Sin duda, la Unidad Nacional de Protección, según cuenta su nuevo director Augusto Rodríguez.
Luego de las múltiples denuncias de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que empezaron a salir a la luz pública desde hace al menos cinco años, a través de diferentes medios de comunicación, su actual director, Augusto Rodríguez, nombrado por el presidente Gustavo Petro, ha reiterado que dentro de esta entidad lo que se ha fraguado por años, ha sido una manguala para cometer delitos y robar al Estado, utilizando los esquemas de seguridad que se tramitan a través de la UNP.
En su más reciente entrevista con la revista digital Cambio, el funcionario, afirma que hay “casos indignantes” de corrupción y que por eso decidió frenar el pago de los contratistas mientras averigua en qué se están utilizando realmente los vehículos de protección.
Precisó que aunque debe el 30 por ciento de las obligaciones (cerca de $60.000 millones de pesos), no piensa pagar hasta estar seguro de que los vehículos están prestando los servicios para los que están contratados.
El arrendamiento de un vehículo blindado le cuesta a la UNP entre $6 y $13 millones de pesos mensuales. Y según el director de la entidad, muchos de esos vehículos, son usados para actividades ilegales, o bien están varados en talleres y, aun así, se siguen pagando como si estuviesen en funcionamiento. Y está aún por calcularse el detrimento patrimonial que estas situaciones le han generado el erario.
En su entrevista el funcionario relató que precisamente por estos hechos, cada vez más recurrentes, fue que decidió parar la facturación. «Es que no podemos pagar las facturas sin tener la certeza de que los vehículos están prestando el servicio para el que fueron contratados», señaló.
Y añadió que como un alto porcentaje de la flota de la UNP es vieja, esos carros se viven varando. El protegido pide que se le comunique a la UNP, pero el escolta se queda callado. El vehículo se lo llevan para el taller y el protegido se queda esperando. Por eso, todos los vehículos se están revisando.
Reveló que octubre del año pasado dejó de pagar facturas de aproximadamente 4.500 vehículos, para poder hacer una “arqueología” de todos los recorridos, y lo que encontró fue un “caos total”, y aseguró que en este mes terminarán de conciliarse los servicios.
Anunció que para combatir lo que ha llamado “cartelares” entre los oferentes de vehículos blindados, le apostará al cambio en el modelo de contratación.
«La Superintendencia de Vigilancia tiene 22 empresas habilitadas para el blindaje de vehículos, de las cuales solo diez han participado en esas licitaciones de la UNP. En el último proceso se presentaron solo seis. La mayoría de esas empresas no son dueñas de los vehículos, sino que los subcontratan. Nosotros soñamos con que nos arrienden directamente, pero, por problema de presupuesto, no se atreven. Así que ahora le apostaremos al modelo de las vigencias futuras, porque así a las empresas les va a interesar tener inversiones largas. Queremos superar el gota a gota en materia de vehículos en el país», sostuvo.
Para conseguirlo le ha pedido al Gobierno y al Ministerio de Hacienda que entreguen a la UNP el presupuesto de dos años para vehículos y así comprar o arrendar vehículos de manera directa.
«El Gobierno debe tomar la decisión de adquirir los vehículos y en eso estamos, el proceso está andando y esperamos tener aprobadas las vigencias futuras a mitad de año. La meta es adquirir 1.000 vehículos en todo el país; con eso cubriríamos el 30 por ciento de la operación de la UNP», agregó el director.
En cuanto a los casos más relevantes que lo llevaron a tomar esta decisión, destaca que sobre el del conocido conductor Manuel Castañeda, capturado en un vehículo de la UNP lleno de coca que estaba asignado a Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de Protección de ese organismo.
Tras su llegada a la entidad capturaron a Castañeda: la primera vez, con 400 kilos de marihuana, en un vehículo de la UNP, en Risaralda; cuatro meses después, lo cogieron con cocaína. «Sí, eso se volvió en algo normal en la entidad. Por eso, me puse en la tarea de buscar los vehículos y me encontré con que el desorden de la entidad permitía que los vehículos fueran usados para actividades presuntamente ilícitas que generaban detrimento patrimonial».
En otras palabras, la condición de los vehículos, les permite transitar por cualquier lugar del país, sin tener que ser sometidos a revisiones, pues nadie sospecharía que en su interior se transportan estupefacientes.
También habló sobre el caso del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagui Cermeño, que tuvo asignado un vehículo de esa entidad, que mantuvo parqueado dos meses, sin utilizarlo.
«La información debió entregarla el personal de protección, pero no lo hicieron y, aparentemente, tampoco le reportaron al enlace que tiene la entidad en esa zona del país. Así que el vehículo permaneció parqueado. Después nos enteramos de que al señor le dieron domiciliaria, pero seguía como si nada transportándose por las calles en el vehículo oficial. Luego aquí lo claro es que los contratistas siguen recibiendo dineros del Estado sin estar prestando los servicios para los que son contratados».
Por último admitió que en efecto puede haber una manguala entre funcionarios y contratistas para no reportarle a la UNP y seguir cobrando la plata.
«Dicen 'quédese callado, no informemos a la UNP'; hasta que aparece el protegido y dice: 'oiga, llevo un mes sin carro'; y, entonces, nos enteramos de que la persona todo el tiempo estuvo en riesgo. Por eso decidimos no pagar un solo día de un vehículo que no haya prestado el servicio», reveló.
Y como caso emblemático de hasta dónde ha llegado la corrupción en esta entidad del Gobierno central, contó que por ejemplo, los vehículos que utilizó Ronald Rodríguez, quien fungía como subdirector de Protección de la UNP y venía de pertenecer al antiguo DAS, «no tienen GPS, los vimos relacionados con probables actividades del narcotráfico. Encontramos nexos de Ronald con alias Douglas, jefe histórico de mafia en Medellín. Tienen nexos hasta familiares: la prima de Douglas es la esposa de él y uno de sus escoltas también es familiar. Ronald Rodríguez obligaba a un protegido de Antioquia a que le prestara el vehículo asignado a un escolta de su confianza. Cuando el protegido se quejó en la UNP, le balearon el vehículo. Ese fue el vehículo asignado a Ronald que cogieron con la coca que estaba siendo manejado por Castañeda”.
Este caso en particular demuestra que la corrupción en la UNP sencillamente iba desde los mismos altos cargos hasta alcanzar a los contratistas. Pero lo más grave es que mientras unos hacían esto, otros cientos de colombianos, cuyas vidas sí corrían un riesgo real contra sus vidas, no han logrado la protección del Estado.
