¿Fotomultas o fotodelincuencia? El caso vergonzoso de Malambo y Baranoa
Imagina conducir por el municipio de Malambo, Atlántico, cumplir con las normas y, de repente, recibir una notificación de comparendo en tu buzón. “Debe pagar por exceso de velocidad en Baranoa”, dicen. Extrañado, revisas y descubres que la multa proviene de una cámara en Malambo, una cámara que, para colmo, no tiene permisos legales desde el 24 de noviembre.
Así se destapa un nuevo escándalo en el departamento del Atlántico, donde las fotomultas ilegales no solo están activas, sino que cargan sus comparendos a otro municipio. Sí, leyó bien: la multa de Malambo aparece como si se hubiera cometido en Baranoa, en un acto que solo puede describirse como descaro institucional.
La pregunta incómoda: ¿Quién permite este robo descarado?
El director del Tránsito del Atlántico, Carlos Mafiol Granados, y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa están en el ojo del huracán. ¿Por qué estas cámaras siguen operando sin permisos? ¿Por qué los comparendos son transferidos a otro municipio? Más aún, ¿quién se beneficia de esta maraña de irregularidades?
Esta es solo una muestra más de la incompetencia y corrupción que han permeado las instituciones encargadas de regular y fiscalizar el tránsito en el departamento. Mientras los ciudadanos enfrentan un costo de vida cada vez más elevado, estas entidades públicas parecen especializadas en exprimir hasta el último peso de los bolsillos de los conductores.
Una herramienta para recaudar, no para prevenir
Las fotomultas, en teoría, deberían ser una herramienta para promover la seguridad vial. Pero en Atlántico, se han convertido en un negocio turbio donde la legalidad y la ética brillan por su ausencia. Operar cámaras sin los permisos necesarios no es solo una falta administrativa; es una estafa institucionalizada.
El despropósito alcanza niveles absurdos al cargar las multas de un municipio a otro, como si se tratara de un simple error técnico. No es coincidencia que estas irregularidades ocurran bajo la mirada complaciente de quienes deberían garantizar transparencia y justicia en la gestión pública.
¿Y los organismos de control? Bien, gracias
Como siempre, los entes de control han asumido su papel de espectadores en esta tragedia institucional. Las denuncias sobre estas irregularidades se acumulan, pero las acciones concretas son inexistentes. Es un ciclo que se repite: se destapa el escándalo, se promete una investigación, y todo termina enterrado en la burocracia.
El ciudadano de a pie, mientras tanto, sigue pagando el precio, tanto literal como metafóricamente.
¿Qué hacer frente a esta realidad?
Es hora de exigir rendición de cuentas. La ciudadanía no puede seguir soportando que las instituciones públicas actúen como mafias organizadas. Es imperativo que se desactiven las cámaras ilegales, se reembolsen las multas cobradas indebidamente y se investigue a fondo a los responsables de este escándalo.