Para muchos colombianos la Policía Nacional es uno de los organismos más corruptos del estado, cuyos miembros, en todos los niveles, se han prestado para toda clase de fechoría y actos delincuenciales, desde secuestro, asesinato, malversación de fondos públicos, extorsión y abuso de poder.

La lista es tan larga y tremebunda que también muchos colombianos le temen y prefieren nunca mirar hacia esta institución, de tanto valor para el buen funcionamiento de la sociedad. Desde niños nos acostumbramos a la frase: “No te metas con la policía”, de tal manera que creíamos que ellos podían hacer lo que quisieran que nadie, los castigaría.

Pero las cosas han cambiado un poco en Colombia, por eso el exprocurador Fernando Carrillo, antes de entregar su puesto a Margarita Leonor Cabello Blanco, desengavetó el proceso disciplinario que el ente de control llevaba desde hacía varios años contra el general (r) de la Policía Rodolfo Palomino y se atrevió a firmar su destitución.

Esto quiere decir que ningún alto oficial o funcionario público de alto vuelo o político poderoso es intocable en Colombia. Tenemos todas las herramientas para sacarlos del camino, sobre todo en las urnas. Solo tenemos que actuar.

Destitución e inhabilidad por 13 años

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, exdirector de la Policía Nacional por “influenciar irregularmente” al coronel Reinaldo Alfonso Gómez para que este se retractara de las denuncias que había hecho por acoso sexual y laboral en su contra, que destaparon el escándalo conocido públicamente como “la comunidad del anillo”.

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En su decisión, el Ministerio Público también destituyó e inhabilitó a tres altos mandos de la institución quienes usaron su cargo para lograr que el coronel Gómez rectificara sus denuncias. 

Según el organismo disciplinario Palomino fue “determinador de una reunión para ejercer presión sobre otro oficial de la institución para que se retractara de lo consignado en un oficio donde hizo algunas imputaciones en contra del general”. 

Dichas denuncias fueron hechas en 2015 por el entonces teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal por presunto acoso laboral y sexual. 

Los otros oficiales destituidos e inhabilitados fueron el entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Policía, mayor John Santos Quintero Landinez, y los coroneles (r) Ciro Carvajal Carvajal y Flavio Mesa Castro, quienes se desempeñaban como secretario General y comandante de la Policía de Cundinamarca, respectivamente, para la época de los hechos, a quienes la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años  

“El Ministerio Público estableció que el general (r) Palomino López les ordenó al mayor y los coroneles que se reunieran con el oficial que radicó el documento que ponía de presente actos irregulares del general, el entonces teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, para convencerlo de que se retractara de lo dicho en el documento”, asegura la Procuraduría en su comunicado. 

Así entonces, el ente de control relató que como contraprestación por la retractación, le indicaron a Gómez que “sería favorecido en un proceso disciplinario en caso de que el mismo llegara a segunda instancia, pues esa decisión era competencia directa del Director General de la institución”. 

El Ministerio Público afirmó que se demostró con certeza que el general (r) Palomino, quien fue director general de la Policía Nacional entre 2013 y 2016, “organizó reuniones por fuera de la actuación procesal, y por tanto de forma irregular, con fines contrarios a la ética que le corresponde al servidor público, pues no son las reuniones ilegítimas donde se debaten las inquietudes de los disciplinados, sino al interior de los respectivos procesos disciplinarios a través de las formas establecidas para ello por el legislador”. 

Así mismo, el ente de control estableció que una vez Gómez Bernal radicó su retractación, como consecuencia de la presión ejercida por los oficiales, el general (r) Palomino optó por no declararse impedido en el proceso disciplinario y en su condición de juez disciplinario de segunda instancia falló a favor, “sin que esa situación, a todas luces irregular, le produjera ningún recato a tan alto servidor que regentaba los destinos de una institución estatuida para proteger no solo la vida sino la honra de las personas, contrarrestar el delito y la corrupción”. 

“Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Por tratarse de un recurso de reposición fallado por el despacho del Procurador General de la Nación, contra la misma no procede recurso alguno y en consecuencia quedó en firme”, concluye el comunicado de la Procuraduría sobre la sanción. 

La reciente captura del hermano de Palomino 

El pasado 21 de diciembre, Ramón Eduardo Palomino López, hermano del general (r) Rodolfo Palomino, fue capturado por miembros de la Sijín de Bogotá, en San Gil, Santander. 

Jose Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta.

Ramón Eduardo, también hermano de José Luis Palomino, comandante de la Policía de Cúcuta (Norte de Santander), era buscado por los delitos de concierto para delinquir, estafa, hurto calificado, uso de documentos falsos, y fraude procesal, entre otros. 

La banda que, de acuerdo con las autoridades, encabezaba Palomino, era conocida con la denominación de ‘Los oportunistas’ y estaba dedicada a la usurpación de inmuebles en Bogotá, algunos de ellos en la localidad de Puente Aranda. 

Ramón Palomino

Ramón Palomino aceptó los cargos tras ser acusado de ser la cabeza de la banda ‘Los oportunistas’. 

En las últimas semanas, también fueron capturados José Asdrúbal Trujillo Pinilla y Nicolás Joel Trujillo Murillo, integrantes de la banda, que al igual que Palomino, tendrían que enfrentar cargos por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, obtención de documento público falso, estafa agravada, hurto calificado y agravado, y usurpación de inmuebles. 

La Fiscalía indicó cuando se produjo esta captura que los integrantes de la banda “con engaños, lograban documentos públicos falsos como escrituras y así procedían a vender a terceras personas los bienes que no les pertenecían”. 

Específicamente, la Fiscalía resaltó casos particulares como uno que ocurrió en el 2011, que directamente involucró el nombre de Ramón Palomino, “el hoy procesado, supuestamente, aprovechó su vínculo familiar con el entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá y convenció a una mujer para que le otorgara un poder y así levantar una hipoteca que pesaba sobre una casa (…)”. 

Con esta autorización, presuntamente radicó escrituras falsas en una Oficina de Instrumentos Públicos y tituló la vivienda a otra persona que haría parte de la organización delincuencial y posteriormente el inmueble fue vendido por 300 millones de pesos a un tercero, pero el bien no se entregó. Además, la propietaria real nunca recibió dinero”. 

Por su parte, Palomino ya aceptó los cargos de estafa, hurto y falsedad en documentos, situación por la que se le declaró detención domiciliaria. 

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