La historia de la represa de Hidroituango se encuentra plagada de corrupción por donde quiera que se le mire.

Fue una propuesta de la aplanadora clase dirigente antioqueña, embelesada de un poder omnímodo para salirse con la suya a cualquier costo, planeada a sangre y fuego con el fin de consolidar su poderío energético con el consiguiente control en tal sentido del país. Una especie de ansia desmesurada estratégica de sometimiento basados en el mito del paisa emprendedor.

Hidroituango S.A. E.S.P. es una firma constituida el 8 de junio de 1998 con el objeto de realizar los diseños para la construcción de la hidroeléctrica justo en una ubicación en donde termina el medio río Cauca y empieza la subregión del bajo antioqueño.

Al principio del negocio se dividió el accionariado entre Isagén S.A. E.S.P., el Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia (IDEA), la Empresa Antioqueña de Energía (EADE S.A. E.S.P.), el Departamento de Antioquia, la empresa Integral S.A., y la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores(ACIC).

Publicidad ver mapa

La idea era ciertamente descabellada desde el punto de vista ambiental pues se trataba de encerrar al río Cauca entre dos montañas para generar energía sin entrar en consideraciones geológicas, sociológicas, de flora y fauna. No les importaban estas variables dentro de los cálculos financieros energéticos y si en algún momento se convertían en problemas –como efectivamente sucedió- se les daba su dosis de violencia para que escarmentaran los que osaran entrometerse con un proyecto en donde se encontraba involucrada la élite de Medellín.

La junta directiva en ese momento de Hidroituango, que generaría 2400 mega watios, decidió entonces entregar el diseño y ejecución del proyecto a un tercero dentro de la modalidad contractual denominada BOOMT, que traducido al idioma de los profanos en este tipo de negocios de montajes de ingeniería, significaba que el operador seleccionado debía buscar las fuentes de financiación, construir, la operación y el mantenimiento de la hidroeléctrica durante un periodo determinado, para después de vencida esta explotación comercial del constructor devolverla a Hidroituango.

Todos estos procesos con la anuencia de la presidencia de la república y los gobernadores de Antioquia, sin considerar en ningún momento del proyecto, la posible afectación de poblaciones y el tema ambiental los cuales eran aspectos accesorios y desdeñables.

Total que en enero de 2010 fueron recibidos por la gerencia de Hidroituango los sobres con la precalificación de las empresas que asumirían el esquema BOOMT. Siete proponentes: China Three Georges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Constructora Norberto Odebrecht S.A., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Andrade Gutiérrez S.A. y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).

Uno de los puntos clave era que la empresa debería entrar en operaciones el 1 de diciembre de 2018 para tener derecho a un pago por cargo de confiabilidad que debería entregar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Sin embargo, el proceso fue suspendido de forma misteriosa para meses más tarde, el 4 de noviembre cerrar el proceso de adjudicación contratando directamente con una empresa cercana, local, sin mayor experticia en la construcción de este tipo de proyectos.

Resultó resuelto el concurso a favor de las Empresas Públicas de Medellín, una poderosa empresa de la municipalidad de esa ciudad –una multinacional latina, dicen los periodistas del sector económico- que controla obviamente el Alcalde de esa ciudad.

Para nada les importó que se hubiese elaborado por parte del proyecto un Manual Anticorrupción con el código PS115 de fecha de aprobación del 23 de septiembre de 2013 con 24 páginas (https://www.hidroituango.com.co/documentos/Administrativos/Manuales_politica/Manual_anticorrupcion.pdf).

En ese manual aparecían descritas las conductas que ameritaba deshonestidad y de ética reprochable tales como conflicto de interés, corrupción, extorsión económica, fraude, fraude en estados financieros, pagos de facilitación y sobornos. Casi todos fueron quebrantados en el tortuoso proceso de diseño y construcción de la represa.

Al final no ninguna licitación entre las siete empresas proponentes para quedarse con el control del proyecto. Los socios involucrados, saltándose requisitos legales contractuales, actuando como si tratase de una tienda de barrio, decidieron emprender una negociación directa con EPM E.S.P. con un acuerdo firmado entre el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín, asumiendo esta última la construcción, financiación, operación y mantenimiento del proyecto de la hidroeléctrica.

El proceso del proyecto se inicia durante el mandato en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, pasa por Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez. Durante el mandato de Uribe en la gobernación de Antioquia se produjeron las masacres del Aro e Ituango en la zona de influencia del proyecto y que son considerados crímenes de lesa humanidad.

INFOGRAFÍA SOBRE DESAPARICIONES Y MASACRES EN EL BAJO CAUCA

Sergio Fajardo durante su gestión en la Gobernación de Antioquia, propició todo tipo de atropellos a los derechos humanos y a las leyes. Según la corporación Ríos Vivos, cuando iniciaron las protestas contra el proyecto Hidroituango, el gobernador Fajardo les envió en respuesta de su solicitud al ESMAD de la policía para que los reprimiera.

No solo ocurrió la represión contra los opositores, pues la Contraloría de Antioquia encontró hallazgos de “desaministracción” –así como lo leen- y desidia por parte de Sergio Fajardo en su gestión como Gobernador de Antioquia. La sociedad Hidroituango hizo allí 91 contratos encontrando el ente de control que 89 de ellos carecían de informes de interventoría y tampoco tenían los informes de los supervisores autorizando los pagos.

Es pertinente indagar como un proyecto que empezó liderado por la gobernación de Antioquia y el Instituto de Desarrollo de Antioquia termina en manos de las Empresas Públicas de Medellín con el 99% de las acciones que como ya se dijo, fueron escogidas a dedo.

La respuesta al interrogante también va dirigida al gobernador Fajardo, pues como explicó en un debate político en la Asamblea de Antioquia la diputada Ana Cristina Moreno, del partido Centro Democrático “les entregó a la EMP el proyecto Hidroituango para que hiciesen los que esta empresa quisiera. Los antioqueños merecíamos un gobernador que velara por los intereses del departamento en ese proyecto”.

El esquema o truco jurídico utilizado por Fajardo fue ceder el 51% de las acciones por el año 2013 a las EMP, lo que equivale a decir que la directiva de las Empresas Públicas de Medellín quedó con el control absoluto de las decisiones para hacer lo que les viniera en gana y a cambio ellos le daban en contraprestación de alquiler de este poder a la gobernación la suma de 35 millones de dólares.

Los documentos de la empresa muestran también una estratégica escisión pues el 27 de octubre de 2010 Hidroituango S.A. se divide para dar origen a la firma EPM Ituango S.A. E.S.P. Esta última, tiene una participación accionaria de las Empresas Públicas de Medellín del 99,4 por ciento, y autorizó la suscripción del contrato BOOMT, el cual fue celebrado entre la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. (contratante) y EPM Ituango S.A. E.S.P. (contratista) el 29 de marzo de 2011.

Así, el 19 de enero de 2013, EPM Ituango S.A. E.S.P (cedente – contratista) y EPM E.S.P. (cesionario) celebran un acuerdo de voluntades cuyo objeto consistió en la “cesión del contrato tipo BOOMT suscrito entre hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. y EPM Ituango S.A. E.S.P. a favor de Empresas Públicas de Medellín”, por un valor de $18.519 millones de pesos.

Por la celebración indebida de contrato sin cumplir requisitos legales la Fiscalía le formuló imputación de cargos a Luis Guillermo Gómez, ex gerente de Hidroituango y a Luis Duque, ex gerente de EPM Ituango. El hecho de la evidente falta de experticia de EPM como constructora de un proyecto de estas dimensiones produjo una serie de fallas en cadena que en la práctica llevaron las obras y su entorno al actual estado de emergencia.

La EPM, violando todo tipo de protocolos en la construcción de represas y en su afán de terminar las obras cuantos antes, vendió en bloque la energía a producir cuando entrara en operación la hidroeléctrica (entre ellos a ElectriCaribe) para empezar a surtirlas desde diciembre de 2018. En la veloz carrera para lograr estas metas de ventas empezaron los problemas de taponamientos, deslizamientos del terreno y riesgo de rompimiento con el consecuente pánico en varias poblaciones de las riberas del Cauca cercanas a la represa.

El río primero se abrió arrasando puentes, casas, iglesias y cuanto encontró a su paso. Después, tras el cierre de compuertas, el río quedó secó formando extensos playones en donde los peces morían por la falta de condiciones de oxígeno ante la carencia acuática causando ruinas entre los pescadores de la zona. De un torrente arrasador del río Cauca que se llevó todo a su paso, a una lenta extinción de su caudal gracias a los cálculos desalmados de construcción de esta represa.

La llegada de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín

Uno de los ejes centrales de la campaña electoral del actual alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle fue una acerva crítica al proyecto Hidroituango.

Se apartó del coro de defensores y aduladores –que en nombre de la antioqueñidad, en bloque, trataron de esconder y minimizar el caótico panorama- cuestionando todos los procesos del proyecto, recibiendo insultos y amenazas por sus cuestionamientos que supuestamente iría a beneficiar al conjunto de la región bajo el liderato y prestigio de las poderosas Empresas Públicas de Medellín.

En algunos de estos debates estuvo acompañado de Cristina Zuleta, activista de la Corporación Ríos Vivos, igualmente amenazada por los diversos intereses que confluyeron sobre los avatares de la obra. Mientras Quintero actuaba en Medellín, Zuleta caminaba entre las comunidades afectadas de las riberas en un tono de vehemente denuncia sobre el desmadre causado por las obras con todos los riesgos que ello suponía.

Algunas de las “hazañas” de este proyecto Hidroituango es que allí se encuentra la mayor fosa común del paramilitarismo en Colombia con 2765 casos comprobados de desaparición forzada. Las filtraciones y deslizamientos geológicos continúan y nadie apuesta por la estabilidad del terreno, mientras las EPM dan partes de tranquilidad y tratan con todo tipo de maromas publicitarias mostrar un estado de “estabilidad final” del proyecto en un intento casi desesperado de “salvar” la inversión realizada que ya empieza a producir impacto en los balances de la empresa pese al pago de aseguradoras internacionales a causa de los siniestros causados.

El daño a la fauna del río Cauca es prácticamente irreversible. La subienda de bocachico y bagre rayado, peces migrantes por naturaleza, terminó abruptamente frente al muro de piedra, mostrándose en fotografías ejemplares enfermos capturados por pescadores al cerrarse un canal imprescindible de su ciclo vital en medio de tantas aguas revueltas y no propiamente por acción de las fuerzas naturales. Los pueblos ribereños que sustentaban su economía con la captura y venta de los peces, iniciaron un lento sufrimiento con la precariedad económica y alimenticia de las carencias. Algunas de las obras de mitigación formuladas tras la emergencia, todavía, a casi dos años después, continúan en espera, entre ellos escuelas, hospitales, puentes y subsidios.

La paradoja vital es que Quintero Calle es ahora el Alcalde de Medellín y como tal controla a las Empresas Públicas de Medellín, constructora y accionista de Hidroituango que no arranca a producir energía ni nada que se le parezca y en cambio “genera” problemas de toda índole.

Por ello los activistas en contra del proyecto le tienen planteado un dilema a Quintero Calle en redes sociales alrededor de todo el mundo con el lema #desmantelenhidroituango colocando ejemplos de represas inservibles y dañinas a las que fue menester desmantelarlas. Nada más y nada menos que desarmar las piezas de este gigantesco entramado de corrupción administrativa, financiera ambiental y un auténtico desastre de ingeniería de marca mayor.

“Quintero desmantele este proyecto para recuperar la dignidad del territorio”.

Isabel Cristina Zuleta, Corporación Ríos Vivos la antigua compañera de luchas de Daniel Quintero Calle en contra de las obras de la represa pide su total desmonte, inmediato, basada en la absoluta inestabilidad de la zona, con un macizo rocoso que cede todos los días, con túneles obstruidos, con sanciones y multas de la Autoridad Ambiental (ANLA), investigaciones de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y precisa su pedido tajantemente: “Quintero desmantele este proyecto para recuperar la dignidad del territorio”.

No la tiene fácil el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. Conoce perfectamente de la inutilidad del proyecto y de sus nefastas consecuencias, pero debe asumir una decisión cuyo costo es terrible para las finanzas del municipio y su empresa estrella, las EPM de la cual es directivo por derecho propio.

Debe quedarle de consuelo de esta corrupción a alto nivel, de esta rebatiña por apoderarse al costo que sea del mercado de energía en Colombia que el proyecto, tal como está planteado, solo en 115 años podría generar ganancias, que el riesgo de colapso ambiental sigue latente y que la vida útil de esta obra es de apenas 50 años.

En suma, un error inviable que hereda la administración del actual alcalde de Medellín y que tiene a Quintero Calle en una verdadera encrucijada administrativa, financiera, política e ideológica.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.