma de inversiones Interbolsa, en una conversación presentada en el diario El Tiempo en su edición del 23 de noviembre de 2010. Los protagonistas de la chuzada son David Maestre Castro, asesor de cabecera de Alex Char, nieto del legendario político vallenato Pedro Castro Monsalvo y Tomás Jaramillo Botero (condenado a 7 años de prisión en 2019 por el caso Interbolsa), casado con su prima Mary Luz Ruano Castro. Maestre es cuñado de Antonio Celia Martínez Aparicio, en ese momento presidente de Promigas, empresa que fue comprada por el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo con la asesoría de su abogado de cabecera Néstor Humberto Martínez Neira.
La revista Dinero presenta la noticia de la adquisición el 26 de noviembre de 2012 por parte de la financiera Corficolombiana así: “En la Oferta Pública de Adquisición de acciones sobre el 20% de las acciones de Promigas, ofrecida por Corficolombiana, se recibieron aceptaciones por $634.600 millones. Tras esta operación, Corficolombiana pasa de tener una participación directa e indirecta del 25,3% en Promigas a una de 44,66%. Al respecto José Elías Melo, presidente de Corficolombiana aseguró que “El incremento de nuestra participación en Promigas hace parte de nuestra estrategia de negocio, uno de cuyos focos es el sector de energía y gas”.
Melo fue condenado a 11 años de prisión en segunda instancia por dar una coima de $6,5 millones de dólares para adjudicación del contrato Ruta del Sol con la empresa brasileña Odebretch.
Regresemos a la conversa entre David Maestre y Tomás Jaramillo:
Alineando las estrellas
Tras la intervención el gobierno nacional se procedió a nombrar sus representantes en el organismo de la Junta Directiva que tiene en sus estatutos cinco miembros. Cuatro por las acciones en extinción de los españoles y una por el distrito de Barranquilla. Estas acciones corresponden al 82,16% de participación y corresponden, según estados financieros, según corte a diciembre de 2017, a $202.200 millones de pesos.
El estatuto de buen gobierno de la Tripe A indica la composición de la Junta Directiva: “1.1. La Junta Directiva se compondrá de cinco (5) miembros principales, elegidos con sus respectivos suplentes personales, para períodos de dos (2) años. No obstante, se advierte que por expresa disposición legal los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en cualquier momento”.
Empero en la última reunión de la Junta Directiva en sesión extraordinaria del 25 de septiembre de 2020 aparecen solamente cuatro miembros con sus respectivos suplentes. Los miembros principales elegidos fueron Juan Emilio Posada Echeverri, que quedó en calidad de presidente; Camilo José Abello Vives, Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello y Emelith Barraza Barrios. Los integrantes de la suplencia de la Junta son Andrés Alberto Ávila Ávila, Mónica Contreras Esper, Gabriel Núñez Insignares y Ernesto Alberto Ritzel Feske.
El 16 de enero de 2019 había sido designado Guillermo Peña Bernal en calidad de Gerente general de la Triple A por la anterior Junta, un ingeniero electrónico con más de 30 años de experiencia en áreas de operaciones, mercadeo y comercial, presentado como pesquisa final de la firma cazatalentos Spencer Stuart encargada del proceso de selección del directivo.
Peña tuvo un curioso incidente dado a conocer el 26 julio de 2020 cuando la Procuraduría General de la Nación abrió investigación y ordenó la suspensión provisional del contralor distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo Magaldi, por presuntos actos de corrupción, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder del funcionario tras las denuncias hechas por la Sociedad de Activos Especiales, tras una reunión del Contralor Acevedo con el gerente Peña de la Triple A, para efectos de plantearle la posible contratación de la firma American Lawyer Corporation S.A. con la que estaba relacionado. Al final, por este episodio el Contralor sale del ente y en diciembre de 2020 se eligió uno nuevo.
Procedencia y relaciones de la nueva Junta Directiva de Triple A
La noticia empezó a correr con insistencia en medio locales y nacionales. La Junta Directiva de la Triple a través de algunos de sus miembros, encabezados por el presidente Posada, estaría pidiendo la renuncia del gerente Guillermo Peña Bernal. Las razones del cambio son inconsecuentes habida cuenta que la empresa ha mostrado buenos niveles de desempeño económico, hecho reconocido por los miembros del Comité Intergremial del Atlántico.
El Comité Intergremial le envió una carta al presidente Duque –de quien dependen los mecanismos internos del Ministerio de Hacienda y la Sociedad de Activos Especiales– solicitando que este forzoso retiro no se lleve a cabo pues se “debe preservar la visión y el manejo corporativo privado de la compañía”.
Es menester precisar el concepto “manejo corporativo privado”. Se refiere a un modelo que en Colombia hizo aguas en las Empresas Públicas de Medellín y que consiste en que empresarios dictaminen políticas y orientaciones institucionales, incluidas su contratación, con un enfoque “neutro” basado en la eficiencia y transparencia del sector privado que actuaría solamente en defensa de intereses generales de la comunidad.
Es preciso comprobar si es cierto que estos miembros de la Junta Directiva de la Triple A actúan con criterios de eficiente manejo o corresponden al perfilamiento de grupos, políticos y entidades interesadas en el control general de la empresa mientras dura la intervención de la extinción accionaria –de pronóstico largo y enredado- con vista a obtener beneficios sectoriales provocando cambios institucionales.
Para ello vamos a revisar, una por una, las trayectorias de los miembros de la Junta Directiva y los enlaces que parecen existir entre ellos por sus intereses estratégicos.
Tebsa (Termoelectrica de Barranquilla) es una empresa generadora de energía que hace parte –sectorialmente- del grupo térmico (Termocandelaria y Celsia) que basan, en gran parte, su funcionamiento en gas licuado procesado en la planta regasificadora de Gas Natural Licuado (GNL) de Cartagena. En diciembre de 2016, se dio inicio a la fase de operación comercial de la terminal de importación, almacenamiento y regasificación de GNL operada por la Sociedad Portuaria El Cayao -Spec- . Los accionistas de esta empresa son la distribuidora colombiana Promigas y los fondos de capital privado Americas Energy Fund II, LP y TAM LNG Holdings.
Por otra parte el 8 de marzo de 2019 el empresario Alberto Ríos Velilla, accionista mayoritario a través de Enerpereira de la nueva empresa Air-E vendió Enertolima a Epsa (Electrificadora del Pacífico) perteneciente a Celsia, del grupo Argos, de Medellín. Una venta estratégica que buscaba cuadrar la irrupción de Ríos Velilla al negocio de distribución de energía eléctrica en el mercado de la región Caribe en donde tienen importante presencia los generadores Celsia y Tebsa.
ARTURO GUTIÉRREZ DE PIÑERES ABELLO
Aparece como socio y gerente general, según la red linkedin como socio y gerente general de RIOT SAS, una empresa que suministra un combustible alternativo económico y no contaminante del medio ambiente, sustituyendo fuentes fósiles, tales como gas natural, propano, diesel, gasolina o carbón.
https://www.linkedin.com/in/arturogdp/?originalSubdomain=co
Pero antes de ese hecho tan ecológico y ambientalista se encuentra un hecho fundamental en su trayectoria laboral que no se encuentra consignado en esa hoja de vida. Fue su paso en calidad de gerente de Gases de Occidente con un resonante escándalo a nivel nacional que terminó en que la empresa Promigas –propietaria de Gases de Occidente- lo conminó al abandono inmediato de su cargo, su oficina y fue impelido a entregar su computador. La información fue amplificada por el portal Los Irreverentes en junio 26 de 2017 señalando que esa empresa “se enfrenta a una tremenda crisis interna por cuenta de una serie de decisiones administrativas que han encendido las alarmas de los expertos en el sector minero y energético del país”. Al secretario jurídico de esa empresa, Juan Carlos Noguera, fue despedido también en los mismos términos.
La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una sanción a Gases de Occidente el 18 de febrero de 2013 mediante la Resolución 4907 por abuso de su posición en el mercado, ordenando en la misma resolución abrir “investigación para determinar si el señor Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello, gerente general incurrió en los hechos que generan la responsabilidad prevista en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009”. La empresa fue condenada a pagar una multa de $1.311 millones 657 mil pesos, mientras Gutiérrez de Piñeres fue absuelto en su responsabilidad individual.
Puntualiza el portal Los Irreverentes que “la cabeza de Arturo Gutiérrez de Piñeres no es la primera ni será la última cabeza que ruede en el grupo Promigas, por cuenta de la corrupción. Hace unos meses, como se informó en este portal, el vicepresidente de Promigas, Hernando Gutiérrez de Piñeres –Hermano de Arturo-, también fue despedido en medio de múltiples sospechas respecto de su ética laboral”.
Hernando tampoco coloca en su hoja de vida inscrita en linkedin su paso como ejecutivo de Promigas. Solo dice que tiene una granja de engorde de pollos y la gerencia de Iguana 4 x 4, dedicada a vehículos. Raro que se esconda el paso por tan importante empresa tal como lo señala una resolución en la web de la Comisión Reguladora de Energía (CREG) fechada el 15 de marzo de 2013 dirigida a Hernando Gutiérrez de Piñeres Abello, representante legal de Promigas S.A ESP. Nada menos. Según fuentes consultadas Hernando Gutiérrez de Piñerez fue despedido tras una investigación interna de la empresa.
Ni tan suplentes los suplentes
El staff de suplentes de la Junta Directiva de Triple A la encabeza el presidente de la Sociedad de Activos Especiales Andrés Avila Avila, natural de Codazzi, Cesar, posesionado el 29 de julio de 2020, un abogado que estuvo de asesor de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Posteriormente, en el 2012, ejerció funciones de Subdirector de Gestión Comercial, Subdirector de Recursos Físicos y Subdirector de Gestión Comercial, titular y encargado de la misma entidad. En el 2017, ingresa a la Sociedad de Activos Especiales como jefe de la Gerencia de Bienes Muebles, en septiembre de 2018 asume funciones como Vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles. Es en cuerpo propio la cuota del administrador accionario y debe estar allí por derecho propio.
Mónica Contreras Esper, un miembro suplente en la Junta Directiva es presidente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), miembro de la Junta Directiva de Corficolombiana, Women In Connection e Invest In Bogotá. Esta empresa TGI es filial del Grupo de Energía de Bogotá. Contreras es economista.
Gabriel Núñez Insignares es un abogado especializado en derecho de los Negocios. Su trayectoria laboral y vinculación es en Gases del Caribe SA ESP como jefe jurídico de contratos desde el 2015 y actual jefe en esa misma empresa en Atención al Usuario. Pertenece a las juntas directivas de la Fundación Gases del Caribe y del Fondo de Empleados de Gases del Caribe.
Hay varios nexos entre Gases del Caribe y Promigas. Si bien el grupo Valorem (Santo Domingo) señala a Gases del Caribe de ser una compañía de su portafolio, en su junta directiva aparece en 2018 el actual Presidente de Promigas Eric Flesch que por cierto estuvo en Cementos Argos desde el 2006 hasta llegar a la presidencia de la compañía en Estados Unidos y tras salir de allí tomar las riendas de Promigas en Barranquilla en agosto de 2018.
Finalmente, hay una resolución de la Superintendencia de Sociedades por una demanda que colocó Invercolsa (la del lío de las acciones compradas de forma irregular por Fernando Londoño y que tras fallo judicial, le tocó devolver) contra Gases del Caribe, Promigas y Prime Other SAS, con número del proceso 20 16-800-129. Allí se resuelve: “Primero. Declarar que Promigas S.A. y PrimeOther S.A.S. ejercieron su derecho de voto en forma abusiva al adoptar la decisión de inscribir las acciones de Gases del Caribe S.A. en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la Bolsa de Valores de Colombia, durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la compañía celebrada el 31 de marzo de 2016.”
El último miembro suplente de la Junta Directiva de Triple A es Ernesto Alberto Ritzel Feske. Es jefe financiero de Tebsa, la generadora de energía desde julio de 2018 y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. Fue representante suplente de Ricardo Plata en la Junta Directiva de Transmetro SAS desde el 29 de abril de 2015 y presentó renuncia del mismo el 26 de agosto de 2019.
Nexos, coincidencias y relaciones
Puede apreciarse en el análisis de los miembros de la Junta Directiva de Triple A varios nexos y relaciones. Camilo Abello Vives proviene del grupo cementero Argos, vinculado con la energética Celsia con planta en Barranquilla, relacionados con Tebsa, una planta térmica generadora y con la Sociedad Regasificadora Puerto El Callao con gran presencia accionaria de Promigas.
Arturo Gutiérrez de Piñeres trabajó de gerente de Gases de Occidente, empresa propiedad de Promigas. Su hermano Hernando fue representante legal de Promigas.
Mónica Contreras es presidente de Transportadora Internacional de Gas (TGI), empresa que pertenece al grupo Energía de Bogotá y fue miembro de la Junta Directiva de Corficolombiana, empresa propietaria de Promigas.
Gabriel Núñez fue jefe jurídico de Gases del Caribe y actualmente es jefe de atención al usuario, miembro directivo de la Fundación Gases del Caribe y de su Fondo de Empleados. Gases del Caribe es una empresa con nexos sectoriales y de proyectos con Promigas cuyo actual presidente Eric Flesch fue presidente de cementos Argos en USA y, finalmente Alberto Ritzel es jefe financiero de Tebsa (Termoeléctrica Barranquilla), empresa generadora de energía relacionada con Celsia, del grupo Argos y el puerto Regasificador El Callao, con accionariado de Promigas.
Es preciso recordar otro hecho relevante: Néstor Humberto Martínez Neira, ex Fiscal General de la Nación, el que accionó la extinción judicial de dominio de las acciones de Canal Isabel II sobre la Triple A, fue el que propició la compra por parte del grupo Aval de Promigas incorporándola al portafolio de inversiones de Corficolombiana en donde estuvo en calidad de miembro de su Junta Directiva.
Demasiadas coincidencias en la Junta Directiva de una empresa tan apetecida en servicios públicos como la Triple A, la Joya de la Corona que tanto mencionan con melancolía los españoles en sus comunicaciones.