Por: Adlai Stevenson Samper
El gobierno de Gustavo Petro, iniciado con solemnes discursos en contra de la corrupción, lentamente se fue permeando de ella en todos sus intersticios, mientras el jefe de gobierno lejano al parecer de estos hechos, entablaba polémicas por redes sociales -la mayoría de ellas con pésima ortografía-, promoviendo la resolución de desigualdades socio económicas a través de un discurso ideologizante de confrontación, respondido de igual forma por sus contradictores y, que al parecer, le nublaron al jefe de gobierno, la perspectiva de escudriñar a funcionarios de todos los niveles “coronando” en nombre de la izquierda.
Fue tal la magnitud de estos hechos, que en el año 2024, en el Departamento de Estado de USA, en el gobierno Biden, se planteó una campaña para sancionar a todos estos funcionarios del estado colombiano con una serie de medidas, entre ellas, la revocatoria de visados, inclusión en la lista OFAC y con el mecanismo de la extradición. Así que la andanada de revocatoria de visas reciente obedece a situaciones políticas a lo largo de todo el mandato Petro y que ahora, con un republicano autoritario como Donald Trump en presidencia, están cobrando efectos justo unos meses después de la entrega de la gestión de mandato de Petro. Lo que si es importante indicar es que la posible coyuntura de castigo se debe a la posesión de presidente de Abelardo de la Espriella, amigo de las causas de los Estados Unidos y Trump.
Los revocados, además con procesos penales en curso, algunos con detención, son una parte del entramado complejo de corrupción del gobierno Petro, incluyendo a congresistas “enmermelados” para falsear convicciones y análisis, en juego de venta al mejor postor, no precisamente por defender causar de leyes en trámites desde una ideología política, sino por vender su voto, razón fundamental que los norteamericanos, en su argumentación de revocatoria de visas, los calificaran “como un peligro para la democracia”. Lo son. En su mayoría se encuentran vinculados a contratos -de mentiras- y al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos.
Las “mermeladas” para endulzar votos en el congreso
En Colombia, la expresión mermelada legislativa se ha utilizado para describir la presunta entrega de contratos públicos, cargos burocráticos y otros beneficios políticos con el propósito de conseguir apoyo parlamentario para las iniciativas del Gobierno. El invento, de vieja data, ha tenido nombres diversos: auxilios legislativos, reparto de burocracia, cuotas, etcétera. En relación con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, es importante precisar los hechos sucedidos que dieron origen a investigaciones penales y disciplinarias:
- Los proyectos de ley y reformas constitucionales que el Gobierno de Gustavo Petro necesitaba aprobar en el Congreso.
- Los contratos, convenios, obras públicas y recursos presupuestales que habrían sido gestionados para determinadas regiones o entidades vinculadas a congresistas.
- La prueba de un posible intercambio de favores: estableciendo si existen evidencias de que un beneficio público se ofreció o entregó a cambio de un voto legislativo.
Cuando Luis Fernando Velasco ocupó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro entre mayo de 2023 y julio de 2024, en ese periodo se iniciaron las investigaciones y escándalos mediáticos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por utilizar su plataforma legal cediendo contratos públicos para en retribución -lo antidemocrático, según los gringos- obtener respaldo parlamentario en los tramites legislativos. Más claro de esta manera: te compró tu voto o respaldo por diversas prebendas ilegales.
No todos los contratos investigados estaban vinculados a una votación sobre un proyecto de ley específico. Algunos presuntamente buscaban asegurar votos en comisiones, asistencia a sesiones o aprobación de operaciones de crédito público.
Las acusaciones sobre la reforma pensional y los contratos de la UNGRD aparecen en las actuaciones de la Fiscalía reseñadas por El Tiempo y El Colombiano.
Los congresistas vinculados
- Martha Peralta y Berenice Bedoya: reforma pensional
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, en junio de 2023 se habría buscado utilizar contratos de la UNGRD para ampliar las mayorías favorables a la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. La investigación señaló a la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico en las referencias periodísticas consultadas, como una de las personas que habría intervenido en la gestión de esos apoyos. También apareció mencionada la senadora Berenice Bedoya, del partido ASI.
Los proyectos señalados fueron:
Valor conjunto reportado: aproximadamente $12.395 millones.
La información publicada atribuye a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla la descripción de presuntas gestiones para direccionar estos proyectos. El monto conjunto no debe confundirse con dinero que necesariamente haya sido pagado a los congresistas: se trata de proyectos y contratación pública cuya tramitación y presunta finalidad son objeto de investigación.
- Julio Elías Chagüi Flórez: contratos en Sahagún y otros municipios de Córdoba
Según las informaciones de prensa y grabaciones de conversaciones, Chagüi Flórez, de Cereté, Córdoba, era el intermediario de cobros y negociaciones con un bloque de congresistas para apoyar las iniciativas del gobierno. Chagüi es del partido de la U, en las antípodas del Pacto Histórico, partido de gobierno en ese momento.
La familia Chagüi controla desde principios del siglo XX a Cereté con inversiones inmobiliarias, empresas y contratos. Incluso se les mencionan sindicados de contrabando de café. El padre y tío del senador fueron alcaldes del municipio. Un hermano suyo, Salim, destituido en 2016 por decisión del Consejo de Estado. anulando su elección por una inhabilidad relacionada con un contrato que había celebrado con la Gobernación de Córdoba antes de ser elegido alcalde.
Julio Chagüi es importante pieza en la estructura de corrupción entre la gestión política del ministro Velasco y la contratación pública en el departamento de Córdoba. Según la imputación de la Fiscalía reseñada por El Tiempo, el 4 de diciembre de 2023 Velasco se habría reunido con Olmedo López, entonces director de la UNGRD, solicitando gestionar contratos en beneficio del senador Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U. La Fiscalía señaló que el 6 de diciembre se produjo una reunión entre López, Chagüi y Sneyder Pinilla para avanzar en esas gestiones. El expediente relacionó estos hechos con las actuaciones de la Comisión Primera del Senado.
Los proyectos y montos fueron en Sahagún, en obras para atender y mitigar inundaciones por aproximadamente $35.000 millones. En Lorica, un convenio relacionado con el mejoramiento de corredores rurales. De todos modos, estos contratos no se dieron pues diversos escándalos los colocaron en hibernación. Si le dieron contrato en 2023 al Consorcio Río Arauca, representado legalmente por Juan Carlos Amador Carrascal, socio del entonces senador Julio Elías Chagüi Flórez. La contratación fue objeto de una investigación periodística de Cuestión Pública por sus conexiones con el escándalo de la UNGRD. Según la investigación, Chagüi y Juan Carlos Amador eran socios en la sociedad panameña Inversiones Amachi S. A., constituida en 2016. Chagüi figuraba como presidente y Amador como secretario.
El contrato de obra, otorgado por la Unidad de Gestión de Riesgo 9677-PPAL001-1014-2023, adjudicado al Consorcio Río Arauca, tuvo un valor de $31.070.964.017 pesos colombianos, es decir, aproximadamente $31.071 millones. Su objeto era construir obras de protección contra la socavación y las inundaciones en la ribera del río Arauca, en el sector de la vereda Monserrate. La obra tuvo diversos problemas, entre ellos de orden ambiental, aunque el contrato se encuentra debidamente formalizado.
En diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia asignó a la magistrada Cristina Lombana una línea de investigación independiente sobre Chagüi, relacionada con el presunto direccionamiento irregular de contratos de la UNGRD. En diciembre de 2025 durante las audiencias relacionadas con los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), la Fiscalía volvió a mencionar presuntas gestiones de Chagüi relacionadas con proyectos de infraestructura en Córdoba. En marzo de 2026 la prensa informó que la Corte Suprema estudiaba pruebas contra varios congresistas por el caso UNGRD. El mismo reporte precisó que la situación de Chagüi correspondía a una línea investigativa distinta de la examinada en ese expediente.
El hermano del ex senador Chagüí, Salim, suscribió tres contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior entre 2023 y 2024, por un valor conjunto cercano a $120 millones. Son los siguientes:
3. Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz
Este capítulo de la investigación corresponde a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por ello, la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones contra cinco congresistas y un excongresista por presuntos acuerdos ilegales relacionados con la contratación de la UNGRD y la aprobación de proyectos. Los nombres señalados en el comunicado oficial fueron: Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya y Juan Diego Muñoz Cabrera.
El exrepresentante a la Cámara por Córdoba, Wadith Alberto Manzur Imbett, del partido Conservador, se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. Afronta un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La situación judicial ya superó la etapa inicial de investigación: la Corte lo acusó por el presunto delito de cohecho impropio y el proceso avanzó hacia la preparación del juicio.
En cuanto a Liliana Bitar, de Cereté, Córdoba, su hermano Said es el actual alcalde de ese municipio. Es también del partido Conservador, al igual que Manzur. El proyecto consistía en obras de drenaje en Cotorra, Córdoba, relacionadas con la Ciénaga Grande del río Sinú a un costo de $46.000 millones. No se pudo firmar debido al escándalo suscitado. Valga señalar que los contratos a nativos de Córdoba se encontraban estrechamente relacionados con aspectos del control de ríos, drenajes y ciénagas del complejo del río Sinú, que en el año 2025 causó graves inundaciones.
Todos estos senadores implicados, según la Fiscalía, estaban votando entre junio y noviembre de 2023, 17 operaciones de crédito público ante esa comisión y que algunos congresistas habrían condicionado su participación o respaldo a la obtención de contratos para sus regiones. El asunto central no era únicamente una reforma social: también se investigaba la presunta utilización de contratos para conseguir la concurrencia y el voto de los parlamentarios en decisiones relacionadas con el endeudamiento nacional.
4. Iván Name y Andrés Calle: presuntos pagos en efectivo
El caso de los expresidentes del Senado y de la Cámara tiene una particularidad: las acusaciones no se limitaron al presunto direccionamiento de contratos.
La Corte Suprema investigó a Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado, en relación con supuestos pagos en efectivo provenientes de la UNGRD. Según la hipótesis investigativa, esos recursos habrían estado vinculados al compromiso de impulsar reformas del Gobierno que se encontraban en trámite legislativo. En mayo de 2025, la Corte ordenó medida de aseguramiento contra ambos congresistas. En octubre de ese año, confirmó el llamado a juicio. Son actuaciones procesales y no deben confundirse con una sentencia condenatoria. La hipótesis sobre Name y Calle es a pagos en efectivo en su posición de presidentes de las cámaras legislativas.
Según informaciones vinculadas al Departamento de Estado de USA, vendrán más revocatorias de visas y, en los que tengan relación con el lavado de activos y el crimen trasnacional, serán solicitados en extradición a Estados Unidos. Apenas empieza la cuenta de ajuste a la corrupción dentro del gobierno Petro.
