El escándalo que ha ido creciendo en torno a la compra de carrotanques que adquirió el Gobierno nacional para llevar agua a comunidades de La Guajira, ha cobrado ya las cabezas de dos altos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD, y uno más que fue denunciado por la misma Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, por haber sido quien orquestó todo el entramado de corrupción que rodeó esta contratación.
Se trata de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de Manejo de Desastres, ahora señalado de ser quien direccionó los dos contratos con millonarios sobrecostos. Según las investigaciones, Pinilla habría aprovechado su posición en la UNGRD para manejar a su antojo el contrato SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023, con el que se hizo una de dos compras de lotes carrotanques para atender la calamidad por agua en La Guajira.
El primero en mencionar a Pinilla fue el propio exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa, quien una vez fue declarado insubsistente expidió un comunicado en el cual señaló al político santandereano como el ‘cerebro’ encargado de la estructuración del contrato para la compra de los 40 carrotanques, al parecer, con millonarios sobrecostos.
«El trámite precontractual de esta orden de proveeduría, identificada con el número: SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023, se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres, siendo Subdirector el señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, cuyo procedimiento incluyó la etapa de estructuración o comité de estructuración, seguido por el comité de evaluación, la invitación que ellos hicieron a los oferentes y la Orden de Proveeduría como tal, la cual fue firmada por el Director General de la Ungrd, señor Olmedo de Jesús López Martínez», señaló Mesa en su explicación pública.
Hasta ahora se sabe que según el registro del contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023, Pinilla Álvarez hizo parte tanto del comité que aprobó técnicamente el millonario convenio para la compra de los 40 carrotanques, así como de las diferentes fases del proceso precontractual: solicitud de las cotizaciones, comunicaciones para la revisión previa y estructuración técnica, hasta terminar con la firma del contrato de compraventa de los 40 carrotanques, que tuvo un presupuesto total $46.800 millones, es decir, $1.170 millones por cada vehículo.
También Pinilla Álvarez participó un par de días después en la expedición de una nueva orden de proveeduría bajo el radicado SMD-GS-CTQ-001-2024, para la compra de 20 carrotanques más para La Guajira, por valor total $27.600 millones, es decir, esta vez cada vehículo costó $1.380 millones, $210 millones adicionales por cada carrotanque en comparación con el contrato firmado inicialmente.
Este segundo contrato tuvo objeciones desde su concepción, incluso por el exsubdirector Mesa, ordenador del gasto, quien se negó a darle vía libre, debido a lo que identificó como direccionamiento y sobrecostos. Así las cosas solo se adjudicó el contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023 a la firma Impoamericana Roger SA, representada legalmente por Roger Alexander Pastas. Según los registros documentales, empresa Impoamericana Roger S.A., tiene su sede en una casa que actualmente está abandonada, en la capital de Norte de Santander.
Tras este nuevo escándalo, lo que no terminan de entender los colombianos es cómo al Gobierno de Gustavo Petro, quien en su campaña a la Presidencia repitió con vehemencia, la urgencia y su compromiso contra la corrupción y no permitir que ladrones del erario ocuparan cargos públicos, han llegado en paracaídas tantos corruptos.
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Con prontuario corrupto
Para muchos resultó más que llamativo que se hubiera nombrado precisamente en esa entidad del orden presidencial, al ex alcalde de Sabana de Torres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, investigado por la Contraloría General de República por un posible detrimento fiscal de más de 826 millones de pesos en razón de unos sobrecostos en el contrato de mejoramiento de vías de ese municipio.
Pinilla Álvarez llegó al gobierno nacional precedido de investigaciones ante los entes de control, dentro de las cuales se destaca el proceso disciplinario contra él y siete concejales por la presunta aprobación de acuerdos municipales que le habrían otorgado facultades al mandatario para privatizar la Secretaría de Tránsito y Transporte vulnerando los requisitos del orden legal, a lo cual habría que sumársele contratos como el de la rehabilitación del jarillón sector Monte Rojo en la vereda Barranco Colorado por más de $1.200 millones de pesos, entregado a dedo a la empresa Castordelbe S.A.S. representada por Ricardo José Delgado Peña, una sociedad que aún no ha podido demostrar si los papeles con los que se inscribió en su momento al registro único de proponentes son falsos o no.
Incluso hasta los no petristas, afirman que la hoja de vida de Sneyder Pinilla no era la más idónea para ocupar la subdirección de la UNGRD, un cargo con altas exigencias técnicas en el manejo de atención de emergencias, calamidades o desastres y por supuesto, un robusto presupuesto.
Como si se tratara de un ‘camaleón’, y como ya lo había hecho antes, Pinilla no dudó en cambiar de toldas políticas para llegar a este importante cargo en el Gobierno Nacional y de ser uno de los consentidos del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, condenado por corrupción y parapolítica, cambió de ropaje para abrazar las banderas izquierdistas de Petro.
Cambio de extremo a extremo
Según un informe de Vanguardia Liberal, en el 2015 en las elecciones locales Aguilar apoyó su candidatura a la alcaldía de Sabana de Torres, siendo apenas un ingeniero que se estrenaba en la contienda electoral como aspirante del Movimiento ASI y el Partido Conservador.
Tras ganar esas elecciones, comenzó a forjar nuevas alianzas políticas, esta vez con el exgobernador Didier Tavera (liberal) y luego con el entonces mandatario de Floridablanca, Héctor Mantilla (conservador).
Sin embargo, fue su amistad con otro santandereano, Alexander Angulo Ordóñez, militante de Comunes (partido político de las antiguas Farc), también integrante de la Unidad Nacional del Riesgo, la que le permitió su llegada a la subdirección para el Manejo de Desastres.
Aparentemente Angulo, quien es muy cercano al exdirector Olmedo López, habría recomendado a Pinilla. Se habían convertido en aliados políticos desde el 2015, cuando Sneyder Pinilla aspiró a la alcaldía de Sabana de Torres, y Angulo al concejo, ambos avalados por el partido Alianza Social Independiente, ASI.
Incluso tres años después Angulo, con el apoyo de Pinilla intentó ser candidato a la Cámara de Representantes con la Coalición Alternativa Santandereana, en las legislativas del 2018, a través del aval del ASI, sin embargo, el ungido fue Diego Jaimes, lo que molestó a Angulo quien renunció a su militancia en la colectividad.
A falta de aval Angulo decidió trabajar en la campaña al Senado de Olmedo de Jesús López, quien aspiraba por la Coalición Lista de la Decencia, con el respaldo de la ASI. Y aunque no consiguió una curul, logró la votación más alta de la Lista de Decencia en Sabana de Torres, superando a figuras de la talla de Gustavo Bolívar, del petrismo, o Aída Avella, líder de la UP.
Luego de renunciar a su militancia al ASI, y permanecer un tiempo en Argentina, Angulo Ordóñez regresó a Colombia y comenzó a militar en el partido Comunes. Tras la llegada de Olmedo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, propuso a Alexander Angulo en la subdirección de Gestión del Desastres, pero no cumplía con los requisitos para el cargo por falta de estudios especializados y/o experiencia relacionada, lo que en cambio le abrió la puerta a Sneyder Pinilla.
En otras palabras, estos tres amigos y “socios” como los tres mosqueteros: en las buenas, en las malas, y si es necesario se tapan.
Denunciados por Transparencia
Por ahora la Secretaría de Transparencia de Presidencia denunció penalmente al exdirector de la Unidad, Olmedo López; al exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa; y al subdirector de Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez, por su participación en las irregularidades y corrupción en la compra de los carrotanques para La Guajira.
Transparencia considera que los funcionarios de la Unidad habrían incurrido en posibles delitos como la cartelización para elevar indebidamente los costos, celebración indebida de contratos y peculado.
“El subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla, tenía a cargo la solicitud de las cotizaciones y le pidió a tres empresas: Brand, Luket y a Inpoamericana, pero Brand tenía la esposa del señor Luis Eduardo López Rosero, que a su vez es el representante legal de Luket SAS, pero que tenían los mismos revisores fiscales, el señor José Alberto Sotelo, esta situación permite establecer que se pusieron de acuerdo para colocar estos precios artificialmente altos”, advirtió el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en entrevista con la W radio.
Adicionalmente, según Transparencia, Pinilla en su rol en la estructuración de los contratos, habría incurrido en un evidente conflicto de intereses, pues fue su artífice y luego se convirtió en el supervisor de los mismos que había ‘confeccionado’. Y lo acusa de haber presionado para modificar la forma de pago de los contratos y así desembolsar la totalidad del presupuesto anticipadamente.
“Inicialmente la proveeduría del contrato establecía entregar el 80 % y luego el 20 % al momento de la entrega, sin embargo, el 30 de noviembre del 2023 cambia esa modalidad por solicitud de Pinilla y cambia a un pago contra entrega, para lo cual usan una certificación de la Kenworth sobre la entrega de los 40 carrotanques, ahí es donde queremos ver realmente la transacción, porque parece que fue un mano a mano sin condiciones de respaldo y con unos presuntos sobrecostos”, agregó el secretario de Transparencia.
A esto se suma la denuncia hecha por el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, sobre la existencia de otro contrato, del 18 de diciembre del 2023, por parte de la Ungrd para la compra de 35 vehículos más, por valor de $25.375 millones.
“Carrotanques que pagaron a $725 millones pero que podrían tener un sobrecosto de más del doble. Estos carrotanques tienen un valor real, incluidos todos los impuestos, y además de todos esos valores la Ungr quiere agregar más para tratar de justificar estas compras, y no da más de $350 millones, o sea, tendrían un sobrecosto de $375 millones por cada vehículo”, denunció.
Según el congresista el sobrecosto en este nuevo contrato podría alcanzar los $13.125 millones.
