El relato más detallado sobre lo que ha pasado con los servicios de alcantarillado, acueducto y aseo en Barranquilla es el del economista Jorge Vergara en su blog  correvedile.com/jorgevergara, centrado en la evolución de la estructura de propiedad de la empresa Triple A, que en diciembre 1991 reemplazó a Empresas Públicas Municipales (EPM)), que era una de las mayores desgracias para los habitantes de Curramba. La Triple A nació siendo el  85 % del Distrito y en 15 % de privados, en cabeza de los gremios de la ciudad. Como, de hecho, era la concesionaria para la explotación de los activos públicos de la antigua entidad, se tasó un alquiler mensual, una forma de regalía  y el pago de una deuda contraída por la EPM. Tales montos fueron fijados sin que mediara un avalúo serio del valor cierto de lo entregado para usufructo.
En 1994 se decidió entregar en concesión el aseo a una empresa de William Vélez, Aseo Técnico, pero sin que el nuevo concesionario hiciera un mayor aporte, ya que arrancó trabajando con los antiguos equipos de EPM. Se fijó inicialmente un plazo de siete años, que Vélez logró prorrogar  hasta 2018. La adjudicación constituye, apenas iniciándose, el primer gran despojo a la Triple A, puesto que no cumplió las normas legales de contratación pública. En 1996, año del quiebre, aparecieron en escena los españoles. Como ostentaban fama de “socios calificados y operadores”, la Triple A decidió facilitarle a Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA) el 43,3 % de la propiedad y, de ñapa, la concesión. La firma pertenecía a Aguas de Barcelona, con el 51 %, y al Grupo Gerlein, con el 49 %. Como consecuencia, Barranquilla quedaba sólo con el 50 % de la Triple A, INASSA con el 43,3 % y un grupo de privados nacionales con el resto, un 6,7 %. La verdad es que nadie conoce a qué precio se vendió cada acción. Sólo se sabe que en los fondos para la transacción cumplió un papel definitivo el Banco Ganadero y sus filiales, donde los Gerlein tenían fuerte posición influyente. Por la misma vía de Vélez con el aseo, comenzó a gestarse a dedo el segundo despojo mediante una maniobra calculada con toda frialdad y paso por paso. En efecto, el 31 de mayo de 2000, el Distrito, amparado en que Triple A, se encargaría del cuidado del espacio público, que a partir de 2013 entregaría regalías y que se comprometía a pagar $13.552 millones, prorrogó la concesión de la operación hasta 2033. Luego de ese convenio, Aguas de Barcelona vendió el 51 % de INASSA a los Gerlein y estos, presurosos, crearon una empresa espejo en Panamá, asesorados por el bufete Mossack Fonseca, vendiéndole en 2001 el 75 % de la misma a Canal Extenssia, filial de Canal Isabel II, la operadora del acueducto de Madrid. Lo que se hizo, en síntesis, fue un lavado. La empresa pasó de  manos españolas a otras con la intermediación del Grupo Gerlein, uno de los casos de Panamá Papers.
Pero lo peor estaba aún por venir. Dada su lamentable situación financiera, el Distrito entró en proceso de Ley 550. Por lo que  estaba impedido para acudir como socio a las solicitudes de capitalización de la Empresa, en razón de lo cual, entre 2001 y 2007, pasó de tener el 50 % de las  acciones a sólo el 14,5 %. El segundo despojo estaba consumado.
Según Jorge Vergara y la revista Semana, INASSA, entonces controlada por el Partido Popular (PP), dominante del Ayuntamiento de Madrid, recurrió a ardides  tan oscuros como  revalorizar las acciones y a colocar sus aportes sacándolos de las propias utilidades de la Triple A. Logró así hacerse al 82,2 % y además convertirse en cabeza de playa para las operaciones en América Latina y Colombia de Canal Isabel II. No tardó en devorarse a Metroagua en Santa Marta, a Asaa en Riohacha y a Recaudos y Tributos, los cuales, entre 2002 y 2015, le reportaron giros de rentas a la matriz hispánica por 62 millones de euros.
Al parecer, fuera de algunos frutos ordinarios, provenientes de las tarifas y de los subsidios oficiales para los usuarios de menores ingresos, con los que INASSA detentó la posición dominante, hubo muchos frutos podridos extras, que alcanzaron para que inexplicablemente Edmundo Rodríguez Sobrino, el CEO para el sur del continente, figurara en tres empresas off shore en Hong Kong, gestionadas en Panamá. Y lo mismo Ramón Navarro Pereira, presidente de la Triple A, pero en las Islas Vírgenes. El mismo Rodríguez, según Semana, fue visto en 2009 en Cartagena ingresando a un domicilio en compañía de dos directivos de esa época, Idelfonso de Miguel e Ignacio González, con grandes bolsas de plástico y un sospechoso contenido. Como en el Potosí de la Colonia, ha habido para dar y convidar. El tercer despojo se conoció  recientemente con el escándalo en España por la nueva administración del Ayuntamiento de Madrid, que acusó a la anterior del PP, sumado a las intenciones declaradas del alcalde Char para readquirir un porcentaje mayoritario de acciones.  Ambos factores hicieron estallar el barril de los puercos y han destapado una serie de graves componendas dentro de la Triple A en detrimento del interés público.
En foro realizado el 17 de agosto en Barranquilla, revelé un asunto de la mayor gravedad: Al revisarse el balance financiero, se encuentra el rubro de “activos intangibles” por  valor de $321 mil millones, el 60% del activo total de la Triple A, de $574 mil millones, y que, con respecto a 2014, subió 12,6%. Al consultar tan extraña clasificación, se encuentra que es el  trato que se les da a “las infraestructuras concesionadas en los contratos”, y en específico a  las “mejoras” que Triple A  haya hecho a los activos que recibió, pero no a nuevas inversiones, sin que auditoría alguna las haya valorado y definido si el valor en libros corresponde con la realidad. Si el alcalde Char quiere mejorar la participación del Distrito en la sociedad Triple A, el valor intrínseco de cada acción incluiría dichas “mejoras” a favor de INASSA. No le bastará con recuperar el 51% de la estructura general de propiedad.
 Es decir, los españoles son ahora dueños mayoritarios del patrimonio y propietarios únicos de la mayor parte de los más importantes activos. He ahí el tercer despojo a la Triple A. Y será peor en cuanto tales “intangibles” sigan creciendo paulatinamente por encima de los activos totales, tal como acontece hace años. Sin embargo, Triple A no  está en su mejor momento. Aunque tiene la mejor calidad de Colombia (índice IRCA), sufre pérdidas en las redes por más del 60% y la meta es apenas bajarlas al 55%. Esto la impele a imponer la tarifa básica por metro cúbico más cara ($1.853, a dic. 2015), comparada con Medellín, Cali y Bucaramanga. Tiene que ver con que se haya expandido a los demás municipios del Atlántico, a costa de los del Área Metropolitana, en una decisión muy discutible, en términos de economías de escala y costos de distribución, cuya asignación a dedo por las autoridades respectivas no ha tenido la transparencia suficiente, según lo ha denunciado la seccional de ACODAL en el Atlántico.
Si se descuentan de las utilidades las obtenidas por el servicio de aseo, calculadas por Jorge Vergara en $20 mil millones, no sólo se podrían estimar como exorbitantes las que está extrayendo Vélez con su empresa Aseo Técnico, filial del conglomerado InterAseo, sino también las de la propia Triple A. Aunque apenas el 60% vienen de la gestión de acueducto y alcantarillado, ello no constituye un impedimento para que INASSA se alce con el 83% de la bolsa total.
Finalmente, si se agrega que los créditos vienen creciendo, al sumar entre 2012 y 2015 más de $290 mil millones, puede inferirse que la distribución de utilidades, que  suman $110 mil millones, se está financiando con tales préstamos. ¡Un descarado saqueo, consentido por los alcaldes de Barranquilla, sin excepción, de los últimos 25 años!
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