Por: Adlai Stevenson Samper
Especial para Corrupción al Día
El panorama que se presenta en la región Caribe con el cambio de operador de la empresa Electricaribe no ha sido valorado en su integridad. Si bien es cierto que el operador del segmento Caribe Mar (Córdoba, Bolívar, Cesar y Sucre) es la conocida EPM de Medellín –“multijugador internacional latino”, le llaman con encomio los reporteros empresariales-, no ocurre lo mismo con el operador del segmento Caribe Sol, otorgado a Consorcio de Energía de la Costa, empresa nueva constituida tras ganar la puja –si fue que la hubo- cuyos socios son Empresa de Energía de Pereira y Latin American Corporation, del empresario antioqueño Alberto Ríos.
Empero, la debacle del sistema de energía eléctrica del Caribe colombiano tiene una historia de sobresaltos institucionales en el manejo de las llamadas electrificadoras departamentales y el sistema de interconexión manejado por Corelca, controlados por clanes políticos que las veían como apetecido botín para el reparto de contratos muchas veces cuestionables aunados a una mala administración que descuidaba el cobro de cartera o las negociaba.
Estaba cantada, con la ola de neoliberalismo de los años 90, a que estos activos estratégicos del Estado pasaran al control de empresas privadas bajo la égida que tendrían mayores niveles de eficiencia y servirían para apuntalar planes de expansión.
Tras el famoso apagón de 1991 el gobierno nacional en cabeza de Cesar Gaviria expidió el Decreto 700 abriéndole las posibilidades de intervención al sector privado. Tras la crisis de la energía por los bajos niveles de los embalses que alimentaba las hidroeléctricas, se pasó a un plan B con térmicas como TEBSA (Termoeléctrica de Barranquilla S.A) produciendo 750 megavatios y Termoflores con 150 megavatios; ambas ubicadas en Barranquilla.
El esquema de participación de estas empresas privadas fue por intermedio de los PPA (convenios de compra-venta de energía a 15-20 años). La fórmula, en su momento, fue considerada casi perfecta y de una idoneidad a toda prueba, pero a la larga, en el caso puntual de TEBSA y Termoflores se convirtieron en una enorme carga fiscal para el estado.
A partir de una línea de tiempo se reconstruye el proceso de privatización de las electrificadoras departamentales y la compra de sus activos por inversionistas privados en el marco de una política de concesiones en tal sentido del estado colombiano que culmina, tras la intervención de Electricaribe, en la segmentación del mercado regional del Caribe en dos operadores: Caribe Mar y Caribe Sol quienes se encargaran, a partir del segundo semestre del 2020, llave en mano, a operar el servicio de energía eléctrica.
29 abril 1997: documento CONPES
A través del documento CONPES 2923 de abril 29 de 1997 se instalaron las pautas y procedimientos de cruces de cuentas convirtiendo acreencias en acciones, trasladando utilidades de otras parte del sector energético para sanear deudas. Posteriormente, se procede a la contratación de los banqueros de inversión quienes serían a la larga los que señalarían en todos sus niveles, el mejor esquema de vinculación de capitalistas privados al sector de producción y distribución de energía eléctrica.
16 mayo 1997: Compra de EPSA (Empresa de energía del Pacifico)
La inversión de compra la hace el consorcio EDC Colombian Energy Ventures INC, Colombian Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC, conformado por las empresas Compañía de Electricidad de Caracas y Houston Industry, que un año después compraría las electrificadoras de la región Caribe. El consorcio compró un total de 1. 757.108 acciones de la Electrificadora del Pacifico (EPSA) por un valor de 535.000 millones de pesos.
14 abril de 1998: intervención de la Electrificadora del Atlántico
La empresa pública estatal Electrificadora del Atlántico fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos por no cumplir los índices de eficiencia y los indicadores de gestión. A nadie tomó por sorpresa este anuncio pues fue idéntico proceso al asumido con las empresas distribuidoras de energía de Sucre, Magdalena, Cesar y Chocó. Todas tenían una abultada deuda con la bolsa de energía (Electrificadora del Atlántico por $39.000 millones) con niveles de perdidas entre el 27 y el 30%.
El gerente de la empresa Antonio Holguín Calonge días antes de la intervención había presentado su conveniente “renuncia” con la obvia defensa de su gestión que permitió los niveles de recaudo del 84 al 89% y la conciliación de una deuda con la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), representado en el manejo de la bolsa. Mentiras piadosas pues el mismo gerente había entregado un balance desalentador en el periodo 1997.
En el último de sus informes de gestión, el gerente Holguín entregó un balance desalentador según el cual las pérdidas del periodo 1997 fueron de 111.331 millones de pesos que según su opinión se debían, y era cierto, a factores exógenos como los ajustes por inflación, provisión de cartera y ajuste a ejercicios anteriores lo que dio a un saneamiento contable de $56.560 millones de pesos lo que equivalía al 51% de las perdidas. A ello se sumaban los pagos diferidos de entidades oficiales en los municipios, el robo de energía en los estratos bajos socio económicos, una planta laboral controlada por intereses políticos y sobre costos en las contrataciones con un estimativo por este concepto, según el Sintraelecol –que agrupaba a los trabajadores de esta empresa, de más de $5000 millones mensuales en pérdidas.
Con la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a la Electrificadora del Atlántico, su administración quedó en manos de una comisión encabezada por el abogado Hugo Pacheco, la Oficina Jurídica de la Superintendencia y Blanca Doris García, de la oficina de Planeación esa misma entidad.
4 agosto 1998: con capital privado nacen Electricosta y Electricaribe
En el articulado de la Constitución Nacional de 1991 se planteó la llegada de operadores privados en la prestación de los servicios públicos. Fue consecuencia ideológica de la ola de neoliberalismo que sacudía al mundo como panacea de concentrar en cabeza del estado lo esencial dejando a la iniciativa privada el resto.
Es así como el Gobierno Nacional impulsó la expedición de las leyes 142 y 143 de 1.994 de servicios públicos concentrándose en las actividades de planeación, regulación, control y supervisión; cediendo al sector privado las actividades de orden empresarial.
El fenómeno del Niño entre 1997 y 1998 fue la última estocada para las electrificadoras de la región Caribe. Con toda clase de problemas producto de la inercia estatal en administraciones ineficientes entregadas como cuotas políticas, la debilidad estructural del mercado y la falta de recursos para pagar las obligaciones en la bolsa de energía, fueron sucesivamente intervenidas y liquidadas.
El marco post intervención era propiciar un esquema de privatización, el cual supondría –nunca fue verdad- modelos de eficiencia y desarrollo del sistema. En agosto de 1998 el gobierno decidió el ingreso en la costa de dos operadoras privadas a las que les dio el nombre de Electricaribe, con sede en Barranquilla y Electrocosta en Cartagena. Similar al esquema planteado en 2020 con Caribe Mar y Caribe Sol, transfiriéndoles a estas empresas privadas todos sus activos, la sustitución laboral y pensional, asumiendo parcialmente las deudas que arrastraban.
Electricaribe y Electrocosta se capitalizaron, como método para entrar en su control, en un 65% por un consorcio conformado por Houston Industries, empresa que según algunos analistas, era un especie de mampara para contratistas vinculados al sector político de la costa y La Electricidad de Caracas, al cual se le transfirieron todos los activos, pasivos parciales y la sustitución laboral pensional de las antiguas electrificadoras departamentales de Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magangué). El 35% restante de las acciones quedaron en manos de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA).
Dos años después, en el 2000, el fracaso de este operador privado propició la llegada de la empresa española Unión Fenosa en calidad de principal accionista. Durante la administración de esta empresa se decide agrupar los dos operadores del proyecto original de segmentación de mercado regional en uno, Electricaribe, suprimiéndose Electrocosta. En julio de 2008 Unión Fenosa es adquirida por Gas Natural, también hispana, inicialmente con una participación del 45,3% quedando con la razón social de Gas Natural Fenosa que es la empresa que demanda a Colombia por $1.660 millones dólares en tribunales internacionales por la intervención y liquidación de Electricaribe.
19 agosto 1998: desaparece Corelca y asume Transelca
La Corporación Eléctrica Costa Atlántica S.A. ESP, con la sigla CORELCA, fue creada mediante la Ley 59 de 1967 como empresa de servicios públicos domiciliarios con competencia nominal territorial y cuyos accionistas eran entidades públicas del orden nacional y departamental (electrificadoras). Su objeto era la prestación de servicios de generación y comercialización de energía eléctrica. Fue liquidada tras arduo proceso por Decreto 3000 del 19 de agosto de 2011.
Para asumir la prestación de transmisión y subestaciones se capitalizó el 19 de agosto de 1998 Transelca, una empresa privada adquirida por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) por $257.403 millones de pesos comprando el 65% de las acciones de Transelca, tasado por el Gobierno Nacional en $175.000 millones de pesos en una audiencia pública de subasta en la que sólo participaría el proponente ganador, un esquema “único” que ha hecho carrera en el sector.
7 de octubre 1998:
Todos los pasos administrativos del gobierno presentaban los resultados probables de privatización del servicio público de energía eléctrica. El 7 de octubre de 1998 se constituyen, de forma simultánea, Electricosta en Cartagena (Bolívar, Sucre y Córdoba) y Electricaribe en Barranquilla (Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena).
Esta transacción se tasó en US$800 millones, pagados por el consorcio Houston Power and Light, de USA y la Corporación Electricidad de Caracas (EDC) -los mismos de la compra de EPSA- quedando como socios mayoritarios con el 65% de los activos de todas las electrificadoras de la región Caribe.
2000: Unión Fenosa de España compra electrificadoras colombianas
Al cabo de dos años el panorama eléctrico nuevamente se oscureció por discrepancias entre los socios norteamericanos, quienes se retiraron y los venezolanos quienes decidieron vender en US$400 millones –la mitad de lo que supuestamente costó- a la empresa española Unión Fenosa que hizo muy buen negocio pues entre el 2003 y el 2004 fue capitalizada por el gobierno colombiano por $125.681 millones y de $312.337 millones por parte de los privados, para un total de $502.660 millones.
Las compras de Unión Fenosa en Colombia empezaron en el año 2000, Electrocosta y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el nombre de Electricaribe en 2008—, y Energía del Pacífico (EPSA), compañía que opera en el suroccidente del país controlando procesos de generación y comercialización de electricidad.
Para 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos y, tras culminar su fusión con Gas Natural en España, pasó a integrar todos sus activos con la nueva denominación de Gas Natural Fenosa
12 mayo 2011
Por otro lado, dentro del sector empresarial vinculado a la infraestructura y servicios públicos, se produjo la implosión del grupo Nule tras el hallazgo del célebre “carrusel de la contratación”. Por ello fueron intervenidas varias de sus empresas pasando a su liquidación respectiva para el pago de sus acreedores. En ese sentido la Superintendencia de Sociedades decide admitir la demanda que presentan liquidadores del grupo con el propósito de revocar un negocio en donde los Nule habrían vendido su participación en Kapital Energy (67%) a sus socios Vergel y Castellanos (expuesto en otra parte del reportaje) lo que equivalía a ceder sus activos en Enertolima y de esta en la Empresa de Energía de Pereira.
La Superintendencia de Sociedades en comunicado señaló que “el 9 de mayo del 2011 se procedió a admitir la demanda presentada por las sociedades MNV S.A., en liquidación judicial y Gas Kpital GR S.A., también en liquidación judicial, en contra de Vergel y Castellanos S.A., Arqciviles S.A.S. y Oilequip S.A.S». Los liquidadores demandantes pretendían la revocatoria de la opción de compra según convenio de los accionistas el 23 de diciembre de 2009 de las acciones que poseían dichas sociedades (MNV S.A. y Gas Kpital GR S.A.), en la sociedad Kapital Energy S.A., en la Empresa de Energía del Tolima (Enertolima).
15 mayo 2011: Contraloría ejerce control excepcional sobre Enerpereira
La Contraloría General de la Nación ejerce sobre la Empresa de Energía de Pereira un control excepcional en las vigencias 2008, 2009 y 2010 a la que esta entidad se opone con el argumento que teniendo mayoría de capital privado se rige por este derecho y en consecuencia no es objeto de investigación y vigilancia por parte de la Contraloría.
En su fondo, a los socios privados no les conviene que revisen documentos, estados contables y actuaciones. Saben perfectamente por sus equipos jurídicos que no saldrán bien librados del lance. La Contraloría sustenta su posición con jurisprudencia de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra: “Es así como el control fiscal no se ejerce de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, el sector a que pertenece o el orden de la misma, sino que el mismo se ejerce cuando la entidad o particular maneja o administra fondos o bienes públicos”. (C736-07, septiembre 19 del 2007).
Uno de los hallazgos de la Contraloría fue que cuando la Empresa de Energía de Pereira emprendió su proceso de capitalización definió el perfil del vinculante como un “socio estratégico con conocimientos técnicos y empresariales del sector”. Este delineamiento, según el ente de control, se diseñó así con el propósito de “burlar la democratización de la capacidad accionaria” al quedar otros posibles aspirantes a capitalizaar descartados de salida por carencia de esos requisitos.
El problema es que Eninsa S.A. que es la entidad finalmente escogida era una empresa nueva constituida para concurrir a la capitalización de Enerpereira y en consecuencia, no calificaba como “socio estratégico”.
19 agosto 2011: liquidación de CORELCA
Era un hecho la liquidación de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA). En sus inicios tuvo el carácter de empresa de servicios públicos de carácter oficial, descentralizada por servicios. Después, el 20 de agosto de 1999 mediante escritura pública 2371 de la Notaría 45 de Bogotá, se transformó en empresa de servicio público de carácter mixto.
Pese al anuncio de liquidación de Corelca por parte del gobierno el 19 de agosto de 2011 con plazo de un año, el tramite se extendió con aplazamientos sucesivos: el primero en agosto de 2012, para febrero de 2013, luego se pide otra para el 31 de octubre de ese año y la última para el 15 de diciembre de 2013.
30 septiembre de 2015
Sigamos con los avatares del llamado grupo Nule y sus empresas. La Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 126-007070 del 9 de julio de 2010 había declarado la situación de control conjunto del grupo empresarial integrado por Manuel Nule Velilla, Miguel Nule Velilla y Guido Nule Marino, en calidad de matriz de 16 sociedades: Ponce de León y Asociados, MNV S.A., Gas Kpital Gr S.A., Kpital Energy S.A., Translogistic S.A., Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P., Enertolima Inversiones S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., Bitácora Soluciones Compañía Ltda., Concesión Autopista Bogotá – Girardot, Aguas Kpital S.A. E.S.P., Aguas Kpital Bogotá S.A. E.S.P., Aguas Kpital Macondo S.A. E.S.P., Aguas del Alto Magdalena S.A. E.S.P., Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. y Aguas de los Patios S.A. E.S.P. Puede apreciarse que allí se encuentra Kapital Energy, Enertolima y Enerpereira.
El 30 de septiembre de 2015 la Superintendencia de Sociedades mediante el Auto 400-012139 de 2015, declaró terminado el proceso de liquidación de la sociedad Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores iniciado en septiembre de 2010 por medio del Auto 405-016309, época en la cual acumulaba pasivos superiores a los $80.000 millones. Solo se alcanzaron a recuperar para pagar acreencias de los trabajadores, fondos de pensiones y seguridad social cerca de $1.200 millones.
6 abril 2016
El diario La Crónica, de Armenia, Quindío titula una noticia: “Luis Alberto Ríos Velilla, gerente de Servigenerales, salpicado por escándalo”. Se refiere este medio de comunicación a que el empresario propietario de Aseo Capital y Servigenerales aparece vinculado en el caso Panamá Papers del bufete Mossack-Fonseca “por posibles anomalías en la declaración tributaria de algunas de sus empresas, en especial con la que brinda el servicio de aseo en algunas zonas de la República de Panamá”. Ríos Velilla es el principal accionista del Consorcio General de la Costa operador del segmento Caribe Sol de la extinta Electricaribe.
Según La Crónica, Servigenerales es una empresa muy conocida en el departamento del Quindío pues fue la encargada del servicio de aseo desde el 2003 hasta el 2011, cuando retornaron a las Empresas Publicas de Armenia. Resaltaba ese diario que todavía ejerce esas funciones en los municipios de Montenegro, Filandia y La Tebaida por medio de entidades de su grupo empresarial (Caféaseo del Quindío y Serviaseo).
Finaliza la noticia La Crónica indicando las indudables relaciones amistosas y políticas entre German Vargas Lleras y Alberto Ríos Velilla. Otro importante diario El Espectador indica que “Ríos y Vargas Lleras –su hermano Enrique- han sido socios con propiedades en común. Su hijo Felipe Ríos fue concejal de Bogotá por Cambio Radical, el partido de Vargas”.
6 abril 2016
La fuente de la noticia es diario El Heraldo de Barranquilla que titula “Cuatro nuevos colombianos figuran en los “Papeles de Panamá”. Entre los presentados como “nuevos figurantes” aparece el nombre de Alberto Ríos. Al interior de la noticia presenta una especie de escueto pequeño inventario (todavía Ríos no era muy conocido en la costa Caribe) de sus empresas Servigenerales, Aseo Capital, una empresa contratista de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de Panamá y la capacidad accionaria en Enerpereira y Enertolima.
El Heraldo cita al medio digital Connectas.org relacionado con las informaciones de los archivos del bufete Mossack-Fonseca a propósito de Ríos de “ser el cerebro de la negociación cuando Enertolima quedó en manos de un privado, se asoció con Kapital Energy, de la que hacían parte los primos Nule. Esta relación hizo que la Supersociedades en algún momento dijera que todo Enertolima era del cuestionado grupo. Ríos demostró que ni su empresa ni Enertolima eran del llamado grupo Nule”. La empresa de Ríos es la Sociedad Canopy Consulting Limited fundada en enero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas y en julio de 2014 cambió de jurisdicción a Bélice.
24 agosto 2016
La Superintendencia de Sociedades aprobó el proyecto de adjudicación de bienes por $25.600 millones de la sociedad Aguas Kapital S.A. E.S.P., que formaba parte del grupo Nule. En ese negocio aparecen en su conjunto sociedades entrelazadas con Vergel y Castellanos (Kapital Cúcuta y Aguas del Patio) socios en la Doble Calzada Bogotá-Girardot, en Kapital Energy y accionistas por consiguientes en Enertolima y Enerpereira.
15 noviembre 2016
La Superintendencia de Servicios Públicos toma la posesión de haberes, bienes y negocios de la Electrificadora del Caribe S.A. La medida, que venía “cocinándose” entre dirigencia política y gremial, obedecía al pésimo servicio aunado a la administración ambigua de Gas Fenosa que no explicó el destino de multimillonarios subsidios y los cumplimientos de un plan de estratégico de mejoramiento. La sustentación legal de la medida de intervención fue por encontrarse incursa en dos artículos de la Ley 142 de 1994: 59, numeral 1: “No estar en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas” y numeral 2 “Una situación financiera que podría llevarla a una inminente cesación de pagos”.
Gas Natural evadió realizar las inversiones que requería Electricaribe en infraestructura descuidando el mantenimiento general del sistema que progresivamente se fue desmoronando con interrupciones del servicio por varios días ocasionando problemas de orden público. El CONPES en su documento 3933 de 2018 explica: “Las reducidas inversiones en infraestructura eléctrica por parte de Electricaribe en los últimos años terminaron en una prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, con lo cual se puso en riesgo la prestación continua y la calidad del servicio”.
Lo complejo y grave de todo este embrollo lo reconoce la actual Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Natasha Avendaño García: “para lograr que Electricaribe tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad se requiere una inversión cercana a los $7.1 billones durante los próximos 10 años, un promedio anual superior a los $700.000 millones”. Cifra enorme que amerita, ante tantos recursos invertidos por el gobierno, en que se presente un amplio marco de transparencia en el proceso de adjudicación de los nuevos operadores que no se dio, tal como veremos posteriormente.
La empresa española Gas Natural Fenosa propietaria de Electricaribe incumplió en forma total con sus responsabilidades mercantiles y prestacionales. Llegó a acumular acreencias por más de 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones de pesos corresponden a deudas con el sector financiero, 1,2 billones al pasivo pensional, 389 mil millones de pesos a los generadores de energía y 247 mil millones a los proveedores de bienes y servicios. En el momento de la intervención en el 2016 se proyectó un déficit de 655 mil millones de pesos.
23 octubre 2017: liquidación de Kapital Energy
La Superintendencia de Sociedades avaló, con la aprobación unánime de sus accionistas, la liquidación de Kapital Energy, el viejo holding del grupo Nule con inversiones en Enertolima, Eninsa y Empresa de Energía de Pereira. La petición la presentó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) señalando que “las dificultades financieras por las que atraviesa Kapital Energy, así como las dificultades administrativas de distinta índole ocurridas en los últimos años”.
Estos activos de los Nule (66,6% accionario) regresaron al liquidador después de una supuesta venta por $130.000 millones a su socio en Kapital Energy; Vergel y Castellanos e ingresaron a un proceso de extinción de dominio. El otro socio mencionado hizo unas negociaciones curiosas con Global Engineers Investor Corp. de Panamá –de la que a su vez es socio y Rosebud International Holdings Ltd. quienes cuentan con el 33.29% de la participación.
30 octubre 2017: municipio de Pereira contra Enelar
El municipio de Pereira entabla una demanda contra la empresa Enelar que prestaba el servicio público de alumbrado en esa ciudad cuando se liquidó el contrato por providencia del Consejo de Estado en el 2014. El pleito exigía que se le devolvieran al municipio $5.400 millones y los pagos por más de $8000 millones por no cumplir con la renovación e instalación de nuevas redes durante los años 2010 a 2014.
Según el portal Eje21 “Alberto Ríos Velilla es también dueño de Enelar Pereira S.A. E.S.P, empresa encargada del mantenimiento y operación del alumbrado público en el municipio de Pereira”. http://www.eje21.com.co/2010/11/los-impedimentos-de-felipe-ros/
3 enero 2018: Ríos Velilla y Cambio Radical
En su cuenta en twitter el entonces candidato presidencial Gustavo Petro escribe un “trino”: “El clan Ríos dueños de concesiones de aseo, agua potable, rellenos sanitarios y transporte, el gran Cartel Nacional de la contratación en las listas de Cambio Radical”.
2 noviembre 2018: interesados en la operación de Electricaribe
Los grupos económicos que dieron a conocer su interés en operar a la intervenida Electricaribe fueron el grupo Celsia, propiedad del grupo empresarial antioqueño (GEA) dueño de sociedades como Bancolombia, Suramericana, El Corral, Colcafé, Crem Helado y Noel. Al final Celsia compró Enertolima, pero fue escindida previamente de la negociación la Empresa Energía de Pereira que se vinculó como socia en la propuesta ganadora en el segmento Caribe Sol.
También mostraron en noviembre de 2018 su interés en Electricaribe la Empresa de Energía de Boyacá, controlada por el fondo canadiense Brookfield, -dueño de Isagén y Naturgy- y Promigás cuyo 34,25 accionario es de Corficolombiana, del grupo Aval.
Sin embargo, la propuesta del grupo de Alberto Ríos Velilla –la ganadora en el segmento Caribe Sol- la formuló en ese momento a través de Enertolima. Otros proponentes fueron William Vélez, empresario del aseo público en varias ciudades en través de la sociedad Ethus y un amague del grupo italiano Enel que nunca se concretó. Allí no aparece la firma ganadora del segmento Caribe Mar, EPM de Medellín.
2018: Contraloría “da la razón” a Enerpereira
En la página web de la Empresa de Energía de Pereira se muestra una información en donde señala que la Contraloría General de la Republica “da la razón a Energía de Pereira y Enertolima y la inexistencia de detrimento patrimonial del estado, conclusión a que también llegaron la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Contencioso de Risaralda”.
En suma, jueces, órganos de control y fiscalización administrativa fallaron que no hubo responsabilidad fiscal ni daño al estado al que fueron vinculados accionistas y funcionarios de Enertolima y Enepereira. En esa web de Enerpereira, también hay encomios y lisonjas a la vida del empresario Alberto Ríos Velilla.
Al respecto dice: “La Contraloría General de la República encontró que todas las actuaciones del señor Alberto Ríos Velilla y las del grupo empresarial que él controla fueron ajustadas a la ley y que por el contrario cada una de las actuaciones económicas investigadas generaron rendimientos importantes para la Empresa de Energía de Pereira controlada por Alberto Ríos Velilla”.
8 marzo 2019: venta de Enertolima a Epsa (Celsia)
El síntoma que ya estaban definidos los nuevos operadores de Electricaribe se presenta con la venta de Enertolima a Epsa (Electrificadora del Pacifico) perteneciente a Celsia, del grupo Argos, de Medellín. Es que Enertolima era uno de los posibles proponentes del negocio y justamente es vendida cuando “todavía” no se había definido quien sería el nuevo operador. Fue una decisión de la asamblea de accionistas de Enertolima que decidió “aceptar” la opción de compra por parte de Epsa, empresa que distribuye y comercializa energía en el Valle del Cauca, propiedad de Celsia en donde el grupo Argos tiene el 52,93% de acciones.
11 marzo 2019: no se vendieron las acciones sino los activos de Enertolim
Tras la compra de Enertolima por parte de Epsa surgieron reparos legales dadas las condiciones inciertas de una parte importante de sus acciones (30%) que pertenecían al grupo Nule a cargo de la Sociedad de Activos Especiales. La “aclaración” de la operación fue ingeniosa. Epsa (filial de Celsia) compra activos de Enertolima y esta venta se limita solo a las operaciones en el departamento en donde ejerce sus funciones sin afectar en lo más mínimo a la sociedad que sigue estando en control de la Empresa Capitalizadora del Tolima (de Ríos Velilla), la Sociedad de Activos Especiales y el Patrimonio autónomo Fideicomiso Fidubogotá Enertolima. Al comprar Celsia activos y no acciones, dejan fuera de la negociación a las acciones de los Nule que quedan como un respaldo simbólico de un cascarón que todo su interior pertenece a otra sociedad.
Según el diario La República, tras consulta a Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de Industria y Comercio, “si se hubieran vendido acciones, en la liquidación deberían recibir 30% del valor obtenido por la venta. Cuando la liquidación recibe ese dinero, se paga a los acreedores de los Nule”. Ergo, si no hubo venta de acciones, nada se paga a los acreedores de ese grupo y lo peor, con la expectativa incierta que los activos operacionales de Enertolima se vendieron.
25 julio 2019: aparecen los proponentes de Electricaribe
La hipótesis sobre operadores de Electricaribe previamente escogidos cobra fuerza cuando el 25 de julio de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio inicia el procedimiento administrativo para una operación de integración empresarial. Allí cita a las empresas Electricaribe S.A. ESP y Servigenerales S.A. ESP a una solicitud de evaluación consistente en “(…) la adquisición de la (s) nueva (s) sociedad (es) Caribe Sol y/o Caribe Mar o una de ellas, de conformidad con el reglamento de presentación de ofertas vinculantes y enajenación de acciones dentro del proceso de vinculación de accionista (s) para el sistema de distribución local y de transmisión regional así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica atendida por Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre que se encuentra publicada en la página web de Electricaribe”.
Servigenerales ESP, la empresa proponente, se constituyó por escritura pública 3636 del 15 de noviembre de 1996 en la Notaría 50 de Bogotá, con matricula mercantil 00748788 con activo total de $171.302.481.732 y un tamaño empresarial considerado grande aunque con un nombre mucho más extenso y genérico reducido, en un cambio de razón social por escritura pública 7561 del 24 de noviembre de 2006 en la notaría 20 de Bogotá, a Servigenerales S.A. ESP.
En el oficio informativo de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la propuesta de Servigenerales señala que esta empresa tiene varias subordinadas: Empresa Capitalizadora del Tolima con el NIT 900.084.240-6, con escritura pública 0002015 de la Notaría 53 de Bogotá; Latin American Capital Corporation con NIT 809.011.444-9 con escritura pública 2189 de la notaría 56 de Bogotá; Enertolima Inversiones con NIT 900.230.314-9 de notaría 5 de Ibagué; Empresa de Energía de Pereira con NIT. 816.002.019-9 con escritura pública 1327 de la Notaría 4 de Pereira. Todas de propiedad de Alberto Ríos Velilla.
20 marzo 2020: adjudicados los dos nuevos operadores de electricidad en la región Caribe
El proceso de adjudicación de los nuevos operadores de Electricaribe fue dilatado y confuso. Aparecían en los medios de comunicación posibles aspirantes que enseguida desmentían o en breves declaraciones manifestaban su aparente interés y luego se retiraban displicentemente. El Comité Intergremial del Atlántico, a cuyo presidente Edgardo Sojo González se le había dado la primera administración de la empresa de servicios intervenida, propuso en febrero del 2020 que se le entregará la administración de Electricaribe siempre y cuando el gobierno asumiera los gastos operacionales.
Las coyunturas políticas influyen en la toma de decisiones. La revista Semana el 23 de febrero titula un artículo al respecto: “En pleno descenso del Gobierno, Germán Vargas se suma como copiloto de Duque”. Allí indicaban que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras cambió de bando y tras ser uno de los contradictores del presidente Iván Duque, se alistaba en función de apoyo con su bancada (16 senadores y 40 representantes a la Cámara) para que el gobierno sacará un paquete de reformas impopulares en el congreso.
Esa alianza, por supuesto, tiene costos y expectativas para Vargas Lleras que conoce perfectamente el engranaje íntimo del estado. Sabe perfectamente que puede pedirle al gobierno para beneficio de su militancia con vistas a apuntalar una posible candidatura presidencial para 2022.
El 20 de marzo, en medio de un hermetismo sobre los posibles proponentes para los segmentos Caribe Mar y Caribe Sol para la operación de la vieja Electricaribe, el presidente Duque dio declaraciones en la audiencia de adjudicación señalando que “desde la campaña sabía que, al llegar al Gobierno, uno de los más grandes desafíos era resolver el problema que había envejecido mal: la mala calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Uno de nuestros compromisos con la región era resolver la situación de Electricaribe y darle futuro y porvenir. Tuvimos dificultades, adversidades, pero salimos adelante”.
Para el segmento Caribe Mar (Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba) fue escogida la EPM de Medellín, que no figuraba entre los proponentes iniciales pues tenía la capacidad copada según unos topes fijados por la CREG (Comisión de Regulación de Energía) para evitar posiciones hegemónicas en el mercado. Al ampliarse, EPM entró en la puja pese a las dificultades financieras y técnicas por la que atraviesa su controvertido proyecto Hidroituango en donde mostró todo tipo de falencias empresariales, administrativas y técnicas.
En el segmento Caribe Sol (Atlántico, Magdalena, Guajira) fue seleccionado el Consorcio General de la Costa, una nueva empresa cuyos accionistas son las Empresa de Energía de Pereira y Latin American Corporation, ambas del antioqueño Alberto Ríos Velilla, cuya trayectoria en el sector de servicios públicos, socios, tácticas administrativas y estrategias financieras se expusieron a lo largo de este reportaje. Ríos se encuentra vinculado públicamente con el partido Cambio Radical, amigo e impulsor desde diversos frentes de las campañas políticas de Germán Vargas Lleras. Su hermano Enrique Vargas Lleras figuró en juntas directivas de sus empresas.
En la rueda de prensa de la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, funcionaria nombrada por el presidente Duque a través del Decreto 1874 del 3 de octubre de 2018; explicaba a la prensa los pormenores de la adjudicación de los segmentos Caribe Mar y Caribe Sol. Mostró un total hermetismo sobre costos y condiciones generales del otorgamiento.
Dijo que por decisión de Planeación Nacional y del gobierno había “reserva legal” para presentar cifras de la operación. Y si por el lado del gobierno estaban cerradas las informaciones, por el de los proponentes más aún, pues se blindaron con una “cláusula de reserva” por la cual no se sabe cuánto costó su entrada en el negocio y que dieron a cambio.
Si fue una venta o una cesión generosa disfrazada de tecnicismos retóricos legales –tal ha sucedido otras veces tal como se ha expuesto a lo largo de este reportaje- no se sabe. Caben todo tipo de hipótesis y especulación sobre el particular dadas las condiciones de “top secret” en que fueron enmarcadas las negociaciones y adjudicación.
Así que es imposible por ausencia de elementos sustantivos de evaluar y validar el proceso con esas reservas y clausulas legales. La Constitución política en su artículo 3 define los principios del derecho administrativo y en su inciso 8, expone la transparencia “en la actividad administrativa de dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal”. El artículo 74 de la Constitución Política indica el derecho a conocer documentos públicos salvo la reserva legal sobre los mismos. Según el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo la reserva opera en operaciones comerciales o industriales, así como en operaciones financieras o que incluyan activos o bienes de la nación. Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-487 de 2017 señala que la reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre los procesos públicos dentro del cual dicha información se inserta.
Si la entrega en forma diligente de esta información sobre la adjudicación de los nuevos operadores de los segmentos Caribe Mar y Caribe Sol constituye o no reserva legal es competencia de juristas. Pero bajo los antecedentes administrativos de Electricaribe con comprobados casos de corrupción y las trayectorias del nuevo operador de Caribe Sol (y Mar) tales silencios sobre las condiciones generales de la negociación abonan el terreno para suspicacias e incertidumbre sobre el futuro energético de la región Caribe.
En la rueda de prensa del 20 de marzo la Superintendente Avendaño respondió una pregunta de un periodista de Valora Analitik pues alguna fuente le “filtró” informaciones y basado en ello daba cifras: “si Caribe Sol costó $283.000 millones, cuanto fue el negocio con Caribe Mar? a lo que prestamente, con celeridad, respondió la Superintendente que esas informaciones no se podían dar.
Lo que sí respondió fue que los pasivos pensionales y los procesos de post toma le costaran al gobierno 4 billones y la entrega de llave en mano a los dos nuevos operadores sucederá en el segundo semestre del año 2020 cuando al final desaparezca Electricaribe. En cuanto a la información de los 4 billones que le toca colocar al gobierno no corresponde a las que muestran otras cifras. En el documento CONPES 3985 para compra de energía e inversión la suma es de $2.2 billones. En pasivo pensional $1.5 billones. Pasivos antes de intervención $2.4 billones. Deudas con el sector bancario $1.5 billones: total $7.6 billones.
A esperar, en tan confuso panorama técnico, social y financiero, el manejo del nuevo operador Caribe Sol al que es necesario reconocerle que sabe; perfectamente, por donde “le entra el agua al coco” en materia de legislación, subsidios, préstamos y negociaciones con las empresas de servicios públicos.
