Siete expedientes abiertos, una banda llamada Las Salsas Mexicanas y un bufete que hoy despacha desde la Casa de Nariño: la hoja de vida judicial del hombre que gobernó el archipiélago entre 2020 y 2023.
El lunes 19 de octubre, en un barrio de Barranquilla, agentes del Gaula de la Policía Nacional tocaron la puerta de Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una orden de captura por extorsión agravada y secuestro extorsivo. Tres días antes, la Fiscalía había radicado un escrito de acusación en su contra por un contrato de 11.125 millones de pesos en Haynes Cay. Dos años antes, la Procuraduría lo había inhabilitado en primera instancia por 13 años. Y cuatro años antes, mientras acumulaba el primero de sus expedientes penales, la firma De la Espriella Lawyers anunciaba en sus redes que asumía su defensa. El fundador de ese bufete se llama Abelardo de la Espriella y desde el 7 de agosto de 2026 es presidente de la República, con un programa de gobierno bautizado Patria Milagro y una promesa de mano de hierro contra los delincuentes. Más allá de los titulares, esta historia no trata de un gobernador que cayó. Trata de un ciclo que se repite con precisión de relojería: el poder contrata, la justicia imputa, el abogado litiga, el juez suelta, el poder vuelve a contratar.
Un gobernador con prioridades claras
El exgobernador de San Andrés Everth Hawkins llegó al cargo en 2020 con el respaldo de Rodrigo Lara, Cambio Radical y el Centro Democrático. Es abogado, raizal, tiene 50 años y gobernó un archipiélago de 60.000 habitantes donde el agua potable llega por racionamiento, el relleno sanitario Magic Garden lleva décadas al borde del colapso y el hospital departamental sobrevive de crisis en crisis. Con ese inventario de urgencias reales, Hawkins dedicó sus primeras semanas de pandemia a resolver la emergencia que, al parecer, le quitaba el sueño: la falta de piezas publicitarias.
En 2020 la Gobernación abrió un proceso para recibir cotizaciones de material audiovisual para prevenir el covid-19. Pocos días después, Hawkins declaró urgencia manifiesta y firmó de manera directa con Noel Foto SAS un contrato por 500 millones de pesos. Según la Fiscalía, el representante legal de la empresa había trabajado en su campaña. Qué casualidad que, en una isla donde faltaban respiradores, la única contratación con velocidad de rayo fuera la de los videos. La Fiscalía le imputó en agosto de 2020 los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El Tribunal Superior de Bogotá le impuso detención domiciliaria. Ocho meses después, el 22 de abril de 2021, salió libre con un informe de la Contraloría bajo el brazo que descartaba el peculado. El proceso penal sigue abierto. La Procuraduría no necesitó esperar: en febrero de 2024 lo sancionó en primera instancia con 13 años de inhabilidad, igual que a su exsecretario de Salud, Julián Davis, por una falta gravísima cometida con dolo contra los principios de moralidad administrativa y economía. En lenguaje de la calle: la Procuraduría concluyó que sabía lo que hacía y lo hizo de todas formas.
Haynes Cay: el cayo intervenido a dedo
El ciclo se perfecciona en Haynes Cay. El islote, uno de los atractivos turísticos del archipiélago, recibió obras de mejoramiento por 11.125 millones de pesos. La ley exige licitación pública para un contrato de ese tamaño. Hawkins eligió la contratación directa mediante un contrato interadministrativo con Aremca, delegó la firma en la Secretaría de Infraestructura y, según el escrito de acusación radicado hace una semana, intervino personalmente en la elección de la modalidad. Las obras arrancaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina y sin autorización de la Dimar. Un cayo protegido, intervenido sin permiso ambiental ni marítimo, con plata pública, por contratación a dedo. La Fiscalía calcula un detrimento patrimonial de 4.330 millones de pesos. Esa cifra equivale a casi nueve contratos como el de Noel Foto, o a varios años de operación de la planta desalinizadora que los sanandresanos llevan una década esperando.
Aremca aparece otra vez en el tercer expediente. Con 8.500 millones de pesos del Sistema General de Regalías, la Gobernación cedió a esa empresa un contrato para mejorar ambientes de aprendizaje escolar. La Procuraduría encontró que Aremca no tenía ni la capacidad ni la experiencia idóneas en el momento de la cesión. Y por supuesto, todo se tramitó con total transparencia y buena fe, al punto de que el exsecretario de Infraestructura Alfredo Escalona y la exsecretaria de Planeación Nidia Hernández también están bajo investigación. Los niños de San Andrés siguen recibiendo clases en aulas con techos de zinc que suenan como tambores cuando llueve.
Un expediente nuevo cada ocho meses
El cuarto expediente toca las vías rurales. Más de 31.700 millones de pesos de regalías para mejorar caminos del interior de la isla. Hawkins firmó una constancia certificando que las obras se ajustaban al Plan de Ordenamiento Territorial. Uno de los tramos, Duppy Gully, estaba en zona de conservación y amortiguamiento ambiental. Es decir, el gobernador certificó con su firma algo que el propio POT decía lo contrario. La Procuraduría profirió pliego de cargos. El quinto expediente son los contratos para rehabilitar la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón. El sexto, abierto en 2022, es por presunto abandono del cargo: ausencias prolongadas del despacho mientras cobraba como gobernador. Seis expedientes en cuatro años. Un expediente nuevo cada ocho meses. Ni la Dian audita con esa frecuencia.
Las Salsas Mexicanas como departamento de cobranzas
El séptimo expediente es el que lo llevó a la celda del Gaula el lunes, y es el que cambia la naturaleza de la historia. Según la Fiscalía, Hawkins contactó a integrantes de la banda Las Salsas Mexicanas para intimidar a dos contratistas de la Gobernación y exigirles 3.000 millones de pesos a cambio de dejarlos seguir trabajando y de no atentar contra ellos ni contra sus familias. En uno de los casos, hombres armados retuvieron en un vehículo a la sobrina de uno de los empresarios para presionar el pago. La joven reconoció al exgobernador mediante una videollamada. Aquí ya no hablamos de un funcionario que direcciona un contrato. Hablamos de un exmandatario que, según el ente acusador, usó a una organización criminal como departamento de cobranzas. Los contratistas que antes recibían contratos a dedo ahora pagaban vacuna para conservarlos. El ciclo cerró sobre sí mismo: el mismo poder que repartía la plata pública pasó a cobrar peaje sobre esa misma plata.
El miércoles 21 de octubre, ante el Juzgado 1 Penal Municipal Mixto de San Andrés, la Fiscalía le imputó extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Hawkins no aceptó cargos. El juez lo vinculó al proceso, le prohibió salir de Barranquilla, ordenó vigilancia del Inpec y lo dejó en libertad. La Fiscalía apeló. Un hombre señalado de secuestro extorsivo, con seis expedientes previos y una inhabilidad de 13 años encima, se fue a dormir a su casa. Cualquier raizal que robe una moto en la avenida Colón pasa la noche en la estación.
El bufete que hoy despacha desde la Casa de Nariño
Y aquí entra el bufete. En 2021 y 2022, De la Espriella Lawyers Enterprise informó públicamente que asumía la defensa jurídica de Everth Hawkins frente a las acciones de nulidad electoral y los procesos disciplinarios relacionados con su elección y su gestión. No fue un secreto: la firma lo anunció en redes y en medios. Abelardo de la Espriella era entonces su cabeza visible, el penalista que había defendido a David Murcia de DMG, a Alex Saab y a varios condenados por parapolítica. Se desvinculó de la firma en 2025 para lanzar su candidatura. Hoy gobierna el país. El bufete, bajo la dirección de Carlos Sánchez, sigue operando y en septiembre de este año perdió un pleito contra la Dian que lo obliga a pagar una suma millonaria por impuestos. Nadie sostiene que el presidente tenga relación con el secuestro de una joven en San Andrés. Lo que sí consta en los registros públicos es que la firma que lleva su apellido cobró honorarios para proteger la silla del gobernador cuando ya tenía un expediente penal encima por el contrato de Noel Foto. El abogado defensor elige a quién defiende. Es un derecho legítimo. También es una decisión que dice algo sobre el criterio de quien la toma, y el país merece saberlo cuando ese abogado ahora firma decretos de seguridad.
Porque el discurso de la Patria Milagro se construyó sobre una promesa concreta: mano de hierro contra los delincuentes, megacárceles, cero tolerancia. El presidente cerró su discurso de posesión con un saludo militar y una invocación a Cristo Rey. Si ese discurso es sincero, la captura de Hawkins debería ser celebrada desde la Casa de Nariño como una muestra de que la justicia no distingue entre clientes y desconocidos. Hasta hoy, el silencio desde Palacio sobre el caso es total. Entendemos la incomodidad: aplaudir la captura de un exdefendido equivale a reconocer que durante dos años la firma cobró por cuidar la carrera política de alguien que terminó imputado por secuestro. Callar equivale a admitir que la mano de hierro tiene excepciones para los antiguos conocidos de autos.
El ciclo que sostiene la audiencia cansada
Este es el mecanismo que la ciencia política llama captura institucional y que la psicología de masas explica con más sencillez: la gente deja de indignarse cuando el escándalo se vuelve rutina. Siete expedientes de un mismo gobernador dejan de ser noticia al tercero. Lo que sostiene el ciclo no es la astucia del corrupto, sino el agotamiento de la audiencia. Hawkins gobernó cuatro años con una orden de detención domiciliaria a cuestas, firmó contratos de regalías mientras la Procuraduría lo investigaba y volvió a la vida pública como si nada. Cada vez que el sistema lo soltó, el mensaje para el siguiente gobernador fue el mismo: el costo de hacerlo es bajo y el abogado adecuado está a una llamada de distancia.
San Andrés paga la cuenta. Los 4.330 millones de detrimento en Haynes Cay, los 8.500 millones de aulas que nunca llegaron en condiciones, los 31.700 millones de vías certificadas sobre zonas protegidas y los 3.000 millones exigidos a contratistas bajo amenaza suman más de 47.000 millones de pesos en juego. Con esa plata se construye y se dota un hospital de segundo nivel para una isla que hoy envía a sus enfermos graves en avión a Barranquilla. Esa es la obra que no existe. Ese es el milagro que no llegó.
La pregunta no es si Everth Hawkins es culpable. Eso lo dirá un juez, si la apelación de la Fiscalía prospera y el proceso no se diluye como el de 2021. La pregunta es cuántos gobernadores más están hoy en el ciclo, con el contrato firmado, el expediente abierto y el bufete contratado, esperando que la justicia haga lo de siempre. Y la otra pregunta, la que el Gobierno prefiere no responder: cuando la mano de hierro se encuentre con un viejo cliente, ¿a quién le va a apretar?
