Dieciséis años, un contrato sin estudios, dos kilómetros de pavimento que nunca existieron y un partido que premió al responsable con una curul.
Más allá del titular, la noticia es corta y la vergüenza es larga. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, de Cambio Radical, a ocho años, seis meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El hecho ocurrió en 2010, cuando Carrillo era secretario de Infraestructura de Norte de Santander y firmó el contrato de obra 01442, financiado por Invías, para intervenir la carretera entre Salazar de las Palmas y Arboledas y pavimentar dos kilómetros de ese corredor. Los dos kilómetros nunca se pavimentaron. El contrato se liquidó como si nada hubiera cambiado. Y el funcionario que lo tramitó, celebró y liquidó con todas esas irregularidades no fue a prisión en 2010 ni en 2015 ni en 2020. Fue al Senado de la República. El caso del senador Wilmer Carrillo condenado en Cambio Radical no es la historia de un hombre. Es la historia de un sistema que convierte el expediente penal en hoja de vida.
El mecanismo expuesto
La Corte describió con precisión quirúrgica la maniobra. Primero, el contrato se celebró sin estudios ni diseños suficientes para respaldar la obra. En lenguaje llano: se firmó un negocio de ingeniería vial sin saber qué se iba a construir ni cuánto costaba. Segundo, el plazo de selección del contratista se fijó tan corto que restringió la concurrencia de oferentes. Traducción: la convocatoria se diseñó para que llegara quien tenía que llegar. Tercero, durante la ejecución se eliminaron los dos kilómetros de pavimentación previstos, y esa supresión jamás quedó reflejada en la liquidación del contrato. El papel decía una cosa, la carretera decía otra, y la plata se movió según el papel.
Porque claro, hablar de «ajustes en la planeación» y «modificaciones contractuales» suena mucho más elegante que decir que se firmó un contrato a ciegas, se escogió al contratista a dedo y se cobró una obra que no se hizo. El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no exige demostrar que alguien se embolsilló el dinero. Se configura cuando un servidor público interviene en un contrato sin cumplir las exigencias esenciales de planeación, transparencia y selección objetiva. Es el delito del arquitecto del desfalco, no del cajero. Y la Corte fue explícita: Carrillo conocía y avalaba esas irregularidades, actuó en pleno uso de sus capacidades cognitivas y entendía la ilicitud de lo que hacía.
Aquí opera el Ciclo Secreto. La corrupción contractual en Colombia no funciona con maletines en parqueaderos. Funciona con pliegos de condiciones redactados a la medida, con plazos imposibles para la competencia, con estudios previos que no existen y con liquidaciones que firman en silencio lo que la obra negó a gritos. Cada pieza del mecanismo es legalmente defendible por separado. Juntas forman el esquema más eficiente de desvío de recursos públicos del país. Y lo más grave: el esquema no termina en la obra. Termina en la urna.
Los actores y sus roles
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander en 2010. Hoy es senador de la República por Cambio Radical. Entre un cargo y otro hay un contrato con tres irregularidades esenciales reconocidas por la máxima instancia penal del país. La pregunta que ningún comunicado judicial va a responder es la que importa: ¿quién decidió que un hombre con ese expediente merecía representar a Colombia en el Senado?
La respuesta tiene nombre: Cambio Radical. El partido que lo incluyó en su lista, que lo avaló, que recibió sus votos y que lo mantuvo en la bancada mientras la Sala Especial de Primera Instancia lo juzgaba por aforado. No es la primera vez que esa colectividad aporta nombres a la galería de condenados del Congreso colombiano; la parapolítica dejó en sus filas una nómina de sentencias que cualquier ciudadano puede consultar. Y por supuesto, cada vez el partido actuó con total «sorpresa» y absoluta «confianza en la justicia», como si los avales se repartieran en una rifa y no en una mesa donde se calculan votos.
Esa es la degeneración de los partidos políticos en Colombia: dejaron de ser organizaciones con ideología, programa y filtro ético para convertirse en franquicias electorales. El aval se otorga según la capacidad de arrastrar votos, no según la capacidad de pasar una revisión de antecedentes. Un contratista cuestionado con maquinaria regional vale más que un profesional limpio sin padrinos. El resultado es un Congreso donde el prontuario deja de ser un obstáculo y se vuelve un activo: demuestra que el candidato sabe cómo funcionan las cosas.
Invías, la entidad que financió el contrato, también tiene un asiento en esta historia. Giró recursos nacionales a un departamento que los tramitó sin estudios, sin competencia real y sin una liquidación honesta. Dieciséis años después, ¿alguien en Invías respondió por la vigilancia de ese dinero? El comunicado de la Corte no lo dice, y el silencio institucional tampoco.
El impacto real
La vía entre Salazar de las Palmas y Arboledas no es una abstracción jurídica. Es el camino por donde salen el café, el cacao y los productos de dos municipios campesinos de Norte de Santander. Dos kilómetros de pavimento prometidos y no entregados son dos kilómetros de barro en invierno, de polvo en verano, de llantas rotas, de cosechas que llegan tarde o no llegan, de ambulancias que tardan lo que no deberían tardar. La próxima vez que un campesino de Arboledas vea cómo se le atasca el camión en una trocha que debió estar pavimentada desde 2010, conviene que sepa que el responsable de esa decisión fue a parar al Senado con el aval de un partido.
El costo de oportunidad es doble. Primero, el dinero de Invías que se liquidó como si la obra estuviera completa es dinero que no volvió a la vía ni a ninguna otra. Segundo, y más caro, dieciséis años de representación política ejercida por una persona que la Corte considera penalmente responsable. Cada ley que votó, cada debate de control político en el que participó, cada decisión sobre contratación o infraestructura que tomó como senador estuvo marcada por un conflicto que nadie quiso ver. La condena incluye una multa de 125 salarios mínimos y una inhabilidad de nueve años, seis meses y un día para ejercer funciones públicas. Ninguna de esas cifras devuelve la carretera ni los años de curul.
Hay además un costo que no se mide en pesos: la pedagogía del ejemplo. Cada joven de Norte de Santander que observa esta historia aprende una lección precisa sobre cómo funciona el ascenso en la política colombiana. No se asciende por mérito. Se asciende por lealtad a una estructura que sabe perdonar lo que la ley condena.
El sistema que lo permite
La justicia llegó. Hay que decirlo con claridad, porque en Colombia una condena a un congresista en ejercicio sigue siendo noticia y no rutina. Pero llegó dieciséis años tarde, y llegó con freno de mano. La Corte negó a Carrillo los subrogados penales: ni suspensión condicional de la pena ni prisión domiciliaria. Suena contundente. Luego agrega que la orden de captura no se ejecutará hasta que la sentencia quede en firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que procedan. En la práctica, el senador condenado seguirá siendo senador mientras sus abogados estiren el proceso. La sentencia existe en el papel con la misma solidez con que existían los dos kilómetros de pavimento.
El diseño institucional explica por qué el ciclo se repite. Los partidos no tienen ninguna consecuencia real cuando uno de sus avalados termina condenado. La Ley 1475 de 2011 prevé sanciones por avalar candidatos que luego sean condenados por ciertos delitos, pero la silla vacía y las multas han funcionado como amenazas de utilería. Ningún partido ha desaparecido por reincidir en avalar corruptos. Ninguna dirigencia ha renunciado por ello. La responsabilidad política se evapora en una rueda de prensa.
La ciencia política tiene un nombre para esto: captura partidista por clientelas regionales. La filosofía tiene otro: la banalización de la falta, cuando una conducta reprochable se repite tanto que pierde el carácter de escándalo y adquiere el de costumbre. Y la psicología de masas explica la pieza final: una ciudadanía que ha visto tantos casos como este deja de indignarse y pasa a la resignación, que es el estado emocional más rentable para el poder corrupto. Un pueblo resignado no vigila, no exige, no vota distinto. Vota a quien le arregle la trocha, aunque sea el mismo que la dejó sin pavimentar.
Mientras tanto, la Galería de Corruptos de Colombia recibe a su nuevo integrante con la ceremonia de siempre: un comunicado de la Corte, un silencio del partido, un recurso de los abogados y un país que pasa la página.
Un ciclo que solo rompe el ciudadano
La condena contra Wilmer Carrillo no es un triunfo de la justicia sobre la corrupción. Es un recordatorio de la distancia entre ambas: dieciséis años de distancia, una curul de distancia, un aval de distancia. El problema no es un senador. El problema es un sistema de partidos que ha convertido el aval en un cheque en blanco y la condena en un trámite que se espera con paciencia desde el Capitolio. ¿Cuántos Carrillos más están sentados hoy en el Congreso esperando una sentencia que tardará otra década? ¿Y cuántos partidos siguen recibiendo votos como si ese expediente no fuera también suyo? La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir premiándola con representación. El ciclo se rompe cuando el ciudadano deja de aceptar el aval como garantía y empieza a exigirlo como responsabilidad.
