Cinco años después de la firma del contrato, ni un solo kilómetro pavimentado y ahora el contratista pide 19 mil millones adicionales
El caso Jorge Argüello revela los mecanismos invisibles de la contratación estatal en Santander
Por la Unidad Investigativa – 28 de abril de 2025
A primera hora de hoy, mientras funcionarios de la Gobernación de Santander acuden a una audiencia crucial sobre posible incumplimiento contractual, los habitantes de Jesús María y Florián siguen transitando por una vía sin pavimentar que debería estar transformando la economía de la provincia de Vélez.
La historia es tan vieja como previsible: un contrato multimillonario, un empresario con oscuros antecedentes, una obra paralizada y comunidades que siguen esperando. Pero detrás de los titulares convencionales se esconde un entramado que merece ser diseccionado hasta su núcleo.
El dinero invisible: $54 mil millones que no dejan huella
Cuando en 2020 el entonces gobernador Mauricio Aguilar firmó un contrato por $54 mil millones de pesos para pavimentar el corredor entre Jesús María y Florián, lo vendió como la gran apuesta para impulsar el turismo hacia las Ventanas de Tisquizoque. Los aplausos no se hicieron esperar. Lo que no mencionó fue a quién le estaba entregando semejante fortuna pública.
Jorge Argüello, conocido como «El Bachiller» —un apodo que adquiere tintes irónicos cuando se analiza su historial—, obtuvo la adjudicación a través de una unión temporal conformada por sus empresas. Lo que debería alarmar a cualquier funcionario con mínima diligencia es que Argüello no es precisamente un desconocido para las autoridades judiciales del país.
«Su nombre aparece en listados de la Jurisdicción Especial para la Paz por supuestos vínculos con estructuras armadas ilegales«, confirmó el representante a la Cámara Cristian Avendaño, quien ha venido denunciando esta situación. «Y además habría participado como financiador de campañas políticas en varios municipios de Santander«.
La matemática del descaro: 0 kilómetros + 1.825 días = 19 mil millones adicionales
La aritmética de la corrupción tiene su propia lógica. En este caso: invertir cero esfuerzo durante cinco años completos y luego solicitar un 35% adicional al presupuesto original. Los $19 mil millones de pesos que ahora reclama Argüello sin presentar soportes técnicos que justifiquen cambios en los diseños de la vía, representan lo que muchos municipios pequeños de Colombia no ven en años de inversión pública.
«A un año de firmado el contrato, no hay ni un kilómetro pavimentado y ahora pide una adición de 19 mil millones de pesos, casi el 50% del valor inicial«, denunció Avendaño.
La secretaria de Infraestructura de Santander, Yesica Mendoza, confirmó que han abierto un incidente de posible incumplimiento precisamente por esta razón. La audiencia programada para hoy, 28 de abril, podría determinar si finalmente se declara el incumplimiento formal del contrato.
Las conexiones invisibles: de la JEP a la contratación pública
¿Cómo un empresario señalado por posibles vínculos con grupos armados ilegales termina manejando $54 mil millones de pesos del erario? Esta es la pregunta que la Gobernación de Santander debería responder, pero que, irónicamente, hoy solo discutirá en términos de cumplimiento contractual.
La figura de Argüello no es nueva en el panorama de la contratación santandereana. Fuentes cercanas a la administración departamental, que prefieren mantener el anonimato, indican que «El Bachiller» ha construido durante años una red de influencias políticas que le ha permitido acceder a contratos estratégicos en varias regiones del departamento.
Su estrategia, según estas fuentes, combina la supuesta financiación de campañas políticas con la posterior «recuperación» de estas inversiones a través de contratos públicos que, como el de Jesús María–Florián, no siempre resultan en beneficios para las comunidades.
El verdadero costo: más allá de los 54 mil millones
Lo que no aparece en los balances financieros es el costo real para las comunidades de Jesús María y Florián. Campesinos que siguen transportando sus productos por caminos deteriorados, potencial turístico desperdiciado y la confianza ciudadana erosionada en instituciones que parecen diseñadas para privilegiar a unos pocos.
«Nos dijeron que esta vía cambiaría nuestras vidas, que por fin podríamos sacar nuestros productos sin tanto problema y que vendrían más turistas«, comenta María Fernanda Suárez, líder comunitaria de Jesús María. «Un año después, lo único que vemos son maquinarias abandonadas y funcionarios que vienen, toman fotos y se van«.
Gracias a nuestra denuncia van a sancionar a alias Bachiller. El contrato de $54 mil millones del Clan Aguilar no quedará impune: la @GobdeSantander le abrió proceso sancionatorio. pic.twitter.com/Ge1PWcs40r
— Cristian Avendaño (@crisavendanof) April 14, 2025
La radiografía de un sistema disfuncional
El caso de «El Bachiller» y la vía fantasma de Santander no es una anomalía. Es el síntoma visible de un sistema que opera con precisión matemática para transferir recursos públicos a manos privadas bajo la fachada de desarrollo regional.
Este mecanismo funciona como una maquinaria bien engrasada: se identifica una necesidad legítima de la comunidad, se anuncia con bombos y platillos un proyecto que la resolverá, se adjudica a contratistas con conexiones políticas, se dilata la ejecución hasta que el ciclo político avanza, y finalmente se solicitan adiciones presupuestales o se declaran obras inconclusas que nadie termina.
Mientras tanto, los ciudadanos quedan atrapados en el mismo ciclo de promesas incumplidas y necesidades insatisfechas, y el sistema se perpetúa con nuevos actores pero idénticos resultados.
La audiencia de hoy podría marcar un punto de inflexión o simplemente ser otro capítulo en esta historia interminable. Lo que es seguro es que los 54 mil millones de razones para vigilar este caso no disminuirán, independientemente del resultado.
