Corría el año del 2006 cuando la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, mediante la resolución 2293 del 31 de octubre, otorgó al Consejo Comunitario General de la Costa Pacífica Norte del Chocó “Los Delfines” autorización de aprovechamiento forestal persistente comunitario, de 13.000 metros cúbicos en 13 especies forestales de alto valor comercial en el mercado internacional, en el corregimiento de Mecana, municipio de Bahía Solano.
Para ejecutar un proyecto en este sentido, este Consejo Comunitario firmó un convenio con la firma canadiense REM Internacional Cisa, (luego subsidiaria de Prima Colombia Hardwood con matriz en Vancouver –Canadá), para comenzar a explotar en mayo del 2011, 44.596 hectáreas del territorio del Consejo Comunitario General Los Delfines, que reúne las 15 comunidades de esa jurisdicción y extraer 3.121.720 metros cúbicos de madera del bosque de Bahía Solano, una de las selvas de mayor biodiversidad en el planeta.
Timo Seppanen, presidente de REM, contó que llegó a Bahía Solano en un recorrido por la costa del Pacífico colombiano en busca de madera, tras visitar primero la Amazonia, y al encontrar una infraestructura municipal adecuada inició contactos para el aprovechamiento llegando a un entendimiento con Los Delfines.
El convenio establecía la tala selectiva y el uso de helicópteros para extraer la madera. Pero, a los dos meses de iniciarse el aprovechamiento, en 2007, según Albeiro Acevedo, habitante local, se suspendió el corte, cuando se habían tumbado más de 800 árboles, unos cerca de fuentes de agua y otros de especies no autorizadas, aparte de que pasaron a un área, Huaca, que no estaba autorizada.
Y aunque el proyecto maderero estaba dentro del marco de la Ley 70 de 1993 sobre territorios colectivos asignados a las negritudes y contó con los permisos respectivos, sufrió tropiezos, cuestionamientos y finalmente se abortó.
A la compañía canadiense, que estableció su campamento en playa Huaca, desde el 2007, menos de 10 kilómetros al norte de la cabecera de Bahía Solano, se le adelantaron otras investigaciones por parte de Codechocó, por haber iniciado la construcción de una carretera en zona prohibida y sensible por una supuesta extracción de muestras botánicas vía aérea.
Con todo y las primeras sanciones que adelantó Codechocó en el 2009, en el 2010, el proyecto obtuvo ampliación de la licencia por otros dos años, aún ante la existencia de un concepto técnico negativo.
En diciembre de ese año, además, REM-Prima acordó con Los Delfines ampliar el aprovechamiento de 1.050.000 metros cúbicos a 3.121.720 en la misma extensión.
Debido a las denuncias hechas por la comunidad sobre presunta tala indiscriminada de árboles, Codechocó, mediante la resolución 459 de junio 25 de 2009, impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de aprovechamiento forestal que realizaba el Consejo Comunitario “Los Delfines”, medida que fue levantada a través de la Resolución 1005 de agosto 25 de 2009.
Al año siguiente, nuevamente Codechocó, emite la resolución 3536 del 2 de noviembre, donde impuso medida preventiva consistente en amonestación escrita a la comunidad Los Delfines por violación a la norma ambiental al incumplir las obligaciones establecidas en la Resolución 2293 del 31 de octubre de 2002.
Comienza la era Santos en el gobierno nacional
En vista de todas estas advertencias sobre el proyecto, que valga decir se dio durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, solo hasta el año 2011, es que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, mediante la Resolución 896 del 18 de mayo, asumió temporalmente la competencia de la evaluación, el control preventivo, el seguimiento y control ambiental respecto de los efectos ambientales nocivos que se derivaron de la ejecución de las actividades de aprovechamiento forestal, incluyendo las relacionadas con la línea de transmisión eléctrica construida desde Bahía Solano hasta el corregimiento de Huaca, la operación del campamento de la empresa REM International C.I.S.A. y todos los demás trámites ambientales asociados directa o indirectamente con el aprovechamiento forestal.
Lo que duró la vigencia de la autorización, se realizaron cinco visitas de control y seguimiento en las cuales, se comprobó que durante las actividades de este aprovechamiento forestal:
- 1. No se contó con el personal idóneo para dirigir las prácticas silviculturales propias del aprovechamiento forestal
- 2. No se aplicó el Plan de Manejo Forestal 3. No se presentó para la fecha de la autorización el Plan Anual de Cortas, ni se delimitaron las unidades de corta anual.
- 3. Los sitios donde se produjo el apeo de las especies forestales autorizadas, no se encuentran georreferenciadas.
- 4. No se cuantificó el área objeto del aprovechamiento.
- 5. No se contó con la asistencia técnica permanente.
- 6. No se planificaron las actividades propias del aprovechamiento.
- 7. No se realizó el inventario al ciento por ciento, que garantizará la planificación en la producción.
- 8. El nivel profesional inherente al proyecto no está a la par del mismo.
- 9. Existen aproximadamente 800 árboles, que no fueron aprovechados los cuales están acumulados en el bosque en proceso de pudrición.
- 10. No se siguieron las labores de aprovechamiento forestal.
- 11. Existe en la zona de aprovechamiento trazas enmalezadas y en proceso de pudrición con volúmenes maderables aproximadamente de 3.5 “de las siguientes especies: Abarco, Algarrobo, Chaní, Guini, Sande, Choiba, Cuangare, Granadillo, Nispero, Oquendo, Amargo, Guayacán y Marequendo”.
Y lo peor era que el ingreso de la empresa canadiense, amparada en la política del gobierno de la época (Uribe), de incentivar y promover la inversión extranjera, abría las posibilidades de explotar otras selvas vírgenes. El 4 de marzo de ese 2011, se conocería una carta de intención con Pacific Lumber S.A.S. para juntar fuerzas que permitieran convertir a Prima en una gran compañía internacional del mercadeo, producción y desarrollo de la industria maderera tropical, siendo Pacific Lumber, filial de Blue Pacific Assets Corp. otra empresa canadiense con diversas clases de negocios.
Finalmente, en agosto del 2012, mediante la resolución 0689 la naciente Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA negó por completo la licencia de aprovechamiento forestal en cuestión poniendo fin así a un proceso de más de dos años y logrando salvar más de 44 mil hectáreas de bosque en el pacífico biodiverso.
En resumen, cabe preguntar si fue el cambio de políticas de gobierno en el sector ambiental lo que evitó el arboricidio de grandes proporciones en esta selva, que además tiene protección especial, o la encarnizada pelea y odios viscerales que se generó entre Uribe y Santos.
Lo que va de Uribe a Santos
Y es que con la llegada al poder de Juan Manuel Santos, el sector ambiental retomó la fortaleza que traía antes de que Álvaro Uribe llegara a la Casa de Nariño en el 2002, y que debilitó a las instituciones encargadas de los temas ambientales, dejando al garete decisiones vitales para la preservación de recursos naturales.
Muestra de esto es que una de las primeras actuaciones del expresidente Uribe fue la fusión de varios ministerios, entre esos, el de Ambiente con el de Vivienda a través de la Ley 790 del 2002 donde creó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con dos viceministerios: Medio Ambiente y Vivienda.
Durante los 8 años de la administración de Álvaro Uribe, el ministerio del medio ambiente se convirtió prácticamente en una máquina expendedora de licencias ambientales.
En el estudio del Atlas Global de Justicia Ambiental del año 2014, que publicó una investigación financiada por la Unión Europea en la que se enumeran los conflictos ambientales del planeta, y que incluyó un ranking de los países que más conflictos ambientales tienen; Colombia ocupó el primer lugar del continente y el segundo a nivel mundial. El Atlas registra 1.000 conflictos significativos, de los cuales el país tiene 72. Sólo la India, con 102, lo supera; a Colombia le siguen Brasil y Nigeria con 58; Ecuador con 48, Turquía 45, España 35 y Estados Unidos 34.
El estudio señaló a las fumigaciones con glifosato, a las empresas madereras en el Chocó, a los complejos hoteleros en el Tayrona y a las obras hidroeléctricas como el Quimbo, entre los responsables de los conflictos ambientales que vive el país. Sin embargo, también hizo énfasis en la actividad minera que en muchas regiones lejos de garantizar el bienestar de la población solo ha traído violencia y pobreza.
Mario Pérez profesor de la Universidad del Valle fue quien hizo la reseña de Colombia en el Atlas Global de Justicia Ambiental, en esa época y señaló que “hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos”. El informe deja muy mal parado al gobierno de Álvaro Uribe en el que se generó el 63% de los conflictos ambientales que hoy padece el país. Durante la administración Uribe los títulos mineros crecieron de 2.000 a 8.000.
Por supuesto, la debilidad institucional de estos dos gobiernos, practicante le dejó a los privados el tema de gestión y control ambiental, el caldo de cultivo para el desastre ecológico que hoy vive Colombia en diversas regiones.
En los últimos 20 años Colombia ha perdido cerca del 10% de sus bosques. La cifra, entregada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, muestra que entre los años 1990 y 2010 fueron deforestadas en promedio 310.345 hectáreas por año. Dicho de otro modo, más de 6 millones de hectáreas de bosque fueron taladas. Colombia supera los 50 millones de hectáreas en bosques, casi la mitad de su territorio. De acuerdo con el Ministerio y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), la tasa de deforestación anual durante el último lustro disminuyó a 238.361 hectáreas, en comparación con el periodo comprendido entre 2000 y 2005, cuando eran arrasadas más de 315.000 hectáreas al año (Redacción vivir, 2011).
Es decir que el cambio de dirección, las diferencias de políticas públicas de un Gobierno a otro (de Uribe a Santos), quizás le evitó al país estar peor de lo que ahora está en materia ambiental. Y en el caso puntual de las comunidades de Bahía Solano, ser víctimas de empresas que seguramente habrían devastado el territorio, con la excusa del progreso, el desarrollo y la generación de empleo.
Superada esta negativa experiencia con la firma maderera, y tras redireccionar sus objetivos y asumir un liderazgo real en beneficio de la conservación, en agosto del año pasado (2020), el Consejo Comunitario General Costa Pacífica Norte del Chocó “Los Delfines” y el Consejo Comunitario Cupica, ubicados en los municipios de Bahía Solano y Juradó y la empresa Biofix, ganó el primer lugar en la edición 2020 de los Premios Latinoamérica Verde, en la categoría bosques y flora del continente, al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En un trabajo conjunto se planteó Delfines Cupida Redd+, un proyecto que ha reducido y compensado cerca de tres millones de toneladas de CO2e, ha conservado 103.000 hectáreas de bosques nativos y busca mejorar la calidad de vida de más de 7.000 personas.
Este proyecto, que se encuentra en fase de implementación, surgió como una solución a las necesidades sociales y ambientales del litoral norte del Pacífico, región que posee los niveles de pobreza multidimensional y necesidades básicas insatisfechas más altas en Colombia.
Los habitantes de los consejos comunitarios Los Delfines y Cupica, ubicados en los municipios de Bahía Solano y Juradó, decidieron dejar de degradar los bosques y apostarle a la conservación.
