La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4 billones de pesos contra 34 presuntos responsables por los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto de la represa Hidroituango que se construyó sobre el río Cauca en Antioquia.
La contraloría discriminó el monto en mención de la siguiente manera:
- El detrimento de $2 billones 971.400 millones de pesos a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto.
- Y $1 billón 104.200 millones de pesos por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
Los llamados al proceso
La investigación cobija a los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes, como mandatarios del departamento, tuvieron asiento en la junta directiva de Hidroituango. El gobernador electo Aníbal Gaviria en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos. El exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Juan Esteban Calle y el actual gerente del grupo EPM, Jorge Alberto Londoño de la Cuesta.
También figura entre los implicados Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín. Lmiembros de la junta directiva de Hidroituango, como Álvaro Julián Villegas Moreno, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, Iván Mauricio Pérez Salazar, Jesús Arturo Aristizábal Guevara, Jorge Mario Pérez Gallón, Rafael Andrés Nanclares Ospina, María Eugenia Ramos Villa
y Sebastián Álvarez Díaz.
En el listado de investigados también aparecen Luis Guillermo Gómez Atehortúa, representante legal de la sociedad Hidroituango; Jhon Alberto Maya Salazar, quien también cumple esa función; Luis Javier Vélez Duque, representante legal de la Sociedad EPM Ituango, y Wilson Chinchilla, representante de EPM en la junta directiva de Hidroituango.
Así mismo se llamará a indagatoria a las firmas, Gestión y Auditoría Especializada; Integral S. A., Integral Ingeniería de Supervisión; así como los constructores consorcio CCC Ituango; los dos integrantes del consorcio Túneles Ituango FS y los dos integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic, el interventor.
El proceso de responsabilidad fiscal se deriva del Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, iniciado en septiembre de este año luego de que fueran evidentes y protuberantes las fallas de construcción y medidas de mitigación ambiental en el proyecto de la represa Hidroituango.
Según la Contraloría, las pruebas allegadas en el Informe de Actuación Especial demuestran que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues “obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables”.
Según la Contraloría la situación descrita llevó además a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo ni 1 solo KW de energía.
Tras culminar el respectivo proceso de notificación de este auto de apertura, el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar.
Después de este trámite, la Contraloría General de la República procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con los establecido en el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 (archivar o imputar).
El organismo de control fiscal citará primeramente a Fajardo, Gaviria, Ramos y a los demás investigados a una audiencia de versión libre. También decretará y practicará las pruebas necesarias.
Después, el ente de control procederá a determinar si les imputa cargos, en caso de que encuentre méritos, o si archiva el caso. Si la Contraloría decide imputarles cargos, desarrollará un juicio fiscal con el que más adelante emitirá un fallo en el que determinará si son condenados o no como responsables fiscales en este caso.
En septiembre pasado, en medio de una auditoría especial de control excepcional, la Contraloría General aseguró que los riesgos en el megaproyecto de Hidroituango se mantienen.
La Fiscalización
La actuación especial de fiscalización se realizó del 4 de marzo al 17 de julio de 2019, por parte de un equipo multidisciplinario de auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas, economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de 15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente se contó con el apoyo de un equipo de la Universidad Nacional en el tema de análisis financiero al proyecto.
Según la Contraloría los hallazgos no solo fueron de carácter financiero, sino administrativos que han puesto en grave peligro y daño, equipos que han generado mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como daños ambientales, lo que pone sobre el tapete las graves debilidades en estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.
El organismo fiscalizador además cuestiona que EPM haya construido la central de generación mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente el objeto de sus contratos, lo que, si bien no está prohibido en el contrato BOOMT, deja en duda la experiencia constructiva de la empresa, que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto.
Adicionalmente la Contraloría tras hacer las averiguaciones del caso constató que el proyecto Hidroituango presenta el costo de inversión más alto: cerca a 2.096 USD$/KW, con respecto a similares proyectos e incluso más grandes.
Por último advierte que hubo dos decisiones que tomaron los abanderados del proyecto que impactaron de manera negativa a la presa; la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación y la construcción de la galería auxiliar de desviación en contravía a las recomendaciones de su Junta de Asesores.
El portal la Silla Vacía hizo una lista recordando los políticos que estuvieron detrás de las grandes decisiones que se tomaron para dar vida y cristalizar el proyecto Hidroituango la cual encabeza el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia; el ex presidente Andrés Pastrana, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y Luis Pérez Gutiérrez.
Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo
Esta investigación, se suma al anuncio del Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aprobó una investigación para establecer si al financiar Hidroituango, cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y “si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas”.
En un comunicado, la organización Ríos Vivos aseguró que la investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por Hidroituango, y que en esta, las comunidades demostrarían que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada.
Así mismo, estas comunidades señalan que no se permitió la participación de las poblaciones ni el acceso a información y que, al parecer, se desarrolló en un contexto “de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua”.
Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, manifestó a medios de comunicación nacionales que “Por más de una década nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”, sostuvo.
Las comunidades afectadas por Hidroituango, las cuales están asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, “son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (Ciel), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y el International Accountability Project (IAP)”, señaló Ríos Vivos.
Esta indagación, según el Movimiento Ríos Vivos, es adelantada por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (Mici) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID.
