La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría, a Vanessa Merlano Rebolledo (hermana de la prófuga Aida Merlano) y a otros siete políticos del Atlántico ligados al escándalo de compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias de 2018.

Los otros citados por el ente investigador son los actuales concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, los diputados Margarita Balén y Jorge Rangel, todos del Partido Conservador; el exconcejal de Barranquilla Aissar Castro Reyes (padre de Castro Bravo);  Vicente Támara exconcejal de Soledad y la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás. También se llamó a indagatoria a la hermana de Aida Merlano, Vanessa Merlano, señalada de ser una de las encargadas de la logística en el comando político de la entonces candidata, ubicado en el norte de Barranquilla.

Las audiencias preparatorias para el juicio comenzarán el próximo 10 de diciembre a las 2:00 p.m.

Los delitos que se le imputan al empresario Gerlein son corrupción al sufragante, concierto para delinquir y violación de los topes de campaña. Pruebas recopiladas por la Fiscalía lo señalan de liderar y financiar la organización de la campaña para compra de votos y por lo cual ya fue condenada en septiembre a 15 años de cárcel, la hoy prófuga Aida Merlano.

Según ha trascendido a los medios la Fiscalía corroboró que desde la cuenta de Bancolombia de Julio Gerlein se giraron varios cheques con destino a diferentes personas que no tenían nada que ver con Merlano ni sus ayudantes, así como a identidades falsas. Una vez cobrados los cheques, el papel entraba a una cadena de endoso para, finalmente, llegar a manos de quienes sí tenían vínculos con la organización de Merlano.

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O sea que bajo esta modalidad de pago una sola persona podía cobrar hasta 41 en poco tiempo. Para la Fiscalía, esta estrategia no tenía otro objetivo que el de simular el verdadero destino del dinero, que no era otro que financiar la elección de Aida Merlano en el Senado y que Julio Gerlein sabía muy bien para qué se usaba su dinero.

El ente investigador afirma tener pruebas de que Edwin Martínez Salas, José Antonio Manzaneda (expareja de Merlano) y Andrés Niño Muñoz cobraron 25 cheques girados por Gerlein. En total el monto de los cheques habría alcanzado los 11 mil millones de pesos.

Adicionalmente el ente acusador indica que Julio Gerlein también verificaba de cerca el desempeño de la red de corrupción, se reunía en el Comando Central con los funcionarios para conocer los avances, los planes para recolectar más votos y además se interesaba por conocer los fines de las tareas encomendadas.

La Fiscalía detalla cómo en todo este andamiaje participaban empleados directos de Merlano, coordinadores de la campaña, personal de sistemas, y líderes barriales que tenían instrucciones precisas para reclutar gente y efectuar el pago por los votos.

Para la etapa de juicio, la Fiscalía asegura tener 20 testigos, más los aportes de 26 investigadores, ocho funcionarios técnicos y ocho peritos, más abundante prueba documental de discos duros, carpetas y papelería como evidencia probatoria del fraude.

Hasta el escándalo Merlano, Julio Gerlein era uno de los más destacados empresarios de Barranquilla. Su empresa Valorcon, constituida en 1992, había promovido cerca de 100 proyectos de vivienda y de infraestructura vial o deportiva. Según conocedores de su desempeño, hasta hace pocos años su firma coordinaba 10 de los más grandes proyectos de infraestructura de la región y estaba pendiente de las principales obras del aeropuerto de la ciudad. Ahora el empresario Gerlein, de quien se dice negocia con la Fiscalía, pero insiste en su inocencia, es la pieza clave para descifrar cómo funcionó por muchos años la compra de votos en el Atlántico.

Cabe recordar que la semana pasada un juez condenó a siete años de cárcel a dos coordinadores de sistemas y a la administradora del comando político.

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