Cuatro días de audiencias fueron necesarios para que la Fiscalía le pudiera imputar cargos a los 10 funcionarios capturados en el marco de la operación “Contraloría de bolsillo”. El último de la lista, ayer, fue el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, quien se enfrenta al señalamiento por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho.
El funcionario de 48 años fue imputado de concierto para delinquir en asocio con su subcontralor, Rubén Darío Naranjo —quien estaba de vacaciones fuera del país cuando se expidió la orden de captura en su contra—, y los contralores auxiliares Dioner Andrés Ortiz Ossa, José Hernando Duque Arango y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal.
“Hay inferencia razonable de que los funcionarios en cuestión habrían cometido delitos contra la administración pública en San Carlos y Briceño”, dijo ayer la fiscal 28 Seccional de la División de Administración Pública, encargada del caso.
El ente investigador hizo públicos varios audios que dejan en evidencia que el asesor jurídico de Briceño, Jhonny Andrés Jaramillo Marín, al parecer hizo pagos de $30 millones a los subcontralores, a cambio de mejorar la calificación fiscal del municipio en las auditorías regulares de la Contraloría General de Antioquia (CGA).
En otras interceptaciones telefónicas, el contralor auxiliar Ortiz Ossa habla con la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y le promete enviar vía Whatsapp la lista de contratos que se revisarían durante la auditoría.
“Usted (Zuluaga) impartió las directrices para que las auditorías fueran selectivas y direccionadas (…) a sabiendas de que la ley ordena que se hagan al azar, algo de lo que usted tiene conocimiento”, dijo la fiscal.
La extraña mina
Otra de las revelaciones del ente investigador es la supuesta participación del contralor Zuluaga y el subcontralor Naranjo en una mina de rocas calizas ubicada en San Carlos, en un negocio en el que estaría involucrada la alcaldesa Marín y su esposo Juan Alberto García Duque, quien también fue alcalde de ese municipio y quien en 2014 fue condenado a 16 meses de prisión por el desvío de más de $813 millones destinados a la salud.
El paquete de audios de interceptaciones incluyó varias llamadas en las que Naranjo y García, quien se presenta a sí mismo como “el primer damo de San Carlos”, hablan de la conformación de la Sociedad Calizas Portugal S.A.S, así como de la operación de la mina ubicada en la vereda Portugal de San Carlos.
En varias de las llamadas, efectuadas entre mayo y junio de 2018, Zuluaga le pregunta a Naranjo cómo avanza “lo de San Carlos” y este último le cuenta de varias reuniones y hasta del alquiler de una máquina retroexcavadora.
“Hay que ir a poner a la gente a trabajar y hay una máquina que cobra $200.000 la hora”, dice Naranjo. Zuluaga responde: “Ah no, eso son como $50 millones mensuales, eso vale la puta máquina”.
La secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvin, le confirmó a EL COLOMBIANO que no existe ningún título minero a nombre de la citada sociedad.
El 3 de mayo de 2017, Cornare, autoridad ambiental en la zona de la mina, le dio permiso a uno de los socios, Fabio Jiménez Ruiz, para la “recolección de especímenes silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales”. La Sociedad Calizas Portugal fue constituida el 22 de enero de 2018 y de ella hace parte Camilo Naranjo Escobar, hijo del subcontralor .
FUTURO INCIERTO EN LA CONTRALORÍA DE ANTIOQUIA
El contralor Zuluaga fue el único de los imputados que no se levantó de su silla ni habló con nadie durante los recesos. El único con quien cruzó palabra fue con su abogado, Santiago Trespalacios.
Ayer la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia abrió convocatoria para elegir al contralor que ocupará el cargo entre enero de 2020 y diciembre de 2023. “La corporación suscribió un convenio de apoyo para adelantar las etapas de selección de los aspirantes al mencionado cargo con la Universidad de Antioquia”, reportó la Asamblea en un comunicado en el que aclaró que la convocatoria está disponible en su página web.
De otro lado, fuentes cercanas al subcontralor Naranjo reportaron que ya se adelantan las gestiones para su regreso al país y entrega a la justicia la próxima semana. Aún no se sabe quién asumirá las riendas de la CGA hasta enero. “La ley dice que cuando faltan el contralor y el subcontralor sube el siguiente directivo en funciones”, dijo el lunes el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
TOMADO DE EL COLOMBIANO
Por: VANESA RESTREPO
