El examen que la tierra le adelantó al Tigre: la primera prueba de honestidad y eficiencia del gobierno De la Espriella

La primera prueba de honestidad y eficiencia del gobierno De la Espriella no la puso la oposición. La puso un sismo de 7,4 grados.

Nos encontramos en un país que estrenó gobierno el jueves y a las setenta y dos horas ya estaba contando muertos. El lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad cercana a los cien kilómetros, sacudió medio país. El Servicio Geológico Colombiano lo catalogó como el más fuerte de la última década. La energía que liberó fue veinticinco veces mayor que la del terremoto del Chocó de 1995 y ciento cincuenta veces más alta que la del Eje Cafetero de 1999. En Manizales se desplomó una de las torres de la catedral. En Cali evacuaron siete hospitales grandes. En Pereira y en Quibdó quedaron edificios en el suelo. Seis aeropuertos con afectaciones. Más de veinte réplicas. Al mediodía, desde el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo de la Espriella entregó una cifra parcial que dolía leer: más de un centenar de muertos, ochenta y siete heridos, mil quinientas setenta y cinco viviendas averiadas, treinta y siete destruidas, sesenta y un edificios colapsados, dieciocho centros de salud y cincuenta y dos colegios con daños.

Esa es la tragedia. Debajo de la tragedia, como siempre, hay un sistema. Y ese sistema tiene un nombre técnico que suena inofensivo: contratación de urgencia.

Más allá de los titulares que hoy cuentan escombros, conviene diseccionar lo que viene. Cuando la tierra se mueve, el Estado activa la urgencia manifiesta, la figura del artículo 42 de la Ley 80 que le permite contratar sin licitación, sin pluralidad de oferentes, sin los tiempos ni los filtros del proceso ordinario en el Secop. Es una herramienta legítima. Nadie somete a subasta pública el rescate de una persona atrapada bajo una placa. El problema no es la figura. El problema es que en Colombia esa llave, la que se abre precisamente cuando los controles se apagan y el dinero corre más rápido, tiene prontuario.

No hay que ir muy lejos ni imaginar nada. Basta con recordar. La última gran emergencia contratada en este país se llamó carrotanques. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la misma entidad que hoy coordina la respuesta al terremoto, desvió alrededor de cuarenta y seis mil ochocientos millones de pesos que estaban destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Cuarenta camiones cisterna que no sirvieron. Con esa plata se habrían construido cientos de aulas rurales o varios acueductos veredales para los mismos pueblos que se quedaron con sed. El exdirector Olmedo López aceptó cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir. El exsubdirector Sneyder Pinilla fue condenado tras reconocer que entregó cuatro mil millones de pesos en efectivo a los entonces presidentes del Congreso. Y detrás de los carrotanques apareció lo grande: veinticinco contratos de obra por más de un billón de pesos, tramitados con el mismo molde, invitando a tres proponentes para que cotizara uno solo.

Y esto apenas empieza. Una reconstrucción de esta magnitud mueve un presupuesto que se cuenta en cientos de miles de millones, quizás en billones, entre subsidios de arriendo, demolición, reforzamiento de hospitales, reposición de colegios y obras de mitigación. Cada uno de esos rubros es una oportunidad de servir o una oportunidad de robar. Cincuenta y dos colegios averiados no son una estadística: son miles de niños sin aula el lunes siguiente. Dieciocho centros de salud golpeados no son un renglón del informe: son partos que hay que atender en otra parte. La velocidad con que se reponga cada uno de esos ladrillos, y el precio al que se reponga, dirá más sobre este gobierno que cualquier discurso desde un batallón.

Ese esquema ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Petro. Lo escribo con todas las letras, porque aquí la simetría no es un adorno, es el método. La corrupción de la emergencia no tiene color. La izquierda instrumentalizó la urgencia en La Guajira. La pregunta que abre el terremoto del Chocó es si la derecha resistirá la misma tentación en Manizales, en Cali, en Pereira. El ciclo secreto de este país es ese: cada desastre reabre la misma llave, y cada gobierno jura que con él será distinto.

Y este gobierno lo juró más fuerte que ninguno. Hace tres días, en Cali, desde un batallón militar, Abelardo de la Espriella hizo de la lucha anticorrupción su segunda prioridad y prometió convertirla en un método permanente de gobierno. Dijo que los recursos públicos habían sido tratados como un botín propio. Advirtió que desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados. Palabras gruesas, de tigre que ruge. El terremoto le tomó la palabra antes de lo previsto. Porque una cosa es prometer cero corrupción frente a las cámaras, con el chaleco antibalas sobre la ropa, y otra muy distinta es firmar cientos de contratos de urgencia con la casa temblando y el país mirando para otro lado, ocupado en enterrar a sus muertos.

¿Quiénes administrarán la emergencia?

El asunto se complica cuando uno mira quiénes administrarán esta emergencia. El gabinete que se posesionó el 7 de agosto no es un catálogo de próceres inmaculados. Conviene la precisión jurídica, porque en corrupcionaldia.com la presunción de inocencia no es negociable. Ninguno de los dieciocho ministros carga hoy una condena penal en firme por corrupción. Dicho eso, los antecedentes existen y están documentados por la prensa nacional. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, llega con su elección como alcalde de Bucaramanga anulada por el Consejo de Estado en 2025 por doble militancia, una decisión electoral, no penal, y con investigaciones de Fiscalía y Contraloría por el alumbrado público de esa ciudad que aún no han producido condena; él defiende su inocencia. La ministra de Educación, Viviane Morales, tuvo en 2012 su elección como fiscal general anulada por el Consejo de Estado, por una irregularidad en el procedimiento, catorce votos cuando se requerían dieciséis, no por un fallo de corrupción en su contra. Son antecedentes con respaldo documental, y son cosas distintas de un delito probado.

Luego están los señalamientos sin decisión definitiva. Al ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, una denuncia de militares lo mencionó por presuntas irregularidades en viáticos de las Fuerzas Especiales que él comandaba; no hay fallo, y el propio Mora sostiene que fue él quien detectó las anomalías. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cargó cuestionamientos porque su empresa participó en la estructuración de un crédito y un subsidio para el hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, operación en la que una auditoría interna de Finagro detectó inconsistencias. Y sobre la ministra de Salud, Ana María Vesga, pesa la advertencia de la puerta giratoria: pasó de presidir Acemi, el gremio de las EPS, a dirigir el ministerio que las regula, sin que exista hasta ahora una inhabilidad declarada. La exministra Carolina Corcho fue de las primeras en cuestionarlo.

Y hay más textura. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, está casada con un empresario condenado en 2007 por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, un hecho de su cónyuge, no de ella. El ministro de Justicia, Iván Cancino, renunció a la defensa de una empresa investigada por presunto lavado de más de setecientos treinta mil millones de pesos justo antes de una audiencia clave. Al Ministerio del Deporte llegó Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, sin trayectoria conocida en dirección deportiva. Cada caso es distinto. Ninguno es, por sí solo, una sentencia. Pero juntos dibujan un gabinete que tendrá que administrar la reconstrucción con una vara de credibilidad más corta de la que quisiera.

El punto clave

Aquí está el punto que los titulares no van a titular. La contratación de urgencia funciona como un cuarto oscuro. Se apagan las luces del control previo con el argumento sensato de que la gente no puede esperar. Y en ese cuarto oscuro caben, al mismo tiempo, el rescatista que salva vidas y el contratista que infla el precio de las carpas. La misma penumbra protege a los dos. Por eso el desastre es, para cierta clase de funcionario, una oportunidad disfrazada de calamidad. No porque toda emergencia termine en robo, sino porque el diseño mismo del mecanismo premia la velocidad y castiga la pregunta. Quien pregunta demora. Quien demora, deja gente sin techo. Y así la fiscalización se vuelve, en el imaginario, un obstáculo para la solidaridad. Genial coartada.

Hay una razón por la que este mecanismo sobrevive a todos los gobiernos, y no es solo jurídica. Es cultural. El colombiano promedio aprendió a esperar el robo como quien espera la lluvia en invierno: con fastidio y sin sombrilla. La frase todos son iguales, repetida hasta el cansancio, no es un diagnóstico, es una anestesia. Nos convence de que indignarse es ingenuo y vigilar es perder el tiempo. El sesgo del statu quo hace el resto: cambiar cuesta, denunciar da miedo, y quedarse quieto se siente más seguro. Sobre esa resignación colectiva se construye la impunidad. La corrupción de la emergencia no necesita ciudadanos cómplices; le basta con ciudadanos cansados. Ahí está su genio perverso.

La única defensa contra ese cuarto oscuro es la luz encendida a propósito. Publicación en tiempo real de cada contrato de urgencia en el Secop II. Nombres de contratistas, valores, objetos, plazos, a la vista de cualquiera. Auditorías concurrentes, no forenses cinco años después. Veeduría ciudadana desde el primer camión de ayuda. Ese es el examen. No la foto en el Puesto de Mando Unificado, sino la trazabilidad del peso.

El presidente de la Espriella quería demostrar que su gobierno decide, ejecuta y no se enreda en deliberaciones. Perfecto. El terremoto le dio el escenario ideal para probarlo. La Patria Milagro no necesita milagros: necesita facturas verificables. Cada colegio que se reconstruya sin sobrecosto será una prueba de que la promesa era en serio. Cada carrotanque fantasma que reaparezca, con otro nombre y otra región, será la confirmación de que el ciclo secreto sigue intacto y que solo cambió el color de la corbata. La tierra ya hizo su parte: movió el país y adelantó el examen. Falta la parte del gobierno. La pregunta no es si el Tigre ruge. Es si, cuando nadie esté mirando el Secop, seguirá siendo honesto.

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El caso a tres voces

“Las reglas del juego se escriben antes de jugar, no en mitad del partido. El error colombiano es fiar la honestidad a la virtud del funcionario de turno en lugar de al diseño de las instituciones. La urgencia manifiesta suspende la regla justo cuando más se necesita, y confía en que quien firma sea un santo. Ningún sistema serio depende de santos. Si el gobierno de la Espriella quiere pasar la prueba, que no la juegue con discursos: que ate sus propias manos con reglas que publiquen cada contrato en tiempo real.”

James Buchanan economía constitucional / elección pública

“Lo que ustedes llaman escándalo yo lo llamo funcionamiento normal de un aparato capturado. La corrupción no es el acto de un corrupto, es la arquitectura de una administración tomada por clases extractivas que parasitan el recurso común. Cambiar de gobierno no desmonta esa arquitectura; apenas cambia a los inquilinos. Un gabinete con antecedentes electorales anulados y puertas giratorias no prueba culpa penal, pero sí revela una cultura que confunde el cargo con el botín.”

Alejandro Nieto corrupción estructural / desgobierno de lo público

“Refutar una mentira cuesta diez veces más que soltarla, y en una emergencia la mentira viaja en helicóptero mientras la verdad camina entre escombros. Vendrán las frases de siempre: la gente no podía esperar, eran contratos de vida o muerte, la fiscalización estorba la solidaridad. Cada una es una cortina para que nadie mire la factura. La única vacuna es publicar las reglas y los precios antes de que aparezca el relato que los justifique.”

Alberto Brandolini ley de Brandolini / asimetría del engaño

Los antecedentes del gabinete, por estatus jurídico

La tabla distingue lo probado de lo investigado y de lo controvertido. Ningún ministro tiene condena penal en firme por corrupción. La precisión no es tecnicismo: es la diferencia entre el periodismo y la difamación.

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