Colombia tiene leyes de participación, encuestas oficiales, presupuestos participativos y hasta universidades que venden especializaciones en escuchar al ciudadano. Lo que no tiene es un solo mecanismo que obligue a cumplir lo que la gente pidió.
Cuatro millones y medio de votos para que nadie responda
Entre 2020 y 2025, los bogotanos presentaron 49.836 propuestas en los presupuestos participativos de la ciudad, depositaron más de 4,5 millones de votos y lograron que 6.412 iniciativas quedaran priorizadas. El Distrito comprometió 892.830 millones de pesos para ejecutarlas. Suena a democracia funcionando. Hasta que uno lee el informe que la Contraloría de Bogotá publicó en julio de 2026: 387 de esas iniciativas no han sido ejecutadas, 165 fueron declaradas inviables después de que la gente votó por ellas, 918 siguen atascadas en contratación y 1.193 están «en ejecución», esa categoría elástica donde los proyectos envejecen sin morir.
Más allá de los titulares, ese informe describe el mecanismo central de la participación ciudadana sin incidencia en Colombia: el Estado abre la boca del ciudadano, le pide que hable, cuenta los votos, publica las cifras de asistencia y después decide por su cuenta. La escucha se convierte en trámite. El trámite se convierte en informe. Y el informe se archiva.
El 5 de octubre de 2026, El Espectador publicó una entrevista con Oscar David Melo Estrada, director de la Especialización en Políticas Públicas de la Universidad El Bosque, bajo el título «¿Por qué las políticas públicas necesitan escuchar a la ciudadanía?». La pieza aparece en la sección Punto de Encuentro, marcada como contenido comercial. Es decir, una universidad pagó por explicar que al ciudadano hay que escucharlo. En corrupcionaldia.com tomamos esa tesis en serio, con una diferencia: nosotros no vendemos la especialización. Vendemos la pregunta incómoda que la entrevista deja abierta: ¿qué pasa con lo que la ciudadanía dice después de que el Estado lo anota?
Lo que el profesor dijo y lo que el país confirma
Melo Estrada afirma dos cosas útiles. La primera: una cosa es recoger opiniones y otra es que tengan incidencia. Una institución hace encuestas, talleres y consultas, y eso no significa que alguien sepa qué propuestas fueron tenidas en cuenta y cuáles no. Falta trazabilidad entre lo que la ciudadanía plantea y lo que finalmente se decide. Participar, dice, también implica saber qué pasó después con lo que uno expresó.
La segunda afirmación es más incómoda para el poder: la desconfianza no reduce la participación, la desplaza. La gente que no cree en las instituciones sigue participando, pero cambia de canal. Deja la urna y toma la calle. Deja el cabildo abierto y se va a la protesta.
Ambas tesis tienen respaldo en los datos oficiales que el propio Estado produce y que casi nadie lee. La Encuesta de Cultura Política 2023 del DANE, aplicada a 64.770 personas en 23.145 hogares, mide la confianza en las instituciones con una escala de 1 a 5. El porcentaje de colombianos que «confía mucho» en su alcaldía municipal o distrital es 13,8%, y cayó 5,3 puntos frente a 2021. En los concejos municipales confía mucho el 10,4%, con una caída de 4 puntos. En el Congreso, 10,7%. En los partidos políticos, 6,6%, la cifra más baja de la tabla, con descenso sostenido desde 2019. La Contraloría, el órgano que debería garantizar que la plata de los presupuestos participativos no se pierda, obtiene 13,7%. La Procuraduría, 14,3%.
Léalo con calma: nueve de cada diez colombianos no confían plenamente en el alcalde que les pide opinión, ni en el concejo que aprueba el presupuesto, ni en la contraloría que debería vigilarlo. Esa es la base sobre la que el Estado monta sus «ejercicios de participación».
El mismo DANE pregunta por qué la gente no votó en 2022. La razón principal es el desinterés, 40,1%. La segunda, «los candidatos prometen y no cumplen», 32,8%. La tercera, «los políticos son corruptos», 28,4%. Y apenas el 16,8% de los colombianos considera la política «muy importante» en su vida, 3,4 puntos menos que dos años antes. Cuando el 83% de la población considera que algo es poco importante, el problema no es la población. El problema es lo que esa política ha hecho con ella.
La desconexión como diseño, no como accidente
Conexión Perdida es la lente con la que leemos este caso. La corrupción va más allá de la plata robada: es la fractura que se abre entre lo que se le dice al ciudadano y lo que ocurre con sus decisiones. El Estado colombiano no es sordo. Es algo peor: escucha con atención, documenta cada palabra y actúa como si no hubiera oído nada. Esa brecha entre la escucha y la obediencia es exactamente donde vive la corrupción municipal, porque un proyecto que la gente votó y nadie ejecuta es un proyecto cuyos recursos quedaron libres para otra cosa.
El Latinobarómetro 2026, publicado este octubre, mide la misma fractura a escala regional. El apoyo a la democracia en América Latina se sostiene en 52%, pero solo el 26% de los latinoamericanos considera que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos. La confianza en los partidos políticos es 15%. El 76% afirma no sentirse representado por su Parlamento. En la edición 2024, Colombia aparecía entre los países donde más de la mitad de la población cree que la democracia puede funcionar sin Congreso, con 52%, y entre los que más dudan de que los partidos sean indispensables. Cuando la gente empieza a pensar que las instituciones de representación sobran, no es porque haya perdido fe en la democracia. Es porque ha perdido fe en que esas instituciones la representen.
Y aquí está la trampa psicológica que sostiene todo. El sistema no necesita que usted crea. Necesita que usted participe. Una audiencia pública con 300 asistentes produce una foto, un acta y un indicador de cumplimiento para el Manual Único de Rendición de Cuentas. Esa foto le sirve al alcalde para decir que «escuchó a la comunidad». La misma foto le sirve al organismo de control para marcar la casilla de «rendición de cuentas realizada». A nadie le sirve para saber qué pasó con lo que se pidió en ella. El propio Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto lo dijo al evaluar el plan de acción de Colombia: las audiencias de rendición de cuentas se han enfocado en el acceso a la información y en consultar a la ciudadanía, con carácter consultivo y no vinculante. Traducción: usted habla, ellos escuchan, nadie está obligado a nada.
Hay un detalle que resume el absurdo. En diciembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga realizó su audiencia pública de rendición de cuentas 2016-2019 e invitó formalmente a los organismos de control. El informe de evaluación lo registra con honestidad burocrática: no asistieron la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Defensoría. La ciudadanía fue a escuchar al Estado rendir cuentas, y los encargados de vigilar que esas cuentas fueran ciertas no se presentaron.
Las leyes existen. Lo que no existe es la obligación de cumplirlas
Colombia no tiene un problema de normas. La Constitución de 1991 declaró la democracia participativa como principio fundante. La Ley 134 de 1994 reglamentó los mecanismos. La Ley 850 de 2003 creó las veedurías ciudadanas. La Ley 1757 de 2015, estatutaria, se propuso de manera expresa «prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos», y ordenó a las alcaldías crear oficinas para promover la participación. El artículo 87 de esa ley obliga a los municipios a tener una dependencia encargada de promover la participación ciudadana. Once años después, pregunte en su municipio quién dirige esa oficina, cuánto presupuesto tiene y cuántas propuestas ciudadanas ha convertido en decisiones. La respuesta más frecuente es el silencio.
La misma ley fija los umbrales para que la ciudadanía incida por su cuenta: 5% del censo electoral para una iniciativa de acto legislativo, 10% para un referendo derogatorio, 30% de los votos obtenidos por el alcalde para intentar revocarle el mandato, y después una votación con participación mínima del 40%. Son barreras diseñadas para que casi nadie las cruce. Mientras tanto, el 25,7% de los colombianos sabe siquiera qué es un cabildo abierto, según el DANE, y la iniciativa popular legislativa la conoce el 26%, cifra que no se ha movido en tres mediciones. Al Estado le conviene que usted no sepa cómo usar sus derechos, porque un ciudadano que no conoce el cabildo abierto no puede convocarlo.
Las veedurías ciudadanas, el instrumento más directo que tiene un colombiano para vigilar un contrato, llevan más de veinte años operando con la Ley 850 de 2003 y sin recursos, sin protección y sin acceso real a la información. Transparencia por Colombia lo documentó al revisar el proyecto de ley que buscaba fortalecerlas: los veedores reciben amenazas de toda índole, desde la desacreditación hasta atentados contra su integridad y su vida, y el Estado no ofrece garantías. Ese proyecto de ley estatutaria se radicó en la Cámara en agosto de 2023 como el número 120 de 2023. Se hundió. Se volvió a radicar en agosto de 2024 como el 123 de 2024. Se hundió otra vez. Se radicó por tercera vez el 3 de septiembre de 2025, ahora como el 300 de 2025 Cámara, y en diciembre de 2025 apenas tenía ponencia para primer debate. Tres legislaturas para discutir si quienes vigilan la plata pública merecen protección. Porque claro, fortalecer a quienes revisan los contratos suena mucho mejor en campaña que en el Congreso.
Los actores: quién gana con una ciudadanía que habla y no decide
Nadie firma un decreto que diga «ignoren a la gente». El sistema funciona porque cada actor gana algo con el estado actual.
Los alcaldes y gobernadores ganan legitimidad barata. Un presupuesto participativo mal ejecutado sigue siendo un presupuesto participativo para efectos de prensa. La Contraloría de Bogotá encontró que las fallas de coordinación entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y el IDPAC generan duplicidad de funciones, procesos fragmentados y dificultad para hacer seguimiento. Tres entidades para un mismo proceso, y ninguna responde por el resultado. Esa dispersión no es torpeza administrativa: es la forma más eficiente de que nadie sea culpable.
Los concejos municipales ganan margen de maniobra. En Medellín, un análisis del Concejo sobre el presupuesto participativo publicado en 2024 encontró una cantidad notable de proyectos con ejecución física baja, incluidos 32 proyectos que reportan 0% de ejecución. Cero. Proyectos que la comunidad priorizó, que recibieron asignación presupuestal y que no existen más allá del papel. Lo que no se ejecuta en lo priorizado se libera para lo no priorizado, y lo no priorizado es el territorio natural de la contratación a dedo.
Los contratistas ganan lo de siempre. La Radiografía de Hechos de Corrupción 2016-2022 de Transparencia por Colombia documentó 1.243 casos reportados en prensa, con 21,28 billones de pesos perdidos en manos de actores corruptos y 15 millones de personas afectadas. Para dimensionarlo: 15 millones de personas son más que la población sumada de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y 21,28 billones equivalen a unos 409.000 pesos por cada uno de los 52 millones de habitantes del país, un peaje silencioso que cada colombiano pagó sin que nadie le pidiera opinión. En la edición anterior de esa radiografía, 2016-2020, la contratación pública concentró el 31,94% de los hechos, y de los 92,77 billones comprometidos en esos casos apenas se recuperó el 5%. El 69% de los hechos de corrupción identificados entre 2016 y 2018 fue de alcance municipal, y el 30% de los involucrados eran elegidos por voto popular, en su mayoría concejales y alcaldes. La corrupción en Colombia no es un fenómeno bogotano de altas esferas. Es un fenómeno de alcaldía, de concejo y de contrato local. Exactamente el nivel donde la participación ciudadana debería tener más fuerza y donde tiene menos.
Y las universidades ganan matrícula. No hay nada ilegítimo en que la Universidad El Bosque venda una especialización en políticas públicas. Lo revelador es que el argumento de venta sea «escuchar al ciudadano», como si fuera una innovación. Formar funcionarios que sepan triangular datos cuantitativos, información cualitativa y conocimiento del territorio, como propone Melo Estrada, es necesario. Pero un funcionario bien formado dentro de un sistema que no obliga a cumplir lo escuchado produce informes más elegantes sobre lo mismo que no se hizo.
El impacto real: la plata que se pierde entre la escucha y la obra
Hagamos la cuenta que los informes evitan. En Bogotá, 387 iniciativas priorizadas sin ejecutar y 165 declaradas inviables suman 552 decisiones ciudadanas que no se convirtieron en nada. Son el 8,6% de las 6.412 priorizadas. Si uno aplica esa proporción a los 892.830 millones comprometidos, hay cerca de 77.000 millones de pesos cuyo destino la ciudadanía votó y el Estado desechó. Con esa cifra se pagan decenas de miles de raciones del Programa de Alimentación Escolar, se dotan colegios enteros o se pavimentan las vías terciarias que la gente pidió en esos mismos presupuestos. La Contraloría, además, identificó en una sola vigencia 212 hallazgos administrativos en los Fondos de Desarrollo Local, 8 de ellos con incidencia fiscal por 1.185 millones de pesos, concentrados en Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Engativá y Suba, por deficiencias en planeación contractual, fallas en supervisión y pagos que no cumplían requisitos. El dinero que la comunidad eligió gastar terminó en contratos que la comunidad no supervisó.
Ahora salga de Bogotá. La capital es el municipio con más capacidad técnica, más prensa, más organismos de control y más ciudadanía organizada del país. Si allí el 8,6% de lo priorizado se evapora y tres entidades no logran coordinarse, imagine un municipio de sexta categoría donde el alcalde es también el dueño de la ferretería, el personero fue elegido por el concejo que el alcalde controla, y la veeduría ciudadana, si existe, la preside un contratista.
El DANE lo cuantifica desde otro ángulo. El 42% de los colombianos cree que los casos más graves de corrupción ocurren en salud. El 15,8% los ubica en infraestructura. Y el 51,5% afirma que la corrupción aumentó en el último año. Son percepciones, dirán los defensores del sistema. Cierto. Pero la encuesta Invamer de junio de 2025 registró que el 83% de los colombianos considera que la corrupción empeora, 23 puntos más que en agosto de 2022. Y el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, presentado por Transparencia por Colombia el 10 de febrero de 2026, dejó al país en 37 puntos sobre 100, por debajo de su propio registro de 39 en 2024 y de 40 en 2023, y por debajo del promedio regional. Cualquier puntaje inferior a 50 indica problemas graves. Colombia lleva más de una década sin tocar esa línea.
Lo más grave no es el dinero. Es lo que el dinero perdido produce en la gente. El DANE encontró que el 44% de los colombianos no cuenta con una red cercana de confianza y apoyo, que solo el 15% pertenece a algún grupo u organización, y que el 25,8% considera «muy difícil» organizarse con otros miembros de su comunidad para una causa común. En 2008, la misma encuesta registró que el 76,04% de las personas no hacía parte de ninguna organización. Quince años después el país sigue siendo una sociedad de individuos aislados frente a un Estado que los convoca de uno en uno, los escucha de uno en uno y los ignora en bloque. Esa es la Conexión Perdida en su forma más pura: el ciudadano desvinculado del vecino y desvinculado del poder, convencido de que participar no sirve, y por tanto confirmando con su ausencia la impunidad que lo expulsó.
El sistema que lo permite: participar sin poder es la forma perfecta de gobernar
La participación ciudadana en Colombia fue diseñada como válvula, no como volante. Sirve para liberar presión, no para dirigir el vehículo. Esto no es una metáfora: es la lectura literal del dato que Melo Estrada aporta. Si la desconfianza no reduce la participación sino que la desplaza hacia la protesta, al Estado le resulta más barato ofrecer mesas de diálogo, consultas y encuestas que atender lo que esas mesas producen. La mesa absorbe la energía. El resultado nunca llega. Y cuando la gente se cansa y sale a la calle, el mismo Estado señala que ya había «espacios institucionales» para canalizar la inconformidad.
Hay tres piezas estructurales que mantienen esto en pie.
La primera es la ausencia de trazabilidad vinculante. Ninguna norma obliga a una alcaldía a publicar, propuesta por propuesta, qué recomendó la ciudadanía, qué se aceptó, qué se rechazó y por qué. La Secretaría Jurídica de Bogotá lo reconoció en un concepto de 2019: si los proyectos priorizados no quedan incorporados en el presupuesto anual, no se puede exigir su ejecución. Es decir, la decisión ciudadana solo tiene fuerza si un funcionario decide después darle fuerza. La participación queda subordinada a la voluntad de quien debía obedecerla.
La segunda es la captura de los instrumentos de control. Las veedurías sin ley de protección, las personerías elegidas por concejos clientelistas, las contralorías territoriales con 13,7% de confianza ciudadana. El Estado le entrega al ciudadano herramientas de vigilancia y luego se asegura de que quien las use quede solo, sin recursos y, en los casos documentados por Transparencia por Colombia, amenazado. Un veedor amenazado por denunciar un contrato de alimentación escolar en el Meta, como el que reseñó la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es un mensaje dirigido a todos los demás veedores del país.
La tercera es la psicología del cansancio. Los sistemas corruptos no se sostienen con represión sino con agotamiento. Cada audiencia que no produce nada enseña al ciudadano que asistir es inútil. Cada presupuesto participativo con proyectos en 0% le enseña que votar es inútil. Cada veedor amenazado le enseña que vigilar es peligroso. El resultado es una ciudadanía que participa menos por convicción y más por costumbre, que vota en el presupuesto participativo con la misma esperanza con que compra un billete de lotería, y que confirma en cada ronda del DANE que la política es lo menos importante de su vida. Eso no es apatía. Es aprendizaje. Y el que enseñó fue el Estado.
Un lector de El Espectador, identificado como Julio César, dejó un comentario en la entrevista de Melo Estrada que vale más que varios párrafos académicos: miles de jóvenes cursan carreras, pagan especializaciones, maestrías y doctorados para acceder a un cargo de carrera, y encuentran que esos cargos están provistos en provisionalidad por mucho tiempo. Ahí está la Conexión Perdida completa en una frase: el ciudadano cumple todos los requisitos que el Estado le exige, y el Estado reserva los puestos para los suyos.
Lo que sí se puede exigir
La solución no es otra ley de participación. Colombia ya tiene suficientes. La solución es convertir la escucha en obligación verificable, y eso se puede exigir hoy, con las normas existentes, desde cualquier municipio.
Exija trazabilidad. Cada alcaldía puede publicar, en su portal de transparencia, un registro de propuestas ciudadanas con tres columnas: qué se pidió, qué se decidió y por qué. La Ley 1712 de 2014 de acceso a la información le da al ciudadano el derecho de preguntarlo por derecho de petición, y el 76,2% de los colombianos sabe qué es un derecho de petición. Úselo.
Exija el acta, no la foto. Después de cada audiencia de rendición de cuentas, pida el documento que registra los compromisos adquiridos y el plazo para cumplirlos. Si no existe, ya tiene su primera denuncia.
Exija el estado de cada proyecto priorizado. Bogotá tiene un visor público que clasifica las propuestas de presupuesto participativo en «sin iniciar», «en ejecución» y «materializada». Pregunte si su municipio tiene algo equivalente y, si no, pregunte por qué no.
Y vigile al vigilante. Pregunte a su contraloría territorial cuántas auditorías hizo sobre proyectos priorizados por la comunidad. Pregunte a su personería cuántas veedurías tiene registradas y cuántas de ellas han recibido respuesta a sus solicitudes de información. Los datos que no existen son tan reveladores como los que sí.
La pregunta no es si el Estado colombiano escucha a la ciudadanía. Escucha, anota y hasta contrata universidades para aprender a escuchar mejor. La pregunta es cuándo vamos a dejar de confundir que nos escuchen con que nos obedezcan. Porque la verdad se lee, pero sobre todo se siente. Y la sienten primero los 15 millones de colombianos a quienes la corrupción les quitó el hospital, la ración escolar o la vía que ellos mismos pidieron, en voz alta, en un formulario que alguien archivó.
