Colombia se estancó en el Índice de Percepción de Corrupción en 2021, con una puntuación de 39 sobre 100, y se mantuvo en el puesto 87 de 180 países estudiados, informó la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
«En esta nueva medición, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. El país se ubica en el puesto 87 entre 180 países evaluados», difundió en un comunicado la organización internacional, que agregó que desde hace una década «Colombia permanece estancada en su calificación que se mantiene entre los 36 y los 39 puntos».
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— Transparencia Int.ES (@TISpain) January 25, 2022
Los cinco mejores países calificados en el mundo son Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Singapur y Suecia, con 85. Los peor calificados son Yemen (16), Venezuela (14), Siria (13), Somalia (13) y Sudán del Sur (11). Colombia comparte calificación (39 puntos de 100) con Etiopia, Surinam, Tanzania, Kosovo, Vietnam y Macedonia del Norte.
Sin embargo, respecto a 2020, el año pasado Colombia pasó de estar en el puesto 92 al 87 debido a que otros países que estaban mejor puntuados anteriormente, como Argentina, Lesoto, Turquía, Guyana y Marruecos, empeoraron, agregó.
En América los 5 países mejores calificados son Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67), Estados Unidos (67) y Barbados (65). Los peores son Guatemala (25), Honduras (23), Haití (20), Nicaragua (20) y Venezuela (14). México continúa con 31 puntos con referencia al año pasado, Perú bajó de 38 a 36 puntos, Argentina pasó de 42 a 38 puntos y Brasil sigue obteniendo una calificado de 38 puntos. Entre los países de la OCDE, Colombia solo supera a México y a Turquía.
En esta nueva medición, Colombia compartió calificación con «Etiopía, Surinam, Tanzania, Kosovo, Vietnam y Macedonia del Norte», explica la organización en el documento, que enfatizó además en los patrones que se presentan en el país, entre los cuales están la corrupción en dinámicas electorales, captura y control de la justicia, violaciones de derechos humanos, y vacío institucional.
En el informe se destaca, por ejemplo, los «graves excesos en el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones masivas contra la reforma fiscal que paralizaron al país, así como ataques a los derechos de movilización, participación y la protesta ciudadana».
En las protestas antigubernamentales de 2021, en el marco del llamado Paro Nacional, que empezó el 28 de abril y duró hasta mediados del año, hubo graves denuncias de abuso policial.
Un “zoom” a la problemática
El estancamiento de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción 2021 reitera la necesidad de revisar a fondo los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Estudios recientes como las recomendaciones de la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por Fedesarrollo, la radiografía de la corrupción 2016-2020 elaborada por Transparencia por Colombia y el informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción, identificaron varios patrones sobre la corrupción que más daño le hace al país:
• Formas de corrupción con altos niveles de conocimiento, recursos e influencia para afectar decisiones y presupuestos públicos.
• El uso de dinámicas político electorales para acceder al poder y, así, desviar recursos, alimentar el clientelismo y manipular regulaciones, en muchos casos bajo la presión o la colaboración de actores privados o criminales.
• Situaciones de captura del sistema de control y de justicia, a nivel local y nacional, para favorecer la corrupción y la impunidad.
• Vacíos normativos e institucionales, el incumplimiento de normas y los excesos de control, que le hacen juego a la corrupción.
• Graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción.
• Persistencia de prácticas sociales de fraude, trampa y corrupción.
A lo anterior, se suma que Colombia no ha sido ajena a la tendencia global de desequilibrios en los sistemas de control y de afectaciones a libertades ciudadanas, tal como lo evidenció el 2021.
Escándalos como el del contrato del Ministerio de las TICs, que representó la pérdida de más de 70 mil millones de recursos públicos y que mantiene sin acceso a las tecnologías de la comunicación a miles de niños y niñas de regiones apartadas del país; o las obras que se contratan por millonarias cifras presentándolas como las mejores soluciones a grandes problemas y que terminan siendo elefantes blanco; son algunos ejemplos del grado de corrupción que afecta al Estado colombiano en todos sus niveles de jerarquía, y su confabulación con empresarios igual o peor de corruptos.
