La pregunta que ronda la cabeza de millones de votantes de Gustavo Petro, en quien depositaron su confianza esperando que cumpliera con su promesa de luchar contra la corrupción, con el paso de los meses de su mandato parece transformarse en una afirmación.
Después de 1 año y 9 meses, su mandato hoy enfrenta quizás el escándalo más grande de corrupción de funcionarios de su Gobierno, cuyo génesis fue la compra de 40 carrotanques para solucionar la falta de agua potable en comunidades de La Guajira, por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
La nueva versión de los hechos la ha dado antes que a la Fiscalía, a varios medios de comunicación, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien ha solicitado un principio de oportunidad e inmunidad, para supuestamente seguir delatando a más involucrados en el escándalo.
Según el testimonio que entregó Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron, a él, dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso; Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno.
Paralelamente según registra el diario El Colombiano, los empresarios que ganaron la licitación estarían prestos a testificar cómo fue que se planeó el esquema de robo y sobrecostos en la contratación de los carrotanques.
Las primeras versiones de Pinilla, dan cuenta de que hubo un soborno de 4.000 millones de pesos, repartidos supuestamente en 3.000 millones para el presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Pero este fin de semana, ha trascendido que dicho soborno en realidad fue de 7.700 millones de pesos, correspondientes al 15 % de los $46.800 millones del total del valor del contrato que ganó la empresa Impoamericana Roger SAS y que le fueron entregados por los contratistas en tulas negras a Sneyder Pinilla.
Aunque Pinilla asegura que el producto de la coima los entregó a Name y Calle, ambos congresistas lo niegan. Según Pinilla estos recursos se iban a usar en las elecciones locales, pero los empresarios lo contradicen al afirmar que el dinero se lo entregaron en efectivo al exsubdirector en enero de este año.
En una curiosa y llamativa entrevista con la revista Semana, en compañía de su abogado, el exsubdirector de la UNGRD, aseguró que el pago a los congresistas obedeció a lo que llamó “política de Estado” para que las reformas fueran aprobadas en Senado y Cámara.
“Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”, afirmó Pinilla a ese medio.
Sin embargo, hay en su versión varias contradicciones porque primero aseguró que los recursos eran para las elecciones regionales que fueron en octubre, ahora afirma que eran para conseguir la aprobación de las reformas en el Congreso.
Sobre la primera versión, los mismos contratistas han dicho que los 7 mil millones de pesos le fueron entregados en enero de este año, y no antes.
Y en cuanto al supuesto soborno para aprobar las reformas, resulta que el proyecto de Reforma a la Salud fue aprobado en la Cámara de Representantes la noche del 5 de diciembre del año pasado, también antes de que fueran entregado el valor del soborno. Y en el Senado, ni siquiera fue aprobada la discusión del proyecto.
Ahora bien, llama la atención que Pinilla ahora salga a responsabilizar de todo lo actuado a López, siendo que apenas estalló el escándalo se supo que fue él quien estructuró, direccionó y prácticamente aprobó absolutamente todo el proceso, incluso fue quien buscó a los contratistas.
No obstante Pinilla ha ido involucrando a más y más personas en la trama de corrupción. Esta semana a Sandra Ortiz, consejera para las Regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quienes ya salieron de sus cargos.
Ortiz es del Partido Verde y tiene fuertes vínculos políticos en Boyacá. Primero, Pinilla la acusó de ser “la mensajera” de Iván Name para supuestamente llevarle los 3.000 millones de pesos que salieron del soborno del contrato de los carrotanques. Olmedo López a su vez publicó varios pantallazos de chats donde se ven las conversaciones del exdirector Pinilla con Ortiz en donde se acordaba una reunión para septiembre de 2023, días después de entregado el contrato de los carrotanques, en una “suite del hotel Tequendama”.
La conversación muestra una insistencia por parte de Ortiz para reunirse con el entonces director de la UNGRD.
“Director, buenos días. La reunión va a ser en la suite del Hotel Tequendama”. López le contesta: “En reunión”. Y continúa Ortiz: “Excelente, perfecto quedo atenta. Han 2312. Hola”. López finalmente contesta: “En camino”, por la insistencia de la consejera.
Ortiz ha desmentido tal conversación en su cuenta de Twitter X y niega tales acusaciones.
Mientras que Idárraga ex secretario para la Transparencia de Presidencia aparece en unas conversaciones de Whatsapp que también publicó López en donde este aparece pidiéndole que atienda a un alcalde de Barrancabermeja en la entidad: “La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Desde recepción han llamado mil veces hace 40 minutos”. Difícilmente las funciones de la Oficina de Transparencia del exsecretario tenían que ver con llevar alcaldes a la UNGRD para ser atendidos por el director.
Esos chats le costaron la salida por orden del presidente Gustavo Petro.
Los otros dos señalados son Iván Name y Andrés Calle. El primero es el presidente del Senado, opositor al presidente en muchos temas, y ha negado las denuncias y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades. Name, sin embargo, abandonó la plenaria del último debate de la reforma pensional en donde se aprobó el texto del Gobierno y le dejó la dirección de la sesión a la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.
Por su lado, Calle es el representante liberal más cercano al Gobierno. Se ha defendido poco y dice esperar a que los testimonios se consoliden en la Fiscalía.
El génesis
El génesis de esta historia radica en el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira. Tal norma permitió a la Unidad para la Gestión del Riesgo realizar una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
La UNGRD envió una invitación para participar a tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS. En su orden, la primera presentó una oferta por valor de $1.087 millones de pesos por carrotanque; la segunda de $1.152 millones; y la tercera, que se ganó el contrato, de $1.280 millones de pesos.
Impoamericana Roger SAS ganó la puja, pese a que presentó la oferta más costosa, no pidió ningún anticipo, tampoco tenía experiencia en el sector, y su capital era de poco más de 200 millones de pesos. Estas conclusiones anómalas aparecen en un informe posterior que hizo la Contraloría General. Luego, cuando se conoció que los carrotanques estaban guardados en un parqueadero, sin ser utilizados, las conexiones no tardaron en conocerse.
Posteriormente se conoció que los representantes y directivos de las tres empresas que compitieron estaban conectados. Como sucede en muchas licitaciones públicas, hubo un presunto pacto para que las tres compañías simularan competir pero estaba decidido que el contrato se lo iba a ganar Impoamericana Roger SAS.
La Unidad hizo el pago, los carrotanques fueron comprados al tercero Kenworth de la Montaña, una empresa con sede en Medellín, y entregados a la UNGRD.
El encargado de recibirlos fue Sneyder Pinilla y luego recibió la parte del soborno exigido a los empresarios que compitieron en la licitación.
El escándalo de los carrotanques estalló en febrero porque varias comunidades de La Guajira que se iban a beneficiar del servicio, denunciaron que pese a que el contrato de la compra de los carrotanques se firmó en noviembre del año pasado, los vehículos aún no iniciaban operaciones y, por el contrario, se mantenían parqueados en la base militar de Uribia.
Cuando el tema comenzó a ocupar espacios en los medios, se conoció una carta en donde la Fiduprevisora, que maneja el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, había pedido en enero indagar posibles irregularidades, pues según la alerta, una funcionaria “estaría exigiendo coimas a proveedores para gestionar o no interrumpir el pago de contratos en La Guajira, N. de Santander, Cartagena y el Pacífico”.
Posteriormente el 19 de febrero, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, explicó que los vehículos que se adquirieron para el abastecimiento de agua en La Guajira no estaban abandonados en la base militar de Uribia, sino que estaban siendo adaptados para poder entrar en servicio y que estaban en custodia en manos del Batallón Matamoros.
A su turno la Contraloría y Procuraduría ordenaron visitas de inspección al Batallón Matamoros para indagar por qué, si fueron adquiridos en 2023, aún no había transportado agua a las rancherías.
Finalmente la UNGRD informó que 10 de los 40 carrotanques, que permanecían estacionados en Uribia, entraron en operación el 20 febrero. Los 30 restantes estarían en pleno funcionamiento a partir del 22 de febrero.
Apenas cinco días después el propio secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga (otro de los descabezados por este escándalo), validó varios de los señalamientos de los medios de comunicación contra ese contrato e, incluso, halló elementos nuevos para que la Fiscalía investigara a seis implicados por los presuntos sobrecostos de los vehículos.
Ante la Fiscalía, Idarraga denunció a los directivos de la UNGRD, Olmedo López, Víctor Andrés Meza Galván y Sneyder Pinilla y a los representantes legales de las empresas que participaron en la convocatoria, Luis Eduardo López Rosero, Sandra Brand Pantoja y Roger Alexander Pastas Fuertes.
Así las cosas, la Secretaría de Transparencia confirmó en su momento que las tres empresas que participaron en la cotización están relacionadas entre ellas y que, por ende, pudieron ponerse de acuerdo para ofrecer precios similares y justificar los sobrecostos de los 40 carrotanques.
En otras palabras, lo que supuestamente Sneyder está delatando ya lo había revelado el ex secretario de Transparencia.
Pinilla ahora posa de víctima y un eficiente subordinado
Pero, el primero en conseguir que se pusiera en la mira a Pinilla fue el ex subdirector de la Unidad, Víctor Meza, quien señaló categóricamente a Pinilla como el cerebro del soborno y del contrato.
“El trámite precontractual de esta orden de proveeduría, identificada con el número: SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023 se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres, siendo Subdirector el señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, cuyo procedimiento incluyó la etapa de estructuración o comité de estructuración, seguido por el comité de evaluación, la invitación que ellos hicieron a los oferentes, la Orden de Proveeduría como tal, la cual fue firmada por el Director General de la Ungrd, señor Olmedo de Jesús López Martínez”, señaló Mesa.
Según el registro del contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023, Pinilla Álvarez no solo hizo parte del comité y aprobó técnicamente el millonario convenio para la compra de los 40 carrotanques, sino que además hizo parte de las diferentes fases del proceso precontractual: solicitud de las cotizaciones, comunicaciones para la revisión previa y estructuración técnica, hasta terminar con la firma del contrato de compraventa de los 40 carrotanques por valor total $46.800 millones, es decir, $1.170 millones por cada vehículo.
No obstante, la labor de Pinilla Álvarez no terminó ahí, un par de días después expidió una nueva orden de proveeduría bajo el radicado SMD-GS-CTQ-001-2024, para la compra de 20 carrotanques más para La Guajira, por valor total $27.600 millones, es decir, esta vez cada vehículo costó $1.380 millones cada uno, $210 millones adicionales por cada carrotanque, en comparación con el contrato firmado paralelamente por la Ungrd.
Finalmente, ante la negativa de Mesa, ordenador del gasto de firmar el segundo contrato de los 20 camiones, debido al evidente direccionamiento y sobrecostos, la Ungrd solo adjudicó el contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023 a la firma Impoamericana Roger SA, representada legalmente por Roger Alexander Pastas.
Según los registros documentales, empresa Impoamericana Roger S.A., tiene su sede en una casa que actualmente está abandonada, en la capital de Norte de Santander.
“El subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla tenía a cargo la solicitud de las cotizaciones y le pidió a tres empresas: Brand, Luket y a Infoamericana, pero Brand tenía la esposa del señor Luis Eduardo López Rosero, que a su vez es el representante legal de Luket SAS, pero que tenían los mismos revisores fiscales, el señor José Alberto Sotelo, esta situación lo que permite establecer es que se pusieron de acuerdo para colocar estos precios artificialmente altos”, advirtió Andrés Idárraga, en entrevista con la W radio.
Adicionalmente, Pinilla habría incurrido en un evidente conflicto de intereses, pues pasó de ser el artífice de los contratos a convertirse en el supervisor de los mismos, los que él mismo había ‘confeccionado’.
De inmediato Petro sacó de la entidad a los tres funcionarios, quienes tras la denuncia de Idárraga, asumieron su defensa en los estrados judiciales.
Pinilla ha desfilado por varios medios de comunicación en compañía de su abogado Luis Gustavo Moreno, el famoso exfiscal anticorrupción que fue condenado por el cartel de la toga. Es decir, ambos personajes, han estado envueltos en actuaciones de corrupción desde sus diferentes cargos.
En cambio, Pinilla no ha sido tan diligente para acudir a las citaciones de la Procuraduría General de la Nación, y ha incumplido el requerimiento de este organismo en cuatro oportunidades.
Y aquí toca recordar que el dirigente santandereano Sneyder Pinilla comenzó su vida política con el Clan Aguilar, pasó a trabajar con el clan Tavera, logró ganar la confianza del exalcalde de Floridablanca y excandidato a la Gobernación, Héctor Mantilla, y finalmente aterrizó en el petrismo.
En 2015, Pinilla alcanzó la Alcaldía de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, respaldado por el Partido Conservador y el Clan Aguilar. Durante su mandato, se encontraron múltiples contratos marcados por irregularidades, así como hallazgos fiscales y disciplinarios.
Deiver Parra, líder de Sabana de Torres y enlace político del Partido Colombia Humana, Germán Alberto Barbesi, quien también está implicado en actos de corrupción en el proyecto del Faro del Catatumbo.
“Nos dejó únicamente elefantes blancos y sobrecostos.
Parra también denunció un contrato para el mantenimiento de un jarillón en el municipio, que se adjudicó por más de mil millones de pesos sin la licencia ambiental necesaria, expedida por la CAS.
“Sneyder buscaba dejar la olla raspada; comenzó a crear e inventar contratos, no con el objetivo de beneficiar al municipio, sino a terceros, a contratistas. Prueba de ello es que no se realizó el mantenimiento al jarillón, y a la fecha no se ha ejecutado”, afirmó Parra.
En efecto la Contraloría identificó 7 hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos en los contratos adjudicados por Pinilla en este municipio.
Otro señalamiento que hizo el veedor fue un convenio que Pinilla facilitó a través del municipio con una empresa mixta, Empresa Tránsito y Transporte de Sabana de Torres SAS – Sociedad de Economía Mixta, supuestamente para brindar un apoyo integral a los servicios de tránsito.
“Es repudiable porque lo que hizo Sneyder con este contrato fue beneficiar durante 30 años a un contratista. Este convenio recibió numerosas denuncias de la comunidad porque el contratista simplemente recibe dinero mientras el municipio asume los salarios y las cargas prestacionales de todos esos empleados. Desde la creación de la empresa, el municipio ha pagado más de mil millones de pesos, y Sneyder entregó a esta asociación tres predios, uno de ellos donde funciona la secretaría de Tránsito”, concluyó Parra.
Pese a estos supuestos reparos de parte de un miembro de la Colombia Humana, Pinilla llegó a la subdirección de la Ungrd, de la mano de Olmedo López, y ahora lo que se indaga es si desde ese cargo no solo habría aprovechado para direccionar miles de millones en cuestionables contratos, como el de los carrotanques, sino que además, habría utilizado para fortalecer su poder político en Sabana de Torres y el Magdalena Medio.
Por ahora tanto Pinilla como López están negociando el principio de oportunidad con la Fiscalía, para que les quite las consecuencias penales y les garantice seguridad para ellos y sus familias.
Hasta ahora, han logrado lo segundo, porque tras varios días del escándalo, la Fiscalía comunicó que garantizará la seguridad de los testigos; además, publicó dos comunicados pidiendo independencia, respeto por el debido proceso y que no haya presiones. Esto podría anticipar que la negociación de ambos testigos no será fácil, por lo que la filtración mediática de los últimos días sería una forma de presionar para que ocurra lo que los abogados quieren. Y en el caso de Pinilla el pedido no es menor: inmunidad penal total y protección permanente.
Mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir una indagación previa por el escándalo de presunta corrupción en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal tomó la decisión tras los señalamientos que Sneyder Pinilla, exdirectivo de la entidad, señalara a congresistas de recibir $4.000 millones del negocio.
La indagación, inicialmente, está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien a mediados de abril regresó a la Corte, después de una licencia no remunerada de tres meses, en la cual se dedicó a su defensa en medio de una investigación que se adelanta en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
