La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, que expone graves irregularidades financieras y estructurales en la compra de un edificio en Bogotá.
El informe revela que la institución ha despilfarrado más de $14 mil millones en la adquisición de un inmueble que presenta serias fallas estructurales y que no es apto para los fines académicos previstos. Este nuevo escándalo no solo pone en evidencia la corrupción y la negligencia al interior de una de las universidades más importantes del país, sino que también abre la puerta a posibles acciones disciplinarias, fiscales y penales.
Un despilfarro millonario
La Contraloría General de la República, en el marco de una Auditoría Financiera realizada a la Universidad Militar Nueva Granada para la vigencia 2023, detectó hallazgos fiscales por un total de $8.092 millones. Estos hallazgos se suman a los $6.497 millones reportados en la auditoría correspondiente a la vigencia 2022, elevando el total del detrimento patrimonial a $14.579 millones. Estas cifras representan el 63% del valor total de compra del edificio de posgrados de la Calle 94 en Bogotá, que ascendió a $23.000 millones.
Un edificio inviable y en ruinas
El edificio de posgrados de la Calle 94, que fue adquirido por la Universidad Militar, presenta múltiples fallas estructurales que ponen en riesgo su uso y seguridad. Según el informe de la Contraloría, el inmueble, que se adquirió sin un peritaje estructural previo y omitiendo las advertencias de la División de Servicios Generales de la Universidad, tiene severas deficiencias que incluyen fisuras en el 90% de las placas de los sótanos, filtraciones en columnas y vigas, pérdida de recubrimiento de concreto y exposición de acero, entre otros problemas. Además, la estructura presenta socavaciones y humedad, lo que agrava aún más su estado de deterioro.
Compras sin fundamento y a sobreprecio
La Contraloría ha calificado la compra del edificio como una «gestión antieconómica», señalando que se basó en un avalúo presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá que carecía de soporte legal y técnico. Este avalúo incluyó un «factor de comercialización» que incrementó el valor del inmueble en un 27,8%, lo que resultó en un sobreprecio injustificado y un despilfarro de recursos públicos. La Universidad Militar, al no realizar las diligencias adecuadas antes de la compra, comprometió gravemente los recursos de la institución.
Implicaciones disciplinarias y penales
El informe de la Contraloría no solo revela el detrimento patrimonial, sino que también apunta a posibles responsabilidades disciplinarias y penales. De los 13 hallazgos identificados, seis tienen presunta incidencia disciplinaria, dos implican un impacto fiscal por $8.092 millones, uno podría tener repercusiones penales, y uno más ha motivado la solicitud de apertura de una indagación preliminar. Estos hallazgos reflejan una preocupante falta de transparencia y una gestión plagada de irregularidades que podrían tener consecuencias legales graves para los responsables.
Uso indebido del inmueble
Además de las fallas estructurales, el informe de la Contraloría señala que el uso del edificio no es compatible con los fines académicos para los cuales fue adquirido. La licencia de construcción y el avalúo categorizan el inmueble como destinado a comercio y servicios, y no para actividades institucionales o de educación superior. Esta discrepancia pone en entredicho la viabilidad de utilizar el edificio para los programas de posgrado de la universidad y revela una planificación deficiente y negligente por parte de las directivas de la UMNG.
Corrupción en el corazón de la educación
El escándalo que rodea a la Universidad Militar Nueva Granada es un reflejo de la corrupción sistémica que continúa afectando a las instituciones públicas en Colombia. La negligencia en la administración de recursos, combinada con la falta de controles y transparencia, ha permitido que se despilfarren más de $14 mil millones, recursos que deberían haberse destinado a mejorar la calidad educativa y las instalaciones de la universidad. Este caso subraya la necesidad urgente de reformas que fortalezcan la supervisión y el control en el manejo de los fondos públicos, especialmente en el sector educativo.
Un llamado a la acción
La comunidad académica y la sociedad en general deben exigir respuestas y acciones concretas para evitar que se repitan episodios de corrupción como el que hoy enfrenta la Universidad Militar Nueva Granada. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con firmeza para sancionar a los responsables y recuperar los recursos malversados. Solo a través de una gestión transparente y responsable se podrá restaurar la confianza en las instituciones públicas y garantizar que los recursos sean utilizados para el beneficio de todos los colombianos.
