Cali recauda más, debe más y mata más: los dos primeros años de Alejandro Eder salen en 6,3/10 🟡— REGULAR

La radiografía que nadie en el Palacio Municipal quiere mirar. El alcalde que enderezó el recaudo del predial (+23,65 %), subió al podio institucional del FURAG (94,96 de 100) y prometió «Recuperemos Cali» cierra su segundo año con 1.065 homicidios —la curva más violenta del país—, una deuda de $1,16 billones respaldada por rentas pignoradas al 130 %, la mitad del agua producida que se escapa por tubos podridos y una desaprobación ciudadana del 66,2 %, la peor de Colombia. Más allá de los titulares oficiales, aquí va la cuenta completa: dato por dato, peso por peso.

Nos encontramos en el municipio de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, tercera ciudad de Colombia y distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Vamos a auscultar la gestión municipal de Santiago de Cali, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Alejandro Eder Gárces. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Las mismas herramientas que sirven para presumir logros sirven —y esta es nuestra propuesta de valor de siempre— para desenmascarar los sistemas que permiten que la plata de todos se convierta en la deuda de todos, mientras la vida de la gente se negocia entre un disparo y un tubo de agua vacío.

Quien quiera leer el folleto oficial, tiene la rendición de cuentas del 18 de diciembre de 2025 y 150 obras en ejecución para entretenerse. Aquí aplicamos otra lógica: la del cirujano, no la del relacionista público. Examinamos la ejecución presupuestal reportada al CHIP en la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), la deuda pública y su renta pignorada, las vigencias futuras que hipotecan el futuro, las regalías —que en el caso caleño brillan por su ausencia—, el Índice de Desempeño Institucional FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la contratación que deja rastro en el SECOP y los cinco problemas que, según el «sentir de la gente», les duelen la vida a los caleños. Y como exige nuestra metodología, cerramos con una nota: 6,3 sobre 10. Regular. La luz amarilla encendida. Y cuando la nota es regular o peor, entra en escena la pregunta jurídica que ningún balance oficial menciona: si los deberes se omiten a sabiendas, ¿estamos frente a un simple déficit administrativo o frente al delito de prevaricato por omisión del artículo 414 del Código Penal?

1. El mecanismo expuesto: la caja fuerte de Cali y sus tres cerraduras

Toda gestión municipal se entiende mejor abriendo la caja fuerte en vez de mirar el escaparate. En el bienio 2024-2025, la caja de los caleños tiene tres cerraduras: los impuestos que entran, las transferencias que llegan desde Bogotá y el crédito que se compromete a futuro. La primera cerradura, la del recaudo, es la mejor noticia del gobierno Eder —y no es sarcasmo: es aritmética. El Impuesto Predial Unificado urbano pasó de recaudar $772.512 millones en 2024 a $955.228 millones en 2025, un salto del 23,65 % que convirtió al predial en el músculo financiero de la ciudad. En términos totales, según el consolidado del CHIP, el recaudo del predial urbano y rural sumó $965.936 millones en 2025, un 21,1 % más que en 2024. La modernización del catastro y la agresiva campaña de cobro funcionaron. Punto a favor que registraremos con la misma honestidad con la que registraremos lo demás.

Pero la caja tiene una segunda cerradura que administra la Nación: las transferencias corrientes del Sistema General de Participaciones, que sostienen educación, salud y agua potable. En 2024 entraron $2.691.233 millones —el 45,03 % de todo lo recaudado—; en 2025 cayeron a $1.539.124 millones, el 30,74 % del total. Bajar la dependencia suena a logro de autonomía, y en el papel lo es. Pero la lectura forense exige mirar el reverso: el municipio no se independizó de Bogotá; simplemente recibió menos mientras su recaudo total se desplomó de $5.976.239 millones en 2024 a $5.006.731 millones en 2025, una caída del 16,2 % en el consolidado. Independencia con menos plata en caja es, como mínimo, un logro ambiguo.

Y está la tercera cerradura, la más incómoda: el crédito. El saldo de la deuda pública pasó de $1 billón 060.073 millones al cierre de 2024 a $1 billón 158.293 millones al cierre de 2025, un aumento del 9,2 % en un solo año. Para sostener esa montaña, Cali tiene pignoradas sus cuatro rentas principales —predial, industria y comercio, delineación y complementario de avisos y tableros— en un 130 %, es decir, comprometió más de lo que esos impuestos producen. En 2025 el municipio recibió desembolsos por $103.439 millones, pagó intereses por $126.523 millones y solo amortizó capital por $5.219 millones. Quien sepa leer una cuenta corriente entiende el truco: se está pagando el interés del préstamo con otro préstamo, y la factura se la deja servida a quien gobierne después. La administración se apoyó además en el empréstito distrital de $3,5 billones aprobado con el Concejo, cuyo primer desembolso de $365.000 millones se incorporó al presupuesto de 2025 en mayo de ese año. Capital de obra, sí. Pero también cadena de futuro.

Hay una anomalía de reporte que ningún despacho explicó y que el lector debe conocer: en la cifra de control del CUIPO, el recaudo total general quedó reportado en $7.285.459 millones, exactamente el mismo número en 2024 y en 2025, con variación de 0,00 %. Coincidencias así, en finanzas públicas, son tan frecuentes como los puentes de oro. Puede ser un artefacto del consolidado de reporte; también puede ser un espejo donde nadie se ha querido mirar. La pregunta no es retórica: si la cifra de control no se mueve entre dos vigencias, ¿qué tan fino es el termómetro con el que Cali mide su propia plata? Las cifras de detalle, en cambio, sí se mueven: los ingresos corrientes crecieron 10,03 %, los impuestos directos 7,22 %, y los no tributarios —multas, tasas, licencias, ese recaudo que depende de la eficiencia y no de la vivienda de alguien— retrocedieron 7,06 % en el consolidado general.

Tabla 1. Comparativo de recaudo de ingresos (miles de millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con los reportes CUIPO del CHIP (Dic-Dic 2024 y 2025) y análisis financiero anexo. Cifras en pesos corrientes.

Sobre las regalías, el hallazgo es de manual: según los formularios del Sistema General de Regalías consultados para 2024 y 2025, Cali reportó $0 pesos de recaudo por asignaciones directas del 20 % y $0 pesos de ejecución de gastos en funcionamiento o fortalecimiento de OCAD en ambas vigencias. Cali no es municipio PDET ni productor de hidrocarburos; su suerte presupuestal no depende del crudo sino de sus impuestos y de Bogotá. Por eso la dependencia de transferencias y de crédito pesa el doble: cuando el pozo propio está seco, la soberanía fiscal se mide en cuánto hipoteca uno su mañana. Y el mañana caleño ya está empeñado: las vigencias futuras autorizadas en 2025 comprometieron $2,15 billones, de los cuales el 74,9 % ($1.594.117 millones) es para transporte e infraestructura vial, con $281.506 millones adicionales (13,2 %) amarrados a educación y alimentación escolar —varias de ellas, por vía excepcional, la figura que exige justificación reforzada precisamente porque suelta el bolsillo de las administraciones siguientes.

Tabla 2. La deuda en dos años: lo que crece y lo que se difiere

Fuente: CHIP — FUT Deuda Pública (créditos, renta pignorada) y FUT Vigencias Futuras (autorizaciones), vigencias 2024-2025.

2. Los actores y sus roles: quién mueve cada pieza

El alcalde Alejandro Eder Gárces —empresario, exalto comisionado de paz, heredero político de una de las dinastías empresariales del Valle— llegó al Palacio Municipal en enero de 2024 con un capital de imagen que ningún alcalde caleño había tenido en décadas: el hombre del «cambio serio», con camiseta azul, retórica anticorrupción y la promesa de acabar con «las sinvergüencerías». Su Plan de Desarrollo, «Recuperemos Cali» (ParC 2024-2027), aprobado en mayo de 2024, se ordenó en tres propósitos mayores: Cali Reconciliada —paz, seguridad y convivencia—, Cali Renovada y Sostenible —infraestructura, servicios públicos y medio ambiente— y Cali con Buen Gobierno —transparencia, recaudo y gestión—. Dos años después, la pregunta no es si el plan existe, sino cuál de sus tres patas aguanta el peso de la realidad.

Alrededor del alcalde orbitan los actores que sostienen —o cuelgan— la gestión. Emcali, la empresa municipal de servicios, es la caja de resonancia más dolorosa: la entidad que dejó sectores enteros sin agua en octubre de 2024 cuando la turbiedad del río Cauca y la sequía de la ladera tumbaron el sistema, y que según su propio gerente pierde cerca del 50 % del agua que produce entre redes deterioradas y conexiones fraudulentas. Metrocali, gestora del MIO, soportó en agosto de 2025 un debate de control político en el Concejo con una flota de 792 buses donde varios carroceros ya cumplen 16 años de servicio y una crisis de cobertura que obligó a parchar rutas con la creación de rutas nuevas (E51 y T57 en noviembre de 2025) mientras el subsidio se discute como debate político y no como derecho del usuario. El Concejo de Cali, que el alcalde juró disciplinar, discute y freina por turnos; y los órganos de control —Contraloría General de Santiago de Cali y Contraloría General de la República— mantienen auditorías en curso con observaciones y una función de advertencia activa por riesgos presupuestales y contractuales asociados al ritmo de la contratación del empréstito.

En materia de contratación pública —el 15 % de nuestra calificación— el registro del SECOP de los dos primeros años no arroja, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un escándalo de magnitud comparable a los casos emblemáticos que esta casa ha documentado en otros municipios. Eso se dice y se reconoce. Pero la transparencia no se mide solo por la ausencia de cartelera: se mide por la calidad de la información, por la ejecución de las modalidades de selección, por las observaciones que las auditorías dejaron por escrito —incluido un informe final de la Contraloría General de Santiago de Cali sobre la contratación de una secretaría del despacho, de octubre de 2025— y por el hecho, nada menor, de que la entidad contrata con un volumen y una velocidad inéditos, sostenida por un empréstito que convierte cada proceso en un temporizador. Dónde hay información exhaustiva, hay menos margen para la sombra; dónde hay urgencia y billetes frescos, suele crecer el pasto de la discrecionalidad. Vigilancia permanente, por tanto, y nota de aprobación raspa: 6,0.

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona»: y en Cali, por ahora, el bisturí encuentra más ineficiencia y más deuda que bolsillos llenos. Que no se confunda la suerte con la inocencia: el bisturí sigue abierto.

3. El impacto real: los cinco problemas que la gente siente, medidos uno a uno

Un balance financiero sin calles, sin muertos y sin grifos es contabilidad de vitrina. El Plan de Desarrollo se construyó —como todo plan serio— para responder a prioridades reales, y las prioridades reales de los caleños no son abstractas: seguridad, movilidad, servicios públicos con agua que llegue, economía que dé trabajo y un gobierno que se le crea a la gente. Por eso traducimos el bienio en cinco indicadores de gestión, uno por problema, cada uno con dato verificable de 2024 y de 2025 y una nota de 0 a 10. Este es el corazón del examen, porque aquí la plata se convierte en vida.

3.1. Seguridad y convivencia: la curva que se quebró — nota: 2,5

Aquí el bienio es una montaña rusa que terminó en el abismo. En 2024, Cali cerró con 938 homicidios —cifras de la Secretaría de Seguridad recogidas por medios nacionales y análisis de Ideas para la Paz—, una reducción del 6,7 % frente a los 1.005 de 2023 y la tasa más baja en 31 años: 41,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. El alcalde presumió la cifra, y era presumible. Pero en 2025 la curva se quebró con toda la violencia: la ciudad cerró con 1.065 homicidios, un aumento del 13,5 % que la devolvió al primer puesto de las ciudades más violentas de Colombia, con 420 de las víctimas entre los 18 y los 28 años y al menos 59 entre los 12 y los 17, según el balance presentado en el Concejo. La Secretaría atribuyó el repunte a disputas entre estructuras criminales; el ciudadano lo traduce en extorsión, sicariato y comunas sitiadas.

Lo gravioso no es solo el número: es la narrativa. En noviembre de 2025, con la ciudad ya superando los mil homicidios del año, la Alcaldía todavía publicaba que su administración «ha logrado una reducción del 17 % en el número de muertes violentas». Contar muertes violentas totales para disfrazar el aumento de homicidios es estadística al servicio del eslogan; el dato que la gente vive es el del porcentaje que sube. Si el primer deber funcional de un alcalde es proteger la vida, el segundo es decir la verdad sobre por qué no la protegió. En este indicador, 2024 merece un 8; 2025, un 0 a la defensiva. El promedio del bienio no perdona: 2,5.

3.2. Movilidad e infraestructura: obras sí, sistema no — nota: 6,0

En vías, la administración tiene de qué hablar y lo hace con bastante razón. En su rendición de cuentas de diciembre de 2025 reportó más de 150 obras en ejecución; en septiembre de 2025 lanzó el plan de recuperación de la malla vial con más de 100 tramos urbanos y rurales, 35 frentes de obra simultáneos, 6 kilómetros nuevos de cicloinfraestructura y una inversión inicial de $37.000 millones, financiada en buena parte con el empréstito. Las vigencias futuras autorizadas —$1,59 billones para transporte, el 74,9 % del total— confirman que la movilidad es la prioridad presupuestal del gobierno. Los concejales, eso sí, reclamaron en debate de control político estudios técnicos sobre obras como la avenida Ciudad de Cali y la precisión de las inversiones complementarias: obra lanzada, estudiar después, es coreografía conocida.

El talón de Aquiles se llama MIO. El sistema masivo, orgullo estructural de 2009, opera con 792 buses de los cuales buena parte agotó su vida útil —varios con 16 años rodando—, con cobertura insuficiente hacia las comunas y corregimientos, y con un esquema de subsidios que la administración defiende pero no ha reconvertido. El usuario no percibe «gestión integral del transporte»: percibe bus que no pasa, parada sin sombra y troncal en obra. La nota equilibra la obra vial verificable (7,5) contra el deterioro del transporte público masivo (4,5): 6,0. La ciudad se arregla por fuera y se desarma por dentro.

3.3. Servicios públicos y agua: la sed que no fue accidente — nota: 3,5

Octubre de 2024 debería estar en los anales de la vergüenza urbana: la turbiedad del río Cauca, la sequía en la ladera y una red en estado de fatiga crónica dejaron barrios de Cali —la tercera ciudad de Colombia— días enteros sin agua potable, con tanqueros improvisados y vecinos bajando cerros con bidones. No fue un capricho del clima: fue la factura de décadas de subinversión en redes que la ciudad no controla plenamente —Emcali es empresa municipal pero su junta y su operación se debaten entre la Alcaldía y la Nación— y de un modelo de gestión que prioriza la caja sobre la tubería. Dos años después, la cifra oficial del propio gerente de Emcali es descarnada: cerca del 50 % del agua producida se pierde entre fugas y conexiones fraudulentas. La mitad de la plata embotellada se escapa antes de llegar a la llave.

En 2025 y 2026 la crisis volvió periódicamente a la agenda: cortes programados por mantenimiento de emergencia, corregimientos como Montebello con más de dos semanas sin servicio, y acuerdos entre la Alcaldía y las comunidades de la ladera que llegan tarde y se firman bajo presión. Para un alcalde que prometió renovar la ciudad, entregarla con la mitad del agua fugada y con crisis de abastecimiento recurrentes es una deuda social de las que no se refinancian. Nota: 3,5.

3.4. Economía, empleo y recaudo: la caja fuerte bien cerrada y la tienda medio vacía — nota: 5,5

La paradoja caleña del bienio: el municipio recauda mejor que nunca y la economía de sus ciudadanos resopla. El predial subió 21,1 % y otros tributarios 21,3 % —buena gestión de cobro, catastro modernizado, y también un ajuste tarifario que en enero de 2025 autorizó incrementos de hasta el 25 % para predios residenciales según avalúo—. Pero el Impuesto de Industria y Comercio, el termómetro directo de la actividad económica, cayó 4,3 % ($879.828 a $842.320 millones), y los no tributarios cayeron 12 %: menos movimiento comercial formal, menos fiscalización efectiva. El plan de obras genera más de 250 empleos directos según la administración, un dato bienvenido que no compensa, por escala, la contracción del sector comercial que paga las facturas del distrito.

El indicador honesto de este renglón es la combinación: capacidad estatal de captar recursos (alta, 8) contra capacidad de la economía urbana de producirlos (mediana-baja, 4,5). El promedio del bienio: 5,5. Cali no está quebrada; está desequilibrada: una Alcaldía más rica financiada por contribuyentes y comerciantes que no lo son tanto.

3.5. Buen gobierno y transparencia: la diligencia institucional y la calle escéptica — nota: 7,0

El quinto problema que la gente reporta es el descreimiento: «nada funciona, todos roban». Contra ese telón, la administración exhibe activos reales: el FURAG 2025 con 94,96 puntos —cuarto mejor de los 18 municipios de categoría especial del país, por encima de Medellín—, una rendición de cuentas pública en diciembre de 2025, un empréstito discutido y aprobado con el Concejo, y un esquema de información presupuestal que opera y se reporta. La función de advertencia de la Contraloría General de la República y las observaciones de la Contraloría municipal son señales de vigilancia, no condenas; en un Estado de Derecho, vigilancia es lo correcto y lo que esta casa exige.

Pero el buen gobierno no se mide solo en formularios diligentes: se mide en la distancia entre lo que la institución dice y lo que el ciudadano constata. Cuando la Alcaldía presume reducción de muertes violentas mientras los homicidios suben 13,5 %, la distancia se agranda. Cuando el recaudo sube y el agua no llega, la distancia se agranda. El indicador de gobernanza institucional es sólido (8,5); el de credibilidad narrativa, bajísimo (5,5). Promedio del bienio: 7,0. Con este renglón, Cali pasa el examen de la oficina y reprueba el de la acera.

Tabla 3. Los cinco indicadores de gestión del bienio (promedio 2024-2025)

Fuentes: Secretaría de Seguridad de Cali, Concejo de Santiago de Cali, Alcaldía de Cali (rendición de cuentas 2025), Emcali, CHIP-CUIPO, Función Pública (FURAG 2025). El promedio de los cinco indicadores (4,9) alimenta el componente «Avance Plan de Desarrollo» de la calificación final.

4. El sistema que lo permite: la deuda como cadena maestra

¿Por qué una ciudad que recauda mejor se vuelve más frágil? Porque el mecanismo no está en el robo escandaloso —que también se busca y no aparece con nombre propio en este bienio— sino en el diseño silencioso del financiamiento. Cali se financia hoy con un trípode: transferencias que la Nación recorta, impuestos que están pignorados al 130 % y crédito nuevo que paga los intereses del crédito viejo. Con las cuatro rentas principales empeñadas, el margen de libre destinación se estrecha, y con él la posibilidad de financiar lo que no da titular: mantenimiento de redes, prevención social, cobertura de transporte. El empréstito de $3,5 billones, presentado como motor de la recuperación, funciona simultáneamente como oxígeno y como cadena: activa 35 frentes de obra hoy y compromete el flujo de rentas de mañana. Las vigencias futuras —$2,15 billones autorizados, con figura excepcional incluida— son la escritura de esa hipoteca institucional.

El segundo engranaje es narrativo. Una administración que reporta cifras de control idénticas entre vigencias ($7,28 billones de recaudo total en 2024 y 2025, variación 0,00 %), que presume reducciones de muertes violentas mientras los homicidios suben, y que presenta como hito la disminución del porcentaje de transferencias cuando el recaudo total cayó 16,2 %, no está mintiendo técnicamente: está curando la muestra. El sistema que permite la ineficiencia no es el delito perseguido sino el dato maquillado, la cifra que se elige, el indicador que se cambia de definición cuando estorba. Contra eso no hay fiscalía que compita: solo periodismo que compare y ciudadanía que archive.

Y está el tercer engranaje, el institucional: la distancia entre la diligencia de escritorio y la efectividad de calle. Un FURAG de 94,96 certifica que los formularios se diligencian, los planes se documentan y los procesos se auditan. No certifica que el bus pase, que el agua llegue o que el joven de la comuna 13 amanezca vivo. Cali aprendió a rendir cuentas mejor que nunca y a dar explicaciones mejor que resultados. Esa brecha —la del formulario contra el barro— es el terreno donde crece el escepticismo que la encuesta Guarumo midió en enero de 2026: 19,9 % de aprobación y 66,2 % de desaprobación, la peor imagen de los alcaldes capitales del país. La gente no solo evalúa gestión: evalúa coherencia.

5. FURAG 2025: la diligencia perfecta y la calle imperfecta

El Formulario Único de Reporte de Avance en Gestión —FURAG— es el examen institucional que el Departamento Administrativo de la Función Pública aplica cada vigencia a las entidades territoriales, y de él se deriva el Índice de Desempeño Institucional (IDI), uno de los termómetros más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. En la medición de la vigencia 2025 (reporte oficial del 17 de junio de 2026), Cali obtuvo un IDI de 94,96 puntos sobre 100, que la ubica en el puesto 4 entre los 18 municipios de categoría especial del país: por encima de Medellín (93,93), Rionegro (94,03), Barranquilla (86,01) y Pereira (84,02); por debajo de Bogotá (98,63), Cartagena (97,09) y Bucaramanga (95,17). La gobernación del Valle del Cauca, para el registro vecinal, puntuó 97,99.

La lectura rigurosa exige desagregar. El IDI promedia cuatro dimensiones —cumplimiento legal, gestión y desempeño institucional, información y transparencia, y resultados— evaluadas por componentes como planeación, presupuesto, talento humano, compras públicas, control interno y servicio al ciudadano. Cali alta en el resultado agregado revela fortalezas reales: capacidad de planeación ordenada, reportes oportunos, procesos documentados, cumplimiento normativo sostenido. Ninguna administración incompetente alcanza 94,96: la maquinaria administrativa caleña funciona con precisión de escritorio. Es exactamente el tipo de dato que esta metodología pondera con el 25 % —el mayor peso— porque la institucionalidad es el suelo sobre el que todo lo demás se construye.

Pero el FURAG también tiene un techo que el ciudadano conoce de primera mano: mide diligencia, no destino. Certifica que el plan se formuló, no que la cuadra se arregló; que el presupuesto se ejecutó, no que la víctima de la extorsión duerma tranquila; que la información se publicó, no que se entendió. Por eso un 94,96 convive sin contradicción lógica con 1.065 homicidios y con tuberías que pierden la mitad del agua: son dos sistemas de medición —el del Estado que se administra y el de la vida que se vive— y este artículo existe para cruzarlos. Cali tiene hoy una máquina administrativa de primera y, en seguridad y agua, resultados de tercera. La nota del componente es 9,5: el mejor activo del gobierno Eder. Que lo sepa aprovechar antes de que la calle se lo facture.

6. La calificación: 6,3 — Regular, con la luz amarilla encendida

Aplicamos la escala ponderada de corrupcionaldia.com, la misma con la que evaluamos a Tolu Viejo y Agua de Dios: seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10, ponderados según su peso institucional. La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles —un 7,0 en un municipio de 40 mil habitantes no equivale a un 7,0 en una capital de 2,2 millones—, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. Estos son los números del examen:

Tabla 4. Calificación ponderada del bienio 2024-2025 del alcalde Alejandro Eder

Metodología: promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10. Nota final redondeada a un decimal: 6,26 ≈ 6,3.

El adjetivo correspondiente es Regular, en la franja 5,0-6,9 del semáforo metodológico: gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano. Ni la catástrofe (por debajo de 4,9) ni la solvencia (7,0 o más). Es la nota de la ciudad que aprende a administrarse y todavía no aprende a protegerse; la del recaudo impecable conviviendo con la tragedia cotidiana. Los dos descalabros que impiden llegar a «Bueno» están claramente identificados: el avance del Plan de Desarrollo (4,9), aplastado por el deterioro de la seguridad y la crisis del agua, y la percepción ciudadana (2,5), que en democracia no es ruido sino termómetro. Sin 66,2 % de desaprobación, este gobierno estaría en 7,2. Con ella, es un 6,3. Y como toda nota igual o inferior a 6,9, activa —por regla metodológica, no por gusto editorial— el análisis jurídico del prevaricato por omisión que viene a continuación.

7. El examen jurídico: ¿cuándo una gestión regular roza el prevaricato por omisión?

El artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) tipifica el prevaricato por omisión: «El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta (140) meses». La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige para su configuración tres elementos: (i) un deber funcional concreto y exigible del servidor público; (ii) la omisión, retardo, negativa o rehusó de ese deber con capacidad real de cumplirlo; y (iii) el dolo, es decir, la voluntad consciente de incumplir —la simple negligencia grave puede escalar a la responsabilidad disciplinaria o fiscal, pero el delito exige dolosidad—. La responsabilidad, en cualquier caso, la determinan la Fiscalía y los jueces, no los periodistas: nuestro oficio es mostrar dónde está el material.

¿Dónde está el material en Cali? Primero, el deber funcional de protección de la vida y del orden público es el más concreto que tiene un alcalde: la Ley 136 de 1994, el Decreto-ley 21 de 1977 y la Constitución (artículos 2 y 315) lo convierten en jefe de la administración y primer responsable de la convivencia en su territorio, con facultades reales sobre la Policía Metropolitana y el presupuesto de seguridad. Que los homicidios suban 13,5 % en un año —de 938 a 1.065, la ciudad más violenta del país— no es por sí solo prevaricato: la criminalidad obedece a factores que exceden a cualquier despacho. El material está en otra parte: en la brecha entre la estrategia anunciada y la respuesta documentada; en el contraste entre presumir «la mejor reducción de muertes violentas» cuando la curva de homicidios subía, y la capacidad efectiva de las estrategias territoriales para contener las disputas criminales que la propia Secretaría reconoció como causa. Si un juez llegara a establecer que existió un plan de choque exigible, con recursos disponibles, que no se ejecutó por decisión consciente —no por imprevisto ni por falta de competencia—, tendríamos la estructura del tipo penal. Esa verificación de hechos está por hacerse, y corresponde a quienes tienen poder de citación e imputación.

Segundo, el agua. La crisis de abastecimiento de octubre de 2024 —días sin servicio en una capital de 2,2 millones de habitantes— y las pérdidas estructurales cercanas al 50 % del agua producida, reconocidas por la propia gerencia de Emcali, plantean la pregunta de los deberes de intervención: ¿actuó el alcalde, en su calidad de agente principal de la nación frente a Emcali, con la diligencia exigible para reconvertir la red y el modelo operativo? Los acuerdos con las comunidades de la ladera llegaron años después de los primeros cortes; el plan de choque contra las fugas no tiene, a la fecha, resultados verificables. Tercero, la rigidez fiscal: comprometer el 130 % de las rentas principales y amarrar $2,15 billones en vigencias futuras —con figuras excepcionales— limita la capacidad de respuesta de la propia ciudad ante emergencias; un juez podría preguntarse si eso configura una omisión de prudencia en el manejo del erario o simple gestión de infraestructura de largo plazo, que es la defensa técnica natural de cualquier administración.

Con una nota de 6,3 —Regular—, este análisis concluye con lo que la metodología exige y con lo que el rigor impone: no hay, hasta hoy, prueba documental pública de omisión dolosa de deberes funcionales por parte del alcalde Eder; hay, en cambio, un patrón verificable de desatención de resultados —seguridad, agua, credibilidad— que convierte la pregunta jurídica en legítima y en urgente de vigilar. El prevaricato por omisión no se configura con números rojos: se configura con la prueba de que el servidor pudo actuar y eligió no hacerlo. Que los órganos de control y la justicia exploren ese terreno con celeridad es lo que este ejercicio de rendición de cuentas ciudadana deja planteado. Y que el alcalde lo entienda como lo que es: la diferencia entre gobernar con resultados y gobernar con formularios es, exactamente, el territorio donde empiezan las responsabilidades.

8. Los ODS en la balanza caleña: la cita pendiente con el desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son la vara global con la que se mide si una ciudad avanza o retrocede en bienestar con equidad. Para el componente de ODS (10 % de la calificación), el bienio caleño arroja un veredicto mixto con pendientes gruesas. ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): la institución formal es sólida —FURAG 94,96—, pero la paz falla: +13,5 % de homicidios, extorsión en ascenso, jóvenes como principal población víctima. ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): reprobado en lo operativo, con cerca del 50 % del agua producida perdida y crisis de abastecimiento recurrentes en la ladera. ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles): en tensión, entre el mobiliario urbano en obra —150 obras, 6 kilómetros de cicloinfraestructura— y la movilidad masiva envejecida que no conecta equitativamente el territorio.

ODS 3 (Salud y bienestar): la violencia es la variable que tumba la meta, con 420 jóvenes de 18 a 28 años asesinados en 2025, según el Concejo; los indicadores de salud pública municipal sostienen la operación básica sin espectaculares avances. ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento): el recaudo de industria y comercio cayendo 4,3 % refleja un sector comercial en contracción, mientras el empleo de las obras —más de 250 puestos directos— es una paliativo, no una política. ODS 1 y 10 (Fin de la pobreza y reducción de desigualdades): el ajuste tarifario del predial de hasta 25 % y la rigidez presupuestal presionan el bolsillo de los hogares de ingresos medios y bajos sin que la inversión social condicionada muestre expansión. En conjunto, el componente obtiene 4,5: una ciudad que planifica con la Agenda 2030 en el papel —el Plan de Desarrollo la cita— y que en la práctica vio retroceder justo los ODS que dependen de proteger la vida y el agua.

Cierre: la pregunta que le queda a la tercera ciudad de Colombia

Cali cierra el segundo año de Alejandro Eder con una caja mejor administrada, una institucionalidad de primer nivel medido en formularios, obras que se ven en las avenidas y una deuda que se verá en los presupuestos del porvenir. También con 1.065 familias en duelo, la mitad del agua escarchada en tubos podridos, un sistema masivo que no llega y una ciudadanía que calificó al gobierno con la peor nota del país. El 6,3 —Regular— no es un insulto ni un premio: es una luz amarilla en el cruce donde se encuentran la eficiencia fiscal y la eficacia social. La administración tiene dos años para demostrar que sabe convertir plata bien recaudada en vidas bien protegidas. La metodología estará aquí, los datos seguirán en el CHIP, el SECOP y el FURAG, y la próxima calificación no se la dará ninguna encuesta: se la darán los muertos que dejen de serlo, el agua que llegue a la llave y la verdad que se cuente sin maquillaje estadístico.

Cada peso recaudado y mal protegido es una promesa incumplida. La pregunta no es si Cali puede recuperarse: es si sus gobernantes pueden dejar de administrar la foto para empezar a gobernar la vida. ¿Cuántas notas de 6,3 más necesita una ciudad para exigir un 10?

Metodología transparente y replicable

Este artículo aplica la metodología de calificación ponderada de corrupcionaldia.com, replicable por cualquier ciudadano con conexión a internet. Los componentes y sus pesos: FURAG/IDI de Función Pública (25 %), ejecución presupuestal CUIPO reportada al CHIP (20 %), avance del Plan de Desarrollo medido con cinco indicadores vinculados a los cinco problemas prioritarios de las comunidades (20 %), transparencia de la contratación en SECOP y observaciones de control fiscal (15 %), cumplimiento de los ODS (10 %) y percepción ciudadana inferida de encuestas, prensa local y participación (10 %). Cada cifra citada proviene de fuentes oficiales o de medios con registro verificable; las interpretaciones y calificaciones son responsabilidad exclusiva de esta casa editorial. Si la nota final fuera igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite por lógica metodológica; al ser 6,3, se activó y se presentó con las reservas de rigor que el Estado de Derecho impone. Las fuentes primarias consultadas fueron:

• CHIP — Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO): B_Ejecución de Ingresos y D_Ejecución de Gastos, Dic-Dic 2024 y Dic-Dic 2025 (chip.gov.co).
• CHIP — FUT Deuda Pública: créditos, créditos por sector y renta pignorada (ene-dic 2024 y 2025); FUT Vigencias Futuras: autorizaciones (oct-dic 2024 y 2025); Sistema General de Regalías: ejecución de ingresos y gastos (dic 2024 y 2025).
• Departamento Administrativo de la Función Pública — FURAG, vigencia 2025: Índice de Desempeño Institucional de alcaldías municipales (reporte del 17 de junio de 2026).
• Alcaldía de Santiago de Cali — rendición de cuentas del 18 de diciembre de 2025; plan de inversión de malla vial (23 de septiembre de 2025); empréstito distrital (julio de 2025).
• Concejo de Santiago de Cali — debates de control político a Metrocali (agosto de 2025), a la infraestructura vial (abril de 2025) y balance de homicidios de jóvenes (abril de 2026).
• Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del DNP — informe de seguridad de Cali; Secretaría de Seguridad de Cali (cifras de homicidios 2023-2025).
• Prensa verificada: El País Cali, El Tiempo, Infobae, Semana, 90minutos, Occidente.co, CaliEscribe, Ideas para la Paz (tasas de homicidio y encuestas de imagen).
• Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), artículo 414 — prevaricato por omisión; Ley 136 de 1994 y Constitución Política, artículos 2 y 315 — deberes del régimen municipal.

Declaración de independencia: esta investigación no recibe financiamiento de ninguna administración pública ni de partidos políticos. Todas las entidades mencionadas pudieron ser objeto de verificación pública de sus reportes; no se involucra a persona alguna en conductas delictivas sin que conste en decisión judicial. La calificación es un ejercicio de control social y político, amparado en los artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia.

Hipólito Palencia

Periodista investigativo — director editorial de corrupcionaldia.com

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

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