La ministra que dejó su propia obra con dos años de retraso: Elsa Noguera exige el rigor que su Gran Vía nunca tuvo

La ministra que audita las vigencias futuras ajenas dejó su obra insignia comprometida, con adiciones y sin una sola fecha cumplida.

Nos encontramos en el corredor que une a Barranquilla con Puerto Colombia, en esos 3,55 kilómetros de doble calzada bautizados como la Gran Vía, donde el polvo se cuela por las ventanas de los apartamentos de Ciudad del Mar y los comerciantes cuentan sus pérdidas con la misma paciencia con que cuentan los meses de retraso. Desde ese punto exacto conviene leer la última escena de la política nacional. La flamante ministra de Transporte, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, anunció que revisará, y cito, con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero, un paquete de contratos que el gobierno de Gustavo Petro adjudicó en el Invías a diez días de entregar el poder, por más de $2,1 billones de pesos ($3,2 billones según su propio trino, contando todo el cierre), comprometiendo vigencias futuras hasta 2035. La pregunta es pertinente. El país tiene derecho a hacerla. El problema no es la pregunta, es quién la formula. Porque esa misma obra que hoy tenemos a los pies, la que Noguera anunció con bombos y platillos en 2022, es el mejor espejo de por qué su exigencia de rigor, siendo correcta, llega con la autoridad moral averiada.

El rifirrafe

Empecemos por reconocerle a la ministra lo que le corresponde. Tiene razón en el fondo. Adjudicar siete contratos por $2,1 billones de pesos faltando diez días para soltar el mando, para vías en La Guajira que atan al erario por casi una década, enciende todas las alarmas de cualquier veedor decente. Su antecesora, María Fernanda Rojas, respondió que fueron licitaciones públicas planificadas desde 2025, con 105 propuestas y todas las garantías, y le reprochó no haber asistido al empalme. Ese rifirrafe entre dos ministras es legítimo y hasta saludable, porque el control se ejerce discutiendo. Pero aquí asoma el Ciclo Secreto, ese patrón que se recicla y se disfraza de novedad. La lógica que Noguera hoy denuncia, comprometer vigencias futuras mediante una adjudicación afanada, es casi calcada de la lógica que ella practicó cuando gobernó el Atlántico. No con vías wayú en La Guajira. Con su obra insignia.

La Gran Vía se anunció con una inversión cercana a los $208 mil millones de pesos. Doble calzada, tres carriles, ciclorruta, dos deprimidos, la promesa de descongestionar el corredor universitario y de dejar al Atlántico, en palabras de la propia gobernadora, como el departamento mejor interconectado del país. Se partió en dos unidades funcionales. La primera la ejecutó la Secretaría General de la Gobernación y llegó casi al ciento por ciento. Y aquí aparece el detalle que ningún boletín oficial subraya. Teniendo la Gobernación toda la capacidad técnica para manejar también la segunda fase, la administración de Noguera decidió entregarla a Edubar, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, una sociedad de economía mixta del Distrito gobernado por la maquinaria del clan Char, conocida en todo el Caribe por un apodo que lo dice todo: el contratadero. El contrato, identificado como EDU-REG-022-2022, se firmó el 28 de noviembre de 2022. La pregunta que la ministra del rigor no ha respondido sobre su propia obra es sencilla: por qué sacar un contrato de la casa, donde manda la Ley 80, para meterlo por la ventana de una empresa mixta donde los socios privados se llevan un porcentaje del costo total.

Los actores de esta historia no son abstracciones. Elsa Margarita Noguera de la Espriella, economista de la Javeriana, extesorera departamental, exsecretaria de Hacienda de la primera alcaldía de Alejandro Char, primera alcaldesa electa de Barranquilla, exministra de Vivienda y primera gobernadora electa del Atlántico, comparte además, por cosas del destino caribe, el segundo apellido del presidente que la nombró. Su hoja de vida es la de una tecnócrata reputada por sanear las finanzas de Barranquilla. Ese es justamente el punto que muerde. No hablamos de una improvisada. Hablamos de la funcionaria que presume disciplina fiscal y que, aun así, dejó su obra bandera enredada en Edubar, con adiciones y con fechas que se corrieron una y otra vez. La segunda unidad funcional, adjudicada por 94.720 millones al Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, tenía acta de inicio del 13 de marzo de 2023 y un plazo de 18 meses. Debía estar lista el 13 de septiembre de 2024. En junio de 2026 el contratista pidió tres meses más y una adición, y el valor trepó a 98.371 millones. La cuarta fecha de entrega quedó para el 30 de septiembre de 2026. Cuatro fechas. Dos años de retraso. Una sola responsable política de origen.

Detrás de cada mes de retraso hay gente de carne y hueso. En el conjunto Ciudad del Mar, unos 300 apartamentos conviven con polvo permanente, ratas, malos olores y una inseguridad que creció al ritmo de las zanjas. Veintisiete comerciantes y vendedores estacionarios llevaron el caso a la justicia: el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla admitió en 2025 una acción de grupo contra el Invías, la Gobernación, Edubar y el consorcio, por las pérdidas que les dejó una obra eterna. Una diputada del Atlántico la calificó de vergüenza, ejemplo de improvisación y despilfarro, más de 200 mil millones gastados sin resultados visibles. Pongamos la cifra en cristiano. Doscientos ocho mil millones de pesos son, puestos en perspectiva, lo que costaría llevar acueducto a varios corregimientos del sur del Atlántico donde todavía se bebe agua de pozo, o miles de matrículas universitarias para los mismos muchachos que hoy pierden una hora diaria atrapados en el trancón de la vía que se hizo, precisamente, para descongestionar su ruta a la universidad. El dinero salió. La vía, no. Esa ecuación tiene víctimas con nombre y con recibo.

Aquí la disección tiene que subir del hecho al sistema, porque de lo contrario nos quedamos en el chisme entre dos ministras. James Buchanan, premio Nobel y padre de la teoría de la elección pública, lo explicó hace medio siglo: el funcionario no es un ángel que persigue el bien común, es un actor que maximiza su interés dentro de las reglas que encuentra. Cuando la regla permite sacar una obra de la Ley 80 y meterla en una empresa mixta donde el privado se lleva su tajada, el actor racional usa esa puerta. No es maldad individual, es diseño institucional. Alejandro Nieto, el jurista español que diseccionó el desgobierno de lo público, lo completa: el aparato del Estado termina capturado por élites que lo convierten en botín, y la corrupción deja de ser el caso aislado para volverse la manera normal de funcionar. Edubar, señalada por la revista Cambio como contratadero para pagar favores políticos, es el manual de Nieto hecho empresa.

Y el castigo, esa palabra que en Colombia suena a chiste. La Contraloría General abrió una indagación preliminar sobre el proyecto. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la primera fase, con señalamientos de un posible direccionamiento del contrato. La acción de grupo de los comerciantes sigue su curso. Hasta hoy, ni una condena, ni un pliego de cargos, ni una sanción disciplinaria. La presunción de inocencia ampara a Elsa Noguera, y este medio la respeta sin matices. Pero conviene no confundir dos cosas que la política mezcla a propósito. La presunción de inocencia la da la ley mientras no haya fallo. La autoridad moral la da el espejo. Y frente al espejo, quien dejó su Gran Vía con dos años de retraso, adiciones presupuestales y una obra a medias, no está en la mejor posición para exigirle a otros el rigor que su propia contratación no exhibió.

Que quede claro, porque justo ahí está la trampa. Revisar los contratos exprés que dejó el gobierno saliente es un deber de la nueva ministra, y este medio lo aplaude. Lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir es que ese rigor no sea de un solo lado. Que la lupa con que mira La Guajira sea la misma con que mira su propia Gran Vía. Casa de herrero, cuchillo de palo, dice el refrán costeño, y describe con precisión de bisturí a la funcionaria que audita la vigencia futura ajena mientras su obra insignia todavía levanta polvo sobre el corredor universitario. La corrupción no siempre es un robo con condena en firme. A veces es un doble rasero que se instala como costumbre y nadie sanciona. La pregunta que dejamos sobre la mesa es simple: ¿le creeremos a un vigilante que nunca quiso mirarse al espejo, o le exigiremos que empiece su rigor por casa?

Gráfico: elaboración de corrupcionaldia.com con fechas oficiales de la Gobernación del Atlántico y Edubar.

El rasero doble, en una tabla

Mesa de tres expertos

El politólogo de la elección pública (escuela de Buchanan)

Lo que ustedes llaman doble rasero yo lo llamo comportamiento predecible. Noguera no traiciona un principio, optimiza dentro de un mercado político donde criticar al gobierno saliente rinde votos y explicar la propia Gran Vía no rinde ninguno. Mientras la regla premie la denuncia del rival y no castigue el incumplimiento propio, cualquier funcionario racional hará exactamente esto. El problema no es su carácter, es el incentivo.

La jurista de la captura institucional (escuela de Nieto)

Discrepo del fatalismo. Sí hay incentivo, pero también hay una arquitectura que se construyó a propósito. Edubar no es un accidente, es un instrumento: una empresa de economía mixta usada para sortear la Ley 80 y repartir tajadas con apariencia de legalidad. Esa es la captura del Estado en estado puro. Por eso importa que exista una indagación preliminar de la Contraloría y una investigación de la Fiscalía, aunque todavía no haya sanción. El aforamiento y la prescripción hacen el resto.

El analista de desinformación (Ley de Brandolini)

Y por eso pierden la batalla del relato. Refutar la narrativa del rigor cuesta diez veces más energía que producirla. Noguera lanza un trino de tres líneas exigiendo transparencia y ese mensaje viaja limpio, con la ministra de heroína anticorrupción. Contar la Gran Vía exige un reportaje, cuatro fechas, dos contratos, una empresa mixta y un juzgado. La mentira cómoda corre; la verdad incómoda camina. El antídoto es poner los dos hechos juntos hasta que el espejo hable solo.

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