Un juez condenó en primera instancia al exalcalde Luis Tete Samper por el contrato de 2015. corrupcionaldia.com ya había diseccionado el método seis años antes.
Nos encontramos en el municipio de Ciénaga, Magdalena, la segunda ciudad del departamento, el pueblo donde en diciembre de 1928 el Ejército disparó contra los obreros bananeros en la plaza de la estación, el mismo lugar que Gabriel García Márquez convirtió en símbolo de un país que entierra a sus muertos y sigue caminando como si nada. A pocos kilómetros agoniza la Ciénaga Grande de Santa Marta, el humedal más grande de Colombia, que perdió la mitad de sus manglares en la segunda mayor mortandad de manglar del planeta y donde los pescadores de los pueblos palafíticos le confesaron a un ministro que ya no tenían con qué alimentar a sus hijos. En ese escenario, un alcalde firmó un convenio de $723 millones de pesos para nutrir a los niños indígenas de la Sierra Nevada y recuperar el ambiente del municipio. De cada cuatro pesos de ese convenio, tres no llegaron al plato de ningún niño. $560 millones se fueron en comprar un edificio.
El 5 de agosto de 2026, un juez penal del circuito de conocimiento de Ciénaga condenó en primera instancia a ocho años de prisión, en detención domiciliaria, a Luis Alberto Tete Samper, exalcalde de Ciénaga, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por los mismos hechos, el contratista José Armando Ulloa Niño recibió seis años y cuatro meses. La sentencia no está en firme y admite apelación. Hasta ahí llega el titular. Más allá del titular hay un método, y ese método corrupcionaldia.com lo diseccionó seis años antes de que un juez le pusiera nombre penal.
El instrumento se llama convenio de asociación, y en el papel es una figura noble. El artículo 355 de la Constitución permite que el Estado se asocie con entidades privadas sin ánimo de lucro para ejecutar programas de interés público. La idea original es sencilla: cuando una fundación tiene experiencia y presencia en un territorio que el municipio no alcanza, se unen para llegar más rápido a la gente. La trampa también es sencilla. Ese convenio se adjudica de manera directa, sin licitación, sin pujas, sin competencia. No hay selección objetiva. El alcalde escoge a quién le entrega la plata pública. Y cuando el que escoge y el que recibe se entienden, el convenio deja de ser un puente hacia la gente y se convierte en una tubería hacia otro bolsillo.
Eso fue, con precisión de manual, lo que documentó la Fiscalía en Ciénaga. El convenio se firmó el 30 de noviembre de 2015 por 723 millones de pesos, con un objeto claro: mejorar la nutrición de los niños de comunidades indígenas y recuperar el ambiente del municipio. De esa plata, 560 millones se destinaron a comprar un inmueble que no estaba en los estudios previos, que no aparecía en la justificación del contrato y que, para colmo, requería la autorización del Concejo Municipal, un trámite que nunca se surtió. Al final, apenas 163 millones se invirtieron en lo que el convenio prometía. Menos de uno de cada cuatro pesos llegó a su destino. Y para que la maquinaria no chirriara, faltaron los papeles que cualquier contrato serio exige al cerrarse: el acta de recibo final, el acta de liquidación y los informes de interventoría. No estaban. Un contrato que se cierra bien deja huellas. Este necesitaba no dejar ninguna.
El juez halló vulnerados cinco principios de la contratación estatal: la legalidad, la planeación, la transparencia, la publicidad y la selección objetiva. Dicho en cristiano, se saltaron las reglas de principio a fin. No fue un error de forma. Fue el diseño.
A dónde fue a parar el dinero de los niños de Ciénaga
Convenio de asociación de 2015 · 723 millones de pesos
Fuente: Fiscalía General de la Nación · Elaboración: corrupcionaldia.com
Gráfico 1. Distribución del convenio de 723 millones. Fuente: Fiscalía General de la Nación.
Conviene ponerle cara al mecanismo. Luis Alberto Tete Samper es abogado, empresario del sector minero y líder del movimiento De la mano con el pueblo. Ha sido alcalde de Ciénaga dos veces: entre 2012 y 2015, y de nuevo entre 2020 y 2023. El convenio por el que hoy lo condenan lo firmó a finales de noviembre de 2015, en los últimos días de su primer mandato, ese momento en que un alcalde ya sabe que se va y todavía tiene la firma en la mano. El contratista, José Armando Ulloa Niño, puso el nombre de la asociación por la que pasó el dinero. Ambos cumplirán la pena en sus residencias, según ordenó el juez.
Nada de esto sorprende a quien haya leído corrupcionaldia.com. En abril de 2020, cuando Tete Samper apenas empezaba su segundo mandato, este medio publicó un informe que hoy se lee como una profecía. Documentamos que la Contraloría General de la República había hallado, en su primer gobierno, serios hallazgos fiscales con incidencias penales y disciplinarias. Documentamos que la Procuraduría General de la Nación le había abierto once procesos disciplinarios entre 2013 y 2018. Documentamos que desestimaba, una y otra vez, la obligación legal de publicar sus contratos en el SECOP dentro de los tres días siguientes, esa norma que permite a un ciudadano ver en qué se gasta su plata antes de que sea demasiado tarde.
El molde era siempre el mismo: convenios de asociación firmados de manera directa con fundaciones de papel. En enero de 2020 firmó un convenio de más de 707 millones de pesos con una fundación cuyo patrimonio registrado era de 1,8 millones, para la logística de seguridad del Festival del Caimán Cienaguero. Antes, un convenio de 2015 para una estación meteorológica que se importó por el equivalente a unos 33 millones de pesos terminó firmado, según nuestra investigación, por más de 5.200 millones. Fueron denuncias de la Veeduría Ciudadana No Más Corrupción en Colombia y de la Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción, varias todavía en investigación, y a todas las cobija la presunción de inocencia. Pero el patrón salta a la vista. Una fundación con casi nada en el banco. Un convenio directo por cientos o miles de millones. Un objeto social noble que sirve de fachada. La corrupción no se inventa cada vez: se recicla.
Durante su segundo mandato, la Contraloría del Magdalena le impuso una separación de noventa días del cargo. Tete Samper respondió en público que eran gajes del oficio y que no iba a salir de la alcaldía. Cuando este medio publicó las denuncias, la respuesta fue de otro tono: amenazas, según dejamos consignado entonces. El que denuncia a un cacique local en Colombia sabe que el precio de mirarlo de frente no se paga en likes.
Detrás de cada cifra hay un plato vacío. El convenio hablaba de niños indígenas de la Sierra Nevada, los hijos de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, que viven en uno de los territorios con mayor riesgo de desnutrición infantil del país. Esos 560 millones que compraron un edificio, calculados al precio de una ración de alimentación infantil, alcanzaban para cientos de miles de comidas calientes. Y el convenio hablaba también de recuperación ambiental, en un municipio cuya joya natural, la Ciénaga Grande, se muere de sed y de olvido mientras los ríos que la alimentan bajan cada vez más flacos de la Sierra. Le pusieron el nombre de las dos cosas más sagradas del territorio, el hambre de los niños y la salud de la ciénaga, a un negocio de finca raíz. Esa es la parte que no cabe en un expediente: el cinismo.
Y no es solo Ciénaga. En corrupcionaldia.com hemos diseccionado, en este mismo departamento, el acueducto de Doña María en Fundación que se pagó casi completo sin entregar una gota de agua, y el Fondo Mixto de la Sierra Nevada que, según la Fiscalía, se robó en nombre de la paz los recursos del posconflicto con documentos falsos. Magdalena no tiene un problema de manzanas podridas. Tiene un huerto sembrado para que crezcan podridas.
El caso Tete Samper no es la historia de un hombre malo. Es la radiografía de un sistema que produce hombres así y los protege con su propia lentitud. Entre la firma del convenio, en 2015, y esta condena de primera instancia, en 2026, pasaron once años. Once años en los que el mismo alcalde volvió a ganar, volvió a gobernar, volvió a contratar. La justicia colombiana llega tan tarde que, cuando llega, el investigado ya cumplió otro mandato completo. Y esta condena, además, todavía puede caerse en segunda instancia. La impunidad en Colombia no siempre es una absolución. A veces es apenas un reloj andando despacio.
Once años entre el contrato y una condena que aún no está en firme
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Gráfico 2. Once años entre el contrato y la condena de primera instancia.
La defensa lo dice con todas las letras. El abogado Martín Juvinao Diazgranados sostiene que el convenio se celebró con una fundación agroambiental, que cumplía los requisitos exigidos y que estaba dirigido a las comunidades del resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco. Cuestiona que el fallo no precisó cuáles normas esenciales se habrían vulnerado, y desmiente la versión de que su cliente fue capturado en su residencia. Todo eso se resolverá en la apelación, y por eso conviene ser precisos: esto es una condena de primera instancia, no una sentencia en firme. Tete Samper tiene derecho a que un tribunal superior revise el fallo. Ese es el debido proceso, y se respeta. Lo que no se puede pedir es que el país haga de cuenta que no vio el patrón que se repite desde hace una década.
La pregunta, entonces, no es si Tete Samper firmó un mal convenio. Un juez ya dijo, en primera instancia, que sí. La pregunta es por qué un mecanismo tan sencillo, el convenio de asociación con una fundación de papel, sigue disponible para cualquier alcalde de Colombia que quiera convertir el hambre de los niños en un edificio. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y una vez que uno ve el molde, ya no puede dejar de verlo en el próximo municipio, en el próximo convenio, en el próximo festival. La plata de los pobres tiene dueños, y casi nunca son los pobres. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más vamos a firmar ese convenio con nuestro silencio.
El caso a tres voces
James BuchananElección pública / economía constitucional
James Buchanan, premio nobel y padre de la teoría de la elección pública, lo vería sin sorpresa. Para él, el funcionario no deja de ser un individuo que persigue su propio interés cuando se pone la banda. La pregunta correcta no es si un alcalde será honesto, sino qué reglas lo obligan a serlo. Un convenio de asociación que se adjudica de manera directa, sin veeduría y sin competencia, es una regla del juego escrita por los mismos que iban a jugarlo. El poder que no encuentra un límite externo termina redactando las normas a su favor. La sociedad civil, decía Buchanan, es ese límite. Donde ella se duerme, el Estado se agranda y aplasta.
Alejandro NietoDesgobierno de lo público / captura institucional
Alejandro Nieto, el jurista que escribió El desgobierno de lo público, pondría el foco en la estructura. Para Nieto, la corrupción no es un episodio de manzanas podridas: es un sistema, una administración capturada por una clase que la trata como botín y no como servicio. El convenio de Ciénaga encaja en su tesis como un guante. La fundación de papel, el objeto social noble que sirve de fachada, el control que llega once años tarde: no son fallas del sistema, son el sistema funcionando como fue diseñado. Nieto lo llamaría por su nombre, una casta parasitaria que vive del erario y castiga al que denuncia.
Alberto BrandoliniLey de Brandolini / asimetría del bullshit
Y está la ley de Brandolini, el principio de asimetría del bullshit: refutar una mentira cuesta diez veces más energía que decirla. La defensa afirma, en una sola frase, que el convenio cumplía los requisitos. Demostrar lo contrario le tomó a la Fiscalía años de pruebas, peritos y audiencias. Ahí está la trampa de fondo. El corrupto lanza una versión sencilla y tranquilizadora, cumplíamos la ley, y el sistema tiene que gastar una década desmontándola pieza por pieza. Por eso el periodismo que disecciona no compite en velocidad con el que miente. Compite en profundidad. Y la profundidad, tarde o temprano, deja marca.
