Desde hace dos semanas la Contraloría General de la República viene haciendo un recorrido por los diferentes departamentos del país, mostrando lo que ha denominado “Procesos emblemáticos de responsabilidad fiscal”, en los cuales hace un balance de su ejercicio fiscalizador y de lucha anticorrupción sobre distintas obras y contratos que han generado detrimento patrimonial de los recursos públicos.

Sin embargo al ver en detalle los procesos que se presentan llama la atención que solo algunos cuantos son del año 2018, y en su gran mayoría se relacionan investigaciones fiscales que datan incluso de los años 2007, 2010, hasta el 2017.

Pero, además de ser evidente el excesivo tiempo que toma el organismo fiscalizador para emitir fallos, se reseñan casos de cuantías irrisorias, muchos de ellos a entidades públicas territoriales de cuarta, tercera y segunda categoría. De hecho la gran mayoría de los casos ya habían sido referenciados y dados a conocer por el anterior contralor Edgardo Maya Villazón.

Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República.

 

Algunos ejemplos

En la seccional Córdoba, por ejemplo, el actual contralor Carlos Felipe Córdoba presentó el caso “emblemático” contra el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Córdoba (entidad desaparecida hace más de 20 años). Según la Contraloría se detectaron presuntas irregularidades en el Instituto, por concepto de recaudo de Remanentes Financieros en los períodos: 2009, 2010 y 2011 por $2.524.038.077,45 pesos, sumas que debieron ingresar a la Cuenta de Recaudo Nacional ISS en el BBVA habilitada para tal concepto, lo que no sucedió. Después de 10 años, el estado de esta investigación fiscal aún está en audiencia de descargos.

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Otro caso que a la luz de este medio raya casi que en lo ridículo, al pretender mostrarlo como un gran logro de la gestión de la Contraloría es contra la Cámara de Comercio de Tunja, sobre la cual incluso se hizo una Actuación Especial de Auditoria para la vigencia de los años 2009 a 2012, evidenciándose un “detrimento patrimonial por 72 millones 712 mil 599 pesos por el incumplimiento de un contrato suscribió por la Cámara de Comercio de Tunja con el objeto de llevar a cabo el diseño, comercialización, montaje y producción de espectáculos de mediano y gran formato, en el parqueadero del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio. El evento no se realizó, y por ende su objeto previsto no se cumplió, conllevando a la defraudación de los recursos públicos”.

O el proceso de responsabilidad fiscal que data del 2016 por más de 1.200 millones de pesos por un contrato suscrito entre el municipio de Herrán (Norte de Santander), el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonade para la construcción de la Fase I del acueducto para el reasentamiento del casco urbano del municipio, en el año 2007, y 12 años después de haberse firmado el convenio, la investigación aún no arroja resultados.

Reseña la entidad también como caso emblemático otra actuación contra el municipio de Toca en Boyacá por cuantía de 52.422.968,72 pesos producto de irregularidades advertidas en la ejecución del contrato de prestación de servicios 176 celebrado por la administración municipal cuyo objeto era “servicio de desplazamiento, hospedaje y alimentación para 31 personas a la capacitación herramienta de competitividad en la administración pública a realizarse en la ciudad de Cartagena durante los días 17,18 y 20 de septiembre de 2010. Para al final recalcar que se constituyó un título ejecutivo, del cual se recaudó la suma de 52.422.968,72 pesos, quedando plenamente resarcido el daño”.

La Contraloría también anuncia con bombos y platillos que abrió indagación preliminar contra el Municipio de Chimichagua (Cesar) por el incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoria de la vigencia 2010, por inoperancia de las redes de alcantarillado en los corregimientos de El Guamo y La Vega, donde se efectuó anticipo sin legalización alguna y donde habría un presunto detrimento por 982,8 millones de pesos.

No deja por fuera el Contralor, casos ya conocidos como el del Cartel de la Hemofilia, el de los enfermos mentales, el sonado caso de pagos por servicios No POS de terapias ABA a IPS del departamento de Córdoba, y por los que incluso ya hay capturados.

Casos “emblemáticos” de inoperancia

Ahora bien, frente a estos casos “emblemáticos” como los califica, cabe cuestionar la labor del ente fiscalizador en ejecutorías que han generado una evidente, notoria y descarada corrupción por malversación de dineros públicos como el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango, la caída del puente de Chirajara en la vía al Llano o la ya cuestionada empresa de comercialización de energía en departamentos de la Costa Caribe, Electricaribe, solo por citar algunos, y llamando la atención sobre sectores como salud, minería y medio ambiente, donde las denuncias y quejas son recurrentes.

Hidroituango

La Contraloría General de la República adelantó una auditoría de cumplimiento, que se conoció en julio del 2019, es decir, un año y 3 meses después de que se presentó la emergencia en la represa. En su informe el organismo fiscalizador revela 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental.

De estos hallazgos ya había sido notificada la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), implicada en el informe de 442 páginas. Y se denuncia que el daño fiscal del proyecto asciende a 4 billones de pesos los cuales podrían aumentar a medida que se retrasa la entrada en operación de la generadora de energía.

Lo cuestionable es que este informe se da luego de que la Universidad Nacional de Colombia, en noviembre del 2018 ya hubiera adelantado una investigación estableciendo el cúmulo de errores y abusos cometidos durante la proyección y construcción de la presa, que empezó en el 2010. En concreto, en nueve años ningún organismo de control puso sus ojos en el proyecto pese a ser fuertemente cuestionado por habitantes de la región, que nunca encontraron eco en las instituciones del Estado y solo cuando ya fue evidente el daño fue que se dieron a la tarea de indagar lo que allí ocurría.

Puente de Chirajara

Otro “caso emblemático” de lo que podría llamarse la inoperancia de la Contraloría es lo ocurrido en el puente Chirajara en la vía al Llano. La caída de esta estructura ocurrió el 15 de enero de 2018, cobrando la vida a 10 obreros. Al día siguiente la Contraloría emitió un comunicado en el que además de lamentar el fallecimiento de los obreros, indica que por ser una vía concesionada “la responsabilidad y los riesgos asociados a la construcción son del concesionario”. Y anuncia que “realizará las actuaciones correspondientes en el marco de su competencia, estará atenta a los resultados de las investigaciones que determinen las causas de los hechos y realizará seguimiento a la medidas que se tomen, en aras de salvaguardar los recursos públicos”.

Solo hasta abril de 2019 la Contraloría abrió investigación preliminar es decir más de un año después de la caída del puente y aún no entrega resultados y se ha limitado a ver los toros desde la barrera, no obstante que esa estructura tuvo un costo de más de 72 mil millones de pesos.

Vía al Llano

En la vía al Llano, una construcción de doble calzada concesionada en el 2010 y que inició en el año 2011, prevista terminarse en el 2017, la Contraloría solo se ha limitado a hacer seguimiento a las obras, pese a los atrasos, las denuncias que se han hecho no solo en cuanto a la construcción de la obra, sino por los tres peajes que no obstante no haber sido terminada, cobra el concesionario Coviandes, filial de Corficolombiana, una de las gestionadoras de proyectos del Grupo Aval y cuyo principal accionista es el Banco de Bogotá.

Las cifras muestran que en el 2018 el Grupo Aval obtuvo utilidades por más de 2,91 billones de pesos 48,4% más que en 2017 siendo una de las principales claves de crecimiento Corficolombiana, que le dio cerca de un 20% de las utilidades al Grupo en 2018.

En la historia de la concesión de la vía al Llano, Coviandes ha recaudado casi 3 billones de pesos en tres peajes, la mayoría mal invertidos, pues la vía es intransitable.

Cabe recordar que la construcción de la doble calzada hacia el Llano, con sus respectivos retornos y accesos veredales para el mejoramiento de algunos tramos, es una adición al contrato original de 1994 y se firmó en 2010 por un costo de 323 mil millones de pesos aproximadamente, incluido el fallido viaducto Chirajara. Se calcula que la obra finalizada terminará representando un gasto para el país por el orden de los 8 billones de pesos, pues sólo la inversión para estabilizar los 100 lugares más peligrosos de la doble calzada alcanzó la suma de 399.036 millones de pesos, en el 2017.

Ante estos hechos, la Contraloría no ha actuado ni siquiera de manera preventiva conforme lo establecen sus funciones, y sin considerar que José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, fue condenado a 12 años por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por cuenta del escándalo de Odebretch.

Caso Electricaribe

La comercializadora de energía Electricaribe, ha sido sujeto de fiscalización prácticamente desde hace seis años, cuando esta concesión lleva 20 años funcionando y desde su arranque ha sido objeto de quejas por la mala prestación del servicio encomendado.

En el año 2015, según la Contraloría, como consecuencia de la ineficiente gestión de la empresa frente al manejo de los recursos de los Fondos Públicos del Sector Eléctrico -Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer)-, se encontraron hallazgos fiscales por un monto de 12.543 millones de pesos.

Posteriormente a finales del 2017 luego de que el Gobierno en el 2016 decidiera la intervención de la empresa con fines liquidatorios bajo la modalidad de administración temporal, la Contraloría General de la República reveló los resultados de auditorías de seguimientos a la empresa donde se revisaron más de 56 millones de facturas, y se cuantificó en 216.894 millones de pesos el monto del daño patrimonial ocasionado por la Empresa Electricaribe al hacer uso indebido de recursos por este valor, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.

Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017. Al final, en el 2019, el ente imputó responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos a la empresa de energía, teniendo que pasar ocho años para esclarecer la malversación de dineros públicos.

Solo por estos cuatro casos la Nación estaría perdiendo billones de pesos que aún a pesar del tiempo transcurrido no recupera, lo que deja entrever los pobres y débiles resultados de la institución más importante del país, a la hora de investigar y sancionar de manera poco efectiva actuaciones corruptas de diferentes índoles y con consecuencias nefastas para las finanzas del Estado.

Control posterior

Según la ley la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.

Y si bien en la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a posterior y selectivo, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas.

Estos pobres resultados se dan a pesar de que la entidad cuenta con una planta de personal de 4.057 cargos regados a lo largo del país, de los cuales 3.934 son cargos de carrera administrativa y 123 son de libre nombramiento y remoción.

Decreto 2038

Lo más llamativo es que argumentando la falta de personal idóneo y preparado para enfrentar el reto de la fiscalización, la Presidencia de la República, emitió el pasado 7 de noviembre el decreto 2038 (https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202038%20DEL%2007%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf ), mediante el cual modifica la planta empleos de la Contraloría.

En él se autoriza la creación de un total de 1.616 nuevos cargos en la entidad:

61 Asesores de despacho
1 Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata
4 Jefes de Unidad
9 Contralores delegados
13 Contralores delegados intersectoriales
21 Directores
31 Contralores provinciales
13 Coordinadores de gestión grado 3
166 Coordinadores de gestión grado 2
22 Coordinadores de gestión grado 1
104 Profesionales Especializados grados 4
204 Profesionales Especializados grado 3
543 Profesionales universitarios grado 2
295 Profesionales universitarios grado 1
22 Tecnólogos
17 Secretarios ejecutivos grado 5
28 Secretarios grado 4
17 Auxiliares administrativos
45 Auxiliares operativos

 

Curiosamente el Parágrafo 1 del Decreto estipula que “La remuneración del empleo de Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata a que hace referencia el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, será fijada por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 4a de 1992”.

Vale decir que no se detalla en el mencionado Decreto el costo que representará para el erario la creación de estos nuevos cargos.

Bien lo dijo en una oportunidad la entonces precandidata presidencial Claudia López que la corrupción en las instituciones centrales del Estado era mucho más grande y depredadora que lA que se presenta en entidades territoriales. Parece que las entidades de control entre ellas la Contraloría General de la República, son las que no lo saben o convenientemente lo ignoran.

 

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