Adjudican millonario contrato con sobrecostos y requisitos amañados
La Unidad Nacional de Protección (UNP) vuelve a estar en el ojo del huracán tras adjudicar un millonario contrato plagado de irregularidades y sobrecostos. El proceso, que inició en junio de 2024, tenía como objetivo adquirir equipos de seguridad para comunidades indígenas en territorios ancestrales de Colombia. Sin embargo, lo que debía ser una iniciativa para proteger a estas comunidades vulnerables se ha convertido en un escándalo más de corrupción, caracterizado por la falta de transparencia y el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
Un proceso lleno de sombras
El contrato se dividió en cuatro lotes, por un valor total de $32.303.638.411. El lote más costoso, valorado en $23.613.983.331, incluía la compra de 138 botes y 139 motores fuera de borda. La adjudicación de este lote, realizada el 29 de julio, fue otorgada a la Unión Temporal UTMP UNP 24, una entidad compuesta por las empresas Military Industries y Pittex de Colombia SAS. Lo que resulta alarmante es que ninguna de estas empresas tiene experiencia en el sector náutico.
Military Industries se dedica a la comercialización de productos textiles y prendas de vestir, mientras que Pittex se especializa en productos químicos industriales. A pesar de ello, se les adjudicó un contrato millonario para la adquisición de equipos náuticos, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso.
El pasado oscuro de Military Industries
Este no es el primer escándalo en el que se ve envuelta Military Industries. En 2016, esta empresa estuvo implicada en un caso de corrupción relacionado con la contratación de carros blindados para el Ministerio de Defensa, bajo la gestión del general Eduardo Zapateiro. La conexión entre los directivos de Military Industries y Fuerza Elite, otra empresa vinculada a escándalos de corrupción, es evidente y preocupa que estas mismas redes de corrupción sigan operando impunemente dentro de la UNP.
Sobrecostos desmesurados
El escándalo se agrava cuando se examinan los sobrecostos de los equipos adquiridos. Según un estudio de mercado realizado por la UNP, el costo de cada embarcación era de $132 millones de pesos, sin embargo, en el mercado, estos mismos botes oscilan entre $49 y $58 millones de pesos. Similar es el caso de los motores fuera de borda, cuyo costo fue inflado de manera escandalosa, con valores que exceden en más del 50% los precios de mercado.
Estos sobrecostos no solo representan un desfalco al erario público, sino que además afectan directamente a las comunidades indígenas, quienes dependen de estos recursos para su seguridad y bienestar.
La corrupción golpea a los más vulnerables
Lo más doloroso de este caso es que nuevamente son los programas dirigidos a las comunidades más vulnerables del país los que se ven afectados por la corrupción. Los fondos que deberían destinarse a mejorar la seguridad y la calidad de vida de estas comunidades están siendo desviados por funcionarios sin escrúpulos, que no dudan en robar los recursos públicos para su propio beneficio.
Este nuevo caso de corrupción en la UNP es una muestra más de la impunidad que reina en las instituciones colombianas, donde la falta de controles efectivos y la connivencia entre empresarios y funcionarios permiten que estos actos delictivos se perpetúen sin consecuencias.
¿Hasta cuándo la impunidad?
Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se realice una investigación exhaustiva sobre este contrato. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y responder por sus actos. La sociedad colombiana no puede seguir tolerando que la corrupción siga destruyendo las instituciones y afectando a los más necesitados.
Conclusión
La corrupción en la Unidad Nacional de Protección es una señal alarmante de la falta de integridad en la gestión de recursos públicos en Colombia. Este caso, que involucra a empresas sin experiencia en el sector náutico, sobrecostos escandalosos y una total opacidad en el proceso de contratación, es una llamada de atención para que se realicen cambios profundos en las instituciones del país. Es necesario que se establezcan mecanismos de control más estrictos y que se castigue severamente a los corruptos, para que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
