La rebaja de pena al exsubdirector de la Ungrd evidencia la perversa aritmética judicial colombiana: confesar, devolver migajas y señalar a otros te gana un descuento de lujo
El precio de la impunidad: 45% de descuento por cada traición
Cinco años, ocho meses y un día. Ese es el módico precio que pagará Sneyder Pinilla Álvarez por participar en uno de los casos de corrupción más escandalosos del gobierno Petro. El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) —en un país donde los desastres más graves los ocasiona la corrupción— selló este martes 29 de abril un preacuerdo con la Fiscalía que confirmó la sentencia por concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados.
La jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca avaló el preacuerdo y entregó a Pinilla un jugoso descuento del 45% de la pena. Un descuento mayor que el de cualquier oferta de Black Friday, pero sin las filas ni la espera. La razón: su «valiosa colaboración» con la justicia. Una colaboración que llegó, como es habitual en estos casos, no por un arrebato de conciencia o patriotismo, sino cuando ya el agua le llegaba al cuello.
La paradoja del arrepentido: traicionar a tiempo paga bien
El «mérito» de Pinilla, según fuentes de la Fiscalía, fue ser «el primero» en confesar. Como si se tratara de una carrera de relevos donde el que llega primero a delatar se lleva el premio mayor. En el negocio de la corrupción colombiana, las confesiones tempranas son inversiones a futuro: menos tiempo tras las rejas.
El exsubdirector, mano derecha de Olmedo López —también procesado por corrupción—, no solo confesó su participación en el entramado criminal, sino que señaló a 25 personas más. Un verdadero dominó humano que, al caer, arrastró consigo a altos funcionarios del gobierno Petro y a congresistas. Entre ellos figuran nombres de peso como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
La devolución de migajas: $618 millones que no alcanzan ni para un apartamento en El Poblado
La justicia colombiana celebra como un triunfo que Pinilla devolviera $618 millones. Una suma que, vista en perspectiva del desfalco total, resulta casi risible. Es como si un ladrón devolviera el marco después de haberse quedado con la pintura de Botero. O como si un estafador digital devolviera el USB después de haberse quedado con todos los datos bancarios.
Lo más revelador —y quizás lo más indignante— es que esta suma representa apenas una fracción de lo robado en la entidad. Mientras tanto, más de $92.000 millones que, según el testimonio de Pinilla, habrían sido destinados a comprar los votos de seis congresistas de la Comisión de Crédito Público para aprobar préstamos internacionales, siguen en el limbo.
Hotel cinco estrellas para un corrupto cinco estrellas
Como si la rebaja de pena fuera poco, Pinilla logró un beneficio adicional: cumplirá su condena en una guarnición militar, lejos de las incómodas cárceles donde van a parar quienes roban un celular o una bicicleta. La razón: «temas de seguridad» y «amenazas recibidas«. Una ironía más en un sistema judicial donde la jerarquía del delito determina la calidad del castigo.
El exfuncionario no podrá ejercer cargos públicos ni contratar directamente con el Estado durante el tiempo de la condena. Una restricción que, en Colombia, suele ser tan efectiva como prohibirle el chocolate a un niño y dejarle la llave de la alacena.
El Sistema Silencioso: la maquinaria que nadie detiene
El caso Pinilla no es solo una historia de corrupción más. Es la confirmación de que en Colombia existe un «Sistema Silencioso», un entramado que opera fuera del radar público, donde la corrupción no es un error del sistema sino el sistema mismo.
Este mecanismo invisible permite que funcionarios de alto nivel desvíen recursos públicos con la misma facilidad con que se toma un café en la mañana. Y cuando son descubiertos, el mismo sistema les ofrece una salida elegante: delatar a otros, devolver una pequeña parte del botín y recibir una pena reducida en condiciones especiales.
La Radiografía Profunda: un entramado que afecta a los más vulnerables
Lo que revelan los testimonios de Pinilla es apenas la punta del iceberg de un sistema corrupto que permea todas las esferas del poder. Mientras exfuncionarios como él se benefician de rebajas de penas y prisiones «cómodas», las comunidades vulnerables que dependen de la gestión de riesgos y desastres continúan esperando la ayuda que nunca llega.
Cada peso robado de la Ungrd es un peso menos para atender emergencias, prevenir desastres y proteger vidas. Es un peso menos para los damnificados por inundaciones, deslizamientos y sequías que año tras año sufren el abandono estatal.
La Verdad Oculta: nombres que aún no conocemos
El testimonio de Pinilla, que impulsó la imputación de Sandra Ortiz por presuntamente servir de conexión para entregar un soborno de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, sugiere que aún hay muchos nombres y detalles por conocer. Como dijo el fiscal en el juzgado: «Su testimonio ha sido fundamental para destapar una red de corrupción que operaba en las altas esferas del poder«.
Mientras tanto, los señalados niegan las acusaciones, como es habitual en estos casos. El senador Name ya compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para negar los señalamientos que, según él, son falsos.
El precio de la justicia en Colombia: vender a tiempo
El caso de Sneyder Pinilla demuestra una vez más que en Colombia, la justicia tiene un precio. Y ese precio se paga con información, no con verdadero arrepentimiento. El sistema premia a quien delata primero, no a quien hace menos daño o a quien demuestra mayor remordimiento.
Mientras los grandes corruptos disfrutan de beneficios que ningún ciudadano común podría soñar, los recursos públicos siguen desapareciendo y las necesidades básicas de la población continúan sin atender.
Pinilla pasará cinco años, ocho meses y un día en prisión. Pero su nombre ya tiene un lugar reservado de por vida en la Galería de Corruptos de Colombia, donde lamentablemente, nunca falta espacio para nuevos inquilinos.
