El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, puso en evidencia presuntos hallazgos en los cuales se habrían esquilmado recursos de la vigencia 2020 en el hospital universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta y acusó de manera directa al actual gerente Tomás Díazgranados, de ser el causante de esta situación.
El gobernador, quien hizo la denuncia luego de que el gerente negara acogerse al Plan de Racionalización del Gasto, propuesto por el mandatario departamental, aseguró que Diazgranados utilizó unos 21 mil millones de pesos del presupuesto total de 38 mil millones de pesos del año 2020, en contratos de cuatro meses del año pasado.
Los reparos se basan en el informe que entregó el secretario de Salud Departamental, Jorge Bernal, quien obtuvo el balance al presidir una junta directiva de la principal unidad hospitalaria del Departamento, la cual arrojó la posición de Díazgranados, quien omitió lo establecido en el Decreto 025 del 13 de enero de 2020 de la Gobernación del Magdalena, enfocado al “Plan de Racionalización del Gasto y Sostenibilidad de Hospitales”.
“El gerente del Hospital, Tomás Díazgranados, decide no acogerse al Plan de Racionalización del Gasto y agudiza la crisis del centro asistencial a 3 meses de irse del cargo, luego que, de los 38 mil millones destinados para la vigencia 2020, el directivo, comprometió cerca de 21 mil millones de pesos en contratos de 4 meses y dejó en peligro la salud de los magdalenenses”, manifestó el Gobernador.
Según Caicedo este plan de racionalización está direccionado al saneamiento económico de la red pública hospitalaria del Departamento, cuya crisis es conocida desde hace varios años. A ello se suma que el Hospital fue calificado en el 2015 con riesgo medio por el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que tuvo que entrar al programa de saneamiento fiscal y financiero durante un periodo de 10 años.
Y agregó que en los actuales momentos el Hospital es insostenible, pues hay un vacío de alrededor de 40 mil millones de pesos. Dijo que se le ha ocultado información a la Superintendencia Nacional de Salud y que se hicieron contrataciones hasta el mes de abril pasando por encima del decreto que ordena el control del gasto en los hospitales públicos.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica Departamental, Crispín Pavajeau, anunció que se interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría, denuncia penal ante la Fiscalía y un reporte administrativo a la Contraloría, sobre las acciones irregulares”, precisó el mandatario.
Según lo encontrado, a diciembre de 2019, el hospital cerró con 40 trabajadores de planta y cerca de 900 contratos por orden de prestación de servicios, de los cuales más de 350 están relacionados con el área administrativa; no existe equidad e igualdad de trato al momento de definir las necesidades del área administrativa con respecto a las necesidades de la prestación del servicio, que es la que genera los ingresos por venta de servicios y la sostenibilidad financiera.
Tampoco existe una tabla que defina igualdad de criterios para qué trabajadores, que hacen las mismas actividades, tengan asignados el mismo pago de honorarios. Este hecho crea situación de conflictividad y molestia entre los trabajadores, debido que consideran que es un mensaje dirigido a beneficios personales o de favorecimiento político.
Existen contratos con terceros, llamados “Alianzas Estratégicas”, que ponen en detrimento las finanzas del Hospital. Se les pagan rápidamente a los terceros y al Hospital las EPS no le pagan, en conclusión, se paga y no se recibe.
Asimismo, se encontró que la Unidad de Cuidados Intensivos –recién entregada por la exgobernadora Rosa Cotes, no estaría funcionando.
Caicedo indicó que convocará una junta directiva para la cual se invitará al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Salud y los entes de control.
Para comentar debe estar registrado.