El desfalco y la apropiación indebida de los recursos del sistema de salud en Colombia no son fenómenos nuevos. Aunque se suponía que las medidas sancionatorias adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud tras el escándalo de la desaparecida EPS Saludcoop habían reducido estas prácticas, la realidad demuestra lo contrario. Más de una década después de la detención de Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, y la liquidación de esa entidad, los tentáculos de la corrupción en el sector salud siguen operando, ahora protegidos por normativas amañadas y reformadas con el aval de congresistas cómplices.

El renacer de la Corrupción: La Nueva EPS en el ojo del huracán
Uno de los ejemplos más alarmantes de esta corrupción camuflada es la Nueva EPS, una entidad donde el principal accionista es el propio Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. A comienzos de abril, la Superintendencia de Salud tomó el control administrativo de esta EPS, revelando una serie de irregularidades que han estado ocurriendo desde 2019. Entre las más graves, se encuentra la ocultación de facturas que no fueron legalizadas, acumulando una deuda que asciende a $5,5 billones de pesos, en lugar de los $500.000 millones inicialmente reconocidos.
Según la Superintendencia, estas deudas generadas por la Nueva EPS pusieron en riesgo la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la intervención de la entidad no incluyó un paquete de inversión para pagar los pasivos, dejando a los hospitales públicos en una situación crítica.
Integración Vertical y la eterna impunidad
En una entrevista reciente, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, expuso la práctica de integración vertical que prevalece en muchas EPS, donde los recursos públicos de salud no se distribuyen equitativamente. Estas EPS se benefician injustamente, aplicando tarifas propias que enriquecen a los mismos actores, mientras los usuarios quedan a merced de un sistema corrupto.
En los últimos 15 años, más de 117 EPS han sido liquidadas, dejando una deuda acumulada de hasta $8,4 billones de pesos. Estas entidades, protegidas por el velo corporativo, han evadido la responsabilidad judicial y fiscal, perpetuando un ciclo de impunidad que sigue costando la vida y bienestar de millones de colombianos.
La derecha decía que la intervención de las EPS por el pdte @petrogustavo sería un desastre. Pero hoy, Famisar y Sanitas hicieron compromisos de pago por $700.000 millones a 60 hospitales. ¿Dónde está el caos? ¡El presidente tenía razón! pic.twitter.com/OzGgb0pJVD
— U L D A R I C O (@UldaricoChilito) August 12, 2024
Complicidad Institucional: Juntas Directivas Corruptas
Recientemente, se conocieron detalles alarmantes sobre la gestión de los recursos durante la pandemia de COVID-19. Según la Contraloría General de la República, cerca de $11 billones de pesos destinados a la salud se extraviaron en manos de particulares en 2020, bajo el gobierno del presidente Iván Duque. Seis billones de estos recursos fueron utilizados por algunas EPS para pagar deudas viejas, mientras que otros cinco billones carecen de soportes que justifiquen su uso. Entre los gastos irregulares, se encuentran pagos por viajes, publicidad, y salarios de los miembros de la junta directiva.
Torciendo la Norma: Decreto 600 de 2020
En el año 2020, bajo la justificación de la emergencia sanitaria, el entonces presidente Iván Duque y sus ministros de Hacienda y Salud, firmaron el Decreto 600 de 2020, que permitió a las EPS utilizar recursos de las reservas técnicas para el pago de deudas anteriores. Este movimiento, que supuestamente buscaba agilizar el flujo de recursos a las IPS, abrió la puerta para que las EPS utilizaran estos fondos de manera irregular, perpetuando el saqueo del sistema de salud.
La exministra de Salud, Carolina Corcho, ha señalado que el verdadero problema del sistema de salud en Colombia no reside en actores individuales, sino en un sistema diseñado para el saqueo legalizado, mediante decretos y resoluciones avaladas por el mismo Gobierno. “No se trata de manzanas podridas, sino de un sistema entero corrupto
“, sentenció Corcho.