La Procuraduría tras los pasos de la corrupción en Cormagdalena

La corrupción reinante en Cormagdalena, desde su creación, la ha llevado a un estado de postración tal que debe ser motivo de estudio por parte de los entes de control, y la Procuraduría General de la Nación lo sabe, por lo que su máximo jefe, Fernando Carrillo, ha iniciado una revisión exhaustiva de la actuación de los últimos directores de esa corporación.

A pesar de la naturaleza difusa de la corrupción allí enquistada, sus efectos e impactos ya se sienten en las víctimas que soportan el peso de este malgobierno de los recursos públicos: el río Magdalena y todas sus poblaciones ribereñas.

Ya hubo un primer pronunciamiento de la Procuraduría, la segunda semana de diciembre de 2018, al formularle pliego de cargos a al ex director de la Corporación Autónoma del Río Grande de la  Magdalena, Cormagdalena Augusto Noel García, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por más de $9.526 millones.

Se trata del convenio No. 1-0031 de 2011 por $9.526.786.272, que Noé García firmó con la Asociación Portuaria de Barranquilla, Asoportuaria, para gestionar la contratación del mantenimiento de la profundidad del canal navegable del río Magdalena, mediante el dragado en el Puerto de Barranquilla.

El Ministerio Público calificó la conducta de García como de faltas “gravísimas imputables a título de culpa gravísima y dolo”. Veamos por qué.

Para el ente de control disciplinario, García presuntamente trasgredió el principio de selección objetiva al contratar con una “asociación sin idoneidad y experiencia”, luego de declarar desiertas las licitaciones públicas 003-2011 y 006-2011 y acudir a la figura del convenio de cooperación, cuando al parecer esta modalidad no reunía los requisitos legales para gestionar el negocio jurídico

Además, el exdirector pudo “incurrir en conflicto de intereses” al celebrar el convenio cuando debió “declararse impedido” porque su hermano, Raúl García, para la época de los hechos, era el representante legal de Corpoacero, filial de Siduport, empresa que integraba el Consejo Directivo de Asoportuaria.

OTRAS ACTUACIONES DUDOSAS

Augusto Noé García Rodríguez, siendo director de Cormagdalena, fue el encargado de la celebración del contrato de APP 001 del 2013, para la navegabilidad del río Magdalena. García Rodríguez publicitó que este contrato había sido adjudicado al consorcio integrado por la empresa brasilera Odebrecht con el 87% de participación y por la firma colombiana Valores y Contratos SA Valorcon, con el 13% de participación.

Este contrato tenía un valor de $2.5 billones de pesos, por lo que García se prestó para manipular la información conveniente ante el público, queriendo mostrar que se trataba de un consorcio fuerte tanto financiera como legalmente y con capacidad de contratación (suficiencia financiera).

Pero la realidad objetiva era otra. Ahora, después de revisar la documentación legal de este contrato, vemos que García Rodríguez realmente firmó el contrato con Jorge Barragán, representante legal de la sociedad llamada Navelena S.A.S. Ver: https://corrupcionaldia.com/alfredo-varela-sigue-ocultando-la-verdad-en-el-caso-cormagdalena-navelena-primera-parte/.

Para mayor ilustración sobre todas las irregularidades en este contrato orquestadas por Augusto Noel García remitirse al artículo publicado en este portal https://corrupcionaldia.com/las-denuncias-que-no-se-atreve-hacer-alfredo-varela/.

Vemos que igual que lo descrito por la Procuraduría en el primer caso, en este caso con Navelena, García también violó el ordenamiento jurídico colombiano.

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