La justicia colombiana y la moralidad pública en el caso Triple A

Por: Jan Slodvak

La Fiscalía española anduvo en comisión de investigación en Colombia y Panamá  acompañada de jueces anti corrupción en torno al caso Triple A, uno de los escándalos empresariales y políticos más celebres e impunes. Nada ha pasado en torno a los involucrados en una serie de delitos y que terminaron despojando a una ciudad, al frente de todos, hasta de su justicia, del control mayoritario de uno de sus más importantes activos como es el de la citada empresa de servicios públicos.

Mientras la justicia española se mueve con total celeridad, apresando a gran parte de los directivos de Canal Extensia, Canal Isabel e incluso al poderoso Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid y su mano derecha en asuntos empresariales en América latina, el ex Presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, acá se vive una autentica calma chicha –cuando en altamar no sopla brisa y los veleros quedan a merced del tiempo- por parte de la publicitada Operación Acordeón emprendida por la Fiscalía General de la Nación, no suena. En cambio, la Operación Blas de Lezo, pese a lo tuerto y cojo del histórico personaje, de la Fiscalía española, anda a toda marcha. Prueba de lo anterior fue la visita de una comisión de investigación a dos instancias administrativas de la ciudad: las oficinas de Triple A y el despacho del Alcalde Alex Char que delegó en cabeza de la Secretaría General del Distrito Ana María Aljure el recibimiento de los españoles. No los atendió personalmente pese a los agravantes del negocio que en líneas generales salpica a la administración de la ciudad por su probada negligencia en las acciones de recuperación de la empresa Triple A y las versiones de la prensa hispánica y de algunos de los implicados que vinculan al actual Alcalde –en su anterior gestión- recibiendo coimas precisamente para no tocar los intereses de Inassa dentro de la Triple A.

Para uno de los jueces españoles más capacitados en investigaciones sobre corrupción, tal como es el caso de Manuel García Castellón, debió parecerle sospechosa esta renuencia, dadas las pruebas y testimonios que manejan en su país sobre la conducta de funcionarios del talante del Alcalde Char respecto a la omisión de sus obligaciones administrativas en lo relacionado con la recuperación accionaria legal de la Triple A por la vía legal, dada la abierta y flagrante ilegalidad de su apropiación usando maniobras jurídicas no pactadas en el contrato inicial de concesión.

La llegada de los funcionarios judiciales españoles se suma a otras comisiones similares que han visitado la ciudad no propiamente a apreciar los grandes logros en materia de turismo y desarrollo urbano. Esta vez parece que estuvieron enfocados en dilucidar a través de qué métodos y artilugios se apropiaron sus paisanos de la capacidad mayoritaria accionaria del Distrito de Barranquilla. Este procedimiento de investigación sobre las apropiaciones del accionariado de la Triple A se inicia cuando el Procurador Fernando Carrillo conoce de una Acción Popular impetrada en Barranquilla en el 2010 por un grupo de ciudadanos en la cual se perseguían fundamentalmente dos hechos: que retornaran, por tramite ilegal, la mayoría accionaria del distrito en Triple A y que se devolvieran 18 billones cobrados de más desde 2008 por la vía tarifaria usando formulas que no correspondían a los reglamentos al respecto emitidos por la Comisión de Regulación del Agua. El Procurador Carrillo se apersona de indagar, tras una queja en su despacho, sobre la renuencia de los jueces administrativos (Sexto) de Barranquilla en fallar en derecho. Apertrechado de ese valioso documento, viaja a España en donde pactó con la Fiscalía española la llegada de sus investigadores.

De esta manera el juez de la Audiencia Nacional llega a Bogotá el 16 de abril reuniéndose con el Procurador Carrillo en una reunión de más de 4 horas donde se analizaron grabaciones, imágenes, fotos, documentos diseñándose una estrategia a seguir. Al día siguiente llegaron a Barranquilla.

Según el portal web Las 2 Orillas, la diligencia en la oficina de la secretaria de la Alcaldía con Ana María Aljure “llamó poderosamente la atención de los periodistas de Barranquilla ya que el juez indaga por nombres que han mencionado testigos del caso Lezo que involucra a reconocidas personas de esa ciudad”. Dice además el mismo portal que “la almendra del asunto está en la entrega de contratos de obra civil para la expansión del acueducto de Barranquilla donde se pagaron cuantiosas coimas”.

La empresa Triple A, que trata de mantener su dignidad vulnerada por los escandalos en medio de los avatares de este proceso de corrupción internacional, expidió un comunicado: “En la mañana del día de hoy, la Secretaría General  de Triple A atendió a una comisión de España y delegados de la Fiscalía en Colombia, dentro del marco de la cooperación judicial entre ambas naciones, en relación con el denominado “Caso Lezo. Se practicó una visita con el objeto de recaudar documentación relacionada con los socios, actas de Juntas Directivas y operaciones contractuales. Triple A brindó la colaboración requerida en su política de apoyo tanto a las autoridades españolas como colombianas”.

Y la justicia colombiana qué?

Los investigadores españoles deben sentirse ciertamente asombrados de la baja capacidad de reacción, el inmenso silencio, de la ciudadanía barranquillera frente a esta serie de actos delictivos de despojo de sus activos de prestación de los servicios de agua que hubiese, en otra parte, desencadenado un cataclismo colosal político y judicial. Aquí no. A los ciudadanos que presentaron la valiente Acción Popular los equipararon a una serie de “loquitos” que estaban atentando contra una empresa que había rescatado un óptimo servicio y que más bien deberían tenerle un prudente respeto por la labor desarrollada.

Los medios de comunicación convenientemente callados con la pauta publicitaria y el reparto de coimas con los flujos de dinero repartidos y soportados en dobles y triples contabilidades. Nadie veía nada. Nadie decía nada. Más silencio y loas a la “mejor empresa de servicios públicos de América latina”, un paradigma tan exitoso que incluso se había exportado.

Igual de sospechosa la actitud de la Alcaldía de Barranquilla y el Concejo Distrital con un largo silencio alrededor del tema. Solo loas y la “preocupación”, cuando estaba el tema en caliente, “que no le fuera pasar nada a la empresa por prestar un buen servicio!”. Siendo el Distrito de Barranquilla una de las víctimas del accionar delictivo de la cúpula de Inassa en la perdida de su mayoría accionaria en la Triple A, se supone que deberían hacerse participes en la Acción Popular. Pero no. Total mutismo a pesar que la ciudadanía, a través de la citada Acción Popular, diga en unos de sus alegatos (pág. 156): “La Sociedad Triple A de Barranquilla y los socios calificados controlantes y operadores, por medio de actos (reformas estatuarias, incremento del capital social) han venido cometiendo perturbaciones de hecho o de derecho que han generado una disminución del porcentaje de acciones del Distrito de Barranquilla dentro de la Sociedad Triple A y esta contravención constituye una obligación de las obligaciones que asumió la sociedad Triple A de Barranquilla al momento de ejecutar el contrato según las reglas de la buena fe, desde que, con sus propios actos, está impidiendo que se produzcan los efectos que el Distrito de Barranquilla esperaba y deseaba al momento de celebrarlo”.

En otras palabras, lo que todos esperábamos de la realización de ese contrato salió al revés o torcido y, en vez de la administración distrital tomar la vocería como legitimo representantes de los intereses de la ciudad, sucede que es un grupo de los ciudadanos a través de la Acción Popular el que sale a defender este patrimonio. Un caso increíble de defensa del patrimonio público más allá de las inoperancias de los que tienen las respectivas competencias para ejercerlo.

La justicia colombiana ha sido parca, negligente, omisiva y perturbadora en la defensa de estos intereses colectivos. La captura de Ramón Navarro Pereira, confeso delincuente ex gerente de la Triple A, se debe a hechos irrebatibles de las confesiones de González y Rodríguez en España y García en Colombia, que en desarrollo de procesos investigativos de la Fiscalía en el caso de Navarro estaba sobre advertida de sus implicaciones con la apertura de cuentas en paraísos fiscales tal como aparece reseñado en Panamá Papers. Durante la inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla a finales del 2017, unos periodistas preguntaron a Néstor Humberto Martínez, su director, sobre los resultados de la llamada Operación Acordeón. Diplomáticamente respondió que muy pronto se darían los resultados de estas pesquisas. La llegada de la Fiscalía española obedece a movimientos del Procurador Carrillo, una entidad de control pero sin funciones judiciales,a efectos de la mentada bilateralidad de las investigaciones de las operaciones Blas de Lezo y Acordeón. Súmese lo anterior el dilatado estudio de la Acción Popular en diversos juzgados administrativos para comprender que la administración de justicia, en cuanto al caso de Inassa y Triple A, ha tenido una actuación subrepticia y paquidérmica.

Mientras, en España siguen soltando la lengua…

Canal Isabel II y la comunidad de Madrid confían en vender en una buena cantidad a la Triple A. En ningún caso van a entrar en componendas ni reconsideraciones sobre el accionar torticero y malévolo de las personas que participaron en la defraudación al distrito de Barranquilla. Saben, y además lo dicen públicamente, que el contrato con Triple A sigue hasta el 2033, que la empresa sigue sacando dinero ilegalmente a los barranquilleros mediante las tarifas y que eso produce un importante superávit en euros. De tanto dinero rodando en cajas, sacos, tulas al mejor estilo de la mafia, dan fe varios testimonios y grabaciones. Para repartir la torta entre los que se acerquen a los vericuetos torcidos de los negocios de esta empresa. Dinero expoliado a la inerme ciudadanía usuaria que, en un caso único de resiliencia en el mundo, ha soportado estoicamente que la desangren, que la expriman, bajo el argumento que por lo menos ahora es mejor que antes. Solo un reducido grupo de ciudadanos –que deberían ser condecorados por los servicios prestados a la ciudad- se dio a la pela de contradecir a los poderosos de la Triple A.

En enero 11 de 2018, el diario español El Confidencial muestra a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, dando por horas declaraciones a la Fiscalía de ese país. Dice el periódico: “Edmundo Rodríguez Sobrino llevaba varias horas de declaración como uno de los principales investigados del caso Lezo. Había decidido cambiar de estrategia y empezar a colaborar con la Audiencia Nacional. Más de cuatro horas, cuando la Fiscalía Anticorrupción cambió de tercio y le preguntó abiertamente si Inassa (de la que había sido presidente) y las filiales sudamericanas que dependían de ella habían pagado comisiones a políticos y funcionarios de varios países, allí donde Inassa había ganado contratos. El ministerio público sospecha que sí. “No me consta”, respondió Sobrino”.

Sospechan que tal cosa sucedió y el implicado se evade. Según la Fiscalía Española, todos esos pagos del 4.5% anual en regalías de “asistencia técnica” sería el canal para pagar a los socios del negocio y de allí mismo soltar comisiones a funcionarios de diversos rangos. En El Confidencial dice: “La Fiscalía insistió y le preguntó si la Triple A Dominicana (una de las filiales de las que Inassa tiene el 52,8%) pagó cantidades periódicas a una empresa de Ángel Rondón, uno de los accionistas locales de la compañía. En el sumario, los investigadores señalan que la Triple A Dominicana “habría estado abonando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados por esta empresa en República Dominicana”. Rondón habría canalizado el pago de esas comisiones a través de una sociedad suya, Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa). Esta compañía de Ángel Rondón facturó a la Triple A Dominicana en concepto de “asistencia técnica” 1,66 millones de dólares (1,54 millones de euros) en los años 2014 y 2015. Es decir, los investigadores sospechan que la empresa de Rondón recibía esas comisiones facturando esas asistencias técnicas, comisiones que luego repartía entre los funcionarios dominicanos. Edmundo recobró entonces la memoria: “Es posible, es probable que el accionista de dominicana, la sociedad de Rondón (…) si son cantidades periódicas, seguro que es el accionista. E Inassa también lo recibía”.

Edmundo Rodríguez confiesa, de esta manera, que los pagos de asistencia técnica del 4.5% de la Triple A a Inassa que la Procuraduría General de la Nación logró suspender, se realizaban a empresas de algunos de los socios, que eran usadas para repartir coimas a funcionarios –administrativos y judiciales- que colocasen en peligro la estabilidad de los negocios.

Allí estarían parte de la explicaciones sobre la laxitud de funcionarios distritales, administrativos, jueces y judiciales que se encuentran en un estado de místico silencio sobre las andanzas de la cuestionada empresa de servicios públicos.

La moralidad administrativa

El Distrito de Barranquilla con sus autoridades no solo ha tenido un comportamiento evasivo y de hermético silencio sobre asuntos de su competencia en la empresa de servicios publicos Triple A, lo dice la página 220 de la Acción Popular citada: “Y a falta de reglas tarifarias fijadas por el Distrito de Barranquilla desde el principio de la operación, y su falta de definición y control por parte de los entes, y a partir de la firma de contratos en mención, han acarreado cargos adicionales y cobros no autorizados de forma presuntamente ilegal que han cancelado los usuarios de la ciudad de Barranquilla por estos servicios”.

No solo “dejaron” perder o pedir el reintegro de la capacidad accionaria de la Triple A sino que por ausencia de reglas tarifarias, esta empresa decidió inventarse las propias sacando, en cada factura mensual, dinero de más a los impávidos barranquilleros desde el año 2008. Una moralidad administrativa en duda, en deuda histórica con la ciudadanía. Al igual que la justicia. La sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de abril de 2000, expediente AP-52 enuncia: “La moralidad administrativa persigue, entre otros objetivos, el manejo adecuado del erario público, y en general que los funcionarios públicos asuman un comportamiento ético frente al mismo, pues los servidores públicos pueden incurrir en conductas que la generalidad tacharía de inmorales, o entre cosas, que podrían ser sancionadas disciplinaria o penalmente. Se entenderá por moralidad administrativa el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo a la legislación vigente, con la diligencia y cuidados propios de un buen funcionario”.

Saque usted, señor ciudadano, sus propias conclusiones sobre las actuaciones de las autoridades administrativas de la ciudad desde 1996 hasta la fecha en relación con la Triple A. Deduzca usted, señor ciudadano, si los entes de control del Distrito de Barranquilla (Personería y Contraloría) participaron del ágape ofrecido por la Triple A. Observe usted, señor ciudadano, si la justicia (fiscalía, jueces, magistratura) ha actuado con la debida diligencia en los asuntos sometidos a su competencia. Y sobre todo, castíguese usted, señor ciudadano, por su apatía en defender sus derechos.

Ahora sí, ofrézcame un vaso de agua sin ningún compromiso.

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