La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 11 años al gerente del Hospital General de Medellín, Empresa Social del Estado (E.S.E), Jesús Eugenio Bustamante Cano, y con suspensión de 7 meses al concejal de Girardota, Antioquia, Diego Andrés Cataño Peña (2016-2019), por irregularidades en la suscripción del contrato Nº. 797-2016.
El ente de control demostró que, entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016, los disciplinados celebraron y ejecutaron un contrato de prestación de servicios con la E.S. E, a pesar de que Cataño Peña estaba incurso en inhabilidad para contratar con entidades públicas.
El gerente permitió que durante ese periodo el concejal percibiera dos asignaciones del tesoro público: honorarios por valor de $5.597.332 pesos como concejal y $24.066.805 pesos como médico auditor del Hospital General de Medellín.
Para el Ministerio Público el gerente de la entidad hospitalaria debía “conocer cómo se interpretaban y aplicaban las causales de inhabilidad e incompatibilidad para casos de contratación estatal, según la jurisprudencia vigente para ese momento (…)”.
La falta de Bustamante Cano se calificó como gravísima con culpa gravísima y las de Cataño Peña como graves con culpa grave.
Contra la decisión de segunda instancia, que modificó la destitución e inhabilidad general por 13 años impuesta a los implicados en primera instancia, no procede recurso.
El gerente Bustamante ha estado involucrado en varias investigaciones por actuaciones irregulares, tanto así que había sido suspendido del cargo por la Procuraduría. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la misma entidad lo reintegró a sus funciones.
Bustamante había estado en la mira de los organismos de control y fiscalización desde el 2017 cuando se descubrieron corruptas contrataciones con un cúmulo de irregularidades, por lo cual fue separado del cargo al año siguiente, pero luego retomó sus funciones hasta hoy.
