Agentes de la Dijín de la Policía Nacional capturaron a Marta Luz Valeta Herazo, fiscal seccional de Sincé, así como a los funcionarios del CTI de la Fiscalía Diana Margarita García Santos, Freddy Enrique Arroyo Pastrana, Richard José Fuentes Gómez y Ramón Espinoza Benavides. También fue retenido Jahan Ulises Merlano Valeta, abogado y primo de Valeta Herazo.
A estos funcionarios y abogado de la entidad que imparte justicia en el país, se les imputan los delitos de concusión, concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión agravado, peculado por uso, acceso abusivo a sistema informático y revelación de secreto en concurso homogéneo y sucesivo de hechos punibles en calidad de coautores e intervinientes.
Uno a uno la Fiscal Delegada en reciente audiencia de imputación de cargos, dio cuenta de los resultados de la investigación que ella, con apoyo de personal de la Dijin de Bogotá, viene adelantando desde hace más de dos años y que se iniciaron con base en la información entregada por dos anónimos, uno de los cuales llegó a la Personería de Sincé, y una queja formal que presentó un funcionario del CTI al tener conocimiento de las actuaciones irregulares que se venían presentando en el municipio.
Pero lo más revelador y que demuestra el grado de corrupción y delincuencial de estos personajes, es que los detenidos, fueron delatados por la revelación de un juez a través de su sentencia.
Resulta que el juez Alberto Andrés Cote, que tenía en su despacho el caso en el que estaban relacionados los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, renunció a su cargo pocos días después de recibir múltiples amenazas para que dejara en libertad a unos sindicados que habrían recibido la ayuda de criminales en medio de la intimidación hacia quien daría el veredicto de su sentencia.
Cote señaló que había recibido llamadas telefónicas a su celular personal en las que le ofrecían dinero con el fin de que dejara a los sospechosos en libertad o de lo contrario iba a ser asesinado y su cuerpo sería botado en el río de la Mojana, uno de los más importantes del departamento, señalamientos que incidieron en la decisión del juez de retirarse del caso.
«Al final de la audiencia de legalización de captura, regresaron las llamadas a mi abonado telefónico, diciéndome que “tenía 50 grandes razones para dejar en libertad a los seis capturados” o si no me iban a buscar, amarrar, llevar a una finca y picar para luego botarme al río de la Mojana, Sucre como un perro», manifestó el juez.
Tras la renuncia de Alberto Andrés Cote, la Fiscalía General de la Nación designó un nuevo juez el viernes 9 de junio del 2023 que liderará la audiencia en la que seguramente se le imponga medida de aseguramiento a los sindicados que podrían enfrentar fuertes condenas al ser servidores que se valieron de su condición para beneficiar a criminales que ahora gozan de total libertad.
Les negaron la libertad
El juez Segundo Penal del Circuito de Sincelejo le negó al petición de libertad (Habeas Corpus) a los investigados ya que la tardanza de la audiencia de legalización de captura a tiempo es un caso fortuito.
Coimas a cambio de libertad
Las investigaciones en contra de la fiscal Marta Luz Valeta Herazo, su primo, el abogado Yahany Merlano Valeta y los investigadores Freddy Arroyo, Richard Fuentes Gómez, Diana Margarita García Santos y Ramón Espinosa Benavides, dan cuenta que los procesados utilizaban el acceso a la información de la Fiscalía para indagar sobre los procesos en contra de ganaderos, comerciantes y hasta jíbaros en Sincé para llamarlos y advertirles de las investigaciones en su contra y la inminente orden de captura, pero que para lograr quedar en libertad o tener la detención domiciliaria debían pagar entre $3 y $10 millones de pesos, dependiendo el delito, pero la oferta incluía, como obligación, la contratación para su defensa judicial del abogado (defensor público) Yahanis Ulises Mercado Valeta.
Agrega el extenso relato de la Fiscal Delegada que la investigadora Diana García, encargada del CTI en Sincé para la época de los hechos, era la que en muchos casos llamaba a las víctimas para comunicarle de los procesos y de que debían tomar los servicios del abogado Yajanis porque este es primo de la fiscal Marta y eso garantizaba la libertad del procesado, como en efecto ocurrió en todos los casos que denunciaron y que la Fiscalía Delegada indagó sobre ellos, como también investigó sobre las veces en las que los funcionarios ingresaron al sistema de la Fiscalía a indagar sobre procesos en los que ellos no tenían ninguna participación, solo para sacar provechos.
El abogado Yahanis Merlano Valeta llegaba a ejercer la defensa de los procesados con todas las garantías para que su cliente saliera airoso porque en la búsqueda de los procesos en el sistema de la Fiscalía le facilitaban copias de la investigación, de tal suerte que cada prueba de la Fiscalía era controvertida con total certeza por este.
También trascendió en la audiencia de imputación que los procesados, en este caso el investigador Ramón Espinosa vendía la droga que le incautaban a los detenidos y hasta les preguntaban que si querían ir preso a la cárcel La Vega o libre para allí ofrecer los servicios del abogado Merlano Valeta que solía arreglar los precios a cobrar en la oficina de Diana Gómez, es decir, del CTI en Sincé, y cuando el cliente decía que era muy costoso ella intervenía para decir que era barato y que no la hicieran pasar pena con el abogado que ella había recomendado.
Y en otros Richard hasta agredió a las víctimas por no pagarles el dinero, y habría, según la Fiscalía, escondido a tres miembros del Clan del Golfo en su finca.
Narró la Fiscalía Delegada también los casos en los que Diana recibió dinero a través de nequi por favores judiciales y las veces en las que estuvo presente en la entrega de dineros en casas de las víctimas que para cumplir las exigencias de los funcionarios de la Fiscalía tenían, incluso, que empeñar las escrituras de sus casas y vender sus vehículos. Los pagos los realizaban por cuotas.
En el caso de Marta Valeta denunciaron que tuvo 35 procesos en los que su primo era el abogado de la defensa en calidad de defensor público y en otros como de confianza, cuando debiera declararse impedida.
A esta fiscal Valeta también le reprochan el no haber actuado frente a las denuncias que conoció sobre presuntas irregularidades de sus compañeros.
«Diana García Santos es quien lidera esta estructura criminal», dijo la Fiscal Delegada que a su vez catalogó de «lamentable el proceder de los funcionarios de la Fiscalía que no tuvieron escrúpulos». Agregó que Diana es compañera sentimental del abogado Yahany Merlano Valeta.
Las víctimas ratificaron los hechos a través de versiones bajo la gravedad de juramento y aportando más evidencias como videos y audios.
Durante la imputación salió a relucir el nombre de otro fiscal seccional de Sucre al que llaman como “el hombre del maletín” y quien sería el encargado de realizar ‘las relaciones o lobby’ con otros fiscales.
Las audiencias virtuales contaron con 99 personas conectadas de las cuales el 90% eran funcionarios de la Fiscalía en Sucre.
