En un video reciente que ha sacudido a la opinión pública, se levantan serias denuncias contra las empresas Air-e y Afinia, así como contra funcionarios del gobierno nacional, acusados de connivencia y corrupción en el manejo del sector energético en la región Caribe. A continuación, se expone un resumen de las acusaciones presentadas, que ponen en tela de juicio la integridad de las instituciones responsables de garantizar la justicia y la transparencia en el país.
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¿Funcionarios en Nómina de Empresas Energéticas?
Karol Solis abre su intervención con una pregunta contundente: “¿Están los altos funcionarios del gobierno en la nómina de Air-e y Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución?
” Esta frase, que resuena como un grito de desesperación, cuestiona directamente la falta de acción por parte de los alcaldes del Caribe y de los funcionarios del gobierno, insinuando que podrían estar bajo la influencia directa de estas poderosas empresas energéticas.
Manipulación de Licitaciones y Precios Inflados
Una de las acusaciones más graves presentadas es la manipulación de un proceso de licitación por parte de Air-e, empresa de Alberto Ríos Velilla. Según la académica, esta compañía “podría haber manipulado un proceso de licitación para autocomprarse energía y doblar el precio del kilovatio hora en el mercado
“. Este incremento de precio, que afecta directamente a los consumidores, plantea serias dudas sobre la integridad del proceso y sobre la posible complicidad de las autoridades que deberían supervisarlo.
Información Manipulada y Cobros Ilegales
La denuncia continúa con un nuevo escándalo: “Air-e estaba sacando de nuestros bolsillos $100.000 millones al presentar información manipulada sobre inversiones no hechas, pero que sí nos cobraba
“. Esta acusación señala que la empresa ha estado presentando datos falsos sobre inversiones que nunca se realizaron, pero que fueron cobradas a los usuarios, generando un sobrecosto de “casi $500 en el costo final adicional sacado de nuestros bolsillos vía manipulaciones en el cobro, en la factura
“. A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, Solís Menco señala que “este gobierno no ha dicho o hecho mucho o nada al respecto
“.
La Superintendencia de Servicios Públicos en la Mira
La superintendencia también es objeto de críticas, con la denunciante afirmando que en noviembre del año pasado, el superintendente anunció investigaciones que no han tenido ningún avance significativo: “En agosto del 2022, la Super dio datos y dijo que de 135.000 denuncias, 62.000 eran de usuarios de servicios de energía... Y de esas investigaciones, pues este gobierno no ha avanzado mucho o nada
“. Esto sugiere una falta de voluntad o capacidad por parte de la Superintendencia para actuar en defensa de los consumidores, lo que aumenta las sospechas sobre posibles vínculos corruptos.
Promesas Incumplidas y Desconfianza Ciudadana
El video concluye con un recordatorio de las promesas incumplidas por parte del presidente y su administración, que habían comprometido medidas para aliviar la carga financiera sobre los usuarios: “Usted vino a Barranquilla y nos dejó dos promesas... titularizar la totalidad de la deuda por opción tarifaria... y que la Creg avanzara con celeridad en presentar una nueva fórmula para impactar el componente de costo por generación
“. Sin embargo, hasta ahora, esas promesas no han sido cumplidas, lo que aumenta la frustración y la desconfianza de la ciudadanía.
Conclusión: ¿Quién Protege a los Ciudadanos?
Las denuncias expuestas en este video revelan una realidad alarmante: la posible connivencia entre funcionarios del gobierno y las empresas energéticas, que estaría permitiendo abusos graves en contra de los usuarios. La falta de acción y de respuestas claras por parte de las autoridades solo refuerza la percepción de que los intereses de las corporaciones están siendo priorizados por encima del bienestar de la ciudadanía.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo seguirá esta situación sin respuesta? Es urgente que las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia tomen cartas en el asunto, investiguen a fondo estas denuncias y, de ser necesario, lleven a los responsables ante la justicia.