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La familia del abogado Augusto García y Mireya Caballero, ex directora de Carnaval SA. salieron de su casa el pasado fin de semana, en compañía de su hija Marcela, ex reina del Carnaval y de la actual reina Isabella Chams con el propósito, según manifestaron, de comprar ganado en el municipio de El Piñón, Magdalena. El problema surgió cuando al ser inquiridos por policías y autoridades sobre el respectivo permiso para su desplazamiento, resultó que carecían de este requisito de tránsito.

No se amilanaron. Le escribieron a Asoganorte (Asociación de Ganaderos de la costa norte) que rápidamente le expidió vía correo eléctronico el respectivo permiso al que le fue anexado el del Alcalde de El Piñón Jhair Caballero Ballestas, primo de Mireya, para ingresar a esta población pero carecía de competencia para tal autorización por expresa directiva presidencial. Total, que la alegre y carnavalera comitiva (iban dos ex reinas y la actual) les toco devolverse.

El 10 de junio el secretario de Gobierno del Magdalena, José Humberto Torres, solicitó una investigación formal a la exreina del Carnaval de Barranquilla, columnista de El Heraldo e influenciadora Marcela García y a miembros de su familia. El objeto ilícito seria la evidente violación de la cuarentena nacional con el ánimo de participar –dijo Torres- en un evento o feria ganadera que también estaba prohibido.

El episodio muestra evidente desprecio por la normatividad vigente en el sentido de desplazarse sin soportes, con sobrecupo del más del 35% en los vehículos (2) y para colmo de males –en lo que en Barranquilla se ha dado a llamar a esta especie de corriente de la fantochería social espantajopismo- Marcela García publicó sus fotos en las redes sociales alabando su nueva condición de ganadera.

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La familia García Caballero se las trae. En 1982 fue elegida reina del Carnaval Mireya Caballero. Años después se casó con el abogado Augusto García quien en su paso por el senado de la república declaró en su hoja de vida una serie de impresionantes logros profesionales que bien funcionan para identificar a qué sector de los grupos de presión de la ciudad pertenece.

Dice allí que fue Viceministro de Minas y Energía, abogado de la Cámara de Comercio, gerente de Seguros Andina, vicepresidente de la Corporación Financiera del Norte (del grupo Santo Domingo, miembro de la Junta Directiva de Corelca, del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico –por los gremios-, de las juntas directivas de Intergremial, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Cámara de Comercio y columnista del diario El Heraldo. Eso decía en esa época sobre su trayectoria que, como hecho curioso y concomitante, esas entidades mencionadas desaparecieron o tienen diversos y públicos problemas.

Pueden ser simples coincidencias. Pero lo que no son conjeturas fue su accidentado paso por Cormagdalena, hecho que se inicia con su nombramiento en un suceso narrado en sus pormenores por el periodista Jorge Mariano Rodríguez en el portal Zona Cero:

La ampliamente publicitada designación de Augusto García Rodríguez como nuevo Director de Cormagdalena, fue posible gracias a la inclusión de un candidato “relleno” que, entre otras cosas, había anticipado su decisión de declinar a cualquier aspiración al cargo, como lo era Jaime Pumarejo Heins. Sin embargo, Pumarejo fue incluido en el quinteto Presidencial para cumplir con esta norma legal y así facilitar la elección de García Rodríguez.

En efecto, el nombre de Augusto García Rodríguez surgió, precisamente, en momentos en que la alianza Invías (en cabeza de su Director y presidente de la Junta de Cormagdalena, Carlos Rosado Zúñiga) y Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (presidida por Fernando Arteta), comenzaron a presionar la salida del entonces Director de la Corporación, Juan Gonzalo Botero.

Lo grave del juego de esta alianza fue que tomaron el puerto de Barranquilla como “caballito de batalla”, en momentos en que apareció la barra marina, en la zona de Bocas de Ceniza, que provocó el encallamiento de varias embarcaciones.

El hecho fue propicio para que, invocando la jurisdicción para ejecutar los trabajos de emergencia, las críticas se volcaron contra Cormagdalena, mientras Invías prácticamente manifestaba que “ese muerto no lo cargo yo”, al argumentar que su límite era fluvial y no marino.

Como resultado de la discusión, el propio Carlos Rosado Zúñiga, se destapó públicamente y al estilo del Presidente Álvaro Uribe Vélez, señaló que el atacado Director Juan Gonzalo Botero era “un buen muchacho que estaba haciendo las cosas bien”, pero que, definitivamente, como cada torero lidia con su propia cuadrilla, era necesario su retiro para armar la nueva cuadrilla para la corrida.

Al final Juan Gonzalo Botero decidió renunciar al cargo y, como por arte de magia, el Invías se olvidó de la jurisdicción y contrató el dragado de la barra marina, con la firma Jan De Nul, por $10.000 millones.

Este rever de Invías, en cabeza de Carlos Rosado, demostró claramente que la discusión sobre la autoridad que tenía jurisdicción fue todo un pretexto para presionar la salida de Botero. Un enfurecido dirigente portuario fue más certero al calificar la situación: “eso fue un falso positivo del cartel del lodo”.

Con la salida oficial de Juan Gonzalo Botero el nombre de Augusto García cada vez tomó más fuerza, por lo cual se daba por descontada su designación. Es más, en algún momento Augusto García tuvo en Jaime Pumarejo Heins, a su rival más fuerte y es cuando a García se le presenta un “milagrito” como por arte de magia. Fue la designación de Pumarejo como Gerente del Fondo de Adaptación para la Reconstrucción del Sur del Atlántico.

Por esta razón hay quienes se atreven a decir que el nombramiento de Pumarejo fue una decisión salomónica para favorecer los intereses del cartel del “lodo suero” con la designación de García Rodríguez en Cormagdalena.

El 4 de octubre de 2011 se posesiona Augusto García Rodríguez en calidad de director de Cormagdalena. Su periplo en esta entidad fue cuestionado entre otras, por la celebración del fallido contrato con Navelena, APP 001 del 2014, para la navegabilidad del río Magdalena adjudicado al consorcio integrado por la empresa brasilera Odebrecht con el 87% de participación y por la firma colombiana Valores y Contratos SA Valorcon, con el 13% de participación por un valor de $2.5 billones de pesos por lo que según artículo el portal Corrupción Al Día “García se prestó para manipular la información conveniente ante el público, queriendo mostrar que se trataba de un consorcio fuerte tanto financiera como legalmente y con capacidad de contratación (suficiencia financiera). Pero la realidad objetiva era otra. Ahora, después de revisar la documentación legal de este contrato, se evidenció que García Rodríguez realmente firmó el contrato con Jorge Barragán, representante legal de la sociedad llamada Navelena S.A.S”. (https://corrupcionaldia.com/la-gestion-de-augusto-garcia-en-cormagdalena-sigue-siendo-materia-de-sanciones/)

Esas no son conjeturas ni coincidencias. El 19 de diciembre del 2019 la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses al exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, Augusto Noel García Rodríguez, por irregularidades en un convenio de asociación para el dragado del puerto de Barranquilla por $9.526’786.272. Según el ente de control “El director ejecutivo de Cormagdalena desconoció el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación, previsto en la Ley 80 de 1993, al suscribir un convenio con la Asociación Portuaria de Barranquilla, Asoportuaria, para el dragado del puerto, luego de que revocara sin razones legales suficientes la Licitación 003 de 2011 y luego declarada desierta la Licitación 006 de 2011, por razones atribuibles a la administración”.

Para la Procuraduría la revocatoria de la licitación no estuvo fundamentada en la intención de proteger el interés público o social, sino que fue el resultado de “una equivocada interpretación del principio de libertad de concurrencia y en no ajustar en la oportunidad pertinente los aspectos referidos a los riesgos contractuales, llevando a dilatar un proceso contractual de sumo interés para el desarrollo de la actividad portuaria que se dispone en el canal de acceso al puerto de Barranquilla”.

Sigamos con la trayectoria de otro miembro del núcleo familiar. En el caso de doña Mireya Caballero cuando fungió de directora de la Fundación Carnaval fue la encargada de promover un perverso sistema que en la práctica, con el correr de los años, ha desvirtuado por completo la misma esencia del carnaval. La revista capitalina Portafolio en fecha de 21 de enero de 2008 señala las bondades del nuevo modelo:

El Carnaval es todo un negocio, no es la fiesta tradicional de pueblo que organizan las autoridades municipales y departamentales, sino que ésta va más allá. En el 2006, el Carnaval generó la reactivación de la economía local, en la cual se generaron negocios por 22.000 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de Fundesarrollo. Para Mireya Caballero Pérez, directora de la Fundación, lo que busca la empresa Carnaval S.A. es que esta fiesta y el precarnaval sean autosostenibles y que generen recursos para hacer más grande el negocio cada año. 

Para hacer más grande el negocio cada año. Tal como sucedió con los hallazgos fiscales encontrados (eureka!) por la Contraloría Distrital de Barranquilla en cabeza de Jorge Iglesias, hecho noticioso de amplia repercusión, tal como lo presenta una noticia de El Heraldo en su edición del 28 de abril de 2011:

Un total de dieciocho faltas administrativas en las que habría incurrido la Fundación Carnaval de Barranquilla, puso al descubierto la Contraloría Distrital.

Según el organismo, en la administración de la entonces presidenta de la entidad, Mireya Caballero, se evidenciaron escandalosos hallazgos como el beneficio de particulares con recursos de la entidad gestora del Carnaval de Barranquilla, se evadieron impuestos, hubo excesivos pagos de facturas de teléfonos celulares, y se registraron múltiples cambios o tachaduras en libros de ingresos y egresos.

En materia de movimientos financieros, la Contraloría encontró que la Fundación, bajo el período de Caballero, reemplazó libros de ingresos por libros de facturas argumentando que estos cumplían las mismas funciones. Sin embargo, las facturas carecían de sellos que indicaran su cancelación, no se anotaban anticipos recibidos, había tachaduras y no existía un orden cronológico en los archivos de las mismas.

En relación con el manejo de la caja menor de la entidad, el ente de control observó que no había ningún acta o documento legal donde se especificara cuantía asignada, persona responsable de la caja, requisitos de los vales, firmas autorizadas, prohibiciones para la utilización de los recursos estipulados, montos máximos utilizados, trámites efectuados y conceptos permitidos.

Al revisar algunas facturas de la Fundación, la Contraloría halló que existían irregularidades en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, IVA, en las relacionadas con el suministro de alimentos y bebidas, publicidad, patrocinio, venta de boletería, palcos y minipalcos, donaciones y participaciones. Por todos estos conceptos, la entidad habría dejado de declarar 581 millones 589 mil pesos.

Otra de las anotaciones del documento también estableció que, bajo la administración Caballero, la Fundación canceló 12 millones 818 mil pesos, en 2009, por sobrepasar los límites de llamadas de seis diferentes planes de teléfonos celulares.

Cuentas pagadas. Dentro del mismo informe entregado por la Contraloría se descubrió que, por medio de dos tarjetas de crédito a nombre de la Fundación Carnaval de Barranquilla, una de Davivienda y otra del Banco de Bogotá, se pagaron cuentas en almacenes de cadena, bares y se hicieron avances en efectivo.

Por último, la Contraloría evidenció a través de comprobantes de egreso que la Fundación también sufragó el aporte correspondiente a la cuota mensual del club al que pertenece Augusto Noel García, esposo de Caballero.

Al día siguiente, Mireya Caballero dijo en un comunicado público que parte de los reproches o hallazgos de la Contraloría fueron respondidos de manera oportuna, aunque no señaló puntualmente cuales de los enunciados taxativamente por el ente de control. Explicó que:

“Al momento de concertar mi contrato de trabajo, se acordó que además de mi salario, se me pagaría la cuota de sostenimiento del club del cual soy socia con mi familia. Esta es una prestación muy común en las empresas privadas. Al ser el titular de la acción mi esposo Augusto García, el pago lo realizaba la Fundación Carnaval directamente al Club para pagar la cuota de esa acción. Aun partiendo de la base que la noticia está fundamentada en un informe de la Contraloría de julio de 2010, no puede desconocerse que no se tuvo para este informe, la prudencia de revisar la respuesta de la Fundación y mucho menos los antecedentes donde con facilidad se hubiera podido constatar que los hallazgos no salpican mi honradez. Además mi vida profesional al frente de importantes entidades privadas en Barranquilla, se ha caracterizado siempre por la rectitud y la ética que para nuestra familia constituyen los más importantes valores”.

Ahora, según declara su hija Marcela, la familia se dedica, después de su paso por gerencias privadas y públicas, a las actividades de la ganadería.

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