Álvaro García Romero: Un Símbolo de la Corrupción y la Impunidad en Colombia
En un giro escandaloso de los acontecimientos, Álvaro García Romero, exsenador y uno de los principales protagonistas de la parapolítica en Colombia, ha logrado evitar el pago de una multa de más de $13 mil millones de pesos, alegando insolvencia económica. Esta semana, la Jueza 22 de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó su libertad condicional, desatando una ola de indignación y cuestionamientos sobre la justicia en el país.
La Masacre de Macayepo: Un Crimen Atroz Orquestado por García
García Romero, de 73 años, fue condenado en 2010 a 40 años de prisión como autor mediato de la masacre de Macayepo, en la que 12 campesinos fueron brutalmente asesinados en octubre del año 2000. Este acto de violencia extrema fue perpetrado por el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, una estructura paramilitar que García ayudó a constituir, apoyar y en la que participó activamente.
Una Trayectoria Manchada por la Parapolítica
Oriundo de Ovejas, Sucre, García trabajó 12 años como representante a la Cámara y otros 13 años como senador, hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención preventiva en 2006. Junto a sus socios Jairo Merlano Fernández y Erick Morris Taboada, García fue uno de los primeros políticos condenados por sus vínculos con los paramilitares, ganándose el título de uno de los padres de la parapolítica en Colombia.
Alegatos de Insolvencia: ¿Una Estrategia para Evadir la Justicia?
La jueza que ordenó la libertad de García sugirió que el exsenador se encuentra en insolvencia, aplicando los criterios de la Ley 1709 de 2014. Esta ley permite considerar la situación económica del condenado para conceder la libertad condicional, aunque la Ley 890 de 2004 establece que esta debe estar supeditada al pago de multas y al resarcimiento de las víctimas.
En 2010, la Corte Suprema de Justicia determinó que García tenía un patrimonio suficiente, derivado de su salario como congresista y de acciones en empresas tabacaleras familiares. No obstante, la defensa de García ha argumentado su quiebra para evitar el pago de la multa.
El poderoso exsenador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, debe 10.100 salarios mínimos a la justicia pero se declaró en insolvencia. Se supo que una vez quede en libertad residirá en el exclusivo sector de Rosales, en Bogotá.
Un Lujo Contradictorio
A pesar de su alegada insolvencia, García residirá en un apartamento en el exclusivo barrio Rosales, al norte de Bogotá, una vez salga en libertad. Esta contradicción agrava la percepción de injusticia y corrupción en torno a su caso.
Reducción de la Condena: Un Beneficio Cuestionado
García ha estado privado de libertad desde noviembre de 2006, cumpliendo solo 17 años, 7 meses y 23 días de su condena. La jueza acreditó que García redimió 92 meses de su sentencia a través de trabajo en prisión. Sin embargo, la falta de detalles sobre gran parte de esta redención genera dudas sobre la transparencia del proceso.
La Conducta “Ejemplar” de García
Según la Cárcel La Picota, la conducta de García ha sido “buena y ejemplar” durante su reclusión, con solo una anotación regular hace más de 15 años. La jueza consideró que el tiempo cumplido es suficiente para que García haya recapacitado sobre sus crímenes y pueda reintegrarse a la sociedad.
Reacciones de las Víctimas y Organizaciones Jurídicas
Desde el Colectivo de Abogados José Alvear (CAJAR) y otros grupos de derechos humanos, se ha cuestionado la decisión de liberar a García sin el cumplimiento de la multa. Yessica Hoyos, directora del CAJAR, declaró que “es grave que no se exija el cumplimiento de multas previo a la libertad, especialmente cuando se trata de un exservidor público”.
Ciro Canoles, líder social de Macayepo, expresó miedo e incertidumbre ante la liberación de García. “Nuestro corregimiento fue destruido por el mismo Estado. Es contraproducente que García salga en libertad sin indemnizar a las víctimas. Estamos dispuestos a perdonar, pero debe haber una compensación justa”, sentenció.
Conclusión
La liberación de Álvaro García Romero sin el pago de la multa impuesta por la masacre de Macayepo es un ejemplo más de la corrupción y la impunidad que persisten en Colombia. Este caso no solo deshonra a las víctimas de la masacre, sino que también pone en entredicho la eficacia y la integridad del sistema judicial colombiano. La lucha por la justicia y la transparencia en el país continúa siendo una tarea pendiente.
