El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó a un exalcalde de Galeras (Sucre), a su exsecretario de Planeación y dos particulares, a quienes acusó d conformar una supuesta red de corrupción que entregaba dádivas para quedarse de manera irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías en Galeras (Sucre). 

Los detenidos son Remberto Javier Amell Hernández (alcalde municipal 2016 – 2019), Carlos Eduardo Cueto Corrales (secretario de Planeación para la época de los hechos), Lila Margarita Aldana Argel (particular) y Jorge Carlos Álvarez Rivero (contratista). 

De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario, supuestamente, acudió a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que ante Prosperidad Social (DPS) para que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial. Finalmente, a la administración de Galeras (Sucre) le fueron asignados $13.212 millones de pesos. Por la gestión, los congresistas habrían recibido el 15% de la suma desembolsada. 

Con este millonario rubro se suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra distintos. Uno para la “construcción de pavimento en concreto rígido”  por $4.134 millones de pesos, con plazo de ejecución de 6 meses; otro para la “construcción de pavimento en concreto hidráulico” por $2.793 millones de pesos; y el tercero, para la “construcción de pavimento en concreto rígido”  por $3.796 millones de pesos. 

Los funcionarios, presuntamente, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. Al parecer, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés. Adicionalmente, hay evidencia de que se redujo el tiempo de la licitación para evitar la participación de otras empresas y fueron presentadas ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos. 

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Por esta actuación, el entonces alcalde, supuestamente, recibió 50% de las ganancias netas del primer contrato de obra. 

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su posible participación en las irregularidades detectadas, delitos como: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos fueron aceptados por los procesados. 

Copias del expediente y los elementos de prueba recopilados en este proceso fueron compulsados a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que asuma los asuntos de su competencia. 

Otras investigaciones 

Ya en el 2018 la Procuraduría General de la Nación había adelantado un proceso de investigación disciplinaria contra Amell Hernández, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.  

En ese entonces porque al parecer celebró dos contratos que sumaron $580 millones, bajo la figura de urgencia manifiesta, cuyo objeto era la construcción de reservorios de agua en la Ciénaga de Puerto Franco, Galeras, para la mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, sin que al parecer se hubiera obtenido la licencia ambiental. 

El alcalde de Galeras presuntamente realizó un plan de manejo ambiental, y desarrolló las obras posiblemente inobservando que Carsucre o Corpomojana no habían expedido la licencia requerida, por factor de competencia territorial y funcional, teniendo en cuenta que fueron ejecutadas en límites del corregimiento de Puerto Franco, jurisdicción del municipio de San Benito Abad, en un predio al parecer considerado reserva natural. 

El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta de Amell Hernández como gravísima a título de dolo, por presuntamente incumplir las normas de la contratación estatal al no haber obtenido previamente las licencias requeridas por la ley.

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