El año pasado, luego de que muchos gobernantes regionales y locales comenzaran a contratar distintos servicios, elementos y equipos, para controlar el Covid-19, amparados en la emergencia declarada por el Gobierno nacional, los organismos de control iniciaron un seguimiento a los contratos. 

Desde abril del 2020, tanto la Procuraduría General de la Nación, como la Contraloría y la misma Fiscalía, le pusieron la lupa a las actuaciones de los mandatarios y a directivos de otras entidades del Estado, que habrían incurrido en despilfarros, excesos y corrupción. 

Sin embargo, al cabo de un año de haber abierto muchas investigaciones, los resultados de las actuaciones de los organismos de control no son los esperados.  

En medio de una gran alharaca el procurador de entonces Fernando Carrillo, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal Francisco Barbosa, anunciaron en abril del año pasado, que tras atender cientos de denuncias por presuntos actos de corrupción en la contratación estatal, amparada en la emergencia sanitaria, habían aperturado, 1.286 indagaciones por parte de la Procuraduría; 50 en firme por parte de la Contraloría, en un barrido a 17.486 contratos; y 63 por parte de la Fiscalía, que en ese entonces le hacía seguimiento a 909 actuaciones contractuales regionales. 

En cuanto a los resultados de la Contraloría y la Fiscalía, poco se conoce, mientras que la Procuraduría reveló recientemente que mantiene 596 expedientes de investigación por contratos que presentaron posibles irregularidades. 

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De esos, la entidad solo ha proferido un fallo sancionatorio con suspensión de 6 meses, contra el alcalde de Anapoima (Cundinamarca), Hugo Alexander Bermúdez, por irregularidades y sobrecostos en la contratación de manillas de colores y publicidad para atender la emergencia del Covid, por un valor de $20.272.800

Por hechos similares, de acuerdo con la institución, están en camino dos sanciones: una contra la Alcaldía de Armenia (Quindío) y otra contra la Alcaldía de Cúcuta (Norte de Santander). De acuerdo con la Procuraduría, el departamento de Tolima ha sido el que presentó más casos de presuntos contratos irregulares, con un total de 56. Luego de esa región está Cundinamarca, con 52 expedientes en las carpetas de la entidad. En tercer lugar, se encuentra Antioquia, con 45 casos registrados. Llama la atención que los departamentos de Vaupés y Guainía solo tienen una investigación cada uno, ambas activas y en estudio preliminar 

Además, 113 procesos ya fueron archivados y 13 tienen fallo absolutorio, 3 tienen a dos funcionarios en juicio disciplinario; y dos están siendo tramitadas para caer en manos de la Fiscalía. 

Otros 175 están en indagación preliminar; 100 están en estudio preliminar; 74 están en etapa probatoria de investigación disciplinaria; 46 fueron remitidos a otra entidad; 12 están en evaluación. 

En resumen, la efectividad de los órganos de control, es mínima con respecto a las investigaciones que abren, a las cuales le hacen grandes despliegues informativos, que por lo visto solo quedan en anuncios. 

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