Entre enero de 2024 y octubre de 2026 la corporación ambiental de San Andrés firmó 1.141 contratos, 95 de cada 100 sin competencia. El contratista que la Contraloría investiga por 3.000 millones recibió otro contrato directo. Y mientras tanto, la mitad del presupuesto durmió en la caja.
Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com, 23 de octubre de 2026
Cada día, durante dos años y nueve meses, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) firmó contratos por 42,8 millones de pesos. Todos los días, incluidos los domingos. En total, 1.141 contratos por $42.639 millones de pesos entre el 23 de enero de 2024 y el 16 de octubre de 2026, según los registros del SECOP rastreados por la Unidad de Datos de corrupcionaldia.com. Suena a una entidad hiperactiva. No lo es. Esa misma corporación, según los formularios del CUIPO del CHIP que este medio auscultó la semana pasada, dejó sin ejecutar el 66% de su presupuesto en 2024 y el 54% en 2025. Firmó mucho y gastó poco. Y de lo que firmó, el 95,4% lo adjudicó de forma directa: sin licitación, sin pliegos públicos, sin competencia. Más allá de los titulares, este cruce de datos muestra el ciclo que hunde al archipiélago: la plata circula entre los mismos nombres, el operador cuestionado vuelve a cobrar y el responsable final es un encargado que nadie eligió.
El mecanismo expuesto: el ciclo que se repite
La contratación directa es legal. El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 la permite para prestación de servicios profesionales y para convenios interadministrativos. El problema no es la norma, es la proporción. De 1.141 contratos, 1.089 fueron directos y 1.030 fueron de prestación de servicios. Eso significa que nueve de cada diez pesos salieron de Coralina sin que nadie más pudiera ofrecer hacerlo mejor o más barato. La licitación, que debería ser la regla, quedó reducida a un solo proceso: la obra de control de erosión costera por $10.298 millones de pesos, adjudicada al Consorcio Coralina el 21 de noviembre de 2025, con interventoría del Consorcio Interespolones por $761,7 millones. Una excepción grande no cambia la regla pequeña que se repitió 1.089 veces.
El ciclo tiene nombres. Los contratos se repartieron entre 442 personas y empresas, pero los diez primeros concentraron el 52,9% del dinero. Y 201 de esos 442 contratistas ya habían firmado con Coralina durante la dirección anterior de Arne Britton González, entre 2020 y enero de 2024. Es decir, cambió el director, cambió el encargado, cambió el discurso, y casi la mitad de la nómina de contratistas siguió intacta. Porque claro, en una isla de 27 kilómetros cuadrados todo el mundo se conoce, suena mucho mejor que decir que el padrón de beneficiarios se hereda como un apellido.
La velocidad también tiene su lógica. En 2024 la dirección encargada firmó 444 contratos por $12.965 millones. En 2025 subió a 369 contratos por $22.385 millones, su año pico. En 2026, hasta el 16 de octubre, 328 contratos por $7.289 millones. En dos años y nueve meses, la actual dirección ya contrató $1.659 millones de pesos más que toda la administración de Britton en cuatro años completos. Con menos tiempo, más plata. Con más plata, menos ejecución real. Esa es la aritmética de un sistema que confunde firmar con gobernar.
Los actores y sus roles: el encargado, el operador y el consejo que no elige
El ordenador del gasto de todo este periodo es Quincy Alberto Bowie Gordon, director encargado. Encargado, porque la convocatoria para elegir director titular del periodo 2024-2027 abrió en octubre de 2023, se recusó a diez miembros del consejo directivo cuatro días después, hubo tutelas, cambios unilaterales del procedimiento en agosto de 2024 y una orden expresa de la Procuraduría General de la Nación en septiembre de 2024 para continuar el proceso. Tres años después, el cargo sigue sin dueño. Y con esa figura precaria, sin la legitimidad de un concurso cerrado, se administraron $42.639 millones de pesos.
El operador que mejor retrata el ciclo es la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). El 22 de noviembre de 2023, bajo Britton, Coralina le firmó el contrato CI 494-2023 por $3.186,9 millones de pesos con recursos del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) para evaluar la afectación de los arrecifes por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo. Según el SECOP II, el contrato se ejecutó en 34 días, entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023. Son 93,7 millones de pesos por día de trabajo científico en diciembre, con temporada alta y todo. La Contraloría encontró desembolsos por cerca de 3.000 millones en ítems no ejecutados o sin soporte, el pago de biólogos que en realidad había contratado la propia Coralina, y vuelos y alojamiento entre Bahamas y el archipiélago que no estaban previstos. El 20 de octubre de 2026 el contralor general, Jorge Eliécer Laverde, abrió proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a 3.000 millones de pesos y vinculó a servidores, exservidores y al representante legal de la asociación.
Ese contrato lo firmó la administración anterior. Lo que sí firmó la administración de Bowie Gordon fue el siguiente: un nuevo contrato con Asomucosta por $3.398 millones de pesos, adjudicado de forma directa en 2025, pagado con recursos propios de la corporación, para una expedición científica sobre caracol pala y tiburones. Se firmó seis meses antes de que se conocieran los hallazgos de la auditoría, publicados en marzo de 2026. Es el segundo contrato de mayor valor de toda la era Bowie. Y por supuesto, Coralina actuó con total diligencia al entregarle de nuevo $3.398 millones, sin competencia, al mismo operador cuya ejecución anterior ya estaba bajo auditoría de cumplimiento de la Contraloría sobre las vigencias 2023 y 2024. Auditoría que terminó con 20 hallazgos administrativos, ocho de ellos fiscales por $4.642 millones de pesos.
El resto de la lista de grandes contratos sigue el mismo patrón de convenios interadministrativos directos: la Asociación de Municipios de los Departamentos de Córdoba y Sucre por $1.958 millones y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) por $1.517 millones, ambos de octubre de 2024. Asociaciones de municipios de la costa continental contratadas para resolver problemas de una isla del Caribe a 700 kilómetros. Qué casualidad que la figura del convenio interadministrativo sea, precisamente, la que permite saltarse la licitación.
Por encima de todos está el consejo directivo, presidido por la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, el órgano que lleva tres años sin elegir director titular. El 17 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó en la isla su reclamo público a la gobernadora y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz: dijo estar enterado de lo de Coralina y que no lo iba a permitir. La gobernadora respondió que Coralina tiene autonomía administrativa y financiera y que los organismos de control hagan su trabajo. Tres días después, el 20 de octubre, Coralina cambió de director encargado y designó a la ingeniera Magda Masquita McKeller. Otro encargado. El ciclo, con nombre nuevo.
El impacto real: una isla que pierde playa, coral y plata al mismo tiempo
Pongamos los números al nivel del mar. Los $3.000 millones de pesos que la Contraloría persigue en el contrato de los arrecifes equivalen a 23 años completos de lo que Coralina recaudó por multas ambientales en 2025. Porque en 2025 las multas cayeron de $1.039,8 millones a $131,3 millones de pesos, un desplome del 87,4%. La tasa retributiva, la que paga quien contamina, bajó de $457,3 a $70,5 millones, un 84,6% menos. O todos los contaminadores de San Andrés se volvieron santos en doce meses, o la corporación dejó de fiscalizar. La propia Coralina admite en sus informes que necesita fortalecer la fiscalización y el cobro coactivo. Ellos mismos lo dicen.
Mientras la contratación directa batía récords, la ciencia se apagaba. Los compromisos del Sistema General de Regalías para ciencia, tecnología e innovación pasaron de $989,9 millones en 2024 a $20,7 millones en 2025. El monitoreo del arrecife, la investigación sobre la Reserva de Biosfera Seaflower, el conocimiento que una isla necesita para sobrevivir al cambio climático, se redujo a la cifra que cuesta una camioneta. Y el contrato que debía evaluar la enfermedad del coral se ejecutó en 34 días, con biólogos pagados dos veces y pasajes a Bahamas. El coral sigue enfermo. La plata no.
El costo de oportunidad es el más doloroso. En 2025 Coralina tuvo 27.242 millones de pesos de apropiación definitiva y solo obligó 12.483 millones. Quedaron $14.758 millones sin convertir en nada: ni espolones, ni manejo de residuos, ni restauración de manglar. En 2024 la tesorería pagó en la vigencia el 0,09% de lo obligado en funcionamiento y el 6,5% de lo obligado en inversión. Contratistas, proveedores y proyectos esperaron el cheque al año siguiente. Un pescador artesanal de la Loma o un comerciante de Spratt Bight no ve el SECOP, pero ve la playa que retrocede y la multa que no llega.
El sistema que lo permite: la autonomía como escudo y el encargo como método
Las corporaciones autónomas regionales fueron diseñadas por la Ley 99 de 1993 para que el ambiente no dependiera del humor del gobierno de turno. En Coralina, la autonomía se convirtió en escudo. Cuando el presidente reclama, la gobernadora responde con la autonomía. Cuando la Procuraduría ordena elegir director, el consejo responde con recusaciones y tutelas. Cuando la Contraloría audita un contrato, la corporación firma otro con el mismo operador. Cada institución de control actúa y el sistema la absorbe sin cambiar de rumbo.
El encargo es el método. Un director encargado no responde ante un concurso de méritos ni ante un periodo fijo; responde ante quien lo encargó y puede ser reemplazado en 72 horas, como ocurrió el 20 de octubre. Esa precariedad es funcional: permite que 42.639 millones se administren sin que nadie cargue con la responsabilidad plena. La contabilidad de Coralina obtiene 4,93 sobre 5,00 en control interno contable y el IEDI del Ministerio de Ambiente la ubica en el puesto 14 de las CAR del país con 80,45%. Los papeles están en orden. El inventario físico, calificado en 0,74, se maneja a mano. Una entidad con las cuentas perfectas, la ejecución a medias y el inventario en un cuaderno describe muy bien un barco que casi no navega.
Y aquí entra la ley penal, porque la calificación forense de 5,7 sobre 10 que este medio asignó a la gestión 2024-2025 activa el examen del artículo 414 del Código Penal, el prevaricato por omisión: prisión de 32 a 72 meses para el servidor público que omita, retarde o rehúse un acto propio de sus funciones. Fiscalizar el daño ambiental es función propia de Coralina y las multas cayeron 87%. Ejecutar el presupuesto ambiental es función propia y se obligó menos de la mitad dos años seguidos. Perseguir el detrimento de un contratista cuestionado es función propia y, en lugar de perseguirlo, se le dio otro contrato de 3.398 millones. La presunción de inocencia es la ley y los jueces deciden. Pero la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya tienen la materia prima en el SECOP, en el CHIP y en sus propios informes. Si no actúan, el prevaricato por omisión tendrá nuevos destinatarios.
Cierre
Coralina administra el único capital real del archipiélago: el mar, el arrecife y la playa. En dos años y nueve meses firmó 42.639 millones de pesos, 95 de cada 100 a dedo, dejó la mitad de su presupuesto sin gastar, dejó de multar a quien contamina y volvió a contratar al operador que la Contraloría investiga por $3.000 millones. Después cambió de encargado y siguió. Ese es el ciclo. La pregunta no es si hubo irregularidades: están en los registros oficiales con fecha y número de contrato. La pregunta es cuántos directores encargados más necesita San Andrés para que alguien responda con nombre, apellido y periodo fijo por el arrecife que se muere. Cada peso contratado sin competencia es una playa que no se recupera. Cada contrato repetido con un operador cuestionado es un silencio cómplice. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
Fuentes verificables
- SECOP I y II, registros de contratación de Coralina del 23 de enero de 2024 al 16 de octubre de 2026, rastreados por la Unidad de Datos de El Tiempo (20 de octubre de 2026).
- Contraloría General de la República, apertura de proceso de responsabilidad fiscal por el contrato CI 494-2023 con Asomucosta (20 de octubre de 2026) y auditoría de cumplimiento vigencias 2023-2024 (20 hallazgos, 8 fiscales por 4.642 millones).
- CUIPO del CHIP, formularios de ejecución de ingresos y gastos de Coralina, vigencias 2024 y 2025.
- Coralina, informes de evaluación de control interno contable 2024 y 2025.
- Ministerio de Ambiente, IEDI de las CAR vigencia 2024.
- Procuraduría General de la Nación, vigilancia preventiva a la elección del director de Coralina, 18 de septiembre de 2024.
- corrupcionaldia.com, Coralina 2024-2025: la gestión regular de Quincy Bowie (22 de octubre de 2026).
