La corrupción en Colombia ha rebasado todos los ámbitos. No solo hay corrupción en los grandes contratos de obra, donde se mueven miles de millones de pesos, también en instancias como los colegios oficiales, en donde sus rectores se han “dejado picar” por ese bicho peligroso de la corrupción.
El mes pasado la Unidad Anticorrupción de la Dijín capturó a tres rectores de colegios públicos en la ciudad de Cartagena.
Se trata de Juan Carlos Castillo Castilla a quien lo acusan de hechos ocurridos cuando fue rector de la Institución Educativa de Bayunca (Cartagena). Robinson Orozco Quejada, investigado por irregularidades que habrían ocurrido cuando fue rector de los colegios Luis Carlos Galán y Fredonia. Y Remberto Navas Moreno, actual rector del colegio San Felipe Neri, lo requieren por presuntas irregularidades en ese plantel.
Los hechos fueron revelados a la opinión pública por el portal la Contratopedia Caribe que reveló cómo estos rectores, en asocio con contratistas ejecutaron al menos 30 contratos que provocaron un detrimento patrimonial de más de $500 millones de pesos, y que se supone debían beneficiar a las instituciones educativas públicas.
Además de los tres docentes, también fueron capturados los contratistas, Hernando Vargas Morales, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter Álvarez Pacheco y Enoelia García Flórez. A todos se les tipificó esta semana los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y peculado por apropiación.
Entre sus objetivos estaban la adecuación física de algunas sedes, la compra de instrumentos musicales, y la compra de cartillas o guías académicas en tiempos de pandemia.
La investigación la inició la Contraloría distrital de Cartagena, y parte de una presunta falsedad documental de una persona que se hace pasar como abogado para ofrecer sus servicios en derecho en diferentes instituciones educativas, en particular, al colegio de Fredonia.
Las autoridades de control entonces encontraron que el presunto abogado Hernando Vargas Morales también aparecía contratado en otros colegios.
Lo primero que verificaron es que él no era abogado, no era especialista. Pese a ello, prestaba sus servicios para la realización de diferentes procesos de manuales de contratación, haciéndose a seis contratos, pero además, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación, direccionó contratos hacia otras personas cercanas a él.
«Durante la pandemia de COVID-19 se hicieron contratos para material de apoyo estudiantil, que son cartillas escolares, diferentes materiales de apoyo. Allí identificamos que los colegios fraccionaban los contratos para no superar los topes establecidos por la Ley. Esos contratos estaban direccionados a contactos, a la empresa personal de este falso abogado y de su esposa y su excompañera sentimental, eran siempre ellas dos», indicaron fuentes de la Dijín.
Fue así como empezaron a investigar a Juan Carlos Castillo (para este una nueva investigación), exrector de la Institución Educativa Bayunca; Remberto Navas Moreno, rector de la Institución Educativa San Felipe Neri (en Olaya); y Robinson Orozco, quien fue rector de la Institución Educativa Luis Carlos Galán (en El Pozón).
«Esas son las tres instituciones educativas que fueron vinculadas dentro del proceso en las cuales se advirtieron seis contratos de asesoría jurídica -con Hernando Vargas-. También se identificaron tres contratos con una empresa de propiedad de esta persona (Corplimax SAS) para el mantenimiento de instalaciones y once contratos para la elaboración de material de apoyo estructural estudiantil (cartillas), que fue en el 2020 cuando estábamos en plena pandemia. La estructuración de los contratos se realizaba a partir de la realización de los manuales de contratación que hacía esta misma persona (Vargas). Posteriormente, este -presuntamente- direccionaba los contratos a su mujer y a su excompañera sentimental a través del fraccionamiento de recursos. Los vacíos jurídicos en los manuales de contratación eran aprovechados para fraccionar los contratos y de esta manera asignárselos a las personas que ellos querían», agrega.
Las indagaciones dejan ver que Vargas, presuntamente, dirigía estos contratos a tres personas: Ubiter Álvarez Padilla, su mujer y exsecretaria de Educación del municipio de Villanueva; Luz Emilia Montalvo Castellano, su excompañera sentimental y docente de un colegio oficial en el Distrito; y Enoelia García Flórez, también profesora y quien es amiga de Ubiter.
Así mismo, según el periódico El Universal se identificó la adquisición de cuatro inmuebles o lotes para el funcionamiento del colegio Luis Carlos Galán, en El Pozón, cada uno por $30 millones, comprados con recursos del Estado (del colegio) y fueron puestos a nombre de un tercero, quien posteriormente recibía los recursos del arrendamiento por parte de la misma administración.
Por ahora los capturados, que fueron presentados ante un juez, están a la espera de que se decida si afrontan el proceso en libertad, con detención domiciliaria o si van a la cárcel.
